TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA

Auto Supremo Nº 581

Sucre, 30 de octubre de 2018

Expediente                    : 328/2017

Demandante                 : Rodrigo Zabala Rivero

Demandado                   : Sergio Chávez Chajtur

Proceso                         : Beneficios Sociales

Departamento               : Santa Cruz

Magistrada Relatora      : María Cristina Díaz Sosa

VISTOS: Los recursos de casación de fs. 158 y vta. interpuesto por Sergio Chávez Chajtur y de fs. 163 a 164 interpuesto por Rodrigo Zabala Rivero, ambos impugnando el Auto de Vista Nº 100 de 24 de agosto de 2016 cursante de fs. 155 a 156 vta., pronunciado por la Sala Social, Contencioso Tributario y Contenciosa Administrativa Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso de beneficios sociales, seguido por Rodrigo Zabala Rivero contra Sergio Chávez Chajtur; el Auto Nº 83/17 de fs. 168 que concede ambos recursos de casación; el Auto Supremo Nº 328-A de fs. 180 y vta. de admisión de los recursos; los antecedentes del proceso, y;

I: ANTECEDENTES PROCESALES

Sentencia

Tramitado el proceso laboral para el pago de beneficios sociales, el Juez de Partido de Trabajo y Seguridad Social de la ciudad de Montero, pronunció la Sentencia Nº 21 de 17 de julio de 2015 de fs. 98 a 101 vta., declarando PROBADA en parte la demanda interpuesta por Rodrigo Zabala Rivero contra Sergio Chávez Chajtur, para que proceda al pago de Bs 23.225,50 (VEINTITRÉS MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO 50/100 BOLIVIANOS) a favor del demandante, por concepto de indemnización por 5 años, 4 meses, 26 días, segundo aguinaldo gestión 2013, duodécima de aguinaldo de 2014, vacación, bono de antigüedad de 3 años y multa con recargo del 30%, menos el pago a cuenta de Bs 15.339 (QUINCE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE 00/100 BOLIVIANOS).

Auto de Vista

En grado de apelación deducida por el demandante de fs. 121 a 122, la Sala Social, Contencioso Tributario y Contenciosa Administrativa Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, emitió el Auto de Vista Nº 100 de 24 de agosto de 2016 cursante de fs. 155 a 156 vta., que CONFIRMÓ totalmente la Sentencia.

Ante la determinación del Auto de Vista, el demandante Rodrigo Zabala Rivero y Sergio Chávez Chajtur interponen recurso de casación y el Tribunal de Alzada emite Auto Supremo Nº 328-A, cursante a fs. 180 y vta., de 26 de julio de 2017, admitiendo únicamente el recurso de Sergio Chávez Chajtur., de fs. 158 a 159.

II: FUNDAMENTOS JURÍDICOS Y DOCTRINALES DEL FALLO

En consideración de los argumentos expuestos por el recurrente, de acuerdo a la problemática planteada, se realiza una interpretación desde y conforme la Constitución Política del Estado, el bloque de constitucionalidad y las normas ordinarias aplicables al caso concreto; en ese marco caben las siguientes consideraciones de orden legal:

La Ley 025 del Órgano Judicial, con relación al régimen de las nulidades procesales, en su art. 16 establece lo siguiente: I. “Las y los magistrados, vocales y Jueces, deberán proseguir con el desarrollo del proceso, sin retrotraer a las etapas concluidas, excepto cuando existiere irregularidad procesal reclamada oportunamente y que viole su derecho a la defensa conforme a ley. II. La preclusión opera a la conclusión de las etapas y vencimiento de plazos”.

Por otra parte, el art. 17 del mismo cuerpo normativo establece: “II. En grado de apelación, casación o nulidad, los Tribunales deberán pronunciarse sólo sobre aquellos aspectos solicitados en los recursos interpuestos. III. La nulidad solo procede ante irregularidades procesales reclamadas oportunamente en la tramitación de los procesos”.

En correspondencia con lo normado por la Ley 025, el Código Procesal Civil (CPC), Ley 439, establece las nulidades procesales con criterio aún más restringido, cuyas disposiciones legales se encuentran previstos en los arts.105 al 109, mismos que se encuentran vigentes desde la publicación de dicha Ley (25 de noviembre de 2013) por mandato expreso de su Disposición Transitoria Segunda numeral 4; normas que reconocen en su contenido los principios procesales de la nulidad como ser: el principio de especificidad o legalidad, conservación, trascendencia, convalidación, finalidad del acto y preclusión; que deben ser tomadas en cuenta por los Jueces y Tribunales de instancia a tiempo de asumir una decisión anulatoria de obrados; principios que rigen la administración de justicia conforme prevé la Constitución Política del Estado (art. 180), entendidos desde los principios constitucionales procesales de eficiencia, eficacia, inmediatez,  y accesibilidad, que se encuentran replicados en el espíritu de los preceptos normativos analizados supra (art. 16 y 17 de la Ley 025 y arts. 105 al 109 del CPC).

Por lo tanto, en referencia a las nulidades debe considerarse para su declaratoria la trascendencia que reviste el acto denunciado; es decir, que tenga incidencia en el derecho al debido proceso en su elemento defensa, considerando que no existe nulidad por la nulidad misma, sino que, para una declaratoria de nulidad debe considerarse y ponderarse todos los elementos que afecten o no de manera directa a los derechos de los involucrados. En ese sentido Alsina sostiene que: “… las nulidades calificadas por la ley, son las nulidades esenciales que pueden ser declaradas de oficio porque ellas se fundan en la violación de una garantía constitucional”. Lo anterior conlleva a decir que, el tratamiento de las nulidades procesales, no es un tema de defensa de las meras formalidades, pues, las formas previstas por ley no deben ser entendidas como meros ritos, sino como verdaderas garantías para que el proceso se desarrolle en orden y en resguardo de los derechos de las partes, siendo preciso distinguir las formas esenciales de las meras formalidades.

Precisamente por ello, es necesario contrastar la denuncia de nulidad con los principios que rigen la materia y deben ser tomados en cuenta por el juzgador al momento de declarar la nulidad, entre ellos, el principio de especificidad, que establece que no existe nulidad si ésta no se encuentra prevista por ley; el principio de trascendencia, por el cual no hay nulidad de forma, si la alteración no tiene trascendencia sobre las garantías esenciales de defensa en juicio; es decir, “no hay nulidad sin perjuicio”; el principio de convalidación, por el que toda nulidad se convalida por el consentimiento de la parte, si no fueron observadas en tiempo oportuno, precluyendo su derecho; y, finalmente, el principio de protección, estableciendo que la nulidad solo puede hacerse valer cuando a consecuencia de ella, quedan indefensos los intereses del litigante. En  tal virtud, se entiende que, la nulidad procesal es una medida sancionatoria de última ratio, de aplicación excepcional, siendo la regla la conservación de los actos desarrollados en proceso y la nulidad su excepción, criterio procesal que emerge del contenido normativo de los arts. 16 y 17 de la Ley del Órgano Judicial, que señala como deber funcional de los administradores de justicia el de proseguir con el desarrollo del proceso, sin retrotraer a las etapas concluidas, excepto cuanto exista irregularidad procesal reclamada oportunamente y que viole el derecho a la defensa de las partes.

III: ANALISIS DEL CASO EN CONCRETO

Previo a ingresar al fondo del recurso interpuesto, primero se debe realizar un examen de verificación de los requisitos de procedencia del mismo, pues se evidencia de la revisión de los antecedentes que, a fs. 149, el Juez de la causa rechaza el recurso de apelación presentado por Sergio Chávez Chajtur, por ser presentado fuera de plazo, concediendo solamente el recurso de apelación presentado por el demandante Rodrigo Zabala Rivero, a fs. 141; consecuentemente, el Auto de Vista emitido de fs. 155 a 156 vta., únicamente resuelve la apelación del demandante, disponiendo una confirmación total de la Sentencia, lo cual significa que para la parte demandada, tanto el fallo de primera como de segunda instancia, cobraron plena ejecutoría. No obstante de ello, posteriormente a fs. 158 y vta., el demandado Sergio Chávez Chajtur impugna, esta vez en casación, recurso que es concedido mediante Auto Nº 83/17 de fs. 168, para ser luego admitido mediante Auto Supremo Nº 328-A de fecha 26 de julio de 2017, cursante a fs. 180 y vta.

De otra parte, se tienen los recursos presentados por el demandante, que en grado de apelación es concedido y resuelto en el Auto de Vista Nº 100 de 24 de agosto de 2016, cursante de fs. 155 a 156 vta., por lo que, presenta el recurso de casación, cursante de fs. 163 a 164, mismo que también es concedido al tribunal superior, mediante auto interlocutorio Nº 83/17 de fs. 168 y vta., empero, la Sala Social, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa Primera de este Tribunal Supremo de Justicia, omite pronunciarse sobre su admisibilidad.

Por lo tanto, entendemos que, no se realizó de manera adecuada el examen de verificación de los requisitos de admisibilidad del recurso, en especial lo estipulado en el art. 272.II del CPC, pues, el recurso de casación presentado por el demandado no debería haber sido admitido, toda vez que, no cumple con los requisitos de admisibilidad que exige la norma indicada, al carecer de legitimación el recurrente, por no haber hecho uso del recurso de apelación, en el caso puntual no haber presentado indicado recurso dentro de plazo, lo que conllevó a la ejecutoria de la sentencia para él.

En contraparte, se está dejando en total indefensión al demandante, pues él sí cumplió todos los pasos y requisitos para que su recurso de casación sea sometido al examen de admisibilidad que corresponde; sin embargo, de la revisión y análisis de los antecedentes, se evidencia que el Auto Supremo Nº 328-A de fs. 180 y vta., omite el examen de admisibilidad para el recurso de casación planteado por el demandante; por lo que, en aplicación del principio de celeridad, corresponde subsanar el error y proceder  a emitir un correcto Auto de admisibilidad para luego sortear nuevamente la causa, sin espera de turno.

Consiguientemente, corresponde fallar de acuerdo a las disposiciones contenidas en el art. 17 de la Ley del Órgano Judicial y art. 106.I del CPC (2013), aplicable por mandato del art. 252 del Código Procesal del Trabajo (CPT).

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida por los arts.  184.1 de la CPE y 42.I.1 de la LOJ, ANULA obrados con reposición hasta el Auto Nº 328-A de fs. 180 y vta. inclusive, debiendo dictarse nuevo Auto de admisión de manera inmediata, tomando en cuenta las consideraciones expresadas y ser sorteado nuevamente sin espera de turno.

Por Secretaría de Sala, cúmplase con lo previsto en el art. 17. IV de la Ley del Órgano Judicial.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.