TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA

AUTO SUPREMO Nº 482

Sucre, 21 de septiembre de 2018

Expediente:                228/2017

Materia:                        Social

Demandante                Felicia Díaz Flores de Umacachu.

Demandado:                Gobierno Autónomo Municipal de Sucre.

Distrito:                        Chuquisaca.

Magistrado Relator:        Dr. Esteban Miranda Terán.

VISTOS: El recurso de casación en la forma y en el fondo de fs. 103 a 112, interpuesto por Iván Jorge Arciénega Collazos, Alcalde Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre (GAMS), contra el Auto de Vista Nº 247 de 03 de mayo de 2017, cursante de fs. 98 a 100 vta., emitido por la Sala Social, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, dentro del proceso social de reivindicación seguido a demanda de Felicia Díaz Flores de Umacachu, contra el GAMS, el Auto Nº 301/2017 de 30 de mayo de 2017, que concedió el recurso de casación, el Auto Supremo Nº 228-A de 12 de junio de 2017, por el que se admitió el recurso (fs. 123 y vta.), los antecedentes del proceso y,

I.- ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Sentencia:

Tramitado el proceso laboral, la Juez Primero de Trabajo y Seguridad Social, de la ciudad de Sucre, emitió la Sentencia de Nº 061/2016 de 27 de septiembre (fs. 72 a 75), declarando PROBADA la demanda social de fs. 38 a 43 de obrados, sin costas, ordenando a la entidad demandada que cancele a favor de la actora la suma de Bs. 25.324,38 por concepto de indemnización, desahucio, bono de antigüedad, aguinaldo de navidad y doble aguinaldo más multa y vacación, conforme la liquidación que inserta en su texto, disponiendo que este monto debe ser cancelado a tercero día, más lo que corresponda conforme el art. 9 del DS Nº 28699 de 1 de mayo de 2006.

Auto de Vista:

En grado de Apelación, promovido por el representante de la entidad demandada, conforme evidencia el escrito de fs. 79 a 82 de obrados, el Tribunal de alzada, conformado por la Sala Social, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, mediante Auto de Vista Nº 247/2017 de 03 de mayo de 2017, cursante a fs. 98 a 100 vta., de obrados, CONFIRMÓ la sentencia apelada, sin costas.



II.- RECURSO DE CASACIÓN, RESPUESTA Y ADMISIÓN:

Contra el referido Auto de Vista, la entidad demandada, representada por el Alcalde Municipal, Iván Jorge Arciénega Collazos, por escrito de fs. 103 a 112 vta., interpuso recurso de casación en el fondo y en la forma, que fue respondido por la demandante, mediante el escrito de fs. 114 a 116 de obrados, habiéndose concedido el recurso por Auto Nº 301/2017 de 30 de mayo, cursante a fs. 117, que luego de la remisión del expediente, ante este Tribunal; mediante Auto Supremo Nº 228-A de 12 de junio de 2017 (fs. 123 y vta.), se declaró admisible; por consiguiente, dicho recurso se pasa a considerar y resolver:

Argumentos del recurso de casación:

1.- En la forma, alega el recurrente que existe incompetencia del Juez o Tribunal para tramitar la causa, indicando se habría transgredido la Constitución y la Ley, porque el art. 1º de la Ley Nº 321, establece que se incorpora al ámbito de la Ley General del Trabajo a los trabajadores asalariados permanentes que desempeñen funciones en servicios manuales y técnico operativo, norma que no es retroactiva, estableciendo además que no les alcanza la ley a los servidores públicos electos, de libre nombramiento y otros especificados en la norma.

En el caso presente no se advirtió que la demandante no era trabajadora asalariada permanente, por el contrario, fue designada mediante contratos a plazo fijo, conforme se acreditó en el curso del proceso, por consiguiente es ajena a las previsiones de la Ley General del Trabajo, debiendo impugnar las determinaciones asumidas, en el marco de los arts. 66 y siguientes de la Ley del Estatuto del Funcionario Público (EFP) Nº 2027, por lo que antes de tramitar el proceso, el juez debió examinar previamente su competencia y al no haberlo hecho, ha quebrantando los principios de legalidad y responsabilidad, aspecto que violaría el derecho a la defensa, contenido en el art. 115-II de la Constitución Política del Estado (CPE), evidenciando de esta manera que se habría vulnerado las previsiones de los arts. 5 del Código Procesal Civil (CPC-2013), 12, 15 y 17-I de la Ley Nº 025.

2.- En el fondo, alegó que se habría incurrido en error de hecho, porque el tribunal de alzada, habría partido de premisas fácticas erradas y falsas, que tienen un correlato con la eficacia probatoria de la prueba, previsto en los arts. 1289 y 1296 del Código Civil (CC), habiéndose omitido valorar los contratos a plazo fijos de fs. 1 a 6 de obrados, los que acreditan que la demandante fue designada de libre nombramiento como personal eventual provisorio, cuyo pago por sus servicios provienen de la partida presupuestaria 121, destinado justamente para personal eventual/provisorio.

Este hecho evidencia la supresión del derecho a la defensa y el debido proceso, porque desvirtúan los fundamentos de la demanda y que debieron ser considerados en la Sentencia y en el Auto de Vista, advirtiéndose que se incurrió en violación o aplicación indebida de los arts. 3 inc. j), 66 y 150 del Código Procesal del Trabajo (CPT), 397 del Código de Procedimiento Civil (CPC-1975) y 145 del CPC-2013, porque no se consideraron la condición de servidor público eventual/provisorio de la actora; que la demandante, no ha acreditado que el monto del salario que percibía, no provenía del Tesoro General del Estado; y no se ha considerado tampoco, la calidad del GAMS, como entidad pública del Estado.

Tampoco se consideró que la demandante no presentó prueba que acredite la existencia de una relación obrero patronal, pues solo se trató de una relación con un funcionario público municipal provisorio y/o eventual de libre nombramiento y por tanto era funcionaria pública de libre nombramiento.

No se ha considerado que la entidad pública demandada, se sujetan a las previsiones de las Ley Nos. 1178, 2028 y 482, no siendo aplicables al caso las normas de los arts. 46 y 48 de la CPE, ni la Ley Nº 321 de 18 de diciembre de 2012, pues esta ley, conforme refirió anteriormente, sólo incorpora al ámbito de la LGT a los trabajadores asalariados permanentes que desempeñan funciones en servicios manuales y técnico operativo administrativo de los Gobiernos Autónomos Municipales de Capitales de Departamento y de El Alto de La Paz, reiterando que se incurrió en error en el caso presente porque la actividad desarrollada por la actora no se subsume a esta norma y por consiguiente es igualmente inaplicable la Ley General del Trabajo, evidenciándose que se habría incurrido en una omisión valorativa de la prueba, implicando la violación de los principios del debido proceso, objetividad y verdad material, previstos en los arts. 180-I, de la CPE, 11 y 12 de la LOJ.

Afirma también que se incurrió en error de derecho, porque el Auto de Vista, carece de fundamentación jurídica y la norma invocada, ha sido entendida e interpretada de manera diferente y errónea, porque se aplicaron el art. 2º de la Ley Nº 16187 de 16 de febrero de 1979 y la Resolución Ministerial Nº 193/72 de 15 de mayo, sin que exista la suficiente racionalidad y razonabilidad jurídica, que establecen que las contrataciones sucesivas convierten el contrato en uno indefinido; empero en el caso presente, en aplicación del art. 6 de la Ley Nº 2027, se establece que no se encuentran sujetos al Estatuto del Funcionario Público ni a la Ley General del Trabajo, aquellas personas que con carácter eventual o para la prestación de servicios específicos o especializados se vinculen contractualmente con una entidad pública, estando sus derechos y obligaciones regulados en el respectivo contrato y ordenamiento legal aplicable, conforme a las normas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, norma que se encuentra vigente, resultando inaplicable al caso el art. 1 de la Ley Nº 321, que incorpora al régimen de la Ley General del Trabajo, a trabajadores permanentes, además que las normas citadas en el Auto de Vista, se refieren a trabajadores que realizan sus tareas en “empresas”, mientras que en el caso, presente se trata de una entidad pública.

Consiguientemente en aplicación del art. 232 de la CPE, que prevé los principios que rigen la administración pública, (legalidad, publicidad, transparencia, responsabilidad y otros), que son relevantes y decisivos en la actuación de los Gobiernos Municipales, toda vez que informan su actuación y en mérito a estas normas y reglas jurídicas, es que deben ser interpretadas para su aplicación desde y conforme al principio de jerarquía normativa, previsto por el art. 410 de la CPE, evidenciando de esta manera que se incurrió en errónea aplicación e interpretación de la ley, porque se ordenó el pago de beneficios sociales a una persona que tenía suscrito y celebrado contratos a plazo fijo y por tanto, era una funcionaria eventual que se encuentra al margen de la Ley Nº 321 y la LGT.

Además, alega que existe una imposibilidad material de cumplir esa obligación impuesta, por no existir una partida presupuestaria para cubrir esos beneficios, provocando daño al Estado y sin haberse considerado las normas constitucionales que son de aplicación preferente, conforme prevé el art. 15 de la LOJ.

Por ello es que fundamenta también que se incurrió en aplicación indebida de la Ley y franca violación de la misma, contrariando las previsiones de los arts. 90 y 190 del CPC-1975 y 5 y 213-II núm. 3 y 4 del CPC-2013 y 180 de la CPE.

Petitorio:

Concluye afirmando que, interpone el recurso de casación en la forma y en el fondo y solicita que se conceda, para que este Tribunal anule, “Declarando la Incompetencia de la tramitación de la presente causa” y en caso de ingresar a considerar el fondo del asunto, debe casar el Auto de Vista, declarando improbada la demanda.

Contestación al recurso:

La demandada, mediante escrito de fs. 114 a 116, contestó al recurso afirmando que el recurso carece de una debida fundamentación, incumpliendo la técnica recursiva, indicando que la Sentencia y el Auto de Vista, se enmarcan a la normativa vigente y aplicando el principio in dubio pro operario, el debido proceso entre otros.

No es evidente que existiese incompetencia en el caso presente, porque de lo contrario implicaría vulnerar las previsiones de la Ley Nº 321, en la que se reconoce la competencia plena del Juez en materia laboral, al haber incorporado al régimen de la Ley General del Trabajo, a todos los trabajadores manuales permanentes y que la demandante es una funcionaria asalariada permanente.

Tampoco existe error de hecho respecto de la valoración de la prueba, porque con más de cinco contratos continuos de trabajo, se ha acreditado que tiene la calidad de trabajadora permanente, no habiendo identificado el recurrente cual el error de hecho alegado.

Argumenta que tampoco existe error derecho, porque a partir de la vigencia de la Ley Nº 321, todos los trabajadores asalariados permanentes que realizan trabajos manuales, (municipales), se encuentran bajo el régimen de la Ley General del Trabajo, por consiguiente no corresponde aplicar la Ley Nº 2027, en cumplimiento del art. 123 de la CPE, no habiendo tampoco identificado de manera clara el presunto error de derecho en el recurso, por lo que solicitó que se declare inadmisible e improcedente el recurso y se “confirme” el Auto de Vista.

III.- FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO:

Que, así expuestos los fundamentos del recurso de casación en el fondo y en la forma de fs. 103 a 112 para su resolución corresponde realizar las siguientes consideraciones previas:

Doctrina aplicable al caso:

Respecto del recurso de casación en la forma, se debe recordar que un Juez o Tribunal, al momento de emitir la resolución final que corresponda, como parte de la conclusión de una instancia, debe necesariamente ceñir su fallo, a los puntos demandados o recurridos, en la manera en que fueron alegados, en la demanda o recurso respectivamente, circunscribiéndose especialmente el Tribunal de Alzada, a los aspectos que fueron objeto de apelación o fundamentación conforme establecen los arts. 213-I y 265-I del CPC-2013.

Sin embargo, cuando se alega el incumplimiento de estas formalidades en apelación o casación, la resolución, debe circunscribirse necesariamente sobre aquellos aspectos solicitados en los recursos interpuestos, conforme establece el art. 17-II de la Ley del Órgano Judicial Nº 025 (LOJ), salvo que se identifique indefensión o vulneración de derechos constitucionales o la realización del proceso sin competencia, que lógicamente amerita la nulidad de todo lo obrado.

Se debe anotar también, que en virtud al principio de trascendencia, no existe nulidad de forma si la alteración procesal no tiene efecto sobre las garantías esenciales de defensa y del debido proceso en juicio; es decir, que se impone determinar la nulidad de obrados, solo para enmendar los perjuicios efectivos que pudieran surgir de la desviación del proceso y que supongan la restricción de las garantías al que tienen derecho los litigantes; de tal modo que la nulidad resulte útil en el proceso y tenga la finalidad de restablecer los derechos procesales que pudieron haberse lesionado; respondiendo este principio a la frase "no hay nulidad sin perjuicio"; principio que se encuentra relacionado con el de finalidad, por el cual, existiría nulidad si el acto procesal no hubiera podido cumplir con su propósito específico, pues y en sentido contrario, no procedería la nulidad, si el acto procesal aunque defectuosamente realizado, hubiese cumplió con la finalidad para el que fue propuesto; por consiguiente, no es admisible la nulidad por la nulidad misma, sino que ésta constituye una sanción excepcional, que se declara solo, cuando el acto viciado acarrea un perjuicio cierto e irreparable que sólo pueda subsanarse mediante esa vía.

Por otra parte, tanto la legislación vigente, como la jurisprudencia emitida por este Tribunal, han establecido que en materia laboral, rige el principio de preclusión, previsto por los arts. 3 inc. e) y 57 del CPT, que establecen que cuando no se cumple un acto procesal dentro del término conferido por ley para ese efecto, determina la clausura definitiva de esa etapa, no pudiendo retrotraerse el trámite.

Respecto del recurso de casación en el fondo, corresponde puntualizar que dentro del proceso social, se ha instituido como reglas constitucionales los principios de protección de los trabajadores y la inversión de la prueba, que han sido desarrolladas, a partir de las previsiones contenidas en los arts. 46 y 48 de la CPE, tanto en los arts. 4º del DS Nº 28699 de 1º de mayo de 2006 y 3 inc. g) y h), 66 y 150 del CPT, estableciéndose por el primero, que el Estado tiene la obligación de proteger al trabajador asalariado, en base a las reglas “in dubio pro operario”, que consiste que en caso de existir duda sobre la interpretación de una norma, se debe preferir la interpretación más favorable al trabajador y “la condición más beneficiosa”, que establece que en caso de existir una situación concreta anteriormente reconocida, ésta debe ser respetada, en la medida que sea más favorable al trabajador, ante la nueva norma que se ha de aplicar; mientras que la segunda establece que en los procesos laborales la carga de la prueba corresponde al empleador, sin perjuicio que este pueda ofrecer las pruebas que estime conveniente, por consiguiente corresponde al empleador demandado, desvirtuar los fundamentos de la acción.

Por otra parte, se debe puntualizar que la legislación vigente y la jurisprudencia emitida por este Tribunal, han establecido que, en materia de valoración de la prueba, los jueces y tribunales en materia social, no se encuentran sujetos a la tarifa legal de la prueba, sino que, por el contrario, deben formar libremente su convencimiento, inspirándose en los principios científicos que informan la crítica de la prueba y atendiendo las circunstancias más relevantes del proceso, e identificando la conducta procesal observada por las partes, para evitar que éstas se sirvan del proceso para realizar un acto simulado o para perseguir un fin prohibido por la Ley (arts. 60 y 158 CPT).

Fundamentación del caso concreto:

Respecto del recurso de casación en la forma:

Revisando detenidamente el Auto de Vista Nº 84 de 13 de abril de 2017, cursante a fs. 77 a 78 vta., se advierte que se circunscribió al resolver los puntos objeto de apelación en el marco del art. 265 parágrafo I CPC-2013, fundamentación y argumentación, referida a la mala interpretación y aplicación de la normativa por parte de la juez a quo, sobre los hechos juzgados, evidenciándose que en momento alguno, la entidad demandada, luego de la citación con la demanda, o al momento de interponer el recurso de apelación, hubiese cuestionado la competencia para resolver el presente proceso, conforme permiten los arts. 127 inc. a) y 210 del CPT., por consiguiente, no puede ahora a título de presunta vulneración de la Constitución y la Ley, alegar en casación, de manera extemporánea la presunta incompetencia para resolver el presente proceso, más aún si en todo el proceso, se ha discutido respecto de los derechos laborales que corresponden a la actora, en el marco de la Ley Nº 321, que de manera específica, determina en su art. 1-I que: “Se incorpora al ámbito de aplicación de la Ley General del Trabajo, a las trabajadoras y los trabajadores asalariados permanentes que desempeñen funciones en servicios manuales y técnico operativo administrativo de los Gobiernos Autónomos Municipales de Capitales de Departamento y de El Alto de La Paz, quienes gozarán de los derechos y beneficios que la Ley General del Trabajo y sus normas complementarias confieren, a partir de la promulgación de la presente Ley, sin carácter retroactivo”. Y que no ha sido negado por la entidad ahora recurrente que la demandante, estuvo sujeta a varios contratos de trabajo a plazo fijo, específicamente tres contratos antes de la vigencia de la aludida ley, que no fueron considerados para fines del pago de los beneficios sociales en la Sentencia, (ratificada en el Auto de Vista), justamente en mérito a la irretroactividad determinada de manera expresa en la indicada ley y tres contratos posteriores que fueron considerados para liquidar los beneficios sociales aludidos, sin que evidencie la actuación de la juez a quo, como del Tribunal ad quem, que hubiesen actuado sin competencia alguna, porque al tener más de dos contratos consecutivos de trabajo, en tareas propias de la entidad, en aplicación del art. 1º de la Resolución Ministerial Nº 193/72 de 15 de mayo, se la considera trabajadora indefinida, aspecto totalmente irrefutable, que impide determinar que la demandante estaría sujeta a las previsiones del Estatuto del Funcionario Público, como erróneamente alega la entidad recurrente, pues en el marco de los principios de legalidad y responsabilidad, es que se estableció justamente esa calidad de trabajadora sujeta a la Ley General del Trabajo, habiéndose examinado adecuadamente la competencia que correspondía conforme prevén los arts. 43 inc. b) del CPT y 73 núm. 4 de la LOJ Nº 025, normas que al ser de orden público, se cumplieron a cabalidad, sin quebrantar las normas citadas en el recurso de casación en la forma (arts. 5 CPC-2013, 12, 15 y 17 de la LOJ).

En conclusión se advierte que no es evidente que la Juez a quo y el Tribunal ad quem, hubiesen actuado sin competencia, habiendo enmarcado su actuación dentro de los parámetros que las normas adjetivas vigentes le confieren, no ameritando determinar la nulidad impetrada en el recurso, porque además se las consideran extemporáneas, en aplicación del principio de preclusión, previsto por los arts. 3 inc. e) y 57 del CPT.

Respecto del recurso de casación en el fondo:

Resulta impertinente, alegar que la demandante fuese trabajadora provisoria de libre nombramiento y que su salario fuese cancelado considerado la partida presupuestaria Nº 121, asignada a los funcionarios públicos municipales provisorios, pues al existir una norma expresa que es la aludida Ley Nº 321, que determina su incorporación a la normativa de la Ley General del Trabajo, en aplicación de los principios de Jerarquía Normativa y Primacía Constitucional, consagrados en el art. 410 de la CPE, los derechos de la actora, se encuentran constitucionalmente reconocidos y tienen preferente aplicación respecto de normas administrativas o ficciones que pretendería la entidad demandada, al alegar que fuese funcionaria provisoria no sujeta ni al Estatuto de Funcionario Público, ni empleada sujeta a la Ley General del Trabajo, conforme prevé el art. 6 de la Ley del EFP, si justamente los documentos de fs. 1 a 6, evidencian la contratación en tareas manuales propias de la entidad, que a partir de la vigencia de la Ley Nº 321, determinan de manera específica que la actora sí se encuentra sujeta a la Ley General del Trabajo, no existiendo de manera alguna error de hecho al momento de valorar esos documentos, que ciertamente tienen el valor legal previsto por los arts. 1289 y 1296 del CC, en concordancia con 159 del CPT, sin que de ninguna manera se hubiese incurrido en supresión de los derechos a la defensa y el debido proceso de la entidad demandada, habiéndose aplicado a cabalidad los arts. 3 inc. j), 60, 66, 150 y 158 del CPT, 145 del CPC-2013 y arts. 180 de la CPT, 11 y 12 de la LOJ, en el marco de la verdad material y con plena jurisdicción y competencia.

Los datos del proceso informan que no es verdad que se hubiese incurrido en error de derecho, al aplicar las previsiones del DL Nº 16187 de 16 de febrero de 1979 y la Resolución Ministerial Nº 193/72 de 15 de mayo, porque se demostró que la demandante, era trabajadora manual, con más de dos contratos sucesivos y por consiguiente, se encontraba sujeta a las previsiones de la Ley General del Trabajo, en aplicación del art. 1-I de la Ley Nº 321, no estando identificada en las excepciones previstas en dicha Ley en su art. 1-II porque de ninguna manera ejerció funciones de Dirección; Secretarías Generales y Ejecutivas, Jefatura, Asesor ni Profesional”.

Por ello, si bien la actuación del Gobierno Municipal demandado, deben enmarcarse en las previsiones del art. 232 de la CPE, que prevé los principios que rigen la administración pública, (legalidad, publicidad, transparencia, responsabilidad y otros), estos de ningún a manera impiden que cuando existe una norma de igual jerarquía, como son los arts. 46 y 48 de la misma CPE, deba reconocerse los derechos preferentes que tienen los trabajadores, frente a pretensiones de la entidad, que indebidamente pretende soslayar esos derechos constitucionales de la demandante, como trabajadora sujeta a las previsiones de la Ley General del Trabajo.

Respecto de la presunta imposibilidad económica de pago y presunto daño al Estado, estos se consideran inexistentes, porque lógicamente el Estado, debe en aplicación de los principios previstos en el aludido art. 232 de la CPE, prever tanto la partida presupuestaria para el pago de beneficios sociales para trabajadores sujetos a la Ley General del Trabajo, en el marco de una norma de aplicación obligatoria como es la Ley Nº 321, no pudiendo alegarse daño económico al Estado, cuando éste en mérito a la misma normativa vigente en el país reconoce y ordena al pago de ciertos derechos a favor de los trabadores, como acontece en el caso presente.

Consiguientemente, al haberse constatado que no son evidentes las infracciones legales acusadas en el recurso, corresponde emitir resolución, conforme determina el art. 220-II del CPC-2013, aplicable al caso, por la permisión contenida en el art. 252 del CPT.

POR TANTO: La Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución contenida en los arts. 184 núm. 1 de la CPE y 42-I-1 de la LOJ, declara INFUNDADO el recurso de casación en la forma y en el fondo fs. 103 a 112, interpuesto por Iván Jorge Arciénega Collazos, Alcalde Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, contra el Auto de Vista Nº 247 de 03 de mayo de 2017, cursante de fs. 98 a 100 vta., emitido por la Sala Social, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca.

Sin costas en aplicación del art. 39 de la Ley Nº 1179 y 52 del DS Nº 23215 de 22 de julio de 1992.

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