TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA

Auto Supremo Nº 492

Sucre, 21 de septiembre de 2018

  

Expediente                   : 242/2017

Demandante                : Miguel Cotaña Mier

Demandado                 : Universidad Mayor de San Andrés

Proceso                        : Beneficios Sociales

Departamento              : La Paz

Magistrada Relatora    : María Cristina Díaz Sosa

VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 109 a 110 vta., interpuesto por Waldo Albarracin Sánchez en representación de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), contra el Auto de Vista N° 41/2016 de 8 de julio de fs. 106 a 107, pronunciado por la Sala Social, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; dentro del proceso social de reposición o restitución de derechos laborales adquiridos que sigue Miguel Cotaña Mier contra la UMSA; el Auto de fs. 119 que concedió el recurso de casación; el Auto Supremo Nº 242-A de 19 de junio de 2017 de fs. 127 que declaró admisible el recurso; los antecedentes del proceso; y:

I. Antecedentes del Proceso

Sentencia

Que, tramitada la demanda de Reposición de Derechos Laborales Adquiridos, la Juez Sexto de Partido de Trabajo y Seguridad Social de la ciudad de La Paz, emitió la Sentencia N° 114/2009 de 2 de octubre de fs. 57 a 61, por la que declaró probada la demanda interpuesta por Miguel Cotaña Mier cursante de fs. 10 a 12 subsanada a fs. 14 a 15, disponiendo a favor del actor, la acumulación de la antigüedad de los años de servicio de operador de computación al de docente.


Auto de Vista

En grado de apelación interpuesta por la Universidad demandada, la Sala Social y Administrativa Segunda de la entonces Corte Superior de Justicia de La Paz, emitió el  Auto de Vista Nº 076/2010 de 15 de abril de fs. 76, por el cual resolvió anular obrados hasta fs. 70, el mismo que recurrido de casación fue anulado por Auto Supremo Nº 77 de 2 de marzo de 2015, ordenando que el Tribunal ad quem emita un nuevo Auto de Vista resolviendo el fondo de la problemática.

En cumplimiento de dicho Auto Supremo, la Sala Social, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa Segunda del Tribunal  Departamental de Justicia de La Paz, emitió el Auto de Vista N° 41/2016 de 8 de julio de fs. 106 a 107, que confirmó la Sentencia N° 114/2009 de 2 de fs. 57 a 61.

Argumentos del recurso de casación

Contra el Auto de Vista, la Universidad demandada, formuló recurso de casación de fs. 109 a 110 vta., bajo los siguientes argumentos:

Que el Tribunal ad quem no consideró que el art. 2 del Estatuto Orgánico de la UMSA, define la comunidad universitaria compuesta por los docentes y estudiantes, y el personal administrativo que es de apoyo, se encuentran con reglamentos internos para cada uno, por lo que cuando se retira una trabajador que ejerce funciones de docente y administrativo al mismo tiempo se realiza dos liquidaciones en base a los sueldos percibidos y los años de servicio prestados en cada uno de los estamentos, no pudiendo unificar ambas liquidaciones, al ser variables en cuanto a la carga horaria asignada y las categorías que ostente pudiendo ser honoríficos, extraordinarios y ordinarios, motivo por el que posee una reglamentación adecuada cada uno, al desempeño académico, con un escalafón diferenciado, que de ninguna manera pueden coexistir manteniendo una sola antigüedad administrativa y docente, pudiendo obtener ventajas indebidas de detrimento de la carrera docente, y que en el caso de autos se inicia con Categoría “A” del Escalafón Docente, por lo que no hubo traspaso del sector administrativo al docente para que subsista su antigüedad acumulada que fue pagada oportunamente.

Al considerar una solicitud de acumulación anterior a la renuncia como fundamento equivocado vulnera la Autonomía Universitaria y desconoce el Estatuto Orgánico de la Universidad, norma vigente y aplicable plenamente al presente caso, al atentar contra el Régimen Académico Docente y los principios de acceder a distintas categorías, como son mérito y antigüedad.

Señala que el Tribunal ad quem no consideró que en relación a la Resolución Nº 500/97, al rompimiento de la relación laboral como administrativo ya no es procedente la solicitud de acumulación de antigüedad de la instancia a la que esta renunciando.

Que, respecto a la aplicación del art. 3 del Decreto Supremo 7850 de un análisis detenido de la norma en su conjunto el cómputo de antigüedad en caso de retiro voluntario con continuidad de servicios opera únicamente cuando el contrato no se haya extinguido, y que por las características especiales de la Universidad, demostradas durante el proceso y descritas sucintamente líneas arriba, las actividades del estamento docente y las del estamento administrativo son diferentes y se manejan por reglamentación y régimen de contratación diferente, no acumulándose ni inmiscuyéndose una con otra, que de la liquidación de beneficios sociales que cursa en obrados, se tiene que esta comprende solamente el tiempo de servicios de un sector, el administrativo, al cual dejó de pertenecer. El paso al fuero docente no debe involucrar bono de antigüedad, vacaciones y otros derechos colaterales, puesto que este sector esta regulado por su propia reglamentación especial y un contrato específico.

Concluyó solicitando se case el Auto de Vista recurrido y se declare improbada la demanda, y en caso de existir irregularidades procesales en la tramitación del proceso se imponga la nulidad de obrados. 

II. Fundamento jurídico del fallo.-

El art. 92 de la Constitución Política del Estado establece: “I. Las universidades públicas son autónomas e iguales en jerarquía. La autonomía consiste en la libre administración de sus recursos; el nombramiento de sus autoridades, su personal docente y administrativo; la elaboración y aprobación de sus estatutos, planes de estudio y presupuestos anuales; y la aceptación de legados y donaciones, así como la celebración de contratos, para realizar sus fines y sostener y perfeccionar sus institutos y facultades. Las universidades públicas podrán negociar empréstitos con garantía de sus bienes y recursos, previa aprobación legislativa.

II. Las universidades públicas constituirán, en ejercicio de su autonomía, la Universidad Boliviana, que coordinará y programará sus fines y funciones mediante un organismo central, de acuerdo con un plan de desarrollo universitario.

III. Las universidades públicas estarán autorizadas para extender diplomas académicos y títulos profesionales con validez en todo el Estado.”

Por su parte el art. 1 del  Estatuto Orgánico de la Universidad Mayor de San Andrés establece como finalidad ser una institución de educación superior, autónoma y gratuita que forma parte de la Universidad Boliviana en igual jerarquía que las demás universidades, conforme la Constitución Política del Estado y sus Estatutos Orgánicos.

El art. 48 de la Constitución Política del Estado, establece de manera textual: “I. Las disposiciones sociales y laborales son de cumplimiento obligatorio. II. Las normas laborales se interpretarán y aplicarán bajo los principios de protección de las trabajadoras y de los trabajadores como principal fuerza productiva de la sociedad; de primacía de la relación laboral; de continuidad y estabilidad laboral; de no discriminación y de inversión de la prueba a favor de la trabajadora y del trabajador. III. Los derechos y beneficios reconocidos en favor de las trabajadoras y los trabajadores no pueden renunciarse, y son nulas las convenciones contrarias o que tiendan a burlar sus efectos. IV. Los salarios o sueldos devengados, derechos laborales, beneficios sociales y aportes a la seguridad social no pagados tienen privilegio y preferencia sobre cualquier otra acreencia, y son inembargables e imprescriptibles”; de la norma transcrita se establece que al ser imprescriptibles los derechos a partir de la vigencia el 7 de febrero de 2009 de la Constitución Política del Estado. (las negrillas son añadidas)

Fundamentación del caso concreto:

En el caso presente, el objeto de controversia radica en establecer si corresponde o no la acumulación de los años de servicio del actor como  funcionario administrativo al cargo de docente a efectos de su bono de antigüedad.

En ese contexto, de los antecedentes del proceso se tiene que el actor entró a la Universidad Mayor de San Andrés, a prestar sus servicios como operador de computación en la parte administrativa desde el 1 de diciembre de 1990 hasta el 25 de junio de 2008, donde se hizo efectiva su renuncia conforme sale la documental de fs. 3; ahora bien, también se evidencia que en la gestión 2001, el actor entró a desempeñar funciones como docente de las carreras de auditoria e informática, solicitando mediante nota de 29 de abril de 2008 de fs. 4, se le brinde orientación para realizar la acumulación de sus años de servicio de la parte administrativa a la parte docente, conforme se realizaron en casos similares, dejando constancia que la finalidad de esto es prestar servicios como docente y alejarse de la parte administrativa, la misma que mereció como respuesta la nota de 6 de mayo de 2008 de fs. 5, que de manera textual le indico: “En el caso de que en una de las instancias deja de trabajar el funcionario, esa antigüedad tiene que ser reconocida siempre y cuando no haya cobrado sus beneficios sociales de la instancia a la que está renunciando. El cobrar beneficios sociales significaría un rompimiento con la institución y por tanto no se le podría hacer ningún reconocimiento.”, aclarando que: “Este reconocimiento de antigüedad debe realizarlo el Departamento de Asesoría Jurídica.”; sin embargo, mediante Informe Jurídico A-JUR.INF.Nº 480/08 de fecha 2 de junio de 2008, donde se le indicó la improcedencia de su pedido, en conformidad del artículo cuarto de la Resolución Rectoral Nº 500/97, aclaró que no procede la acumulación cuando se cancelan beneficios sociales y así también desde el momento que cesó el ejercicio de sus funciones.

Ahora bien, de los antecedentes del proceso se tiene que si bien el actor renunció al cargo de funcionario administrativo de  fs. 1 a 2; sin embargo, la solicitud para la acumulación de sus años de servicio fue realizada mediante nota de 29 de abril de 2008 de fs. 4, y el rechazo de la misma fue efectuado por nota de 6 de mayo de 2008 de fs. 5 e Informe Jurídico A-JUR.INF.Nº 480/08 de fecha 2 de junio de 2008, es decir en vigencia de su relación laboral como administrativo y docente, aspecto que el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Mayor de San Andrés, solicitó se considere para la acumulación de su antigüedad como trabajador administrativo a las funciones en el sector docente, como en otros casos similares; sin embargo, pese a la solicitud realizada en la vigencia de su relación laboral no se dio cumplimiento al artículo cuarto de la Resolución Rectora Nº 500 de 7 de noviembre de 1997, vigente al momento de retiro del actor; toda vez que la misma manifiesta que fue emitida ante la insuficiencia de la Resolución Nº 288/91 pronunciada por el Comité Ejecutivo del H.C.U. que disponía la que la antigüedad acumulada por los docentes pueda ser tomada en cuenta para las funciones administrativas que estos desempeñen, motivo por el cual la Resolución Rectoral Nº 500/97 resolvió en el artículo primero: “Autorizar el cómputo de la antigüedad acumulada en el área administrativa a favor de aquellos docentes que estén prestando servicios como tal, para efectos de remuneración salarial”, y si bien aclara en su artículo cuarto que: “Esta Resolución solo será aplicable en caso de que las funciones administrativas estén vigentes y no haya existido disolución del vínculo laboral en esa área”, sin embargo, esta condición sine quo non para que proceda tiene que ser realizada estando vigentes ambas funciones, y conforme se señalo se dio en el caso de autos conforme sale de fs. 4, toda vez que la solicitud fue realizada en vigencia de la relación laboral, por lo que el Juez a quo como el Tribunal ad quem, concluyeron correctamente otorgar la acumulación de años de servicio de la parte administrativa al docente.  

Por otra parte el art. 3º del DS 7850 de 1 de noviembre de 1966, establece que los trabajadores conservarán su antigüedad desde la fecha de su contratación original, aun cuando hubieran percibido una o más indemnizaciones por retiro voluntario, siempre que el contrato no hubiera sido extinguido, solamente para efectos del cómputo de categorización o bono de antigüedad y del período anual de vacación; que en el caso de autos, siendo el mismo empleador quien mediante Resolución Rectoral Nº 500/97, autorizó la acumulación de años de servicio de la parte administrativa al sector docente, corresponde que la misma sea otorgada, no siendo atribuible al trabajador la reglamentación y régimen de contratación que la Universidad argumenta para la no acumulación, así como la consideración del art. 2 del Estatuto Orgánico de la UMSA, toda vez que dentro del proceso no se evidencia por documental alguna que la Resolución Rectoral Nº 500/97 haya sido dejada sin efecto por dichos motivos o aclare estos aspectos para su no aplicación; en consecuencia, no se evidencia vulneración alguna a la Autonomía Universitaria, ni desconocimiento del Estatuto Orgánico de la Universidad, como argumenta la entidad recurrente, toda vez que en atención del Principio In Dubio Pro Operario, de la norma más favorable, de la primacía de la realidad, conforme la Sentencia Constitucional Plurinacional Nº 0177/2012 de 14 de mayo de 2012, expresó: “…el principio protector considerado como el principio básico y fundamental del Derecho del Trabajo con sus tres reglas o criterios, a) El in dubio pro operario que se explica en el sentido de que cuando una norma se presta a más de una interpretación, debe aplicarse la que resulte más favorable al trabajador; b) La regla de la norma favorable, según la cual aparecieran dos o más normas aplicables a la misma situación jurídica, se aplicará la que resulte más favorable al trabajador; c) La regla de la condición más beneficiosa según la cual, ninguna norma debe aplicarse si esta tiende a desmejorar las condiciones en que se encuentra el trabajador, pues la idea es de que en materia laboral las nuevas normas o reformas deben tender a mejorar las condiciones de trabajo y no a la inversa (Armengol Arnez Gutiérrez, Derechos
Laborales y Sociales - La Justicia Constitucional en Bolivia 1998-2003)…”, que en el caso de autos, corresponde realizar una interpretación favorable de la resolución rectoral, ya que dicho principio encuentra su fundamento en la desigualdad económica que existe entre los sujetos de la relación laboral, donde el Derecho del Trabajo debe otorgar una tutela jurídica preferente al trabajador con la finalidad de precautelar su personalidad humana en las relaciones de trabajo y no sea objeto de abuso y arbitrariedades por parte del empleador; en la especie por los antecedentes que cursan en obrados, se evidencia que los juzgadores de instancia, actuaron correctamente, no evidenciándose la vulneración acusada.

En ese contexto, corresponde aplicar el art. 220. II del Código de Procesal Civil, con la facultad remisiva del art. 252 del Código Procesal del Trabajo.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida por los arts.  184.1 de la CPE y 42.I.1 de la LOJ, declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo de fs. 109 a 110 vta. Sin costas en aplicación del art. 39 de la Ley 1178.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.