TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA

Auto Supremo Nº 569

Sucre, 30 de octubre de 2018


Expediente                        : 315/2017

Demandante                : Armando Ricardo Archondo Rivera.

Demandado        : Laboratorios BAGÓ BOLIVIA S.A.

Materia        : Beneficios Sociales.

Distrito                        : La Paz.

Magistrada Relatora        : Dra. María Cristina Díaz Sosa


VISTOS: El recurso de casación en el fondo interpuesto por Armando Ricardo Archondo Rivera, cursante a fs. 661 a 667 de obrados en contra del Auto de Vista Nº 34/2017 SSA-I de fecha 20 de septiembre de 2017, pronunciado por la Sala Social y Administrativa Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; el Auto Supremo Nº 315-A de 21 de julio de 2017 de fs. 676 a 676 vta., que admitió el recurso; lo obrado en el proceso; y:

I: ANTECEDENTES PROCESALES

Sentencia.-

Tramitado el proceso laboral por el pago de reliquidación de beneficios sociales seguido por Armando Ricardo Archondo Rivera en contra de Laboratorios BAGÓ BOLIVIA S.A.; la Juez de Partido Sexto de Trabajo y Seguridad Social de la ciudad de La Paz, emitió la Sentencia Nº 168/2014 de fecha 17 de septiembre de 2014 de fs. 342 a 356, declarando probada en parte la demanda de reliquidación de beneficios sociales y probada en parte la excepción perentoria de pago, determinando que Laboratorios BAGÓ BOLIVIA S.A., cancele a favor del actor conforme al siguiente detalle: Indemnización, desahucio, aguinaldo duodécimas gestión 2012, vacaciones duodécimas de la gestión 2011 a 2012, prima duodécimas de la gestión 2012 y sueldo de julio de la gestión 2012, la suma total de Bs. 172,256.78 (CIENTO SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 78/100 BOLIVIANOS), no obstante de ello, la sentencia de primera instancia es enmendada y complementada en relación a la liquidación efectuada, a través del Auto de fecha 27 de octubre de 2014, cursante a fs. 372, el cual en conclusión determina que Laboratorios BAGÓ BOLIVIA S.A., cancele a favor del actor conforme al siguiente detalle: Indemnización, desahucio, aguinaldo duodécimas gestión 2012, vacación de la gestión 2011 18.5 días y vacación de la gestión 2012 15.4, prima duodécimas de la gestión 2012 y sueldo de julio de la gestión 2012, la suma total de Bs. 245,156.05 (DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS 05/100 BOLIVIANOS).

Auto de Vista.-

Interpuesto el recurso de apelación cursante a fs. 363 a 369 y a fs. 516 a 518, por Laboratorios BAGÓ BOLIVIA S.A., la Sala Social y Administrativa Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; resuelve el mismo mediante Auto de Vista Nº 34/2017 SSA-I de fecha 20 de febrero de 2017, cursante a fs. 658 a 659, que revoca la Sentencia apelada Nº 168/2014 de fecha 17 de septiembre de 2014, y declara probada la excepción perentoria de pago e improbada la demanda.

Ante la determinación del Auto de Vista, la parte demandante Armando Ricardo Archondo Rivera, interpone recurso de casación en el fondo, con la contestación de la parte contraria, el Tribunal de Alzada emite Auto Nº 201/17 SSA-I de fecha 23 de junio de 2017, concediendo el recurso.

II: ARGUMENTOS DEL RECURSO DE CASACIÓN

Interpuesto el recurso de casación en el fondo, el recurrente establece que el Auto de Vista impugnado, contiene indebida aplicación de los arts. 2, 3 inc. j), 158, 197, 198, 199, 200 y 252 del Código Procesal del Trabajo, art. 48.II de la CPE, art. 4 inc. d) del Decreto Supremo 28699, asimismo manifiesta que existe violación a principios laborales y constitucionales, bajo los siguientes argumentos:

El recurrente afirma que la mala interpretación normativa invocada, demuestra parcialidad con la empresa demandada, determinación del Tribunal de Alzada, que va en contra de la jurisprudencia que existe sobre el caso (no señala que jurisprudencia), a los efectos de determinar la bonificación adicional extraordinaria, denominada así, por la empresa demandada. En ese sentido argumenta que para que esta bonificación extraordinaria mantenga tal condición no deberían estar vinculadas a la productividad o el cumplimiento de metas, ya que de hacerlo estaría perdiendo la calidad de liberalidad que deberían tener y se aproximan a la condición contraprestativa que tiene las remuneraciones; en ese sentido y tal como se demuestra por las pruebas aportadas, se establece que estas no eran un premio anual, sino recurrente en más de una oportunidad en cada gestión y que se encontraba sujeta a objetivos obtenidos, convirtiéndose en un derecho adquirido; en relación a la naturaleza jurídica de un derecho adquirido, cita la SC 1421/2004-R, SC Nº 0069/2006 y la SCP Nº 1717/2012.

Por otra parte sostiene el recurrente, que el Tribunal de alzada, hubiera pronunciado un fallo ultrapetita, por cuanto el recurso de apelación interpuesto de contrario, solicitaba anular la sentencia pronunciada y en el caso de considerar el fondo del proceso, solicitaba que se revoque en parte la sentencia, negando en consecuencia al actor la inclusión del premio, en el promedio indemnizable por no tener la regularidad mensual para ser considerada como parte integrante del sueldo percibido, decisión que se tomó por encima de los agravios expresados por el apelante.

Asimismo, el recurrente precisa que existiría vulneración a los principios laborales y a los principios constitucionales al debido proceso, a la motivación, fundamentación y exhaustividad en los fallos, a la tutela judicial efectiva y a la seguridad jurídica; sin embargo, pese a realizar una definición general de los referidos principios procesales y constitucionales, no concreta un fundamento factico que esté vinculado a la vulneración de los principios referidos, no existiendo nexo de causalidad entre lo fundamentado y lo resuelto en el recurso de apelación, por lo cual este Tribunal, considera que dicha denuncia de vulneración de principios laborales y constitucionales no contiene argumento casacional.   

En conclusión, solicita al Tribunal Supremo de Justicia, que en el fondo CASE el Auto de Vista recurrido y en consecuencia mantenga firme y subsistente la Sentencia Nº 168/2014 de 17 de septiembre de 2014 y Auto Complementario de fecha 27 de octubre de 2014.

La parte demandada, contesta el recurso de casación interpuesto, conforme cursa a fs. 671 a 676 de obrados.

III: FUNDAMENTOS JURÍDICOS Y JURISPRUDENCIALES DEL FALLO.

En consideración de los argumentos expuestos por el recurrente, de acuerdo a la problemática planteada, se realiza una interpretación desde y conforme la Constitución Política del Estado, el bloque de constitucionalidad y las normas ordinarias aplicables al caso concreto; en ese marco caben las siguientes consideraciones de orden legal:

Sobre el principio de la tutela judicial efectiva.-

La tutela judicial efectiva o el derecho de acceso a la justicia, es reconocido e incorporado de manera expresa en el art. 115.I de la CPE, que establece: Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos.”

En ese sentido, tanto la doctrina como la diversa jurisprudencia es coincidente al afirmar que la tutela judicial efectiva consiste de manera general en la protección oportuna y realización inmediata de los derechos e intereses legítimos de las personas por parte de las autoridades que ejercen la función jurisdiccional; en consecuencia, es el derecho otorgado al ciudadano de exigir al Estado haga efectiva su función jurisdiccional.

La jurisprudencia nacional promovida en gran manera por el Tribunal Constitucional -ahora Plurinacional-, sentó una línea uniforme sobre este derecho,  que no sufrió modificaciones estructurales de fondo en el transcurso de los años, desarrollada -entre otras- por la opinión pronunciada por las Sentencias Constitucionales (SSCC) 0600/2003-R de 6 de mayo, 0655/10-R de 19 de julio y 1063/11-R de 11 de julio. Así, el Tribunal Constitucional manifestó que la tutela judicial efectiva constituye: “...la potestad, capacidad y facultad que tiene toda persona para acudir ante la autoridad jurisdiccional competente para demandar que se preserve o restablezca una situación jurídica perturbada o violada que lesiona o desconoce sus derechos e intereses, a objeto de lograr, previo proceso, una decisión judicial que modifique dicha situación jurídica. Conocido también en la legislación comparada como "derecho a la jurisdicción" (art. 24 de la Constitución Española), es un derecho de prestación que se lo ejerce conforme a los procedimientos jurisdiccionales previstos por el legislador, en los que se establecen los requisitos, condiciones y consecuencias del acceso a la justicia; por lo mismo, tiene como contenido esencial el libre acceso al proceso, el derecho de defensa, el derecho al pronunciamiento judicial sobre el fondo de la pretensión planteada en la demanda, el derecho a la ejecución de las sentencias y resoluciones ejecutoriadas, el derecho de acceso a los recursos previstos por ley. Finalmente, este derecho está íntimamente relacionado con el derecho al debido proceso y la igualdad procesal". (SC 1813/2010-R de 25 de octubre).

Del cálculo del salario promedio indemnizable y sus componentes.-

El artículo 19 de la Ley General del Trabajo dispone que: "El cálculo de la indemnización se hará tomando en cuenta el término medio de los sueldos o salarios de los tres últimos meses." (Las negrillas son nuestras). Por su parte, el artículo 1 de la Ley de 9 de noviembre de 1940, establece que a efectos de pago de indemnizaciones, desahucios, etc., se consolidan como sueldo único los sueldos básicos, las bonificaciones legales, las voluntarias y toda otra remuneración percibida.

En relación con las normas precedentemente glosadas, se establece que el promedio salarial indemnizable está constituido por el término medio de los salarios efectivamente percibidos por el trabajador en los últimos tres meses, por cuanto el salario como elemento integrante de la relación laboral se define como la retribución que el empleador debe pagar al trabajador, en virtud del cumplimiento del contrato de trabajo.

Por otra parte, en relación a los componentes del salario promedio indemnizable, se debe considerar que nuestra legislación al respecto y conforme a lo señalado por el art. 58 del DS No 21060, establece que, al consolidar al salario básico todos los bonos existentes al 29 de agosto de 1985, se excluyó expresamente de dicha consolidación a los bonos de antigüedad, de producción y de frontera o región; debiendo en consecuencia disponer su pago conforme al art. 60 del mencionado Decreto Supremo que dispone su escala, en sustitución de toda otra forma porcentual de aplicación de dicho concepto; cuyo monto, en sujeción a la mencionada escala no deberá ser, en ningún caso, inferior al que percibía al 31 de julio de 1985, en aplicación de la substituida; efectivizando su pago para aquellos trabajadores que hubieran cumplido un mínimo de dos años ininterrumpidos de trabajo.

Por último, el art. 11 del D.S. Nº 1592 de 19 de abril de 1949 establece lo siguiente: “Se entiende por sueldo o salario la remuneración total en dinero que perciben los trabajadores como retribución a su labor, encontrándose involucrados dentro de estos términos, el salario básico incluyendo porcentajes, comisiones, recargos por trabajos nocturnos, horas extraordinarias efectivamente trabajadas, recargos por feriados y domingos trabajados, bonos de antigüedad, bonos reconocidos por acuerdos bilaterales y que tengan carácter de permanencia, regularidad y continuidad”, concordante con los art. 52 de la LGT y 39 de su DR-LGT.

IV: ANALISIS DEL CASO EN CONCRETO.

En el análisis del caso, corresponde establecer si efectivamente existieron las infracciones denunciadas en el recurso de casación; en mérito a ello, se tiene lo siguiente:

1.- En el caso en concreto, corresponde establecer que conforme cursa en la demanda interpuesta (fs. 32 a 36), la pretensión del actor, está vinculada en obtener una reliquidación de beneficios sociales y otros, la cual tiene como fundamento principal, establecer que al momento que la empresa Laboratorios BAGÓ BOLIVIA procede a la cancelación de los beneficios sociales a favor del actor, no se consideró en el salario promedio indemnizable premios económicos que se pagaban mediante boletas de pago unas dos o tres veces por año, los cuales al ser continuos y permanentes, adquieren la calidad de derecho laboral consolidado y adquirido; por lo cual en fecha 12 de julio de 2012, se procede a la cancelación de los beneficios sociales, sin considerar que el total ganado en el mes de mayo de 2012, asciende a Bs. 124,168.99, monto sobre cual se debió establecer el salario promedio indemnizable a su favor, al ser el penúltimo mes que trabajó.

De los actuados del proceso, los fundamentos del recurso de casación y los fundamentos jurídicos del fallo, este Tribunal, concluye que no existe la vulneración alegada por el recurrente, por cuanto el premio anual que recibía el recurrente no puede ser considerado como un derecho adquirido, peor aún si se lo quiere hacer ver como una liberalidad o atribución privativa de la empresa empleadora, vinculado a las ganancias de la misma (fs. 39), en tal sentido,  si bien la Juez de instancia, de manera errada consideró el pago del “PREMIO” concedido a favor del actor, como un pago regular y habitual, y por consiguiente lo incorporó al salario promedio indemnizable, permitiendo con ello, una reliquidación de los beneficios sociales, que no le correspondía al actor, sin considerar para ello, que no se demostró la regularidad del pago del premio que percibía el actor, ya que si bien se pudo establecer que el actor percibía este concepto, lo recibía de manera esporádica, conforme a las planillas de pago de premio que cursan a fs. 131 a 136 de obrados, que determina que este tipo de pago se efectivizo en dos oportunidades en la gestión 2010 y en tres ocasiones en la gestión 2011, todos en diferentes meses, no observando que el pago, se haya producido en los meses de abril 2012 y junio 2012, y en otras gestiones, conforme se observa a fs. 2 a 5, pago que no puede ser considerado como regular, por cuanto para considerar la regularidad del mismo, se debe entender que debe existir similitud o continuidad en su conjunto, desarrollo, distribución o duración, para así poder establecer la regularidad, como una condición de aquello que es regular, es decir que se ajusta a un cierto orden y mantiene una determinada frecuencia, condición sine cuanun que exige la norma establecida en el art. 11 del D.S. Nº 1592 de 19 de abril de 1949, para ser considerada dentro el salario promedio indemnizable.

Sobre éste particular, el Tribunal de Casación tiene dicho que “El bono de producción, es una remuneración adicional que supone un esfuerzo también adicional destinado a superar una meta en la producción, concertada entre la empresa y los trabajadores o sindicato, cuya condición de pago está sujeta a rebasar la meta o límite de producción operativo previamente programado y concertado con los trabajadores, es decir, que se encuentra sujeto a convenios y su cumplimiento; responde a un dictamen de auditoria externa a efecto de establecer los excedentes financieros e; informe de las operaciones que certifiquen la cantidad producida con referencia al Programa Operativo Anual, en otros. Por lo tanto, este bono no es un derecho adquirido porque depende de que la meta de producción sea mayor a la de anteriores gestiones, que de no superarse, no permite se cubra dicho bono.”.

En ese contexto, y si bien en el caso en particular, no se debate sobre el pago de un bono de producción, se tiene que el “PREMIO”, que era otorgado a favor del actor, tenía la misma configuración, aspecto que lo reconoce el propio demandante en el memorial de subsanación a la demanda interpuesta, cuando indica que el pago por concepto de “Premio”, era una atribución privativa de la empresa, en reconocimiento al esfuerzo de los trabajadores y las ganancias que percibía la empresa, conforme cursa a fs. 39 a 39 vta. de obrados; esta afirmación nos lleva sin lugar a dudas a identificar dos situaciones concurrentes a la vez, que de igual manera demuestran que dicho pago no constituye un derecho adquirido, y que eran de conocimiento del actor; la primera es que si el pago del “PREMIO”, era una atribución privativa de la empresa, dicho pago no era exigible de manera periódica y habitual, por consiguiente no formaba parte del salario mensual que percibía el demandante y estaba sujeta a la liberalidad y discrecionalidad de la empresa el cancelarlo o no, sin que el actor pueda o tenga el derecho a reclamo alguno; la segunda situación que se identifica, y que es concurrente con la primera, es que el pago del “PREMIO”,  estaba sujeto a condición, donde se observaba el esfuerzo del trabajador por alcanzar metas y las ganancias que la empresa percibía, como condicionante al pago; por lo cual se concluye que el pago del “Premio”, no tenía como característica la regularidad, continuidad y permanencia, ya que una interpretación contrario sensu, nos permite sostener que si la empresa no tenía ganancias en un determinada gestión o periodo, dicho pago no se efectivizaba, es decir, que era un pago que estaba sujeto a las condiciones señaladas, por tal razón se observa que el pago del mismo en el monto a percibir era variable, con ello se concluye que no existió vulneración en la aplicación de la norma, para la resolución del proceso, y en mérito a ello, se tiene que el Tribunal de alzada, obro de manera correcta.

2.- Para finalizar y en relación a que el Tribunal de alzada, hubiera pronunciado un fallo mas allá de lo pedido en el recurso de apelación, dicha afirmación no es correcta, por cuanto revisado el recurso de apelación cursante a fs. 363 a 369, se tiene que en los puntos 2 y 3 del mencionado recurso, Laboratorios BAGÓ BOLIVIA S.A. en su calidad de demandado, expresa como agravios que el pago por concepto de “PREMIO”, no forma parte del promedio indemnizable, por no corresponder a un pago regular y menos permanente, alegando vulneración a la previsión del art. 11 del D.S. Nº 1592 y de igual manera alega que dicho pago constituye una recompensa pecuniaria que se otorga a los trabajadores por motivos especiales y/o aislados, y no era un pago que pueda ser considerado como un pago mensual percibido; de lo cual se observa que el Auto de Vista recurrido, es congruente con los agravios expuestos en el recurso de apelación.

Bajo estos parámetros se concluye que al no ser evidentes las infracciones denunciadas en el recurso de casación en el fondo, al carecer de sustento legal; ajustándose el Auto de Vista recurrido a las leyes en vigencia, corresponde resolver en el marco de la disposición legal contenida en el art. 220.II del CPC, aplicable por la norma remisiva contenida en el art. 252 del CPT, en observancia a la Disposición Transitoria Sexta de la Ley Nº 439.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida en el art. 184.1 de la CPE y el art. 42.I.1 de la Ley de Órgano Judicial (LOJ), declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo cursante a fs. 661 a 667 interpuesto por Armando Ricardo Archondo Rivera, contra el Auto de Vista Nº 34/2017-SSA-I de fecha 20 de febrero de 2017, pronunciado por la Sala Social y Administrativa Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, manteniendo firme el Auto de Vista impugnado. Con costas y costos.

Se regula el honorario del profesional abogado en la suma de Bs. 1000.- (mil bolivianos) que mandará pagar el Tribunal ad quem.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.