TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA

Auto Supremo Nº 574

Sucre, 30 de octubre de 2018

Expediente                        : 321/2017

Demandante                : Ariel Romaña Galindo

Demandado        : Laboratorio BAGO de Bolivia S.A.

Materia        : Beneficios Sociales

Distrito                        : Pando

Magistrada Relatora        : Dra. María Cristina Díaz Sosa

VISTOS: El recurso de casación de fs. 246 a 250, interpuesto por Paola Marcela Diaz Soria Galvarro en representación de Laboratorios BAGO de Bolivia S.A., contra del Auto de Vista de 20 de junio de 2017 de fs. 240 a 243, pronunciado por la Sala Civil, Familiar, Social, Niña, Niño y Adolescencia del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, dentro del proceso laboral seguido por Ariel Romaña Galindo contra la empresa recurrente; el Auto de fs. 256, el Auto Supremo Nº 321-A de 25 de julio de 2017 de fs. 265, que concedió el recurso, los antecedentes del proceso y;

I. ANTECEDENTES PROCESALES

Sentencia.-

Que tramitado el proceso laboral, el Juez de Partido del Trabajo y Seguridad Social de la ciudad de Cobija - Pando, emitió la Sentencia Nº 192 de 27 de abril de 2017 de fs. 222 a 223 vta., declarando probada la demanda de fs. 5, e improbada la excepción perentoria plateada. Con costas, disponiendo que  se cancele a favor del actor la suma de Bs. 50.471 por concepto de subsidio de frontera, monto que deberá ser cancelado dentro el tercer día de ejecutoriada la resolución.

Auto de Vista.-

Interpuesto el recurso de apelación cursante de fs. 226 a 229, por  Laboratorios BAGO de Bolivia S.A. representado por Paola Marcela Diaz Soria Galvarro, la Sala Civil, Familiar, Social, Niña, Niño y Adolescencia del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, mediante Auto de Vista de 20 de junio de 2017 de fs. 240 a 243, confirmó la sentencia apelada. Con costas.

II. ARGUMENTOS DEL RECURSO DE CASACIÓN

Contra el auto de vista, Paola Marcela Diaz Soria Galvarro en representación de Laboratorios BAGO de Bolivia S.A., formuló recurso de casación en la forma y en el fondo de fs. 246 a 250, en el que acusó:

1.- En la forma.- Que el Tribunal ad quem, incurrió infracción y vulneración del art. 223 del Código Procesal Civil aplicable por el art. 252 del Código Procesal del Trabajo, toda vez que el fundamento que motiva su solicitud de nulidad del proceso es que el Tribunal no pudo haber declarado a la demanda probada en todas sus partes, cuando la misma no ha otorgado al actor todo lo que el pretendía en sentencia, prueba de ello es que la cuantía que originalmente demandó fue de Bs. 63.985,23, monto que difiere de la condenada en sentencia que fue de Bs. 50.471, por ende debió ser declarada probada en parte y de ninguna manera probada en todas sus partes con el consiguiente pago de costas, por lo que al no fundarse el fallo en una norma existente motiva que sea reparado por el Tribunal Supremo de Justicia al encontrarse la sentencia viciada de nulidad.

Asimismo, indica incumplimiento del inc. a) del art. 202 del CPT, puesto que la misma otorga la obligatoriedad de revisión de los tribunales para que el proceso se desarrolle sin vicios de nulidad, y que en la sentencia no hay relación entre lo manifestado en la parte considerativa que estableció una cuantía distinta a la condenada, infringiendo y vulnerando el art. 5 del CPT ya que cuando esta disposición indica que las normas procesales son de orden público y por tanto de cumplimientos obligatorio, es nula cualquier actuación en contrario y al no hacerlo se vulneró el art. 115 de la CPE y 108 del CPT, toda vez que no se pronuncia respecto a si la nulidad invocada fue rechazada o admitida, hecho que conlleva la nulidad.

En el Fondo.- Señala que no corresponde el pago de subsidio de frontera al actor, puesto que este concepto siempre le fue honrado durante el tiempo de su permanencia, como se tiene en planillas en la casilla de AREA/PREM, que es el código que su empresa asigna a este subsidio, por lo que le causa asombro que se solicite dicho pago; sin embargo, manifiesta que el Tribunal ad quem aplicó indebidamente el art. 12 del DS 21137 de 30 de noviembre de 1985 ya que contrariamente a lo que indica este Tribunal la determinación asumida solo podría originarse en alguna forma de equivocación referida a la denominación del concepto demandado puesto que el “bono de frontera”, como denominación fue sustituido por subsidio de frontera aspecto que fue honrado por la empresa, conforme sale de la prueba documental donde se evidencia que incluso fue pagado en demasía al tomar el 20% en cuento al total de ingresos y no el haber básico, así se tiene la planillas de pago de haberes de los meses de julio, agosto y septiembre de 2016.

Concluyó solicitando se sirva ANULAR obrados hasta el vicio más antiguo, es decir hasta que se dicte nueva sentencia y caso contrario CASAR el Auto de Vita 225/17 de 20 de junio, declarando en consecuencia probada la excepción perentorias de pago opuesta por nuestra parte a tiempo de responder la demanda y que fue igualmente ratificada dentro del término probatorio.

III. FUNDAMENTO JURÍDICO LEGALES Y SU APLICACIÓN EN EL CASO CONCRETO

En consideración de los argumentos expuestos por el recurrente, de acuerdo a la problemática planteada, se realiza una interpretación desde y conforme la Constitución Política del Estado, el bloque de constitucionalidad y las normas ordinarias aplicables al caso concreto; en ese marco caben las siguientes consideraciones de orden legal:

En la forma.- En cuanto a la vulneración del art. 223 del Código Procesal Civil, al no pronunciarse el Tribunal ad quem respecto a la nulidad invocada en su recurso de apelación, toda vez que la sentencia en su parte dispositiva indebidamente determinó declarar probada en todas sus partes la demanda, cuando la misma no otorgó al actor todo lo que el pretendía en sentencia, y en consecuencia debió ser declarada “probada en parte”; al respecto, cabe señalar que con relación a las nulidades, debe considerarse para su declaratoria la trascendencia que reviste el acto denunciado, es decir que tenga incidencia en el debido proceso y el derecho a la defensa, considerando que no existe nulidad por la nulidad misma, sino que, para una declaratoria de nulidad debe de considerarse y ponderarse todos los elementos que afecten o no de manera directa a los derechos de los involucrados. El tratamiento de las nulidades procesales, no es un tema de defensa de las meras formalidades, pues, las formas previstas por ley no deben ser entendidas como meros ritos, sino como verdaderas garantías para que el proceso se desarrolle en orden y en resguardo de los derechos de las partes, siendo preciso distinguir las formas esenciales de las meras formalidades. Precisamente por ello es necesario contrastar la denuncia de nulidad con los principios generales sobre nulidad procesal que deben ser tomados en cuenta por el juzgador al momento de declarar la misma, entre ellos, el principio de especificidad, que establece que no existe nulidad si ésta no se encuentra prevista por ley; el principio de trascendencia, por el cual no hay nulidad de forma, si la alteración no tiene trascendencia sobre las garantías esenciales de defensa en juicio, es decir "no hay nulidad sin perjuicio"; el principio de convalidación, por el que toda nulidad se convalida por el consentimiento de la parte, si no fueron observadas en tiempo oportuno, precluyendo su derecho y, finalmente, el principio de protección, estableciendo que la nulidad solo puede hacerse valer cuando a consecuencia de ella, quedan indefensos los intereses del litigante. En  tal virtud, se entiende que, la nulidad procesal es una medida sancionatoria de última ratio, de aplicación excepcional, siendo la regla la conservación de los actos desarrollados en proceso y la nulidad su excepción, criterio procesal que emerge del contenido normativo de los arts. 16 y 17 de la Ley del Órgano Judicial, que señala como deber funcional de los administradores de justicia el de proseguir con el desarrollo del proceso, sin retrotraer a las etapas concluidas, excepto cuanto exista irregularidad procesal reclamada oportunamente y que viole el derecho a la defensa de las partes.

En ese entendido, de los antecedentes del proceso se tiene que la demanda de fs. 5 y vta. demanda “pago de bono de frontera”, como único concepto por dilucidar dentro del proceso laboral, es así que al declarar la Sentencia probada la demanda en su totalidad se evidencia que la misma responde al hecho de haberse demostrado que corresponde dicho pago por un monto de Bs. 50.471, que si bien no coincide con el monto demandado de Bs. 63.985,23, sin embargo esto no implica contradicción, ni vulneración del art. 5 del CPT, y menos aún nulidad alguna, pues como fue señalado supra no  hay nulidad de forma, si la alteración no tiene trascendencia sobre las garantías esenciales de defensa en juicio, en consecuencia la vulneración acusada deviene en infundada.

En el fondo.- Del análisis del caso, respecto a la aplicación indebida del art. 12 del DS 21137 de 30 de noviembre de 1985, al otorgar al actor el subsidio de frontera que le fue cancelado; sobre el particular, se debe tener presente, que el art. 12 del Decreto Supremo Nº 21137 señala: “Se sustituye los bonos de frontera, zona o región con un subsidio de frontera, cuyo monto será el veinte por ciento (20%) del salario mensual. Se beneficiarán con este subsidio, solamente los funcionarios y trabajadores del Sector Público cuyo lugar de trabajo se encuentra dentro de los cincuenta kilómetros lineales de las fronteras internacionales. Esta disposición regirá también para las empresas privadas”, se puede evidenciar que este precepto establece que el trabajador,  para beneficiarse de este subsidio, basta que desarrolle sus funciones dentro de un área comprendida en los cincuenta kilómetros lineales con las fronteras internacionales; en ese entendido el art. 12 del referido Decreto Supremo Nº  21137, representa la garantía de la aplicación objetiva de la Ley para todos los trabajadores; por cuanto, las empresas privadas que desarrollen actividades dentro de los cincuenta kilómetros de las fronteras del país, conocen que tienen la obligación de cancelar a favor de sus empleados y trabajadores, el 20% adicional al salario mensual, por concepto de subsidio de frontera, justamente por encontrarse alejados de las ciudades y centros poblados, siendo deber de toda persona natural o jurídica, pública o privada acatar y cumplir la Constitución y las Leyes; por lo cual, el subsidio de frontera al ser un derecho previsto en un Decreto Supremo que desarrolla el espíritu del derecho laboral y social establecido en la Constitución y en la Ley General del Trabajo, constituye un mandato para que las empresas privadas y entidades públicas dentro de cuyo ámbito se desenvuelvan, cumplan con el reconocimiento de un porcentaje adicional a quienes trabajan dentro de los 50 kilómetros de las fronteras bolivianas; ahora bien en el caso de autos la recurrente afirma que dicho pago fue realizado, sin embargo de la documental presentada como prueba consistente en boletas de pago de fs. 1 a 3 y 39 a 84 y planillas de fs. 180 a 192, se evidencia que dicho concepto no esta incluido, y menos fue pagado en demasía al tomar el 20% en cuento al total de ingresos, pues de un cálculo rápido de los conceptos debidamente detallados en la papeleta de pago (S. Básico, Productiv., Antigüedad, Recar. Noct., Dominical y Comisiones) el mismo no coincide con el monto asignado en la casilla AREA/PREM, además de no explicar o demostrar cual es el motivo por el cual se le da este nombre o código a un subsidio que claramente debe estar especificado en la boleta de pago, al igual que los otros conceptos detallados supra, en consecuencia corresponde su pago, en aplicación del principio protector considerado como el principio básico y fundamental del Derecho del Trabajo con sus tres reglas o criterios, a) El in dubio pro operario que se explica en el sentido de que cuando una norma se presta a más de una interpretación, debe aplicarse la que resulte más favorable al trabajador; b) La regla de la norma favorable, según la cual aparecieran dos o más normas aplicables a la misma situación jurídica, se aplicará la que resulte más favorable al trabajador; c) La regla de la condición más beneficiosa según la cual, ninguna norma debe aplicarse si esta tiende a desmejorar las condiciones en que se encuentra el trabajador, pues la idea es de que en materia laboral las nuevas normas o reformas deben tender a mejorar las condiciones de trabajo y no a la inversa; asimismo la aplicación del principio de primacía de la realidad que establece que en materia laboral, la verdad de los hechos, prevalece sobre los acuerdos formales; es decir que tiene más valor lo que ocurre en la práctica que lo pactado en forma a través de documentos. Ahora bien, la prueba en su sentido procesal se constituye en un medio de verificación de las proposiciones que los litigantes formulan en el juicio, con la finalidad de crear la convicción del juzgador sobre el hecho o hechos demandados, misma que debe ser valorada en su conjunto, en ese entendido se observa que la Resolución impugnada, lo que no sucedió, más aún cuando en virtud de la carga de la prueba le corresponde al empleador en el marco de lo previsto en los arts. 3. h), 66 y 150 del Código Procesal del Trabajo (CPT), es decir, que el empleador demandado debe desvirtuar los fundamentos de la acción, situación extrañada en el caso de autos.

En consecuencia al no ser evidentes las infracciones acusadas en el recurso de casación en la forma y en el fondo, corresponde aplicar el art. 220. II del Código de Procesal Civil, en cumplimiento de la norma remisiva del art. 252 del Código Procesal del Trabajo.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Adm., Social y Adm. Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida por los arts.  184.1 de la CPE y 42.I.1 de la LOJ, declara INFUNDADO el recurso de casación en la forma y en el fondo de fs. 246 a 250, interpuesto por Paola Marcela Diaz Soria Galvarro en representación de Laboratorios BAGO de Bolivia S.A. Con costas y costos.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.