TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA, CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA PRIMERA

                                                               

AUTO SUPREMO Nº 549

Sucre, 2 de octubre de 2018.


I: DATOS DE LAS PARTES Y  DEL PROCESO.

Expediente                            : 292/2017

Demandante            : Juan Martínez Mozambite.   

Demandado                    : SEDCAM Pando.

Tipo de Proceso                    : Pago de Beneficios Sociales.

Resolución Impugnada    : Auto de Vista de 3 de mayo de 2017.

Relatora                               : Magistrada María Cristina Díaz Sosa


VISTOS: El recurso de casación en la forma interpuesto por Ángel Boris Salvatierra Justiniano en representación de Erick David Mollinedo Romero, Director del Servicio Departamental de Caminos Pando (SEDCAM Pando) cursante a fs. 52 a 53 de obrados, en contra del Auto de Vista de 3 de mayo de 2017, pronunciado por la Sala Civil, Familiar, Social, Niña, Niño y Adolecente, Contencioso Administrativo del Tribunal Departamental de Justicia de Pando de fs. 47 a 49; el Auto Supremo No 292-A de 17 de julio de 2017 de fs. 65 y vlta., que admitió el recurso; lo obrado en el proceso, y: 

I. ANTECEDENTES PROCESALES

Sentencia:-
Tramitado el proceso laboral por pago de beneficios sociales seguido por Juan Martínez Mozambite en contra de SEDCAM - Pando, el Juez de Partido del Trabajo S.S. de la Capital, Cobija - Pando, emitió la Sentencia Nº 93/017 de 1 de marzo de 2017, de fs. 27 a 28, declarando probada en parte la demanda, e improbada la excepción perentoria de prescripción opuesta por el demandado, determinando que SEDCAM Pando deberá cancelar lo que se aprueba conforme a liquidación detallada en la misma por el subsidio de frontera, que suman un total de Bs. 11,535.

Auto de Vista:

Interpuesto el recurso de apelación por el demandado SEDCAM Pando de fs. 31 y vlta., y el demandante Juan Martínez Mozambite de fs. 38 y vlta., la Sala Civil, Familiar, Social, Niña, Niño y Adolecente, Contencioso Administrativo del Tribunal Departamental de Justicia de Pando; por Auto de Vista de fecha 3 de mayo de 2017, cursante a fs. 47 a 49, revocó parcialmente la Sentencia Nº 93/017 de 1 de marzo de 2017, respecto al incremento del monto por el subsidio de frontera de Bs. 11,535 a Bs. 14,820 en razón a las gestiones 2007 y 2008 que no fueron tomadas en cuenta en primera instancia .

Ante la determinación del Auto de Vista, SEDCAM - Pando, interpone recurso de casación en la forma, no existiendo contestación al recurso el Tribunal de Alzada emite Auto de 8 de junio de 2017 de fs. 56 vlta., que concedió el recurso.

II. ARGUMENTOS DEL RECURSO DE CASACIÓN

Acusa que el Auto de Vista de 3 de mayo de 2017, no consideró la fundamentación efectuada en apelación, como no valoró las pruebas presentadas por SEDCAM de fs. 33, 34 y 35 consistentes en Certificación de Haberes y Aportes C.H.A. Nº 002/2014 de 6 de enero de 2014, que claramente expresarían que el año 2007 en el mes de febrero trabajo 10 días y que cobró Bs. 666,67.-

Siendo que el SEDCAM fue quien apeló la Sentencia, por el pago de subsidio de frontera de Bs. 11.535 más bien le aumentan a Bs. 14.820, por lo que no hubo una debida fundamentación en el Auto de Vista Apelado conforme la jurisprudencia contenida en la SC 1369/2001-R de 19 de diciembre, en relación al debido proceso en su vertiente de fundamentación.

No obstante que el SEDCAM ofreció pruebas demostrando que el monto determinado en sentencia no era el real y correcto, lo que le deja en un completo estado de indefensión e inseguridad jurídica, ya que no se tomó en cuenta lo establecido en el art. 12 del DS. 21137 de 30 de noviembre de 1985, respecto al pago de los bonos de frontera, por lo que el salario mensual debería ser valorado por los Vocales, en base a las planillas de salario mensuales de los meses que fueron presentados para el recurso de apelación como prueba, lo que no fue valorado así.

En conclusión, y por todo lo expuesto solicita, casar en parte el Auto de Vista de fecha 3 de mayo de 2017, ordenando que se modifique la liquidación del bono de frontera y se dicte una nueva Resolución valorando las pruebas presentadas. 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS, DOCTRINALES Y JURISPRUDENCIALES DEL FALLO.

Así formulado el Recurso de Casación en la forma, del análisis y revisión de los antecedentes que cursan en el cuaderno procesal y la consideración de la normativa aplicable al caso, se tiene lo siguiente:

La jurisprudencia sentada por este Tribunal Supremo, ha establecido que el Recurso de Casación constituye una demanda nueva de puro derecho utilizada para invalidar una sentencia o auto definitivo en los casos expresamente señalados por Ley, ello en razón a que no constituye una controversia entre las partes, sino una "cuestión de responsabilidad entre la Ley y sus infractores", pudiendo presentarse como Recurso de Casación en el fondo, Recurso de Casación en la forma o en ambos efectos de acuerdo a lo estatuido por el art. 274.3 del Código Procesal Civil (CPC), en tanto se cumplan los requisitos establecidos, lo que implica citar en términos claros, concretos y precisos las leyes infringidas, violadas o aplicadas indebidamente o erróneamente interpretadas, especificando en que consiste la infracción, la violación, falsedad o error y proponiendo la solución jurídica pertinente, esto porque el Recurso de Casación es un acto procesal complejo, puesto que entre los elementos de forma esenciales a contener no es solo expresar la voluntad de impugnar, sino principalmente fundamentar esa impugnación conforme al modo de la estructura, del acto impugnado contenido en el citado art. 274 del CPC.

Por otra parte, los Recursos de "Casación en el fondo" y "Casación en la forma", si bien aparecen hermanados, son dos realidades procesales de diferente naturaleza jurídica. El primero se relaciona con el error "in judicando" que no afecta a los medios de hacer el proceso, sino a su contenido, o sea, a sus fundamentos sustanciales. El segundo, con el error "in procedendo" que es atinente a la procedencia del Recurso de Nulidad en la forma, es decir, cuando la resolución recurrida haya sido dictada violando formas esenciales del proceso, o lo que es lo mismo, errores de procedimiento y vicios deslizados que sean motivo de nulidad por haberse afectado el orden público. En ambos recursos el CPC, señala taxativamente los casos en que proceden. Consiguientemente, bajo estos parámetros la forma de resolución también adopta una forma específica y diferenciada, así, cuando se plantea en el fondo, lo que se pretende es que el auto de vista se case, conforme establece el art. 220.IV del CPC, y cuando se plantea en la forma, la intención es la nulidad de obrados, con o sin reposición, como dispone el art. 274.III del mismo cuerpo legal, siendo comunes en ambos recursos las formas de resolución por improcedente o infundado.

En el caso presente, se advierte que el Recurso de Casación a fs. 52 a 53, interpuesto Ángel Boris Salvatierra Justiniano en representación de Erick David Mollinedo Romero, Director del Servicio Departamental de Caminos Pando (SEDCAM Pando), refiere que fue interpuesto en la forma, observándose la falta de la técnica recursiva del recurrente al mezclar aspectos de forma cuando merecen ser dilucidados en el fondo, que por cuestión pedagógica y para hacer de la presente resolución más didáctica, nos vemos en la necesidad de ordenar la forma de responder el recurso, sin que ello signifique que se esté alterando los fundamentos del recurrente o vulnerando el principio de congruencia, por lo que responderemos en el siguiente orden:

La parte recurrente indica, que no se consideró la fundamentación realizada en apelación y menos aún se valoró las pruebas presentadas por el demandante, y que el Auto de Vista carece de fundamentación, y siendo que el demandante ofreció prueba el monto de la liquidación debería reducirse y no incrementarse, lo que genero indefensión e inseguridad jurídica.

Previo a contrastar lo expresado por el recurrente, con el contenido de la resolución impugnada de fs. 47 a 49, es pertinente precisar:

1.- Que en mérito al principio de legalidad contenida en la Constitución Política del Estado, toda decisión judicial emitida por autoridad judicial debe estar debidamente fundamentada y motivada, entendiéndose por lo primero la obligación que tiene esta autoridad judicial de citar los preceptos jurídicos, sustantivos y adjetivos en que se apoya su determinación adoptada y por lo segundo, la referida autoridad debe expresar una serie de razonamientos lógico-jurídicos, con los cuales debe explicar el por qué consideró que el caso concreto se ajusta a la hipótesis normativa.

2. Que la falta de fundamentación y motivación es una vulneración formaldiferente a la errónea o indebida fundamentación y motivación que es una vulneración material o de fondo. En el caso concreto el recurrente acusa que el Auto de Vista objeto del recurso “carece de fundamentación”situación que procesalmente es correcto analizarlo dentro un Recurso de Casación en la forma.

3. Que el principio de congruencia, derivado de las garantías de debido proceso, se constituye en un presupuesto esencial en la estructura de toda resolución que resuelve la controversia suscitada y puesta a conocimiento de la Autoridad competente, en este sentido la jurisprudencia constitucional a través de la SC 0358/2010-R de 22 de junio determinó lo siguiente: “De esa esencia deriva a su vez la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto…sic…sic…; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la congruencia que debe tener toda resolución ya sea judicial o administrativa y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, pero además esa concordancia debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esos criterios se considera que quien administra justicia debe emitir fallos motivados, congruentes y pertinentes”. La citada Sentencia Constitucional es clara y precisa al determinar que la congruencia como principio característico del debido proceso, determina la correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto en una determinada causa.

Que revisado minuciosamente el segundo y tercer considerando del Auto de Vista de 3 de mayo de 2017 de fs. 47 a 49, se acredita que el mismo si contiene una fundamentación y motivación; respecto a la apelación de la parte actora, como de la parte demandante, ya que ambos apelaron al Auto de Vista, aunque con diferentes propósitos pero por los mismos hechos, lo que taxativamente fue respondido y fundamentado por el Tribunal ad quem, aclarando que en relación al incremento del subsidio de frontera sobre las gestiones del 2007 al 2008, esta fue respaldada en dichos considerandos con jurisprudencia constitucional respecto a los derechos laborales y la aplicación retroactiva de la norma, consideraciones respecto a las gestiones 2007 y 2008 que no fueron tomadas en cuenta por el Tribunal a quo, lo que amerito el incremento del subsidio extrañado.

Por lo que se advierte que dicho reclamo no es evidente ya que si bien el Auto de Vista de 3 de mayo de 2017 (fs. 47 a 49), no contiene una ampulosa argumentación, empero resuelve todos los puntos, en términos claros, positivos y precisos, resueltos por el inferior y que fueron objeto de las apelaciones, advirtiéndose con claridad que el proceso se ha desarrollado sin vicios de nulidad, en el marco del debido proceso y que los intereses de las partes han sido debidamente sustanciados, por cuanto, al momento del Auto de Vista, se otorgaron a las partes, la tutela judicial efectiva, cumpliéndose con los requisitos previstos en el art. 218 del CPC y con la pertinencia prevista en el art. 265 del citado Código Adjetivo Civil, pronunciándose respecto a los Recursos de Apelación que resolvió revocar parcialmente la Sentencia de fs. 27 a 28, razón por la cual no resulta ser evidente las acusaciones vertidas por el ahora recurrente.

Así también, amerita referir solo a mayor abundamiento que el Tribunal Supremo de Justicia, en su amplia jurisprudencia, ha determinado que respecto a la valoración de la prueba aportada por las partes, debe ponderarse la verdad de lo probado y por lo tanto lograr la verdad material, y así llegar de este modo a un razonable criterio.

En este contexto, cabe señalar que las pruebas deben ser compulsadas de forma conjunta, en razón de que la Sentencia debe recaer sobre la base de todos los puntos litigados conforme al art. 202 del CPT, entendiéndose que los jueces de instancia deben valorar de forma global todas las pruebas presentadas, tal cual se hizo en el Auto de Vista en análisis, no siendo por tanto evidente que no se hubiera considerado la prueba de cargo presentada por SEDCAM, ya que dicha resolución baso su decisión en el cúmulo de pruebas, valorando la prueba aportada por las partes oportunamente en su conjunto dentro del marco de lo previsto en los arts. 3. j) 158 y 200 del CPT, en virtud a la cual no se encuentran los jueces y tribunales sujetos a la tarifa legal de la prueba y por lo tanto pueden formar libremente su convencimiento, claro está, inspirándose en los principios científicos que informan la sana crítica de la prueba y atendiendo las circunstancias relevantes del pleito y la conducta procesal observada por las partes.

Siendo preciso aclarar que la valoración y compulsa de las pruebas, es una atribución privativa de los juzgadores de instancia e incensurable en casación, a menos que se demuestre fehacientemente la existencia de error de hecho en la apreciación de las pruebas que se da cuando se considera que no hay prueba suficiente sobre un hecho determinado, o que se hubiere cometido error de derecho que recaiga sobre la existencia o interpretación de una norma jurídica, o en su caso que los juzgadores de instancia ignorando el valor que atribuye la Ley a cierta prueba, y le hubieran asignado un valor distinto, aspectos que en la especie no fueron invocados fundadamente por la parte recurrente.

Conforme a lo señalado, se concluye que el Auto de Vista recurrido de casación, no contiene la vulneración normativa denunciada, así como tampoco la indebida aplicación o interpretación acusada; al contrario, se observa que el mismo se acomoda a lo previsto en las disposiciones legales y principios que rigen esta materia, por lo que corresponde dar aplicación a lo dispuesto en el art. 220.II del CPC, aplicable por la norma remisiva contenida en el art. 252 del CPT.

POR TANTO: La Sala Contenciosa, Contencioso Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida en el Art. 184.1 de la CPE y el Art. 42.I.1 de la LOJ, declara INFUNDADO el recurso de casación en la forma, interpuesto por Ángel Boris Salvatierra Justiniano en representación de Erick David Mollinedo Romero, Director del Servicio Departamental de Caminos Pando (SEDCAM Pando) cursante a fs. 52 a 53 de obrados, en contra del Auto de Vista de 3 de mayo de 2017, pronunciado por la Sala Civil, Familiar, Social, Niña, Niño y Adolecente, Contencioso Administrativo del Tribunal Departamental de Justicia de Pando .

Regístrese, notifíquese y devuélvase.