TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA

AUTO SUPREMO Nº 481

Sucre, 21 de septiembre de 2018

Expediente:                227/2017-S

Materia:                        Social

Demandante                Virginia Josefa Lazo Jáuregui.

Demandado:                Caja Petrolera de Salud regional Santa Cruz.

Distrito:                        Santa Cruz

Magistrado Relator:        Dr. Esteban Miranda Terán.

VISTOS: El recurso de casación en la forma y en el fondo de fs. 80 a 83, interpuesto por la demandante Virginia Josefa Lazo Jáuregui, contra el Auto de Vista Nº 83 de 13 de abril de 2017, cursante de fs. 77 a 78 y vta., emitido por la Sala Primera en Materia del Trabajo y Seguridad Social, Contencioso Tributario y Contencioso Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso social de reivindicación seguido a demanda de la recurrente, contra la Caja Petrolera de Salud, regional Santa Cruz, el Auto Nº “181/16” de 23 de mayo de 2017, que concedió el recurso de casación, el Auto Supremo Nº 227-A de 12 de junio de 2017, por el que se admitió el recurso (fs. 103 y vta.), los antecedentes del proceso y,

I.- ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Sentencia:

Tramitado el proceso laboral, la Juez Segundo de Trabajo y Seguridad Social, de la ciudad de Santa Cruz, emitió la Sentencia de Nº 28 de 26 de octubre de 2016 (fs. 53 a 59), declarando PROBADA la demanda de reincorporación al puesto de trabajo que ocupaba la actora antes de su despido, sin costas, ordenando que a tercero día se reincorpore a su puesto de trabajo que se determinaría en ejecución de sentencia, declarando además probado el derecho al pago de sus salarios, bono de riesgo de salud, aguinaldos y otros derechos sociales que le correspondan, por el tiempo que no hubiese realizado actividad rentada que pudiera ser demostrada en forma efectiva.

Auto de Vista:

En grado de Apelación, promovido por el representante de la entidad demandada, conforme evidencia el escrito de fs. 64 a 66, el Tribunal de alzada, conformado por la Sala Social Primera Contencioso Tributario y Contencioso Administrativo del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante Auto de Vista Nº 083 de 13 de abril de 2017, cursante a fs. 77 a 78 de obrados, REVOCÓ la Sentencia apelada y declaró IMPROBADA la demanda deducida a fs. 12 a 13 de obrados.



II.- RECURSO DE CASACIÓN, RESPUESTA Y ADMISIÓN:

Contra el referido Auto de Vista, la demandante, Virginia Josefa Lazo Jáuregui, interpuso recurso de casación en el fondo y en la forma, conforme el escrito de fs. 80 a 83 de obrados, recurso que fue respondido por el representante de la entidad demandada, por escrito de fs. 90 a 91, habiéndose concedido el recurso por Auto Nº “181/16” de 23 de mayo de 2017, que luego de la remisión del expediente, ante este Tribunal; mediante Auto Supremo Nº 227-A de 12 de junio de 2017 (fs. 103 y vta.), se declaró admisible; por consiguiente, dicho recurso se pasa a considerar y resolver:

Argumentos del recurso de casación:

La recurrente, amparándose en el principio de impugnación de las resoluciones judiciales previsto en los arts. 180-II de la Constitución Política Estado (CPE), 8-2 inc. h) de la Convención Americana de Derechos Humanos y 14-5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, argumentando que éste, se encuentra condicionado a la concurrencia de los presupuestos y requisitos legalmente establecidos, al amparo de los arts. 210 del Código Procesal del Trabajo (CPT) y 270 y siguientes del Código Procesal Civil (CPC-2013), como norma supletoria aplicable al caso presente, formula el recurso, relacionando los antecedentes del proceso e interponiendo recurso de casación en la forma y en el fondo, conforme se desglosa a continuación:

Recurso de casación en la forma:

Argumenta que el Auto de Vista Nº 83/2017 de 13 de abril, que ha sido impugnado, necesariamente debía ser fundamentado, cumpliendo las previsiones de los arts. 213-II-3 con relación al 218-I ambos del CPC-2013, vinculantes al art. 202 inc. a) del CPT; sin embargo, considera que se emitió sin haberse efectuado ninguna fundamentación de derecho, vulnerando el derecho al debido proceso, porque omite la motivación de la decisión asumida; por consiguiente, al considerar que esta resolución es carente de una adecuada fundamentación, este aspecto permite ser impugnado vía recurso de casación en la forma, citando para ello las Sentencias Constitucionales (SC) Nos. 0871/2010-R de 10 de agosto y 0547/2010-R de 12 de julio, que citó a su vez la SC 0012/2006-R de 14 de enero, solicitando en conclusión, que este Tribunal, anule obrados, disponiendo que el Tribunal ad quem, emita nueva resolución debidamente fundamentada.

Recurso de casación en el fondo:

Sustentando su recurso en el art. 271 del CPC-2013, argumenta los siguientes aspectos:

a) El Auto de Vista, vulnera el principio de proteccionismo, en mérito del cual, el Estado debe garantizar la estabilidad laboral del trabajador, pues la regla en cumplimiento del art. 46 de la CPE, es la existencia de una relación laboral por tiempo indefinido y la excepción es que exista la ruptura del vínculo laboral, por las causales establecidas en los arts. 16 de la Ley General del Trabajo (LGT) y 9 de su Decreto Reglamentario (DR).

Por eso es que el art. 48-II de la CPT, determinar que las normas laborales se deben interpretar y aplicar bajo los principios de protección de los trabajadores, como principal fuerza productiva de la sociedad, de primacía de la relación laboral, de continuidad y estabilidad laboral, etc., y el Auto de Vista impugnado vulneró este sagrado derecho de estabilidad laboral, porque no se le hizo firmar un contrato por tiempo definido o sujeto a una condición suspensiva, como erróneamente entendió el Tribunal de apelación, pues ingresó para desempeñar funciones propias de la institución demandada y luego de más de ocho meses de vigencia ininterrumpida de su relación, se le entregó un memorándum de finalización de funciones y sin justificación; por ello es que en primera instancia solicitó que se le cancelen sus beneficios sociales y ante la negativa, al amparo de los arts. 4, 10 y 11 del Decreto Supremo (DS), Nº 28699 de 01 de mayo de 2006, considerando que la estabilidad laboral es un derecho protegido constitucionalmente procedió a demandar la reincorporación a su fuente laboral.

b) Que al haber sido contratada como abogada de la Unidad de Asesoría Legal de la Capa Petrolera de Salud, se presumía que era por tiempo indefinido, conforme establece el art. 12 de la LGT, por consiguiente, no correspondía que la parte patronal, la desvincule de forma injustificada, pues en aplicación de la Resolución Ministerial (RM) Nº 283/62 de 13 de junio de 1962 concordante con el art. 12 de la LGT, los contratos por tiempo determinado necesariamente deberán ser pactados por escrito y en el caso presente ese contrato no existe, tan solo existe memorándum de designación, asignando un Ítem en comisión, para ejercer tareas propias y permanentes de la Institución demandada; por consiguiente, al estar prohibidos los contratos a plazo fijo para este tipo de tareas conforme establece el Decreto Ley (DL) Nº 16187 de 16 de febrero de 1979, además de no haberse recabado una autorización previa, conforme exige la RM Nº 311/72 de 12 de julio, su contratación fue indefinida.

Indica además que está prohibido el intento de encubrir una relación laboral, mediante contratos civiles o comerciales, debiendo prevalecer la realidad, como ocurre en el caso presente que ejercía las funciones de asesora legal en tareas propias de la institución, sin que se le hubiese hecho conocer que sus labores eran por tiempo determinado o que se hubiese suscrito un contrato de trabajo, pues el Ítem en comisión no puede tener más de 8 meses de duración, como erróneamente determinó el Tribunal ad quem, resultando atentatoria al principio proteccionista del trabajador esta afirmación, más aún si la entidad demandada, no ha acreditado que la titular del Ítem, hubiera asumido sus funciones para constituir causa justificada de desvinculación laboral.

Por consiguiente, al haberse demostrado como causa de extinción de la relación laboral el despido injustificado, dentro de los alcances del art. 13 de la LGT, con relación al art. 3 del DS Nº 110 de 01 de mayo de 2009, corresponde a este Tribunal, disponer su inmediata reincorporación conforme señala el art. 10 del DS Nº 28699 de 01 de mayo de 2006

Petitorio:

Solicitó que se declare admisible y procedente el recurso de casación y en el fondo se CASE el Auto de Vista Nº 083/21017 de 13 de abril de 2017, de fs. 77 a 79 vta., y en definitiva declare probada su demanda conforme determinó el Juez a quo, con costas.

Contestación al recurso:

La entidad demandada, por intermedio de su apoderado José Fernando Antelo Hurtado, por escrito de fs. 90 a 91, contestó el recurso, argumentando que la recurrente no identificó qué parte del auto de Vista, carece de motivación.

Argumenta que se demostró en el curso del proceso que no concurren los presupuestos exigidos por el DS Nº 28699, para la reincorporación, porque se emitieron memorandos de designación en comisión, mientras dure en funciones la anterior funcionaria; es decir se identificó inicio y fin, no existe despido injustificado.

Considera que por ello, el Tribunal de apelación se circunscribió a los puntos resueltos en la sentencia, conforme a los agravios alegados en la apelación.

Concluyó solicitando que se declare infundado el recurso de casación, manteniendo firme el Auto de Vista impugnado.

III.- FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO:

Que, así expuestos los fundamentos del recurso de casación de fs. 80-83 para su resolución corresponde realizar las siguientes consideraciones previas:

Doctrina aplicable al caso:

En el caso presente, se alegó una causal de nulidades de obrados y dos causales de casación, consiguientemente, para resolver estas pretensiones, se debe realizar las siguientes puntualizaciones:

1.- Respecto del argumento contenido en el recurso de casación en la forma, se tiene que tener presente, que la motivación de las resoluciones judiciales constituye un deber jurídico que hace al debido proceso, por el que, el Juez o Tribunal al resolver una causa, debe inexcusablemente cumplir con tres componentes, que son: exponer los hechos, efectuar la fundamentación legal y citar las normas que sustentan la parte dispositiva; conforme se estableció por ejemplo, en la SCP 0092/2012 de 19 de abril, que dice: “La motivación de las resoluciones es un requisito elemental del derecho al debido proceso, conforme se encuentra establecido en la SC 1057/2011-R de 1 de julio, refiere que:...las resoluciones que emiten las autoridades judiciales, deben exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustentan la parte dispositiva de esas resoluciones, exigencia que se torna aún más relevante cuando el Juez o Tribunal debe resolver en apelación o casación la impugnación de las resoluciones pronunciadas por las autoridades inferiores...”-

En cuanto a la fundamentación, se ha establecido por este Tribunal, en anteriores Autos Supremos (Nº 867 de 3 de marzo de 2015 de la Sala Social Primera; Nº 245 de 27 de agosto de 2015 de la Sala Social Segunda, entre otros), que: “…la debida y suficiente fundamentación de los fallos que supone exponer no sólo el razonamiento, sino respaldar el mismo con las normas jurídicas tanto sustantivas como adjetivas que sean aplicables al caso por resolverse, implica la obligación para que el juzgador absuelva todos los reclamos sometidos a su consideración, de modo tal que le permita al impetrante, en este caso, al recurrente, impugnar la decisión en esos puntos, pues privarle de ellos vulnera el derecho al debido proceso y con ello a la defensa, consagrados y protegidos por los arts. 115 y 119 de la Constitución Política del Estado; estando claro que los Tribunales de alzada, al resolver un recurso de apelación, deben dar cumplimento al art. 265 parágrafo I CPC-2013, fundamentado y motivando sus resoluciones, labor que debe plasmarse en la respuesta precisa a todos y cada uno de los puntos expuestos en el recurso, con argumentos específicos que tengan como efecto otorgar seguridad jurídica a las partes.

2.- Respecto de los argumentos vertidos en el recurso de casación en el fondo, se establece:

a) El principio protector constituye uno de los principios más importantes del Derecho Laboral, puesto que la diferencia con el Derecho Civil, es que en éste impera el derecho de igualdad y la no discriminación; mientras que en el Derecho laboral, se debe proteger a la parte más vulnerable que en este caso, es el trabajador.

Este principio, conforme reconoce la doctrina y las previsiones del DS Nº 28699, se rige por tres reglas: la Regla más favorable, la Regla de la condición más beneficiosa y la Regla in dubio pro operario.

La regla de la condición más beneficiosa, que supone la existencia de una situación más beneficiosa anterior, concreta y determinada, que debe ser respetada en la medida que sea más favorable, no pudiendo empeorarse las condiciones que tiene un trabajador.

La regla de la norma más favorable, es decir cuando exista una concurrencia de normas, se debe aplicar, aquella norma que es más favorable para el trabajador.

Finalmente la regla in dubio pro operario, se da cuando hubiera alguna duda sobre la interpretación y aplicación de alguna norma, se deberá seleccionar aquella que más favorezca al trabajador.

b) Por otra parte, debemos recordar que los contratos de trabajo, conforme instituyen los arts. 5 y 6 de la LGT, se pueden pactar de manera individual o colectiva y puede ser verbal o por escrito y su existencia se puede acreditar por todos los medios legales de prueba.

Sin embargo, los contratos a plazo fijo, necesariamente deben ser estipulados de manera escrita, porque de lo contrario, se presume que son contratos a plazo indefinido, conforme determinan tanto el segundo párrafo del art. 1º del DL Nº 16187 de 16 de febrero de 1979, salvo prueba en contrario (el subrayado ha sido añadido); como la Resolución Ministerial (RM), 283/2 de 13 de junio de 1962, que determina: "...el contrato de trabajo se pacta esencialmente por tiempo indefinido. Sin embargo, podrá ser limitado en su duración si así lo impone la naturaleza misma de la obra a ejecutarse o del servicio a prestarse. En este caso, el contrato deberá ser forzoso e imprescindiblemente escrito y su duración no excederá de un año; podrá ser renovado por una sola vez, siempre que el empleador pruebe ante la autoridad administrativa competente la necesidad absoluta de la renovación que en ningún caso se extenderá por más de un año. Si vencido el término estipulado subsisten las actividades para las que el trabajador fue contratado, se operará la tácita reconducción del contrato por tiempo indefinido...", en aplicación del art. 21 de la LGT.

c) Respecto del despido injustificado y solicitudes de reincorporación o pago de beneficios sociales, el DS Nº 28699, en su art. 10-I determina que: cuando el trabajador sea despedido por causas no contempladas en el art. 16 de la Ley General del Trabajo (LGT), podrá optar por el pago de los beneficios sociales o por su reincorporación”.

El párrafo III de esta misma norma, precisa que: “…en caso de que el trabajador opte por su reincorporación, podrá recurrir a este efecto ante el Ministerio de Trabajo, donde una vez probado el despido injustificado, se dispondrá la inmediata reincorporación al mismo puesto que ocupaba al momento del despido, más el pago de los salarios devengados y demás derechos sociales actualizados a la fecha de pago. En caso de negativa del empleador, el Ministerio de Trabajo Empleo y Previsión Social impondrá multa por infracción a leyes sociales, pudiendo el trabajador iniciar la demanda de Reincorporación ante el Juez del Trabajo y Seguridad Social con la prueba del despido injustificado expedida por el Ministerio de Trabajo”.

El art. 11-I del mismo DS Nº 28699, establece que: “…se reconoce la estabilidad laboral a favor de todos los trabajadores asalariados de acuerdo a la naturaleza de la relación laboral, en los marcos señalados por la Ley General del Trabajo y sus disposiciones reglamentarias”.

Sobre éste último marco jurídico este Tribunal a tiempo de emitir el Auto Supremo Nº 124 de, 28 de mayo de 2014, determinó que: “…se advierten dos elementos de trascendencia, el primero ceñido a la protección de los derechos del trabajo y relacionados a los trabajadores; en segundo lugar, los mecanismos asumidos por el Estado, en el supuesto de surgir una eventual desvinculación laboral.”

“….el parágrafo I del art. 10 en el DS No 28699 de 1 de mayo de 2006, en la eventualidad de presentarse la desvinculación laboral por medio de un despido y no siendo presentes las situaciones descritas en el art. 16 de la LGT, confiere a la trabajadora o el trabajador el decidir entre dos opciones, tales son: a) La continuidad y estabilidad laboral, por medio del mecanismo de la reincorporación; o bien de manera optativa, 2) El pago de beneficios sociales, emergentes de la relación laboral, terminada que fuera ésta”.

“Tal descripción, obedece a dejar sentado que los mecanismos de instar la reincorporación a la fuente laboral se ven condicionados a una decisión previa de la trabajadora o el trabajador, y al no cobro de beneficios sociales que eventualmente le puedan ser abonables, puesto que el uso de la vía administrativa o jurisdiccional (en el caso de recurrir la reincorporación) le es facultativa y potestativa, ante la alternativa de solicitar el pago de sus beneficios sociales. De lo cual se entiende que ambas opciones son excluyentes la una de la otra, al estar presente en la redacción de la norma una disyunción exclusiva”. 1(El resaltado fue añadido).

Fundamentación del caso concreto:

1.- Respecto del recurso de casación en la forma:

Revisando detenidamente el Auto de Vista Nº 84 de 13 de abril de 2017, cursante a fs. 77 a 78 vta., se advierte que se circunscribió a resolver los puntos objeto de apelación en el marco del art. 265 parágrafo I CPC-2013, fundamentación y argumentación, referida al error en la valoración de la prueba y violación del art. 10-III y IV del DS Nº 28699 e incongruente valoración de los presupuestos de esta norma, alegados en el recurso de apelación, habiendo el Tribunal de alzada, identificado la vulneración a la seguridad jurídica, previo análisis pormenorizado de los memorandos de fs. 1 y 2 de obrados; apreciación que se ajusta a los reclamos alegados en el recurso de apelación, argumentación y fundamentación que si bien no es extensa, por el contrario es escueta, empero precisa, respecto de los argumentos del indicado recurso, ajustando su determinación al marco previsto por la norma adjetiva citada, implicando con ello que no amerita determinar la nulidad de obrados solicitada en el recurso de casación en la forma, haciendo constar además que ésta fundamentación y argumentación será objeto de desglose al momento de resolver el recurso de casación en el fondo en los puntos que siguen, de la presente resolución.

2.- Respecto del recurso de casación en el fondo:

a) La recurrente alega que se habría incurrido en vulneración del principio proteccionista del trabajador y a la estabilidad laboral; conforme se refirió líneas arriba, tanto la doctrina, como nuestra legislación reconocen este principio que tiene por objeto resguardar o proteger a la parte más vulnerable de la relación laboral, quien es el trabajador, principio que tiene tres reglas, la regla más favorable, la regla de la condición más beneficiosa y la regla del indubio pro operario, que se han desglosado en lo doctrina aplicable al caso presente.

Por otra parte, es evidente que el Estado tiene la obligación de precautelar los derechos de los trabajadores y entre éstos derechos se encuentra el de la estabilidad laboral, pretendiendo mantener la relación laboral, para otorgar al trabajador una fuente de trabajo permanente que le permita subsistir y cubrir sus necesidades y las de su familia.

Ahora bien, en el caso presente la recurrente, argumenta que se habría vulnerado este principio y derecho citados precedentemente, que han sido reconocidos por la CPE y normas conexas, al revocar el Tribunal de alzada la Sentencia de primera instancia, declarándola improbada, manteniendo la desvinculación laboral y declarando que no correspondía la reincorporación.

En el caso presente, ciertamente no existió un contrato de trabajo a plazo fijo “escrito”, conforme exige la norma; empero esta determinación imperativa de la Ley, tiene una excepción, que dice, “salvo prueba en contrario”, conforme refiere las previsiones de la última parte del art. 1 del DS Nº 16187 de 16 de febrero de 1979.

En el caso presente, esa excepción, “salvo prueba en contrario”, se encuentra fehacientemente acreditada en el texto de los memorándums de fs. 1 y 2 de obrados, presentados por la actora junto al escrito de demanda, pues el primero refiere: “…que a partir de la fecha, se ha dispuesto Su asignación de ítem en Comisión, mientras dure en sus funciones la Abg. Marilyn Román Pizarro, como Jefe Departamental de Recurso Humanos,…...” (Textual); y “…que a partir de la fecha, queda Finalizada su Comisión Temporal de ítem que venía realizando,…” (Textual).

Esta prueba se debe considerar, analizando las características del trabajo a ser desarrollado y la condición de la funcionaria asignada, pues se trata de una Profesional, que iba a ejercer funciones de “abogada en la Unidad de Asesoría Legal de la Caja Petrolera de Salud”, consiguientemente, al momento de recibir el primer memorándum conoció íntegramente su texto, suscribiendo la nota de recepción de 03-02-2014, que cursa al pie de dicha foja, sin que se hubiese acreditado la existencia de una observación u representación oportuna por parte de la ahora demandante.

Es decir, este Tribunal, considera que en el caso presente, es válida la excepción alegada por la entidad demandada, respecto de la prueba del plazo del contrato”, considerando la condición de la funcionaria asignada y el cargo que ejercería, pues esta situación, no puede atribuirse a un trabajador o empleado ordinario, que desconoce las características o modalidades de contratación y formalismos en los documentos; pero que en el caso objeto de análisis, la demandante conocía la dimensión del texto de los mismos, en su condición de profesional abogada.

Por eso es que se concluye que el Tribunal al revocar la Sentencia, adecuó su actuar a la excepción contenida en el art. 1º del DS Nº 16187 citado precedentemente, sin haber incurrido en violación del principio de proteccionismo ni violación del derecho a la estabilidad laboral, además que en ningún actuado del expediente se advierte que se hubiese pretendido encubrir las tareas de la actora, como asesora jurídica, mediante pactos o contratos civiles o de otra naturaleza, como erróneamente se argumenta en el recurso, tan solo se fundamentó en el Auto de Vista, ahora recurrido que la actora no gozaba de estabilidad laboral como funcionaria de carrera al haberse establecido que su asignación al Ítem, era mientras que la titular reasuma sus funciones, estableciendo que el Memorándum de fs. 2, no constituiría un acto de despido intempestivo como se argumentó en la demanda, al conocer la actora, la temporalidad de su designación.

b) Por último, previo análisis de los antecedentes que cursan en obrados, se constata que la actora, antes de iniciar el presente proceso, solicitó mediante las notas de 06 de enero de 2015 y 27 de febrero de 2015, cursante de fs. 3 a 4 de obrados, presentadas ante la Secretaría de la Administración Departamental de Santa Cruz, de la Caja Petrolera, el pago de sus beneficios sociales, habiendo solicitado el pago de esos beneficios igualmente ante la Inspectoría del Trabajo, dependiente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social de la ciudad de Santa Cruz, instancia ante la cual se efectuó la proforma de finiquito, realizada el 20 de febrero de 2015, conforme consta a fs. 5 de obrados, lugar en el que se efectuó previas citaciones y conminatoria de presentación una audiencia conciliatoria, llevada a cabo el 09 de abril de 2015, a horas 17:00; oportunidad en la que la demandante, ratificó su solicitud de pago de beneficios sociales, pedido que no fue acogido por la entidad demandada, porque se rehusaba cancelar el desahucio, habiendo hecho constar la actora, que el Ítem en Comisión, persistía, estando actualmente ocupado por otra persona. Al no haber arribado a un acuerdo se declinó competencia para que la autoridad jurisdiccional resuelva la controversia (fs. 09 a 10 de obrados).

Por consiguiente, en el caso presente, la demandante, en aplicación del art. 10-I del DS Nº 28699, había optado por la alternativa del pago de los beneficios sociales y no así solicitar inicialmente la reincorporación, determinación, que conforme refiere la jurisprudencia citada precedentemente, es excluyente para tramitar o solicitar la otra alternativa de solicitar la reincorporación; sin embargo, luego la actora, de manera contradictoria a su determinación de exigir el pago de sus beneficios sociales, pidió en la demanda de fs. 12 a 13 de obrados la reincorporación pese a que todos los aspectos alegados por ella anteriormente a la presentación de la demanda, buscaban el pago de esos beneficios sociales, aspecto que no fue advertido por la Juez a quo, al momento de emitir el Auto de admisión de la demanda de 15 de junio de 2015, cursante a fs. 15 de obrados y tampoco a tiempo de emitir la Sentencia Nº 28 de 26 de octubre de 2016, cursante de fs. 53 a 58 vta., de obrados, en la que debió desestimar la pretensión por haber incurrido en error en el objeto del proceso, que se encontraba definitivo antes del inicio del mismo, por determinación de la misma demandante.

Emitiéndose inclusive una sentencia, en la que de manera indebida, se incluyen fundamentos que respaldan el decisorio, en la parte dispositiva del fallo, pese a que todos estos aspectos deberán estar insertos en la parte considerativa del fallo de primera instancia, evidenciando una clara falta de técnica procesal de parte de dicha juzgadora, al emitir un fallo que resulta inclusive “difícil” en su cumplimiento por lo extenso y desordenado de la parte resolutiva, que debió contener determinaciones claras y concretas, en base a los argumentos contenidos en la parte Resolutiva, y no como indebidamente lo hizo incorporar aspectos de fundamentación en esta última parte del fallo, violando las previsiones de los arts. 213-I y II del CPC-2013 y 202 del CPT.

Estos dos aspectos, debieron ser advertidos de oficio por el Tribunal ad quem, (respecto de la errónea identificación del objeto del proceso y del error procedimental en el fallo de primera instancia), circunstancias que ameritaba determinar la nulidad de obrados; empero, aplicando el principio de los actos cumplidos, o de conservación del acto procesal, que implica atribuir al acto jurídico realizado con preferencia a su validez, frente a la interpretación que acarree como consecuencia, su invalidez, dado que cualquier nulidad siempre trae consigo, el retroceso del trámite con los consiguientes perjuicios para las partes procesales; por tanto, mientras los actos procesales se hubieren cumplido como válidos al haberse realizado de un modo apto para la finalidad el que estaban destinados y no se habría provocado indefensión, se concluye que la regla sería la validez del acto procesal y la excepción, su nulidad, pues si se determinara la nulidad de obrados, al momento de emitir el presente Auto Supremo, el resultado sería el mismo, pues de una u otra manera, se ha desestimado la pretensión de la actora, por haber errado el objeto del proceso, pretendiendo indebidamente la reincorporación, cuando antes solicitó el pago de los beneficios sociales que le correspondían, en aplicación del art. 10-I del DS Nº 28699.

Consiguientemente, al haberse advertido que no son evidentes las infracciones legales acusadas en el recurso, corresponde emitir resolución, aplicando el art. 220-II del CPC-2013, aplicable al caso, por la permisión contenida en el art. 252 del CPT.

POR TANTO: La Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución contenida en los arts. 184 núm. 1 de la CPE y 42-I-1 de la LOJ, declara INFUNDADO el recurso de casación de 80 a 83, interpuesto por la demandante Virginia Josefa Lazo Jáuregui, contra el Auto de Vista Nº 83 de 13 de abril de 2017, cursante de fs. 77 a 78 y vta., emitido por la Sala Primera en Materia del Trabajo y Seguridad Social, Contencioso Tributario y Contencioso Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia del Departamento Santa Cruz, salvando los derechos de la actora, para ser acreedora al pago de todos los beneficios sociales y derechos conexos que por ley le corresponda.

Sin costas en aplicación del art. 39 de la Ley Nº 1179 y 52 del DS Nº 23215 de 22 de julio de 1992.

Se llama la atención a la Juez a quo y se recomienda que al momento de emitir sus fallos, discierna, entre los fundamentos o argumentos del mismo, que deben estar en la parte considerativa y la resolución de su determinación, en la parte resolutiva o dispositiva, que debe contener determinaciones claras y concretas.

REGÍSTRESE, NOTIFÍQUESE Y DEVUÉLVASE.


1 Auto Supremo Nº 124, de 28 de mayo de 2014, Tribunal Supremo de Justicia, Sala Social y Administrativa Primera