TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA, CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA

Auto Supremo Nº 546

Sucre, 2 de octubre de 2018

Expediente                  : 289/2017

Demandante                   : José Wenseslao Jáuregui Ramírez 

Demandado                    : Federación Departamental de Excombatientes

                                           de la Guerra del Chaco

Proceso                           : Pago de beneficios sociales y sueldos devengados

Distrito                         : La Paz

Magistrado Relator        : Dr. Esteban Miranda Terán

VISTOS: El recurso de casación en la forma y en el fondo, de fs. 173 a 177, interpuesto por José Wenseslao Jáuregui Ramírez contra el Auto de Vista N° 69/17 de 13 de abril de 2017, pronunciado por la Sala Social, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, de fs. 154 a 155; dentro del proceso de pago de beneficios sociales y sueldos devengados interpuesto por el recurrente contra la Federación Departamental de Excombatientes de la Guerra del Chaco (FEDEXCHACO); el Auto Nº 136/17 de 22 de junio de 2017, que concedió el recurso (fs. 180); el Auto Supremo Nº 289-A de 17 de julio de 2017 (fs. 192), por el cual se declara admisible el recurso de casación interpuesto, los antecedentes procesales; y:

I. ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Sentencia.

Planteada la demanda social de pago de beneficios sociales y sueldos devengados José Wenseslao Jáuregui Ramírez, y tramitado el proceso, la Juez Quinto del Trabajo y Seguridad Social de La Paz, pronunció la Sentencia Nº 237/2015 de 24 de diciembre, de fs. 118 a 120, declarando improbada la demanda, por no existir relación laboral, salvándose derechos del demandante a la vía llamada por ley.

Auto de Vista.

En conocimiento de la Sentencia, el actor en forma posterior a una solicitud de complementación y enmienda que solicitó, que no se dio lugar; interpuso recurso de apelación, de fs. 133 a 135, que fue resuelto por  el Auto de Vista N° 69/17 de 13 de abril de 2017, pronunciado por la Sala Social, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, de fs. 154 a 155, confirmando la Sentencia de primera instancia.

II. ARGUMENTOS DEL RECURSOS DE CASACIÓN:

Notificado con el señalado Auto de Vista, el demandante, formuló recurso de casación en la forma y en el fondo, de fs. 173 a 177, señalando lo siguiente:

En la forma.

1.- El Tribunal de alzada decretó, a fs. 143, el 3 de junio de 2016 “Autos para resolución”; y, violando los arts. 24, 90 y 91 en relación al art. 208 del Código de Procedimiento Civil (CPC-1975), como los arts. 208 y 209 del Código Procesal del Trabajo (CPT), se dictó el Auto de Vista recurrido, el 13 de abril de 2017, con absoluta perdida de competencia y evidente retardo de más de nueve meses,  vulnerando los arts. 204-III, 205, 206, 209 y 2012 del CPC-1975, y art. 128 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) y notificándose después de un mes esta determinación cuando debía notificarse al día siguiente hábil, conforme los arts. 82, 84 y 167 del Código Procesal Civil (CPC-2013).

2.- El juez de la causa como el Tribunal de alzada, desconocieron el principio de inversión de la prueba, establecido en el art. 150 del CPT, al corresponder al empleador demandado desvirtuar la pretensión del trabajador demandante, en el caso no existe prueba de descargo alguna, este incumplimiento del empleador, constituye una confesión presunta de la legalidad, por lo que se debe establecer lo solicitado en la demanda, conforme a los principios sentados en los arts. 46, 47, 48, 50 y 51 de la Constitución Política del Estado (CPE), que fueron desconocidos y conculcados por los de instancia.

En el fondo.

Los derechos que la ley reconoce a los trabajadores, son irrenunciables y son nulas las convenciones en contrario, conforme establece el art. 4 de la Ley General del Trabajo (LGT), norma que en su art. 2 establece la relación entre patrono y empleado, que en el caso se constituye, desarrollando un esfuerzo intelectual; el régimen del contrato de trabajo está estipulado en el art. 5 de la LGT, garantizado bajo los principios de protección previsto en los arts. 46, 47 y 48 de la CPE, que fueron desconocidos y violentados en el Auto de Vista recurrido, al afirmar que no existió relación entre empleador y empleado, cuando la relación de trabajo como asesor jurídico de la FEDEXCHACO, fue acreditada con los recibos de pagos mensuales de fs. 68 a 73, comenzando la relación laboral el 1 de febrero de 2006, que fue interrumpida con el retiro intempestivo con el memorándum Nº 099 de 13 de septiembre de “2019”, que señala que el viernes “10 de agosto de 2099”, por unanimidad el directorio acordó  prescindir de sus servicios profesionales, evidenciándose de forma clara la relación de trabajo entre la federación demandada y su persona, como “asesor desde el bufete” de la FEDEXCHACO, asesoramiento que según el arancel del colegio de Abogados asciende a Bs.5.000.- mensual, como monto mínimo; aspectos que fueron probados con la documental de fs. 2, 67, y 68 al 73; empero, pese al principio de inversión de la prueba, desconocida por el Tribunal de alzada, la parte empleadora demandada, no ha presentado prueba que desacredite la pretensión.

Petitorio.

Solicita se le ampare su derecho que la impone la Constitución vigente, casando totalmente la Sentencia y el Auto de Vista,  declarando probada la demanda presentada.

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO:

Expuestos así los argumentos del recurso de casación en la forma y en el fondo, se pasa a resolver el recurso, con las siguientes consideraciones:

En cuanto a la forma.

1.- La norma procesal civil, se aplica en la materia, en mérito a la facultad remisiva contenida en el art. 252 del CPT, que dispone: “Los aspectos no previstos en la presente ley, se regirán excepcionalmente por las disposiciones de la Ley de Organización Judicial y del Procedimiento Civil y siempre que no signifiquen violación de los principios generales del Derecho Procesal Laboral, y mediante la Ley Nº 719 de 6 de agosto de 2015, se modificó la Disposición Transitoria Primera de la Ley N° 439 de 19 de noviembre de 2013, Código Procesal Civil, con el siguiente texto: “PRIMERA. (VIGENCIA PLENA). El presente Código entrará en vigencia plena el 6 de febrero de 2016, y será aplicable a los procesos presentados a partir de la fecha de referencia, salvo lo previsto en las disposiciones siguientes; ahora, la Disposición Transitoria Sexta de ese cuerpo adjetivo civil, establece: “(PROCESOS EN SEGUNDA INSTANCIA Y CASACIÓN). Al momento de la vigencia plena del Código Procesal Civil, en los procesos en trámite en segunda instancia y casación, se aplicará lo dispuesto en el presente Código; en mérito a estos preceptos, corresponde aplicar a partir del 6 de febrero de 2016, el Código Procesal Civil.

En recurrente, establece que en la emisión del Auto de Vista, se vulneraron artículos del Código de Procedimiento Civil, entre ellos el que determina el plazo para emitir el Auto de Vista, esta normativa adjetiva fue remplazada por el Código Procesal Civil, que entro en vigencia plena el 6 de febrero de 2016, norma que se debe aplicar en los tramites de segunda instancia y casación, al momento de la vigencia, como señalan los preceptos añadidos precedentemente; el recuso de apelación de fs. 133 a 135, fue interpuesto el 23 de febrero de 2016, por lo que, la tramitación del mismo, como la resolución que se llegó a emitir en alzada, debe estar regida por el Código Procesal Civil, no pudiendo haber conculcado el Tribunal de apelación, normativa que fue expulsada de la legislación, al haber sido abrogada.

Asimismo, debe tenerse presente que la norma adjetiva civil, se aplica sólo cuando concurren aspectos no previstos en el Código Procesal del Trabajo, conforme estable su art. 252, desarrollado al exordio, al tener la materia laboral autonomía en sus procedimientos, conforme prevén sus arts. 2 y 63; razón por la cual, al existir en el procesal de la materia, una disposición expresa sobre el plazo cuestionado por el recurrente, para la emisión del Auto de Vista, no se hace necesario recurrir al adjetivo civil como norma supletoria; el art. 209 del CPT, dispone y prevé el plazo para dictar el Auto de Vista, en un término de 10 días desde el sorteo del expediente, y revisados los antecedentes, se advierte que de acuerdo al sello de sorteo que cursa a fs. 153 vta., el presente proceso fue sorteado el 5 de abril de 2017, y conforme se tiene por el Auto de Vista de fs. 154 a 155, fue emitido el 13 de abril de 2017, dentro del plazo establecido en la norma adjetiva laboral, en el entendido de que el plazo como determina la normativa, se computa desde el sorteo del expediente, no desde el decreto de autos, determinación con la cual el expediente hace turno para sorteo.

En cuanto a la notificación con el Auto de vista que se recurre, que a consideración del recurrente al haber sido después de un mes de su emisión se vulneró el debido proceso, así como los arts. 82, 84 y 167 del CPC-2013, sin señalar o argumentar, de qué forma se hubiesen violado estos preceptos, y debe quien recurre de casación, citar la ley o leyes violadas o aplicadas falsa o erróneamente, especificando en qué consiste la violación, falsedad o error, no siendo suficiente la simple enunciación de las normas que considera vulneradas, sin demostrar en términos razonados y razonables, en qué consiste la infracción que acusa; determinándose de manera general que la notificación con el Auto de vista, vulneró el art. 82, 84 y 167 del adjetivo laboral, preceptos referidos a la “regla general de las notificaciones”, a la “carga de asistencia al tribunal o juzgado” y a la “confesión fuera del lugar del proceso”, y al no exponerse la  razón o su hipótesis de su afirmación, se omite especificar en qué consiste la violación de la norma que se alude, no pudiendo solo señalarla de vulnerada; inobservancia que de ningún modo puede suplirse por este Tribunal, sin que esta decisión implique negación del derecho de acceso a la justicia, a la tutela judicial efectiva y de otros derechos fundamentales, cuando estas conclusiones asumidas obedecen al propio desconocimiento y negligencia en que incurrió la parte recurrente a tiempo de formular el recurso de casación, omitiendo completamente la carga recursiva establecida por ley; además, la tardía notificación con una resolución, no amerita la nulidad de la misma, sino una sanción administrativa a quien correspondía efectuar la diligencia.

2.- El aspecto reclamado en este punto, sobre el desconocimiento por parte del Tribunal de alzada, del principio de inversión de la prueba, por el cual le corresponde al empleador demando desvirtuar con la prueba que vea conveniente la pretensión del trabajador demandante, así como el desconocimiento alegado de los principios y derechos establecidos en los arts. 46, 47, 48 50 y 51 de la norma suprema, son infracciones que hacen al fondo de la determinación que se cuestiona, no así a la forma; se debe considerar que el recurso de casación en la forma busca como finalidad la nulidad de la resolución recurrida o del proceso mismo, cuando se hubiese violado las formas esenciales del proceso en su tramitación, hechos sancionadas con nulidad por ley, al contener una afectación del debido proceso, por errores de procedimiento denominados in procedendo; y, los argumentos del recurrente, están relacionados a un recurso de casación en el fondo, que  tiene por objetivo modificar el contenido de un auto definitivo, sentencia o auto de vista, cuando se evidencia que los jueces o tribunales de instancia a tiempo de emitir sus resoluciones hubiesen incurrido en errores in judicando; omitiendo el recurrente que tanto el recurso en la forma o en el fondo, tienen sus propias características que generan efectos diferentes, por lo que, en la interposición del recurso se está obligado a precisar tanto fáctica como jurídicamente los fundamentos que hacen a la interposición de su recurso de casación de fondo por una parte y los argumentos respecto al recurso de casación de forma, diferencias que tienen incidencia en la forma de resolución y los efectos que producen; siendo así, al señalar que recurre en la forma, aspectos que tienden a modificar la resolución de vista emitida, y no así a anularla; por lo que se concluye que, el recurrente incumplió con la carga recursiva necesaria para el análisis de la infracción, al pretender una nulidad (que se busca el recurso en la forma) cuando los argumentos de su recurso en la forma, tienden a buscar una modificación del Auto de Vista en el fondo, ante una errónea aplicación, vulneración o violación de la normativa (que se busca a través del recurso en el fondo), estos aspectos no pueden ser suplidos por este Tribunal, conforme se expresó en el anterior punto; bajo ese entendimiento, se advierte que no existe ninguna infracción procesal que amerite determinar la nulidad de obrados.

En cuanto al fondo.

Cierto es como afirma el recurrente, que la materia se enmarca en principios para la tramitación de los procesos y aplicación de la norma sustantiva, que a partir de la nueva Constitución Política del Estado Plurinacional, se refuerzan aún más, elevándose a rango constitucional estos principios inherentes a la materia, que protegen al trabajador como el sujeto más débil de la relación empleador-trabajador, estos principios son: el principio protector con sus reglas del in dubio pro operario y de la condición más beneficiosa; de continuidad o estabilidad de la relación laboral; de inversión de la prueba; de primacía de la realidad; y, de no discriminación, establecidos en el art. 48 - II) de la CPE, debiendo aceptarse que el Estado a través de los administradores de justicia, no busca una paridad jurídica como en otras materias, sino una preferencia a favor del trabajador bajo estos principios constitucionales que buscan la favorabilidad del trabajador, ante la desventaja que tiene respecto del empleador, al ser aquel el sujeto débil de la relación laboral; evidentemente, a través del principio de la primacía de la realidad, como una garantía para que no se evadan beneficios sociales, debe prevalecer la veracidad de los hechos sobre lo acordado entre partes; es decir, se debe tomar en cuenta lo que verdaderamente sucede en la realidad y no solamente lo que las partes han contratado formalmente, así bajo este principio, en esta materia, no importa la autonomía de la voluntad, sino la demostración de la realidad sobre la relación contractual; ya que ambos pueden expresar sus voluntades en un contrato, pero si la realidad es otra, y se trata de una relación laboral, es esta última la que tiene efectos jurídicos; en base a este principio, el art. 5 del DS 28699, establece: “Cualquier forma de contrato, civil o comercial, que tienda a encubrir la relación laboral no surtirá efectos de ninguna naturaleza, debiendo prevalecer el principio de realidad sobre la relación aparente, asimismo, el art. 4 de la LGT prevé: “Los derechos que ésta Ley reconoce a los trabajadores son irrenunciables, y será nula cualquier convención en contrario, en concordancia con el art. 48-III de la CPE, que señala: “Los derechos y beneficios reconocidos en favor de las trabajadoras y los trabajadores no pueden renunciarse, y son nulas las convenciones contrarias o que tiendan a burlar sus efectos”.

Sin embargo, para determinarse si existió o no una relación laboral, en base a los hechos y no a la denominación contractual, debe verificarse si concurrieron los elementos que hacen a la relación laboral, tal como establece el art. 1 del D.S. 23570 de 26 de julio de 1993, concordante y ratificado con el art. 2 del D.S. 28699 de 01 de mayo de 2006; es decir: “a) La relación de dependencia y subordinación del trabajador respecto del empleador; b) La prestación de trabajo por cuenta ajena; y c) La percepción de remuneración o salario en cualquiera de sus formas de manifestación”, no siendo el nombre del contrato, el que determine el tipo de relación entre las partes, sino las características materiales de la prestación de servicios; para el caso, conforme determinaron los de instancia, no concurrieron las características descritas, debiendo estar presentes las tres, para afirmarse la existencia de una relación laboral, en la cual se produce la dependencia del trabajador en relación con el empleador, quien proporciona los medios e instrumentos para el desarrollo del trabajo, generándose una prestación de trabajo controlado, por el cual, se produce una remuneración mensual y uniforme, denominado sueldo o salario; estos aspectos no se cumplen en el caso de autos, el mismo demandante reconoce la prestación de sus servicios desde su oficina particular o bufete, y si bien dio asesoramiento legal a la Federación que demanda por beneficios sociales, sus servicios no fueron prestados bajo dependencia y subordinación de FEDEXCHACO, menos en forma exclusiva.

Si bien no existe en esta materia una paridad jurídica, bajo los principios constitucionales que buscan la favorabilidad del trabajador, ante la desventaja que tiene respecto del empleador, no debe bajo este título otorgarse pretensiones que no corresponden al demandante; la administración de justicia tiene como objetivo procurar la realización de la justicia material, y al buscar un proceso justo, no se está apartando de los principios que rigen la materia, ya que, si bien están los principios laborales orientados al resguardo del trabajador, no implica ello, vulnerar derechos o desconocer la verdad histórica de los hechos, dando una razón cegada al trabajador, y si bien este principio reconocido por la Constitución Política del Estado en su art. 48-II, como también en el DS 28699 de 1 de mayo de 2006, que en su art. 4 señala y define de manera general los principios del derecho laboral, indicando: “I. Se ratifica la vigencia plena de los principios del Derecho Laboral: (…) d) Principio de la Primacía de la Realidad, donde prevalece la veracidad de los hechos a lo determinado por acuerdo de partes”, como una garantía para que no se evadan beneficios sociales, primando así la verdad de los hechos y no lo que se acordó entre partes, esa verdad de los hechos es la que debe prevalecer, en el caso, esa verdad muestra que la relación entre el actor y la federación demandada, no existió una relación de dependencia, subordinación y exclusividad, porque el actor realizaba sus actividades en su oficina particular, con su material, y con la posibilidad de tener apoyo de su propio personal, sin un control de asistencia, elevando obviamente informe sobre las gestiones del asesoramiento para justificar su contraprestación; ante este servicio el art. 4 del DRLGT, establece: “No se consideran empleados, para los efectos de la Ley y del presente Reglamento: a) A los que presten servicios desde sus domicilios u oficinas, sin concurrir cotidianamente a las del patrono; y b) A aquellos cuyos servicios sean discontinuos; este aspecto de haber prestado sus servicios desde su oficina particular o bufete, es aceptado por el actor, siendo así no se puede desconocer este hecho, ahora, los informes presentados eran necesarios para la cancelación de la contraprestación ejercida.

Estableciéndose de manera clara, que no se consideran empleados para los efectos de la norma sustantiva laboral, los que presten servicios desde sus domicilios u oficinas, sin concurrir cotidianamente a las del patrono, conllevando esto a la ajenidad de la prestación del servicio específico, al respecto el Auto Supremo Nº 494 de 10 de diciembre de 2014, emitido por esta Sala, señalo: “Siendo ese el caso la Sala estima necesario hacer mención a la ajenidad como fuente esclarecedora para esa determinación. En nuestro ámbito jurídico, es la comprensión del art. 5 del DR-LGT, al manifestar que El contrato individual de trabajo es aquél en virtud del cual una o más personas se obligan a prestar sus servicios manuales o intelectuales a otra u otras, constituye un indicador del elemento de ajenidad en la relación de trabajo. Para mayor amplitud, jurisprudencia de la región, otorga una definición tanto sintética como completa sobre ajenidad, así se dirá que, existe ajenidad cuando quien presta el servicio personal -trabajador- se hace parte del sistema de producción, añadiendo valor al producto que resulta de ese sistema, el cual pertenece a otra persona -patrono-, dueña de los factores de producción quien asume los riesgos del proceso productivo y de la colocación del producto -ajenidad-, obligándose a retribuir la prestación recibida -remuneración-, por tanto, ese ajeno organiza y dirige el mecanismo para la obtención de tales frutos, y es justo allí cuando la dependencia o subordinación se integra al concepto de ajenidad, coligiendo así que el trabajo dependiente deriva del hecho de prestar un servicio por cuenta de otro (Sentencia N° 788 de 26 de septiembre de 2013, Sala de Casación Social, Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela). De lo anterior, se desprende un elemento primal para la aplicación de la figura de ajenidad a momento de la determinación de la existencia de una relación laboral, tal es así que la ajenidad, conlleva al trabajador a no contar con potestad alguna para organizar, dirigir y decidir los mecanismos o procesos para la obtención de los frutos o riquezas de la actividad laboral, en autos el actor disponía la organización y manejo de su oficina privada, y con su propio personal, si él consideraba necesario; en ningún caso, dependientes de la Federación demandada, encajando de manera inequívoca en la descripción del art. 4 del DRLGT, como se consideró precedentemente.

En cuanto a la denuncia en sentido de que el  Tribunal de apelación, desconoció el principio de inversión de la prueba, por el hecho de que la Federación demandada no aporto prueba para desvirtuar su pretensión; corresponde señalar que si bien en el derecho laboral, por su naturaleza protectiva a favor del trabajador, debe de aplicarse el criterio de la igualdad entre partes, que permitan un razonable equilibrio, notoriamente desigual, dada por la diferencia económica y social existente entre el empleador y el trabajador, conforme al principio protector, plasmándose el mismo con la inversión de la prueba, para quien es demandado cuando este sea el empleador, teniendo la obligación el demandado de presentar la prueba, y no así como en otras ramas del derecho en las cuales el demandante debe acompañar a su pretensión prueba que la respalde,  no debe perderse de vista, que la aplicación de dicho principio debe ser relativo y racional, evitando un absolutismo que pueda dar lugar a la vulneración de los derechos procesales y sustantivos del empleador, porque si bien, por disposición del art. 66 del CPT, la carga de la prueba corresponde al empleador, esto no significa que el trabajador no pueda ofrecer las pruebas que estime convenientes, a los fines de que el Juez de la causa puede efectuar una adecuada apreciación de las pruebas aportadas, es decir, en base a una ponderación de lo probado llegar a la verdad material, y la decisión del a quo puede estar basada en las pruebas aportadas por ambas partes, sean de cargo ofrecidas por el trabajador demandante, o las de descargo ofrecidas por el empleador demandado, sin que ello implique un desconocimiento de este principio, sino una valoración conjunta que lleve a una determinación apegada a los hechos y lo que realmente sucedió.

En materia laboral, quien tiene la obligación de carga probatoria es el empleador, pero ello no implica que la ausencia de prueba de descargo genere automáticamente la otorgación de los derechos exigidos por el actor, sino debe ponderarse toda la prueba aportada, que cursa en el expediente, debiendo el juzgador formar libremente su convencimiento, inspirándose en los principios científicos que informan la sana crítica de la prueba y atendiendo a las circunstancias relevantes del pleito y la conducta procesal observada por las partes, tomando en cuenta para ello, el conjunto de pruebas que cursan en el proceso, sean estas de cargo o de descargo, tomándose en cuanta también la verdad material, principio procesal establecido en el art. 180 de la ley fundamental, que obliga a las autoridades a fundamentar sus resoluciones con la prueba relativa solo a los hechos y circunstancias, de la forma como ocurrieron y en estricto cumplimiento de las garantías procesales; sin embargo, mas allá de esta apreciación, en autos, tanto el actor como la Federación demandada, ofrecieron prueba que consideraron conveniente, no siendo evidente la afirmación del recurrente, que indica en su recurso que la parte demandada no ofreció prueba alguna; habiéndose llegado a establecer que la relación entre el actor y la FEDEXCHACO, carece de las características que hacen a una relación laboral, previstas en el art. 1 del D.S. 23570 de 26 de julio de 1993, concordante y ratificado con el art. 2 del D.S. 28699 de 01 de mayo de 2006, bajo la apreciación de las pruebas tanto de cargo como de descargo, como la iguala profesional de fs. 23, y los recibos por honorarios profesionales de fs. 68 a 73, evidenciando un servicio prestado del actor, desde su oficina particular, no dependiente de la Federación demandada, conforme prevé el art. 4 del DRLGT, y se desarrolló precedentemente.

En mérito a lo expuesto y no encontrándose fundados los motivos traídos en casación por la parte demandada, corresponde dar aplicación al art. 220-II del CPC-2013, aplicable en la materia por expresa determinación del art. 252 del CPT.

POR TANTO: La Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución contenida en los arts. 184-1 de la Constitución Política del Estado y 42-I-1 de la Ley del Órgano Judicial, declara INFUNDADO el recurso de casación en la forma y en el fondo, interpuesto por José Wenseslao Jáuregui Ramírez, de fs. 173 a 177; en consecuencia se mantiene firme y subsistente el Auto de Vista N° 69/17 de 13 de abril de 2017. Con costas.

No se regula honorario profesional, por no haberse respondió el recurso.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.-