TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA

Auto Supremo Nº 547

Sucre, 2 de octubre de 2018


Expediente                   : 290/2017

Demandante                : Eliseo Cusi Mamani

Demandado                 : Agencia Despachante de Aduana INO Ltda.

Proceso                        : Beneficios Sociales

Departamento              : La Paz

Magistrada Relatora    : María Cristina Díaz Sosa

VISTOS: El recurso de casación de fs. 405 a 407, interpuesto por Judith Cristina Rivero de Inofuentes, en representación de la Agencia Despachante de Aduana INO Ltda., contra el Auto de Vista N° 30/2017 de 6 de febrero de 2017 de fs. 390, pronunciado por la Sala Social y Administrativa Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; dentro del proceso social que sigue Eliseo Cusi Mamani contra la recurrente, el Auto de fs. 411 que concedió el recurso de casación; el Auto Supremo Nº 290-A de 17 de junio de 2017 de fs. 420 que declaró admisible el recurso; los antecedentes del proceso; y:

I. ANTECEDENTES DEL PROCESO

Sentencia

Que, tramitado el proceso laboral, el Juez Sexto de Trabajo y Seguridad Social de la ciudad de La Paz, emitió la Sentencia N° 47/2016 de 14 de marzo de 2016 de fs. 281 a 290, por la que declaró probada en parte la demanda de fs. 1-2, subsanada a fs. 5 de obrados, debiendo la parte demandada Agencia Despachadora de Aduanas INO Ltda. a través de su representante legal, cancelar al actor el monto de Bs. 32.773,19 por concepto de indemnización, sueldo devengado enero 2015, vacación 2014, primas 2009, 2010 y 2011, bono de antigüedad 2014, subsidio prenatal, más la multa 30% previsto en el art. 9 del DS. 28699.


Auto de Vista

En grado de apelación interpuesta por Judith Cristina Rivero de Inofuentes, en representación de la Agencia Despachante de Aduana INO, la Sala Social y Administrativa Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, emitió el Auto de Vista N° 30/2017 de 6 de febrero de 2017 de fs. 390, que confirmó la Sentencia N° 47 de fs. 281 a 290.

Argumentos del recurso de casación

Contra el Auto de Vista, Judith Cristina Rivero de Inofuentes, en representación de la Despachante de Aduana INO Ltda., formuló recurso de casación de fs. 405 a 407, bajo los siguientes argumentos:

Que el Tribunal ad quem vulneró el marco legal, toda vez que por el principio de verdad material este tiene relevancia sobre la verdad formal, y se permite la presentación de prueba siempre y cuando la misma sea necesaria para su mejor proveer, conforme el art. 371 del Código Procesal Civil, y que en ningún momento se desconoció los derechos del demandante en lo que respecta a sus beneficios sociales, sin embargo no están de acuerdo que de manera inescrupulosa, se pague primas cuando el actor conocía el funcionamiento y el estado financiero de la empresa INO.

Por otra parte señala que el Tribunal ad quem desconociendo el procedimiento que Impuestos Nacionales utiliza para la presentación de los balances de gestión, de forma desacertada señala que no ha existido la participación de impuestos internos en la recepción de los balances, cuando según normativa vigente de impuestos esta determina que las empresas que reporten una utilidad igual o mayor a Bs. 1.200.000 están obligados a presentar en forma física los Estados Financieros con Dictamen de Auditoria Interna o Memoria Anual, en tal sentido son las únicas empresas que la presentación de los balances de gestión, y las empresas que tengan una utilidad menor al monto antes descrito, deben presentar sus balances de gestión ha Impuestos Nacionales vía página virtual llenando el formulario 605, que una vez llenado y cumplido los requisitos exigidos por Impuestos Nacionales, el mismo proceda a la revisión y cotejo de la información enviada vía página virtual, donde se especifica el monto a pagar en el sistema bancario, y que los balances de las gestiones 2009, 2010 y 2011 cuentan con su código de certificación y de seguridad y que era de conocimiento del señor Cusi la situación de los estados financieros de la empresa INO, y que no fue valorado por el Tribunal ad quem conforme lo dispuesto por el art. 159 y siguientes del Código Procesal del Trabajo.

Concluyó solicitando se case “la Sentencia Nº 047/2016” (Sic.) procediendo a considerar los Balances de las gestiones 2009, 2010 y 2011.

II. Fundamento jurídico del fallo y del caso concreto:

En el caso presente, el objeto de controversia radica en establecer si corresponde el pago de prima de las gestiones 2009, 2010 y 2011, toda vez que la prueba presentada en segunda instancia como ser los balances de dichas gestiones no fueron considerados por el Tribunal ad quem. 

En ese contexto, cuando una demanda laboral pretende el pago de primas anuales, la parte demandada debe tener presente la aplicación del principio de la inversión de la prueba a favor de la trabajadora o del trabajador, que rige en materia laboral y se encuentra contenido en los arts. 3. h), 66 y 150 del Código Procesal del Trabajo; asimismo, el art. 181 del mismo cuerpo normativo establece como presunción de obtención de utilidades cuando el empleador incumple la obligación legal de presentar el balance legal; que en el caso de autos, el pago de primas solicitado por el actor fue por las gestiones 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014, de las que la empresa demandada presentó únicamente balances anuales de las gestiones 2012, 2013 y 2014, y no así de las gestiones 2009, 2010 y 2011, por cuanto, de lo argumentado por el recurrente hace entender a este Tribunal que la parte empleadora no cumplió con su obligación a objeto de desvirtuar la pretensión de pago de las primas anuales que estaba demandando la parte actora, por cuanto no era el trabajador el que debió demostrar que se obtuvo utilidades o no, o si era de su conocimiento la situación de la empresa que es totalmente ajeno a su función.

Por otra parte, respecto a la presentación de prueba en segunda instancia, se debe tener presente que la prueba documental tiene un momento procesal predeterminado en la ley para ser ofrecido, por lo cual debe ser aparejada con la demanda o contestación y que en materia laboral a diferencia de la civil esta puede ser presentada durante todo el término probatorio, y si no la tuviere a su disposición, debe individualizarla indicando el contenido, lugar, archivo y oficina pública o persona en poder de quien se encuentra, es así que cuando la norma prevé la indisponibilidad de la documental, ésta debe ser objetiva, y aún a ello, permite por medio de orden judicial su acumulación a proceso. La excepción a esta regla es que después de interpuesta la demanda sólo se admite documentos de fecha posterior, o, siendo anteriores, bajo juramento de no haber tenido antes conocimiento de ellos; los balances presentados en calidad de prueba son de fecha anterior a instaurada la demanda, por lo que para obtenerlos no existía indisponibilidad de la parte demandada, quien podía ofrecerla o individualizarla en el momento procesal oportuno; en otras palabras, la parte demandada durante el término probatorio tuvo la oportunidad de ofrecer dicha prueba documental precitada, más no lo hizo de esa manera, pretendiendo que sea considerada en segunda instancia, sin tener en cuenta que el art. 371 del Código Procesal del Trabajo señala: “II. En segunda instancia sólo se admitirá como prueba la que se entienda necesaria para mejor proveer, la documental sobre hechos sobrevinientes a la demanda o que se declare, bajo juramento o promesa, de no habérsela conocido hasta después de la demanda o la contestación.” en ese contexto, al no haber sido expuesto en su recurso de apelación de fs. 380 a 381, ningún motivo que haya impedido la presentación de la prueba en primera instancia, correspondía que la misma no sea tomada en cuenta en el Auto de Vista, donde se debió rechazar tales documentos a su misma presentación sin más trámite, resultando desmedido el reclamo de la parte recurrente en sentido de que debió valorarse la prueba documental opuesta en segunda instancia.

En ese contexto, corresponde aplicar el art. 220. II del Código de Procesal Civil, con la facultad remisiva del art. 252 del Código Procesal del Trabajo.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida por los arts.  184.1 de la CPE y 42.I.1 de la LOJ, declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo de fs. 405 a 407. Con costas y costos.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.