TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA, CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA PRIMERA

Auto Supremo Nº 572

Sucre, 30 de octubre de 2018

Expediente                        : 319/2017

Demandante                : GEOMEMBRANAS REPRESENTACIONES

  IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES S.R.L.

Demandado        : Gerencia Grandes Contribuyentes Santa Cruz del

  Servicio de Impuestos Nacionales

Proceso        : Contencioso Tributario

Distrito                        : Santa Cruz

Magistrada Relatora        : María Cristina Díaz Sosa

VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 2.746 a 2.751 vta., interpuesto por Carlos Eufronio Camacho Vega en representación legal de la Gerencia Grandes Contribuyentes Santa Cruz (GRACO-STC) del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), contra el Auto de Vista Nº 21 de 31 de enero de 2017, cursante de fs. 2.739 a 2.741, pronunciado por la Sala Social, Contenciosa Tributaria y Contenciosa  Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso contencioso tributario seguido por GEOMEMBRANAS REPRESENTACIONES IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (GERIMEX S.R.L.) contra la institución recurrente, contestación al recurso de fs. 2.766 a 2.768, los antecedentes del proceso; y,

I. ANTECEDENTES PROCESALES

Sentencia Nº 02/2014 de 25 de febrero

Presentado el proceso contencioso tributario por el representante legal del contribuyente GERIMEX S.R.L. contra GRACO-STC del SIN, el Juez Primero de Partido Administrativo, Coactivo Fiscal y Tributario de Santa Cruz, emitió la Sentencia Nº 02/2014 de 25 de febrero, cursante de fs. 1.903 a 1.915, que declara improbada la demanda de fs. 67 a 71 y mantiene firme, válida y subsistente la Resolución Determinativa Nº 002-2008 de 11 de febrero, que establece una presunta deuda tributaria de UFV`s 1.731.238.- (un millón, setecientos treinta y un mil, doscientos treinta y ocho Unidades de Fomento a la Vivienda), correspondiente a los periodos fiscales mayo, junio, y agosto de 2005, monto que incluye tributo omitido, accesorios de ley y la sanción del 100% del tributo omitido por la supuesta comisión de la contravención tributaria de omisión de pago, prevista y sancionada en el art. 165 de la Ley 2492.

Auto de Vista Nº 21 de 31 de enero de 2017

El representante legal del contribuyente GERIMEX S.R.L., presenta el recurso de apelación de fs. 1.918 a 1.922 vta. contra la Sentencia Nº 02/2014 de 25 de febrero. Previa contestación de fs. 1926 a 1930 vta., el Juez de la causa concede el recurso a fs. 1.931 y la Sala Social, Contenciosa Tributaria y Contenciosa Administrativa Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, pronuncia el Auto de Vista Nº 21 de 31 de enero de 2017, cursante de fs. 2.739 a 2.741, que anula la Sentencia Nº 02/2014 impugnada, ordenando se pronuncie una nueva en la que se cumplan los requisitos esenciales para su validez, referido a la valoración necesaria de cada prueba.

II. ARGUMENTOS DEL RECURSO DE CASACIÓN Y PETITORIO

El representante legal de GRACO-STC del SIN, interpone recurso de casación en la forma contra el Auto de Vista Nº 21 de 31 de enero de 2007, con los siguientes argumentos:

El Auto de Vista anula obrados vulnerando el debido proceso, en sus elementos motivación y fundamentación, y el derecho a la igualdad de las partes, sin tomar en cuenta los principios que rigen el régimen de nulidades y carecer de fundamentación respecto a la congruencia al emitir una decisión extra petita, vulnerando los arts. 115.I de la Constitución Política del Estado (CPE) y 265 del Código Procesal Civil (CPC); el fallo debió circunscribirse a los puntos apelados y contener la fundamentación necesaria sobre los mismos, sin apartarse de los términos en los que se formuló la apelación y guardando la congruencia debida con la parte considerativa, porque debe existir lógica entre lo argumentado, motivado y valorado, y lo resuelto.

Los agravios expresados por GERIMEX S.R.L. en el recurso de apelación contra la Sentencia son: a) Incumple los arts. 190 y 192 del Código de Procedimiento Civil (CPC-1975) al no contener expresiones claras, positivas y precisas sobre los aspectos demandados; y, b) Omite valorar las pruebas aportadas que demuestran que la resolución determinativa carece de respaldo técnico, porque todas las facturas observadas corresponden a transacciones efectivamente realizadas, vinculadas a la actividad de la empresa y que están respaldadas por su original, vulnerando los arts. 397 del CPC-1975 y 77 de la Ley 2492; y, peticiona que se anule la Sentencia o revoque la misma.

De la revisión de la Sentencia pronunciada por el Juez de la causa, se evidencia que cumple los requisitos de validez necesarios, valora y desvirtúa los puntos demandados y la normativa aplicable a la problemática, por lo que corresponde en apelación, pronunciarse únicamente sobre los agravios expuestos por el apelante y no sobre otros que no fueron reclamados oportunamente a título de vulneraciones que en ninguna etapa del proceso fueron observadas por falta precisamente de indefensión a la partes; en consecuencia, no existe justificativo para que el Auto de Vista anule la Sentencia.

Petitorio.-

La institución recurrente solicita que anular obrados hasta el Auto de Vista 21 “y/o en su defecto proceda a CASAR el Auto de Vista Nº 21/2017 y en consecuencia se DECLARE IMPROBADA TOTALMENTE LA DEMANDA INTERPUESTA, manteniendo firme y subsistente la RESOLUCIÓN DETERMINATIVA Nº GSH-DEID Nº 002/2008” (sic).

III. ANÁLISIS JURÍDICO LEGAL Y JURISPRUDENCIAL PERTINENTE

En consideración de los argumentos expuestos por el recurrente, de acuerdo a la problemática planteada, se realiza una interpretación desde y conforme la Constitución Política del Estado, el bloque de constitucionalidad y las normas ordinarias aplicables al caso concreto; en ese marco caben las siguientes consideraciones de orden legal:

Sobre la facultad de anular obrados y el debido proceso en sus elementos motivación y fundamentación

Los arts. 105 y 106 del CPC, determinan que ningún acto o trámite será declarado nulo si la nulidad no estuviere expresamente determinada por la ley, además, que el acto es inválido cuando carece de requisitos formales indispensables para la obtención de su fin y que será válido cuando a pesar de su irregularidad, con él se cumpla el objeto procesal al que estaba destinado, salvo en caso de existir indefensión; de ello se infiere que la nulidad de oficio se encuentra vinculada a las infracciones que interesan al orden público en resguardo del derecho al debido proceso en todos sus elementos configurativos, tales como el derecho a la defensa y a la motivación y fundamentación de las resoluciones, entendimiento concordante con el art. 36 de la Ley de Procedimiento Administrativo (LPA).

Razón por la que con base en dicha normativa, resulta inviable la nulidad por la nulidad misma, y exige a las autoridades que tienen a su cargo la solución de una problemática, realizar un análisis con base a los principios rectores del proceso; en consecuencia, en caso de no verificar la existencia de una situación de orden público o indefensión, la nulidad de las actuaciones procesales no tendrá sustento legal; de ello se infiere que las autoridades judiciales y administrativas, al momento de conocer y resolver las controversias sometidas a su jurisdicción, tienen plena facultad-deber para velar porque el proceso se desarrolle sin vicios de nulidad que perjudiquen el normal desarrollo del mismo y/o porque no se incurra en vulneración de derechos fundamentales o garantías constitucionales que impliquen nulidad.  

En cuanto al debido proceso, consagrado por el art. 115.II de la CPE, constituye una garantía constitucional que abarca los presupuestos procesales mínimos que rigen un proceso judicial, administrativo o corporativo, vinculados a todas las formas propias del mismo y a las leyes preexistentes, para materializar la justicia con base en la igualdad de condiciones de los sujetos intervinientes, de conformidad con el art. 119.I de la Ley Fundamental; el debido proceso tiene dos perspectivas; de un lado, se trata de un derecho en sí reconocido a todo ser humano; y de otro, es una garantía jurisdiccional a favor de toda persona para asegurar el ejercicio de sus derechos en las instancias administrativas, jurisdiccionales o jurisdicciones especiales; con sus elementos configurativos defensa, y motivación y fundamentación de las decisiones judiciales o administrativas.

Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la Opinión Consultiva OC-16/99 de 1 de octubre de 1999, ha manifestado: “En opinión de esta Corte, para que exista «debido proceso legal» es preciso que un justiciable pueda hacer valer sus derechos y defender sus intereses en forma efectiva y en condiciones de igualdad procesal con otros justiciables. Al efecto, es útil recordar que el proceso es un medio para asegurar, en la mayor medida posible, la solución justa de una controversia. A ese fin atiende el conjunto de actos de diversas características generalmente reunidos bajo el concepto de debido proceso legal”.

Sobre el principio de trascendencia que rige las nulidades procesales

La Ley Nº 025 del Órgano Judicial (LOJ), con relación al régimen de las nulidades procesales, en su art. 16 establece: I. “Las y los magistrados, vocales y Jueces, deberán proseguir con el desarrollo del proceso, sin retrotraer a las etapas concluidas, excepto cuando existiere irregularidad procesal reclamada oportunamente y que viole su derecho a la defensa conforme a ley. II. La preclusión opera a la conclusión de las etapas y vencimiento de plazos”.

Por otra parte, el art. 17 del citado texto normativo establece: “II. En grado de apelación, casación o nulidad, los Tribunales deberán pronunciarse sólo sobre aquellos aspectos solicitados en los recursos interpuestos. III. La nulidad solo procede ante irregularidades procesales reclamadas oportunamente en la tramitación de los procesos”.

En correspondencia con lo normado por la Ley Nº 025, la Ley 439, establece las nulidades procesales con criterio aún más restringido, cuyas disposiciones legales se encuentran previstos en los citados arts.105 al 109, mismos que se encuentran vigentes desde la publicación de dicha Ley (25 de noviembre de 2013) por mandato expreso de su Disposición Transitoria Segunda numeral 4; normas que reconocen en su contenido los principios procesales de la nulidad como ser: el principio de especificidad o legalidad, conservación, trascendencia, convalidación, finalidad del acto y preclusión; que deben ser tomadas en cuenta por los Jueces y Tribunales de instancia a tiempo de asumir una decisión anulatoria de obrados.

Al respecto, este Tribunal Supremo de Justicia en su diversos fallos, entre ellos el Auto Supremo Nº 329/2016 de 12 de abril, sobre el principio de trascendencia ha orientado que: “Precisamente por los fundamentos expuestos precedentemente, en razón al caso de Autos, corresponde a continuación referirnos de manera específica a algunos de los principios que regulan la nulidad procesal, los cuales ya fueron desarrollados en varios Autos Supremos emitidos por este Tribunal Supremo de Justicia, entre ellos los Nos. 158/2013 de 11 de abril, 169/2013 de 12 de abril, 411/2014 de 4 de agosto, 84/2015 de 6 de febrero, en virtud a los cuales diremos: (…) Principio de Trascendencia.- Si bien resulta evidente que el alejamiento de las formas procesales ocasiona la nulidad o invalidez del acto procesal, empero esta mera desviación no puede conducir a la declaración de nulidad, razón por la cual se debe tener presente que para la procedencia de una nulidad tiene que haber un perjuicio cierto e irreparable, pues no hay nulidad sin daño o perjuicio pas de nullite sans grieg, es decir que previamente a declarar la nulidad se debe tener presente el perjuicio real que se ocasionó al justiciable con el alejamiento de las formas prescritas. Y como decía Eduardo J. Couture: (…) ... No existe impugnación de Nulidad, en ninguna de sus formas, sino existe un interés lesionado que reclame protección. La anulación por anulación no vale”.

Los principios que rigen las nulidades, entre ellos el de trascendencia, marcan el límite de la actuación de los Jueces, Vocales y Magistrados en cuanto a las nulidades a ser decretadas estableciendo como regla general la continuidad de la tramitación del proceso hasta su total conclusión, siendo la nulidad una excepción que procede según dispone la Ley 025, bajo dos presupuestos legales indispensables; es decir, cuando la irregularidad procesal viole el derecho a la defensa y que esa situación haya sido reclamada de manera oportuna por la parte afectada, bajo sanción de operarse la preclusión en su contra; entendiendo que de este modo se restringe a lo mínimo las nulidades procesales y se busca la materialización de los principios que hoy rigen la administración de justicia previstos en la Constitución Política del Estado y replicados en las Leyes Nº 025 y Nº 439, a efectos de revertir el antiguo sistema formalista.

IV. ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO

Del examen del recurso de casación en la forma, el Auto de Vista recurrido y de los antecedentes del proceso, se establece lo siguiente:

La controversia en el presente recurso radica en determinar: Si existe incorrecta aplicación de la norma relativa a la nulidad de obrados y en consecuencia, si el Auto de Vista carece de motivación y fundamentación, sobre los agravios expresados por el apelante.

Con base en el análisis jurídico legal y jurisprudencial precedente, éste Tribunal concluye que:

El recurso de apelación formulado por el contribuyente GERIMEX S.R.L., contiene tres agravios, debidamente identificados y subtitulados; el primer agravio refiere a que la Sentencia impugnada incumple lo dispuesto en los arts. 190 y 192 del CPC-1975, al no contener decisiones expresas, positivas y precisas sobre los aspectos demandados y en dicho acápite argumenta que el fallo de fondo constituye más bien una copia desordenada de los argumentos de las partes y la transcripción íntegra de un Auto Supremo que no está vinculado a la misma problemática, que no existe decisiones expresas sobre los argumentos vertidos y la prueba producida por GERIMEX S.R.L. durante el proceso; y, en consecuencia, que dicha situación resulta ilegal por vulneración de sus derechos al debido proceso y la fundamentación de las decisiones judiciales que necesariamente repercuten en el ejercicio pleno del derecho a la defensa.

Ello implica que el recurrente, aperturó la competencia del Tribunal de Apelación para verificar con carácter previo al análisis de la expresión de agravios relativa al fondo de la problemática del proceso, si efectivamente la Sentencia carecía de motivación y fundamentación necesarias para su validez; por lo que resulta evidente la facultad del Tribunal de segunda instancia, de resolver sobre la nulidad o no del fallo pronunciado por el Juez de la causa.

Ahora bien, corresponde analizar si efectivamente la Sentencia omite dicho requisito para su validez y para ello resulta necesario detallar su contenido de la siguiente manera: a) Considerando I (fs. 1.903 a 1.905 vta.), contiene el detalle de los antecedentes administrativos tributarios, los fundamentos de derecho de la demanda contenciosa tributaria y los argumentos textualmente transcritos de la demanda de fs. 67 a 71 vta.; b) Considerando II (fs. 1.905 vta. a 1.912), consigna los argumentos de la contestación a la demanda y transcripción del contenido del Informe Técnico elaborado por el Auditor, sin arribar a conclusión alguna sobre el mismo; c) Fundamentos de Derecho (fs. 1.912 a 1.914 vta.), contiene la transcripción de los arts. 37.I del Decreto Supremo (DS) Nº 27310 de 9 de enero de 2004, Reglamento al Código Tributario boliviano (RCTb) y 70 de la Ley 2492, además, de citar el art. 12 del DS Nº 27874; a continuación, sostiene “Finalmente, se menciona de manera concluyente como jurisprudencia la novísima mencionada a seguir” y transcribe in extenso la Sentencia Nº 187/2012 de 18 de julio; d) Por tanto (fs. 1.915), contiene la parte decisoria del fallo que declara improbada la demanda y mantiene firme, válida, vigente y subsistente la Resolución Determinativa Nº 002/2008 de 11 de febrero.

En ese contexto, no es evidente que exista falta de motivación y fundamentación del Auto de Vista impugnado con relación a la expresión de agravios del apelante y lo resuelto en Sentencia, debido a que correctamente analiza el contenido de la Sentencia con base en la primera expresión de agravio del apelante GERIMEX S.R.L., expuesto precisamente en sentido de que el fallo de fondo incumple lo dispuesto en los arts. 190 y 192 del CPC-1975, al no contener decisiones expresas, positivas y precisas sobre los aspectos demandados, omitiendo la motivación y fundamentación necesarias para su validez, dejando claramente establecido que la decisión de fondo de la Sentencia constituye más bien una copia desordenada de los argumentos de las partes y la transcripción íntegra de dos artículos y una decisión judicial de otro proceso utilizada como jurisprudencia, utilizados como fundamentos de derechos.

Finalmente, resulta necesario referirnos al principio de trascendencia desarrollado precedentemente, en sentido de que en el presente caso no se evidencia que se cumplan las condiciones establecidas para la aplicación del régimen de las nulidades procesales, es decir, que el Auto de Vista recurrido no causó gravamen y perjuicio personal y directo, tampoco colocó al demandante en un verdadero estado de indefensión, ni ocasionó un perjuicio cierto, concreto, real, grave y demostrable, por lo que  dejamos constancia que la no concurrencia de estas condiciones en el presente caso, da lugar al rechazo de la nulidad peticionada.

Por lo expuesto, se concluye que el Tribunal ad quem no incurrió en la vulneración acusada en el recurso de casación en la forma intentado por GRACO-STC del SIN; en consecuencia, corresponde aplicar el art. 220.II del CPC, aplicable al caso por mandato de los artículos 214 y 297 de la Ley 1340.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida por los arts. 184.1 de la Constitución Política del Estado y 42.I.1 de la Ley de Organización Judicial y en aplicación de la Disposición Transitoria Sexta del Código Procesal Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación en la forma formulado por La Gerencia Grandes Contribuyentes Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales y mantiene firme el Auto de Vista 21 de 31 de enero de 2017.

Sin costas y costos de conformidad al art. 39 de la Ley 1178.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.