TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA

Auto Supremo Nº 542

Sucre, 2 de octubre de 2018


Expediente                  : 284/2017

Demandante                   : Christian Marcelo Johnson Muñiz y otros

Demandado                    : Petrosur srl.

Materia                           : Pago de Beneficios Sociales

Distrito                         : Santa Cruz

Magistrado Relator        : Dr. Esteban Miranda Terán


VISTOS: El recurso de casación en la forma de fs. 118 a 120 interpuesto por Jorge Ernesto López Rojas, en representación de Petrosur srl., contra el Auto de Vista Nº 26 de 6 de marzo de 2017, cursante de fs. 114 a 115, pronunciado por la Sala Social, Contenciosa Tributaria y Contenciosa Administrativa Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, en el proceso sobre pago de beneficios sociales que sigue Christian Marcelo Johnson Muñiz, Roy Roger Céspedes Oliva y José Carlos Rueda Camacho contra la empresa en cuya representación se recurre; la respuesta de fs. 123; el Auto de 5 de junio de 2017 que concedió el recurso (fs. 124); el Auto de Admisión Nº 284-A de fs. 134, los antecedentes procesales, y;

I.- ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Sentencia.-

Que, tramitado el proceso laboral, el Juez Sexto de Trabajo y Seguridad Social de la ciudad de Santa Cruz, emitió la Sentencia Nº 32/16 de 28 de octubre de 2016 (fs. 89-96), declarando probada en parte la demanda, condenando al demandado pagar la suma de Bs. 274.821,7 (Doscientos setenta y cuatro mil ochocientos veintiuno 7/100 Bolivianos) a favor de Christian Marcelo Johnson Muñiz; Bs. 100.765,1 (Cien mil setecientos sesenta y cinco 1/100 Bolivianos) a favor de Roy Roger Céspedes Oliva y; Bs. 189.885,5 (Ciento ochenta y nueve mil ochocientos ochenta y cinco 5/100 Bolivianos) a favor de José Carlos Rueda Camacho, por conceptos de desahucio, indemnización, aguinaldo, vacación y sueldos devengados, más multa del 30%.

Auto de Vista.-

En grado de Apelación, promovido por la empresa demandada, por Auto de Vista Nº 26 de 6 de marzo de 2017, cursante de fs. 114 a 115, la Sala Social, Contenciosa Tributaria y Contenciosa Administrativa Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, confirmó la Sentencia Nº 32/16 de 28 de octubre de 2016.

II.- FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE CASACIÓN:

Contra el indicado Auto de Vista, Jorge Ernesto López Rojas, en representación de Petrosur srl., interpone recurso de casación, acusando:

Acusa al Tribunal de Apelación de no hacer una valoración idónea de su prueba respecto al Sr. Christian Marcelo Johnson Muñiz, en el que alega haberse probado un pago de Bs. 10.440,00 efectuado por la Empresa Petrobras en fecha 11 de mayo de 2015. Agrega que en ese mismo documento se tiene señalado: “El monto citado en el inciso f. del cuadro anterior, es el monto total y definitivo adeudado por Petrosur S.R.L., en razón a mi relación laboral con este empleador, no existiendo montos adicionales debidos por éste...". Asimismo: “Declaro que no tengo en contra de Petrobras Bolivia S.A. y/o Petrosur S.R.L. y/o sus representantes Legales, ninguna controversia, demanda y/o reclamo de cualquier género, pendiente o futuro, relacionado de manera general, directa o indirectamente por los conceptos antes indicados, u otros emergentes de tales conceptos…” y “…Renuncio expresa y específicamente a cualquier reclamo, proceso o acción de la naturaleza o motivo que fuere, ya sea en el presente o en el futuro inmediato o mediato, por cualquier vía, en contra de Petrobras Bolivia S.A. y/o Petrosur SRL. y/o sus Representantes Legales, por los conceptos antes indicados, u otros emergentes de tales, conceptos…”.

Concluye señalando que en el marco anterior no quedaría deuda alguna.

Con relación al demandante Roy Roger Céspedes Oliva Céspedes, acusa que no existe una idónea apreciación de la aprueba aportada por su parte, consistente en el contrato de trabajo a conclusión de obra, en cuya cláusula segunda, según el recurrente, se indica: “…faculta a la empresa a prescindir de los servicios de los trabajadores cuando mismo es hasta conclusión de obra…”., por lo que, agrega, el motivo de la ruptura de la relación laboral fue “por conclusión de obra”, debido a que en los contratos de obra se tiene certeza de la fecha de la conclusión de la relación laboral.

Concluye señalando que no corresponde realizar el promedio de los últimos tres sueldos y mucho menos su pago, como tampoco las vacaciones.

Con relación a José Carlos Rueda Camacho, acusa que en el Auto de Vista se limitan a señalar que la carga de la prueba corresponde al empleador y no consideraron su prueba consistente en memorando de pre aviso de retiro por reestructuración de personal y recorte de presupuesto de la empresa, en estricto cumplimiento del contrato de trabajo, citando seguidamente el art. 12 de la Ley General del Trabajo y, agregando que, por todo ello la empresa se encuentra vulnerada del debido proceso y se encuentra en un estado claro de indefensión, siendo que sus reclamos en apelación de sentencia fueron claros y concisos y que toda la prueba aportada por su parte no fue valorada.

Por otro lado denuncia que, ni en la Sentencia de primera instancia ni en el Auto de Vista, existe una valoración de la prueba aportada con relación a que los demandantes están pretendiendo cobrar sus beneficios sin el correspondiente descuento que ellos realizan conforme a ley a las AFPs, por lo que se debió descontar tal porcentaje para el pago a las AFPs en razón del 12.71%, esto con la finalidad de que los demandantes puedan contar con sus aportes a esta entidad y no verse en futuros problemas, además de estarse cobrando dos voces dicho porcentaje a la empresa.

Petitorio:

Concluye el memorial solicitando se case el Auto de Vista por su manifiesta ilegalidad e improcedencia.

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO:

De la revisión del expediente, se advierte que todos los puntos traídos en grado de casación, constituyen aspectos nuevos que no fueron alegados en apelación, por lo que mal podría atribuírsele, al Tribunal de Apelación, infracción legal alguna por aspectos que no fueron reclamados ni puestos bajo su competencia, por cuanto en el recurso de apelación, la empresa demandada se limitó a señalar que la Sentencia carecería de fundamentos, sin llegar a especificar ni identificar cuáles de los aspectos resueltos acusaban tales carencias y cuales los fundamentos que, en su caso, correspondían.

Sin embargo de lo anterior y aún considerando válidos los alegatos traídos, éste Tribunal no encuentra mérito para la casación impetrada, por cuanto:

1. Con relación al pago de Bs. 10.440,00 a favor de Christian Marcelo Johnson Muñiz, el Juez de primera instancia no sólo consideró y analizó el material probatorio reclamado cursante de fs. 50 a 52, sino que admitió como válido el pago, por lo que en Sentencia no condenó el pago de dicho monto; decisión que luego fue confirmada por el Tribunal de Apelación. Consiguientemente, no se advierte que los de instancia hayan incurrido en infracción legal alguna, mucho menos en la acusada restricción de sus derechos.

Por otro lado, sobre el documento de fs. 50 a 51, en el que el demandante aparece renunciando a cualquier acción respecto a sus derechos laborales, se debe considerar que conforme al art. 48.III de la Constitución Política del Estado “Los derechos y beneficios reconocidos en favor de las trabajadoras y los trabajadores no pueden renunciarse, y son nulas las convenciones contrarias o que tiendan a burlar sus efectos”. Consiguientemente, independientemente a lo que se haya consignado en tal documento, el juez se encuentra constreñido a tutelar y conceder todos los derechos que le corresponden al trabajador en caso de que los mismos no hayan sido desvirtuados por la empresa demandada.

2. Con relación al demandante Roy Roger Céspedes Oliva Céspedes, de la lectura del contrato de trabajo de fs. 11 de obrados, se advierte, en primer lugar, que el mismo no contiene el texto que transcribe el recurrente; mas sin embargo, se advierte también que se trata efectivamente de un contrato a conclusión de obra.

Ahora bien, revisado los antecedentes, se tiene que en la causa, el recurrente no aportó prueba alguna que haga evidente que el ítem o la obra a la que fue asignado el demandante hubiese efectivamente concluido, por lo que, los de instancia, al concluir que la empresa demandada no desvirtuó la pretensión del actor y disponer el pago de los beneficios sociales demandados, obró dentro del marco de la corrección, sin incurrir en infracción legal alguna.

3. Por último sobre lo resuelto en relación a José Carlos Rueda Camacho y sobre los aportes a las AFPs, conforme se tiene expuesto supra, el recurrente no formuló agravio alguno, por lo que mal pudo el Tribunal de Apelación pronunciarse sobre tales aspectos, mucho menos podría atribuírsele infracción legal alguna.

Sin embargo, corresponde aclarar que en el expediente no cursa el mentado pre aviso que en éste punto reclama el recurrente, lo que supone no sólo falta de lealtad procesal, sino una evidente intención de arrancar una decisión con base en el error y falsedad.

En mérito a las expresiones anteriores , éste Tribunal concluye que el Tribunal de Apelación obró en el marco de la corrección y con total sindéresis jurídica, por lo que, corresponde dar aplicación del art. 220.II) del CPC; aplicable en la materia por expresa determinación del art. 252 del CPT.

POR TANTO: La Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución contenida en el numeral 1 del artículo 184 de la CPE y del numeral 1 del parágrafo I del artículo 42 de la LOJ, declara INFUNDADO el recurso de casación de fs. 118 a 120 interpuesto por Jorge Ernesto López Rojas, en representación de Petrosur srl., contra el Auto de Vista Nº 26 de 6 de marzo de 2017.

Con costas.

Se regula honorarios del abogado en Bs. 1.000.- que mandará hacer efectivo el Juez de primera instancia.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.