TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA

Auto Supremo Nº 582

Sucre, 30 de octubre de 2018

DATOS DEL PROCESO Y DE LAS PARTES

Expediente:                329/2017

Demandante:                Vicente Antonio Gutiérrez Gutiérrez

Demandado:                Caja Nacional de Salud

Materia:                        Laboral

Distrito:                        Santa Cruz de la Sierra

Magistrada Relatora:        Dra. María Cristina Díaz Sosa

VISTOS

La Caja Nacional de Salud (CNS), mediante Silvia Gallegos Romero, en su condición de Administradora Regional y apoderada de Juan Carlos Meneses Copa, Gerente General del Ente Gestor de Salud, interpone recurso de casación en la forma y en el fondo, contra el Auto de Vista Nº 63 de 21 de marzo de 2017, cursante a fs. 146, dictado por la Sala Primera Social, Contencioso Tributario y Contencioso Administrativo del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso Laboral seguido por Vicente Antonio Gutiérrez Gutiérrez contra la institución recurrente, el Auto que concede el recurso de fs. 162, el Auto Supremo de admisión 329-A de 28 de julio de 2017, antecedentes del proceso; y:

I. ANTECEDENTES PROCESALES

Sentencia

La demanda laboral de reliquidación y pago de beneficios sociales y otros derechos adquiridos, incoada por Vicente Antonio Gutiérrez Gutiérrez contra la CNS, mereció la Sentencia Nº 1/16 de 6 de enero, cursante de fs. 105 a 109 de obrados, dictada por la Juez Segundo de Partido de Trabajo y Seguridad Social, del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, que declara probada en parte la demanda. Sin costas; declarando probada en cuanto al reintegro de indemnización y multa del 30%, ordenado que la institución demandada cancele a favor del actor, la suma total de Bs163.920,87, por los siguientes conceptos: indemnización por 3 años, 5 meses y 18 días, y multa del 30%.

Auto de Vista.

Interpuesto el recurso de apelación por la institución demandada, el 20 de junio de 2016 (fs. 128 a 130), la Sala Primera Social, Contencioso Tributario y Contencioso Administrativo, mediante Auto de Vista Nº 63 de 21 de marzo de 2017, confirma la sentencia recurrida, cursante a fs. 146.

II. ARGUMENTOS DEL RECURSO DE CASACIÓN

El Auto de Vista, motivó que la CNS mediante la apoderada del representante legal, formule recurso de casación, cursante de fs. 154 a 158 de obrados, expresando lo siguiente:

Recurso de Casación en la Forma

Manifiesta que el Auto de Vista Nº 63 de 21 de marzo de 2017, al confirmar la Sentencia, no cita ninguna norma sustantiva que fundamente su fallo; no expresa las normas sustantivas y adjetivas en las que se base el fallo judicial, colocándolos en completo estado de indefensión, agraviando su derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia transparente, derechos garantizados por el art. 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE).

Recurso de Casación en el Fondo

1. Reclama que el Tribunal de apelación incurrió en violación, interpretación errónea y aplicación indebida de la Ley, al no haber valorado los agravios denunciados a momento de contestar a la demanda, los que fueron reiterados en el recurso de apelación, que demuestran con documentos, la existencia de cesantías por más de tres meses, entre contratos eventuales y contratos a plazo fijo, cesantías que cortaron definitivamente la antigüedad laboral, afirmación que respaldaron en el punto 3º de la Resolución Ministerial (RM) Nº 193 de 15 de mayo de 1972; resultando prescritos e incobrables señalan, todos los derechos emergentes de esos contratos, en aplicación del art. 120 de la Ley General del Trabajo (LGT) y art. 63 del Reglamento de la Ley General del Trabajo (RLGT), normativa que habría sido violada; lo que generó también una aplicación indebida del art. 13 de la LGT.

2. Denuncia error de hecho y error de derecho en la valoración de la prueba de descargo producida en el proceso, refiriéndose concretamente a las tarjetas de control de asistencia de fs. 35 a 46 de obrados, que guardan el valor probatorio del art. 159 del Código Procesal del Trabajo (CPT), que demuestran la inasistencia a su fuente laboral del actor, que vulnera de manera manifiesta, el Reglamento Interno de Personal de la CNS, aprobado por RM Nº 324 de 29 de junio de 2004; prueba que no fue valorada en el Auto de Vista, menos en la Sentencia de primera instancia, correspondiendo como único medio de reparación, la casación en el fondo del Auto de Vista impugnado.

3. Manifiesta error de hecho y derecho en la valoración de la prueba y aplicación indebida de la Ley, refiriéndose a la errónea aplicación del art. 9 del Decreto Supremo (DS) Nº 28699 de 1 de mayo de 2009 (Sic), con referencia a la multa del 30% impuesta al ente gestor, por el pago fuera de plazo, sin considerar que la prueba de fs. 8 del expediente, evidencia el pago total de los beneficios sociales y dentro de plazo.

En atención a estos argumentos pide, que el Tribunal Supremo de Justicia, case o anule totalmente el Auto de Vista, revocando totalmente la sentencia de primera instancia.

III. ANÁLISIS JURÍDICO LEGAL PERTINENTE

En el Estado Constitucional de Derecho vigente en nuestro país desde el 7 de febrero de 2009, el análisis sobre la problemática planteada, deber ser realizada desde y conforme la Constitución, el Bloque de Constitucionalidad y las normas ordinarias aplicables al caso.

La fundamentación y motivación como componente del derecho al debido proceso

Entre los componentes primordiales que rigen el debido proceso como derecho y garantía constitucional de protección del Estado a la persona, se encuentra la fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales, que a lo largo de la jurisprudencia han sido ampliamente desarrolladas; no obstante, resulta conveniente recalcar los parámetros de su entendimiento no sólo a los jueces que imparten justicia, sino también a todo administrado. En ese sentido, es necesario resaltar el criterio asumido por el Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la Sentencia Constitucional Plurinacional (SCP) 0682/2014 de 10 de abril, que señala: “El debido proceso previsto en el art. 115.II de CPE, ha sido entendido por el Tribunal Constitucional, en la SC 2798/2010-R de 10 de diciembre, acogiendo el entendimiento de la SC 0418/2000-R de 2 de mayo, como: …el derecho de toda persona a un proceso justo y equitativo, en el que sus derechos se acomoden a lo establecido por disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se hallen en una situación similar, comprende el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a fin de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos. Al respecto, el Tribunal Constitucional a través de la SC 1289/2010-R de 13 de septiembre, refirió: La jurisprudencia del Tribunal Constitucional, contenida en la SC 0752/2002-R de 25 de junio, recogiendo lo señalado en la SC 1369/2001-R de 19 de diciembre, ha establecido que el derecho al debido proceso 'exige que toda Resolución sea debidamente fundamentada. Es decir, que cada autoridad que dicte una Resolución debe imprescindiblemente exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustenta la parte dispositiva de la misma. Que, consecuentemente cuando un Juez omite la motivación de una Resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma, sino también en los hechos toma una decisión de hecho no de derecho que vulnera de manera flagrante el citado derecho que permite a las partes conocer cuáles son las razones para que se declare en tal o cual sentido; o lo que es lo mismo cuál es la ratio decidendi que llevó al Juez a tomar la decisión'. La obligación de fundamentar las resoluciones también es aplicable a las resoluciones que resuelven apelaciones así la SC 0040/2007-R de 31 de enero, haciendo referencia a la SC 0577/2004-R de 15 de abril, indicó: Esta exigencia de fundamentar las decisiones, se torna aún más relevante cuando el Juez o Tribunal debe resolver en apelación la impugnación de las resoluciones pronunciadas por las autoridades de primera instancia; (…), es imprescindible que dichas Resoluciones sean suficientemente motivadas y expongan con claridad las razones y fundamentos legales que las sustentan y que permitan concluir, que la determinación sobre la existencia o inexistencia del agravio sufrido fue el resultado de una correcta y objetiva valoración de las pruebas, del mismo modo que se exige al apelante cumplir con la obligación de fundamentar los agravios; por cuanto, en la medida en que las resoluciones contengan, los fundamentos de hecho y de derecho, el demandado tendrá la certeza de que la decisión adoptada es justa; por lo que no le esta permito a un Juez o Tribunal, reemplazar la fundamentación por la relación de antecedentes, la mención de los requerimientos de las partes o hacer alusión de que el Juez de instancia obró conforme a derecho, (…); con mayor razón, si se tiene en cuenta que el contar con una Resolución debidamente fundamentada y motivada es un derecho fundamental de la persona y forma parte del debido proceso'.

Por otra parte, la SC 1326/2010-R de 20 de septiembre, dijoLa jurisprudencia constitucional ha establecido, que la garantía del debido proceso comprende entre uno de sus elementos la exigencia de la motivación de las resoluciones, lo que significa, que toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o que dicte una resolución resolviendo una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió. La motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo. En cuanto a esta segunda, la motivación puede ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiendo expresar el juez sus convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas.

De la Incongruencia Omisiva y el art. 265.I del Código Procesal Civil

En mérito al principio de congruencia, toda resolución debe reunir la coherencia procesal necesaria, que en el caso de la apelación, encuentra su fuente normativa en el art. 265-I del Código Procesal Civil, que se sintetiza en el aforismo “tantum devolutum quantum appellatum”, que significa es devuelto cuanto se apela, con esto se establece el límite formal de la apelación en la medida de los agravios propuestos en la impugnación, en otras palabras, la función jurisdiccional del órgano de revisión en doble instancia se ve contenido a lo formulado en la apelación por el impugnante.

Con este antecedente, el Tribunal de casación a momento de realizar el análisis sobre los reclamos de incongruencia omisiva en que habría incurrido el Tribunal de Alzada respecto a los puntos acusados en apelación, se debe tener presente que al ser un aspecto que acusa un vicio de forma como es la incongruencia omisiva que afecta la estructura de la resolución, el análisis debe limitarse a contrastar en el contenido de la resolución la existencia o no de dicha omisión, razonamiento compartido por el Tribunal Constitucional Plurinacional que en la SCP Nº 1083/2014 de 10 de junio, ha interpretado los alcances del recurso de casación en la forma en relación a la falta de respuesta a los puntos de agravio del recurso de apelación, conforme desarrolla: “…En ese contexto, cabe recalcar que, la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia, ante el planteamiento de un recurso de casación en la forma, debe limitar sus consideraciones a las causales establecidas en el art. 254 del CPC. En el presente caso, al estar extrañada la falta de respuesta a los puntos de agravio identificados en el recurso de apelación, el Tribunal de casación debe limitar su consideración únicamente para establecer si hubo o no respuesta a los reclamos del recurrente, lo contrario implicaría ingresar a cuestiones que atingen a la impugnación en el fondo; así, los Magistrados demandados, luego de efectuar un examen de los antecedentes del legajo procesal, concluyeron que el Tribunal de apelación, otorgó la respuesta extrañada, inclusive extrayendo citas textuales que ellos consideraron como respuestas a la apelación contra la Sentencia; por lo tanto, el Auto Supremo Nº 434/2013, no incurre en incongruencia omisiva ni carece de la debida motivación, ya que la labor del Tribunal de casación estaba restringida a efectuar el control para determinar si hubo o no respuesta a los reclamos del recurrente y, fue ésa la misión que cumplieron los Magistrados demandados; por lo tanto, cumple con el debido proceso”.

En este sentido, este Supremo Tribunal de Justicia a través de sus diversos fallos (Autos Supremos Nos. 651/2014 y 254/2016) ha orientado que la congruencia de las resoluciones judiciales orienta su comprensión desde dos acepciones; primero, relativo a la congruencia externa, la cual se debe entender como el principio rector de toda determinación judicial, que exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes (demanda, respuesta e impugnación y resolución) y lo resuelto por las autoridades judiciales, en definitiva, es una prohibición para el juzgador considerar aspectos ajenos a la controversia, limitando su consideración a cuestionamientos únicamente deducidos por las partes; y, segundo, la congruencia interna, referido a que, si la resolución es comprendida como una unidad congruente, en ella se debe cuidar un hilo conductor que le dote de orden y racionalidad, desde la parte considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, la valoración de los mismos, la interpretación de las normas y los efectos de la parte dispositiva; es decir, se pretenden evitar que, en una misma resolución no existan consideraciones contradictorias entre sí o con un punto de la misma decisión.

La Jurisprudencia Constitucional ha desarrollado asimismo el principio de congruencia en la SC Nº 0486/2010-R de 5 de julio, donde ha razonado que: "El principio de congruencia, responde a la pretensión jurídica o la expresión de agravios formulada por las partes; la falta de relación entre lo solicitado y lo resuelto, contradice el principio procesal de congruencia; la Resolución de primera y/o segunda instancia, debe responder a la petición de las partes y de la expresión de agravios, constituyendo la pretensión jurídica de primera y/o segunda instancia…". Razonamiento que es reiterado por el Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de las Sentencias Nos. 0255/2014 y 0704/2014. De donde se deduce que en segunda instancia, pueden darse casos de incongruencia “ultra petita”, que se produce al otorgar más de lo pedido; extra petita, al extender el pronunciamiento a cuestiones no sometidas a la decisión del Tribunal; y cuando omite decidir cuestiones que son materia de expresión de agravios por el apelante (citra petita).

Es en este entendido que a través del AS Nº 254/2014 se ha orientado que: “La inobservancia de estas reglas conllevan incongruencia, que a decir de la doctrina se diferencian en: Incongruencia positiva, que es aquella en la que el juzgador extiende su decisión más allá de los límites del problema judicial que le fue sometido a su consideración; e Incongruencia negativa, cuando el juzgador omite el debido pronunciamiento sobre alguno de los términos del problema judicial. En ésta última, encontramos la denominada “citra petita”, que resulta de la omisión de alguna de las pretensiones deducidas en proceso…

Es de importancia considerar que el principio de congruencia procesal, si bien pondera el derecho al debido proceso, sin embargo “no es absoluto”, en la medida de la afectación de otros derechos, garantías y principios fundamentales que emergen en procura de brindar la tutela judicial efectiva a las partes.

En el recurso de casación en la forma y en relación al principio de congruencia, la trascendencia y la afectación del agravio debe gravitar indefectiblemente para suponer la nulidad de obrados, previendo siempre la garantía al debido proceso, a la defensa y a la justicia pronta, oportuna y sin dilaciones que sustenta el art. 115 de la Constitución Política del Estado.

De donde se tiene que el Juez no puede simple y llanamente aplicar la nulidad, que es restrictiva, sino que debe ponderar la omisión frente a los otros principios y derechos constitucionales fundamentales para llegar a una decisión judicial que esté acorde con la nueva dogmática de la nulidad que se afianzó con la Constitución Política del Estado Plurinacional en su art. 115 y los art. 16 y 17 de la Ley 025, pues sólo será posible la nulidad si existe afectación del derecho a la defensa”.

IV. ANALISIS DEL CASO EN CONCRETO

En el análisis del caso, corresponde establecer si efectivamente existió una violación al art. 115.II de la CPE, vinculado al debido proceso, al derecho a la defensa del recurrente y a una justicia transparente; en mérito a ello, se tiene lo siguiente:

En el caso sometido a análisis, a través del recurso de casación interpuesto, se tiene establecido que el recurrente alega la vulneración al derecho al debido proceso y al derecho a la defensa, al establecer que el Auto de Vista recurrido no brinda una respuesta expresa y suficiente de los agravios planteados en apelación, por lo cual considera que la resolución de vista no contiene la suficiente fundamentación y motivación que exige el derecho al debido proceso.

En atención a los argumentos expuestos, corresponde a este Tribunal, verificar de manera específica, si el Auto de Vista Nº 63 de 21 de marzo de 2017, pronunciado por la Sala Primera Social, Contencioso Tributario y Contencioso Administrativa del Tribunal Departamental de Santa Cruz, se encuentra dentro los límites que exige el derecho y la garantía del debido proceso y es congruente con los agravios denunciados en el recurso de apelación interpuesto por el recurrente.

En ese sentido, se observa que a fs. 128 a 130, la institución demandada CNS, interpone recurso de apelación en contra de la Sentencia Nº 1 de 6 de enero de 2016, cursante de fs. 105 a 109, y a través del mencionado recurso, expone los agravios que le causa la sentencia de primera instancia; los cuales se condensan de la siguiente manera:

- Las fechas de contratación, conclusión y recontratación que reflejan los contratos adjuntos al proceso, acreditan sin lugar a dudas que el trabajo del actor no fue continuo, existiendo espacios de cesantía que cortaron la relación laboral, por lo que no suma la antigüedad para el pago de indemnización. Con este antecedente, señalan que el monto por indemnización pagado por el ente gestor de salud como institución demandada es el correcto, lo que implica que la Sentencia, al condenar al pago por un periodo ostensiblemente superior al que corresponde, viola y vulnera el art. 13 de la LGT y art. 1 del DS 110 de 1 de mayo de 2009.

- La prueba documental de fs. 35 a 46 de obrados, consistente en fotocopias legalizadas de las “Tarjetas de Control de Asistencia”, investidas de la fe probatoria que le otorga el art. 159 del CPT, demuestran que el demandante, no registró asistencia a su fuente laboral, de los meses de mayo y junio de 2009; enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto de 2010; y los meses de octubre y noviembre de 2010, su marcado de asistencia es irregular, actitud que va en contra de la Ley Nº 1178, que en su art. 9 regula el Sistema de Administración de Personal, reglamentado por el DS Nº 26115, normativa relacionada directamente con el Reglamento Interno de Personal de la CNS, aprobado por RM Nº 324 de 29 de junio de 2004, que en su art. 65, regula sobre la puntualidad, disponiendo que el trabajador está obligado a concurrir en el horario establecido a su puesto de trabajo; y en el art. 66 dispone sobre la obligación de registrar ingreso y salida a la institución; registro de asistencia y puntualidad que genera el pago de sueldos a todos los servidores públicos de la CNS, sin ninguna excepción. Aclaran que la falta de registro de ingreso y salida del trabajador, por un lapso de seis días, constituye abandono de trabajo, previsto en el art. 7 del DS Nº 1592 de 19 de abril de 1959. Por todo lo relacionado, argumenta que siendo la indemnización una consecuencia del trabajo efectivamente realizado, cuya contraprestación es la remuneración percibida; la determinación del Juez de instancia, de pagar por 3 años, 5 meses y 18 días, sin la prestación de trabajo, viola el art. 52 de la LGT y art. 39 del RLGT, por lo que pidió la revocatoria de la Sentencia de primera instancia, declarando improbada la demanda.

- Con referencia a la multa del 30% por el incumplimiento en el pago de beneficios sociales dentro del plazo establecido por Ley, señala que el Finiquito y el cheque de pago de beneficios sociales, estuvo a disposición del ex trabajador dentro del plazo de los 15 días establecidos por ley, que su retraso en el cobro es atribuible única y exclusivamente al ex servidor público, quien por mala fe y ambición de obtener mayores ingresos económicos, malogrando los recursos económicos del Ente Gestor de Salud, cuyo destino son el cubrir las prestaciones de la Seguridad Social a Corto Plazo; por lo que la condenación al pago del 30% de multa configura una violación, aplicación errónea e indebida del art. 9 del DS Nº 28699.

- Manifestó que el ex servidor público incumplió lo dispuesto en el art. 12 de la LGT, ya que no presentó el preaviso de ley con 30 días de anticipación, anteriores a su desvinculación, por lo que ese monto constituye en un crédito para la CNS que debe ser cobrado al actor.

En mérito al recurso de apelación interpuesto, la Sala Primera Social, Contencioso Tributario y Contencioso Administrativo del Tribunal Departamental de Santa Cruz, emite el Auto de Vista Nº 63 de 21 de marzo de 2017, por el cual resuelve el recurso de alzada interpuesto por la parte demandada, resolución de vista que cursa a fs. 146, es decir que los fundamentos de la resolución del recurso de apelación cursan en una sola página, los que no necesitan ser condesados o resumidos, teniendo que el fundamento del Auto de Vista de manera textual indica lo siguiente: “…la juzgadora fue categórica al concluir que el certificado de trabajo de Fs. 7 no especificó que hubiese habido suspensión de actividades en ese periodo y acertadamente decidió aplicar el principio de continuidad de la relación laboral. No es cierto el agravio”. Con referencia a la multa del 30% señala “… se trata de una simple afirmación sin sustento probatorio; por lo que no siendo ciertos los agravios corresponde confirmar la resolución apelada”.

Del análisis del Auto de Vista impugnado, y de la transcripción de los fundamentos anotados en el mismo, se puede constatar de manera inequívoca que el Tribunal de alzada, vulneró el derecho y la garantía del debido proceso en su componente de la debida fundamentación y motivación, por cuanto el Tribunal de apelación en ningún momento y de ninguna manera resolvió los agravios denunciados por el apelante en el recurso de apelación interpuesto, por cuanto solo se limitaron a realizar expresiones de aprobación a los argumentos y fundamentos expuestos por la Juez de instancia, sin que conste argumento o fundamento que sostenga o justifique las expresiones de aprobación.

Este Tribunal, es consciente conforme a los fundamentos jurídicos del presente fallo, que la fundamentación o motivación de una buena resolución judicial, no se mide porque la misma sea ampulosa y este llena de consideraciones y citas legales, doctrinarias o jurisprudenciales, sino que la fundamentación y motivación de una resolución judicial, implica ir más allá de ello; es tener una resolución judicial clara, concreta y congruente con las pretensiones fijadas por las partes, es así que una buena motivación puede ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiendo expresar el Juez sus convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión, en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas.

Sin embargo, conforme se tiene anotado en los fundamentos del Auto de Vista recurrido, si bien los vocales de Sala, expresan referencias afirmativas que demuestran aprobación de los fundamentos expuestos por la Juez de primera instancia, no exponen los fundamentos y los motivos por los cuales consideran que es convincente el argumento de que no hubiese habido suspensión de actividades entre los años 1982 a 1994, basando su decisión solo en el certificado de trabajo de fs. 7, aplicando en consecuencia el principio de continuidad de la relación laboral; sin que se haya realizado el mínimo esfuerzo intelectivo con la finalidad de exponer la motivación y el convencimiento al que se llegaba, sin considerar que de conformidad con los arts. 3.j y 158 del CPT, nos encontramos en un sistema de libre convicción o sana critica en la valoración de la prueba, el cual exige con garantía del mismo sistema, la fundamentación de las resoluciones judiciales.

Adicionalmente a lo señalado, al ser evidente la falta de pronunciamiento sobre el agravio referido al incumplimiento por parte del ex servidor público, a lo dispuesto en el art. 12 de la LGT, con referencia a la presentación del preaviso de Ley con 30 días de anticipación a la ruptura de la relación laboral; lo que constituye, conforme se desarrolló en el parágrafo III, Análisis Jurídico Legal Pertinente, Incongruencia Omisiva y el art. 265 del CPC, una incongruencia negativa, o denominada citra petita, entendida como la omisión de una de las pretensiones deducidas en el recurso de apelación. Esta violación al Principio de Congruencia sumado a la falta de fundamentación y motivación del Auto de Vista, implican la vulneración al derecho a la defensa que asiste al demandado y por ende al derecho al debido proceso.

En virtud de estos argumentos y fundamentos, se concluye en que el Tribunal de alzada, ha momento de emitir el referido Auto de Vista, incurrió en los agravios debidamente identificados en la presente resolución, consiguientemente corresponde sanear el proceso.

POR TANTO: La Sala Social, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, en ejercicio de la atribución prevista en el arts. 184.1 de la CPE, 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial y art. 220.III del Código Procesal Civil, respecto al recurso de casación interpuesto por la Caja Nacional de Salud, cursante de fs. 154 a 158, dispone la NULIDAD DE OBRADOS hasta fs. 146 inclusive, es decir hasta el Auto de Vista Nº 63 de 21 de marzo de 2017 de fs. 146, debiendo la Sala Social, Contenciosa Tributaria y Contenciosa Administrativa Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, sin espera de turno y de manera inmediata, pronunciar nuevo Auto de Vista, en conformidad a la doctrina legal establecida en la presente resolución. Sin costas ni costos.

No siendo excusable el error que se observa en los vocales del Tribunal de alzada, se les impone una multa de Bs200.

Por Secretaría de Sala cúmplase lo dispuesto por el art. 17 Parágrafo IV de la Ley Nº 025, de 24 de junio de 2010.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.