TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA

Auto Supremo Nº 530

Sucre, 2 de octubre de 2018.

Expediente                        : 270/2017-S

Demandante                : Guissela Carmen Zeballos Salazar

Demandado        : Caja de Salud de la Banca Privada.

Materia        : Beneficios Sociales

Distrito                        : Santa Cruz

Magistrada Relatora        : Dr. Esteban Miranda Terán.

VISTOS: El recurso de casación de fs. 384 a 386, interpuesto por Freddy Abdón Endara Jiménez, en representación de la Caja de Salud de la Banca Privada, en mérito al poder especial y bastante Nº 1036/2016 de 28 de octubre, otorgado ante la Notaría Nº 78 de la ciudad de La Paz, a cargo de la abogada María Eugenia Quiroga de Navarro (fs. 379 a 383), contra del Auto de Vista Nº 99 de 24 de agosto de 2016, emitida por la Sala Social Contencioso Tributario y Contencioso Administrativa Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso laboral de pago de beneficios sociales, seguido a demanda de Guissela Carmen Zeballos Salazar, contra la entidad que representa el recurrente, el Auto Nº 93 de 30 de mayo de 2017, de fs. 393, por el que se concedió el recurso, el Auto Supremo Nº 403 de 05 de julio de 2017 de fs. 403 y vta., que admitió el recurso, los antecedentes del proceso; y

I.- ANTECEDENTES PROCESALES:

Sentencia:

Tramitado el proceso laboral de pago de beneficios sociales el Juez 3º de Trabajo y Seguridad Social de la ciudad de Santa Cruz, emitió la Sentencia Nº 486 de 20 de septiembre de 2013 cursante de fs. 278 a 279 vta., por la que declaró PROBADA en parte la demanda a fs. 68 a 71, sin costas, ordenando que la entidad demandada, cancele a favor de la actora la suma de Bs. 49.906,07 por concepto de indemnización por seis años y cuatro días, aguinaldo en duodécimas por la gestión 2007, vacación correspondientes a las gestiones 2006 a 2007, bono de antigüedad, más la multa del 30% prevista por el art. 9 del DS Nº 28699, rechazando la solicitud de aclaración, complementación y enmienda pedida por la actora, mediante Auto Nº 371 de 31 de octubre de 2013 cursante a fs. 287.

Auto de Vista y Auto Supremo Anulatorio:

Interpuesto el recurso de apelación promovida por el representante de la entidad demandada (fs. 302 a 303), cumpliendo la nulidad determinada por Auto Supremo Nº 931 de 05 de enero de 2016, el Tribunal de alzada, conformado por la Sala Social Contencioso Tributario y Contencioso Administrativo Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante Auto de Vista Nº 99 de 24 de agosto de 2016, REVOCÓ en parte la Sentencia Nº 486 de 20 de septiembre de 2013, ordenando que la entidad demandada cancele a la actora por indemnización de seis años y catorce días, aguinaldo en duodécimas de la gestión 2007, vacación, cuarenta días, bono de antigüedad y multa en un 30%, menos un sueldo pagado, haciendo un total de Bs. 59.637, conforme la liquidación que inserta en su texto.

Recurso de casación, concesión y admisión:

Contra el indicado Auto de Vista, la entidad demandada, por intermedio de su representante legal, Freddy Abdón Endara Jiménez, interpuso recurso de casación en el fondo, conforme consta el escrito de fs. 384 a 386 de obrados, que previo traslado y respuesta de la demandante, fue concedido por el Tribunal de alzada, mediante Auto Nº 93 de 30 de mayo de 2017, (fs. 393), por lo que radicado el expediente en este Tribunal Supremo, se admitió el recurso, mediante Auto Supremo Nº 270-A de 05 de julio de 2017, por lo que se previo análisis del mismo se resuelve conforme a los fundamentos que siguen:

II. ARGUMENTOS DEL RECURSO DE CASACIÓN

1.- El recurrente argumentó la violación, interpretación errónea y aplicación indebida de varias normas, de acuerdo al siguiente detalle:

Se habría incurrido en violación del art. 14 parágrafos III, IV y V de la Constitución Política del Estado (CPE), porque el Tribunal de alzada, realizó una incorrecta interpretación de las normas que cita en el recurso y por consiguiente, este hecho constituye violación de los derechos fundamentales que deben ser cumplidos.

Se violaron los arts. 48 de la CPE, 4, 12 y 13 de la LGT, porque las normas que establece que las obligaciones laborales son de cumplimiento obligatorio para los “trabajadores” que se encuentran amparado a la Ley General del Trabajo (LGT) y no para las personas que celebran contratos regulados por una relación contractual civil-comercial, evidenciando la aplicación indebida de estas normas.

Se violaron los arts. 450, 454 y siguientes y 732-II del Código Civil (CC), que establecen que existe contrato cuando dos o más personas acuerdan constituir modificar o extinguir una relación jurídica, pudiendo ser el objeto del contrato entre otros la prestación de un servicio. Normas que regularon la relación contractual entre la demandante y la entidad demandada, habiendo únicamente, ésta mantenido una corta relación laboral a cuya conclusión rechazó el pago de sus derechos laborales, resultando inexistente la relación laboral, si ésta se sustentó en una libertad contractual.

También denunció la violación de la Ley Nº 843 en sus arts. 1 inc. b) y 4 inc. b), respecto del Impuesto al Valor Agregado (IVA), que se genera a consecuencia de los contratos de obra o prestación de servicios, cualquiera fuere su naturaleza y estas disposición es amparan la relación civil contractual que existió entre la demandante y la entidad demandada, y la violación denunciada, sería que al calificar de manera ilegal la relación civil, como laboral, se estaría incentivando la evasión tributaria por parte del contribuyente.

Se violaron los arts. 919, 920 7 921 del Código de Comercio (CCo), que prevé lo que se entiende por contrato entre otros, la de prestar servicios periódica o continuamente a cambio de un precio estipulado y en el caso presente se debieron aplicar estas normas y no convertir arbitrariamente la relación comercial en una relación laboral.

Que se habría violado las previsiones de los Decretos Supremos (DS) Nº 23570 de 26 de julio de 1993 y 28699 de 01 de mayo de 2006, porque en el caso no existen las características de una relación laboral, como son las de subordinación, dependencia y exclusividad, pues se cancelaba a la actora sus honorarios contra presentación de la factura por el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y que fueron reclamadas por la demandante en mérito a la relación civil que se mantenía.

Se violaron los arts. 66 y 150 del Código Procesal del Trabajo (CPT), porque a tiempo de emitir el fallo y confirmar la sentencia, no se consideró la prueba aportada por la parte demandada que desvirtúo la acción como son los contratos civiles, la confesión provocada en la que consta que rechazó el pago de sus beneficios sociales.

La violación de los arts. 3 inc. 2) y 236, del Código de Procedimiento Civil (CPC-1975), porque el Auto de Vista no se circunscribió a los puntos apelados.

Igualmente denunció que se habría incurrido en error de hecho y de derecho en la apreciación de la prueba, referida a que demostró que la demandante, venció sus servicios profesionales en forma particular y desde el ámbito civil y que por ello presentaba facturas, aspecto también ratificado en la confesión provocada, consiguientemente considera el recurrente que se habría desvirtuado los argumentos de la demanda, apartándose del buen sentido y la sana crítica en la apreciación de los hechos y las pruebas, conforme refiere la doctrina.


Petitorio:

Solicitó que se admita el recurso de casación y para que este Tribunal, emita Auto Supremo CASANDO el auto recurrido y deliberando en el fondo “revoque la Sentencia”, con costas.

III.- FUNDAMENTO JURÍDICO DEL FALLO:

Doctrina aplicable al caso:

El art. 48-I y II de la CPE, determina que las disposiciones sociales y laborales son de cumplimiento obligatorio y que las normas laborales se interpretarán y aplicarán bajo los principios de protección de los trabajadores como principal fuerza productiva de la sociedad; de primacía de la realidad; de continuidad y estabilidad laboral; de no discriminación y de inversión de la prueba a favor de los trabajadores.

Derivados de este reconocimiento constitucional existen los mecanismos de protección del trabajador, para lograr su realización práctica; es decir, que la interpretación de las referidas normas constitucionales, deben ser interpretadas en sentido material, adecuando el ordenamiento infra constitucional a ella, en aplicación de las previsiones contenidas en el art. 410 de la CPE, que instituye los principios de supremacía constitucional y jerarquía normativa.

Los contratos a plazo fijo en materia laboral constituyen una excepción, frente a la regla constituida por los contratos de plazo indefinido que garantizan la estabilidad laboral, por lo que incluye dos condiciones; no es posible la existencia de más de dos contratos sucesivos y éstos no están permitidos cuando se trate de tareas propias y permanentes de la empresa, pues conforme determinan el Decreto Ley (DL) Nº 16187 de 16 de febrero de 1979 y la Resolución Ministerial (RM) Nº 193/72 de 15 de mayo, no permite la existencia de más de dos contratos sucesivos a plazo fijo para realizar en tareas propias y permanentes de la empresa; por ello una vez suscrito el segundo contrato, la relación laboral se convierte en indefinida, aplicando para ello, la norma más beneficiosa contenida en la indicada RM.

En ese sentido, este Tribunal ha señalado que toda contratación que responda a labores permanentes y propias de la empresa presentando las características de relación de dependencia, subordinación y prestación de trabajo por cuenta ajena, así como la percepción de un sueldo o salario, conforme establecen los arts. 1 y 2 del DS Nº 23570 de 26 de julio de 1993, en concordancia con el art. 2 del DS Nº 28699 de 1 de mayo de 2006, deben sujetarse a lo dispuesto por la Ley General del Trabajo, añadiendo además que en aplicación del principio de la primacía de la realidad, la interpretación de las relaciones entre empleadores y trabajadores, debe tomarse en cuenta, lo que verdaderamente sucede en la realidad y no solamente lo que las partes han contratado formalmente o de manera aparente.

En este contexto es importante la demostración de la realidad, que impera sobre la relación laboral; de tal forma, que si bien el empleador y trabajador pueden acordar determinada modalidad de trabajo; sin embargo en la realidad se configura otra distinta, es esta última la que tiene efectos jurídicos; es decir, son los hechos los que determinan la naturaleza de la relación y no así su denominación

En concordancia con lo anterior, el DS Nº 28699 de 1 de mayo de 2006, dispone que los derechos de los trabajadores son irrenunciables y será nula cualquier convención en contrario o que tienda a burlar sus efectos; en este sentido, la referida norma en su art. 4 ratifica la plena vigencia de los principios del derecho laboral y particularmente en lo que hace al presente caso, el principio protector, el principio intervencionista y el principio de primacía de la realidad. Asimismo, el art. 4 de la norma citada, en relación con su art. 5, advierten respecto de formas que tiendan a encubrir la relación laboral, debiendo prevalecer la interpretación de la realidad sobre la apariencia.

Finalmente, de acuerdo con las presunciones legales en materia laboral, el inc. b) del art. 182 del Código Adjetivo Laboral, dispone que todo contrato de trabajo se presume por tiempo indefinido, tratándose de una presunción iuris tantum, es decir, entretanto no se demuestre lo contrario, correspondiendo a su vez, en aplicación del principio de inversión de la carga de la prueba, desvirtuar o enervar lo afirmado por el trabajador, al empleador, en cuanto se presume que la relación laboral termina por despido y que el despido se presume sin causa justificada; una vez más, todas las normas referidas, han sido instituidas por el legislador, en aras de lograr la protección efectiva del trabajador y evitar que se produzcan abusos y excesos de parte del empleador.

Fundamentos del caso concreto:

Sobre la base de la doctrina relacionada en el punto que precede se resuelve el recurso de casación conforme al siguiente detalle:

1.- El art. 14 en sus parágrafos III, IV y V, instituye la garantía del ejercicio de dos derechos establecidos en la Constitución, las Leyes y los Tratados Internacionales, refiriendo que nadie será obligado a hacer lo que éstas no manden ni a privarse de lo que estas no prohíban y por consiguiente estas se aplican a todas las personas que se encuentran dentro del territorio boliviano.

Por consiguiente, de manera alguna se puede sustentar la violación de estas normas, por el hecho que el Tribunal de alzada, habría realizado -según el recurrente- una incorrecta interpretación de las normas que cita en el recurso (de apelación), si a tiempo de emitirse esa resolución de Vista, en resguardo del debido proceso y cumpliendo lo determinado por el Auto Supremo Nº 931 de 05 de enero de 2016, emitido en el caso presente, por el que se ordenó que el Tribunal de alzada, resuelva todos y cada uno de los argumentos del recurso de apelación, en cumplimiento de los art. 190, 192-3 y 236 del CPC-1975, aplicable al caso en esa oportunidad, pues a la entidad demandada, ejerció sus derechos impugnado la sentencia y ahora nuevamente ha promovido el recurso de casación que se resuelve mediante el presente Auto Supremo, por ello no se puede alegar de manera general, a título de violación de derechos fundamentales, una resolución judicial que absuelve cuestiones específicas aplicando diferentes normas, para cada aspecto.

2.- En concordancia a lo fundamentado en el punto que precede, no se puede alegar que se habría incurrido en violación de los arts. 48 de la CPT, 4, 12 y 13 de la LGT, porque presuntamente estas normas se aplicarían solo a los “trabajadores” que se encuentras amparados bajo la indicada Ley, y no respecto de la actora que se encontraba -según el recurrente- sujeta a una relación contractual civil comercial, pues los documentos presentados en el curso del proceso, demostraron que si bien se incurrió en una ficción, pretendiendo una relación civil-comercial entre la Caja de Salud de la Banca Privada, con la demandante, ésta ejerció funciones de empleada cumpliendo laborales conforme a las exigencias previstas por los DS Nos. 23570 de 26 de julio de 1993 y 28699 de 1 de mayo de 2006, habiéndose pactado varias contrataciones sucesivos en tareas propias de la entidad, (nefróloga, para atención de pacientes de la Caja de Salud demandada), conforme evidencian las facturas de fs. 8 a 62 de obrados, que demuestran los pagos mensuales por concepto de salarios; por consiguiente en aplicación de los indicados DL Nº 16187 de 16 de febrero de 1979 y la RM Nº 193/72 de 15 de mayo, se la considera trabajadora a tiempo indefinida.

3.- Es evidente también que la entidad demandada, presentó varios contratos privados de “compraventa de servicios profesionales”, términos de referencia, comprobantes de pago y otros (fs. 81 a 121), dando a entender que presuntamente habría existido entre la actora y la Caja de Salud de la Banca Privada, una relación civil- comercial; sin embargo, conforme se tiene explicado precedentemente, se advirtió que se pretendió encubrir una relación laboral, aparentando una relación civil comercial, pese a que la demandante, cumplió labores como empleada permanente de la misma, al ejercer las tareas de Médico Nefróloga para la Caja, conforme determina el art. único de la Ley Nº 22 de 26 de octubre de 1949, por ello es que los de grado, consideraron adecuadamente que no es evidente que existiese una relación civil entre ambas partes, resultando inexistente la presunta violación de los arts. 450, 454 y siguientes y 732-II del CC y 919, 920 7 921 del CCo, habiéndose apreciado adecuadamente la prueba presentada por la entidad demandada, en el marco de los arts. 66 y 150 del CPT, pues esa prueba de manera alguna desvirtuó la imaginaria relación civil-comercial alegada en la contestación a la demanda y durante todo el proceso; además es evidente que en la última parte de la relación laboral, la entidad demandada, reconoció la existencia de la relación laboral, emitiendo boletas de pago e inclusive pretendiendo cancelar beneficios sociales, pero sólo respecto de éste último periodo, por ello es que la actora, al momento de prestar su confesión (fs. 148), reconoció este hecho y afirmó que no recogió el importe que se le pretendía cancelar porque no se tomó en cuenta el pago de sus beneficios sociales desde su primera contratación, siendo totalmente inexistentes los errores de hecho y de derechos alegados en el recurso, pues por el contrario, velando por el cumplimiento del objeto del contrato y de la libre apreciación de la prueba se declaró probada en parte la demanda de fs. 68 a 71 de obrados, en aplicación de los arts. 59, 60 y 158 del CPT.

4.- Los hechos descritos, determinan que la demandante, fue sometida a franquear las notas fiscales que cursan de fs. 8 a 37 de obrados, por consiguiente, se obligó a cancelar a ésta, los Impuestos al Valor Agregado (IVA) Impuesto a las Transacciones (IT), y el Impuesto a las Utilidades de las Empresas (profesionales) (IUE), por todo el periodo facturado, pese a que como dependiente, únicamente estaría sujeta al impuesto del Régimen Complementario al IVA (RC-IVA), todo en aplicación a las previsiones contenidas en los arts. 1, 72 y 36, respecto de los primeros y 19 respecto del último, todos de la Ley Nº 843 y reformas posteriores.

5.- Por último, respecto de la denunciada violación de los arts. 3 inc. 2) y 236, del Código de Procedimiento Civil (CPC-1975), porque el Auto de Vista no se circunscribió a los puntos apelados, no especifica el recurrente, respecto de qué puntos de la alzada, no habría emitido resolución el Tribunal ad quem, por consiguiente, al no cumplir la técnica recursiva exigida por el art. 270-3 del CPC-2013, este Tribunal no puede emitir criterio sobre estas presuntas infracciones legales.

En consecuencia corresponde resolver el Recurso de Casación en el Fondo, de acuerdo a lo dispuesto por los arts. 220-IV) del CPC-2013, aplicable al caso por mandato de la norma remisiva contenida en el art. 252 del Código Procesal del Trabajo.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Adm., Social y Adm. Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida por los arts.  184.1 de la CPE y 42.I.1 de la LOJ, declara INFUNDADO el recurso de casación de fs. 384 a 386, interpuesto por Freddy Abdón Endara Jiménez, en representación de la Caja de Salud de la Banca Privada, contra del Auto de Vista Nº 99 de 24 de agosto de 2016, emitida por la Sala Social Contencioso Tributario y Contencioso Administrativa Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz.

Sin costas en aplicación del art. 39 de la Ley Nº 1178 y 52 de su Decreto Reglamentario.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.