TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA

AUTO SUPREMO N° 480

Sucre, 21 de septiembre de 2018

Expediente:                 225/2017-S

Demandante:                Tania Gabriela Terceros Vargas.

Demandado:                Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM).

Materia:                        Beneficios Sociales

Distrito:                        Santa Cruz.

Magistrado Relator:        Dr. Esteban Miranda Terán.

VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 315 a 322 vta., interpuesto por Juan Saucedo Velasco, en representación de la entidad demandada, Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM), en virtud al Testimonio de Poder especial y bastante Nº 100/2017 de 20 de febrero de 2017, otorgado ante la Notaría Nº 70 de la ciudad de Santa Cruz, a cargo de la abogada Teresa Jenny Flores de Báez (fs. 307 a 314), contra el Auto de Vista Nº 20 de 16 de febrero de 2017, emitido por la Sala Social, Contencioso Tributario y Contencioso Administrativo Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, emitido dentro del proceso social por pago de beneficios sociales y otros, seguido a demanda de Tania Gabriela Terceros Vargas, la contestación de fs. 325 a 327, el Auto por el que se concedió el recurso de fs. 328, el Auto Supremo Nº 225-A de 12 de junio de 2017 de fs. 337 y vta., por el que se admitió el recurso, los antecedentes del proceso y todo cuanto ver convino y se tuvo presente:

I.- ANTECEDENTES DEL PROCESO

Sentencia:

Tramitado el proceso laboral, el Juez Segundo de Trabajo y Seguridad Social de la ciudad de Santa Cruz, emitió la Sentencia de Nº 20 de 17 de agosto de 2016 (fojas 210 a 217 vta.), en la que declaró PROBADA en parte la demanda laboral de fs. 51 a 54 de obrados, sin costas, ordenando que la entidad demandada UAGRM, cancele a la demandante Tania Gabriela Terceros Vargas, la suma de Bs. 364.037,05 por concepto de indemnización por 18 años, sueldos adeudados por febrero y marzo de 2012, aguinaldo en duodécimas y multa del 30%, más la actualización en Unidades Fomento a la Vivienda (UFVs), a ser liquidada en ejecución de sentencia.

Auto de Vista:

Contra la indicada sentencia, tanto la demandante Tania Gabriela Terceros Vargas, por escrito de fs. 220 a 224 de obrados y el representante de la UAGRM, representada por Alberto Raldes Arispe, por escrito de fs. 245 a 248 vta., interpusieron recurso de apelación que fueron resueltos por la Sala Social, Administrativa, Contencioso y Contencioso Administrativa Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante Auto de Vista Nº 20 de 16 de febrero de 2017, cursante de fs. 275 a 277, REVOCÓ en parte la sentencia apelada, modificando el monto de la indemnización a Bs. 274.025,50, manteniendo subsistentes los otros beneficios sociales sentenciados.

II.- RECURSO DE CASACIÓN, RESPUESTA Y ADMISIÓN:

Contra el referido Auto de Vista, Juan Saucedo Velasco, por escrito de fs. 315 a 322 vta., interpuso recurso de casación en el fondo, recurso que previo traslado, fue contestado por la demandante, mediante escrito de fs. 325 a 327 de obrados y que fue concedido por el Tribunal de Apelación y al haberse evidenciado que cumple los requisitos formales exigidos por el art. 274-I del Cód. Proc. Civ., se declaró ADMISIBLE, mediante Auto Supremo Nº 225-A de 12 de junio de 2017, emitido por este tribunal (fs. 750 y vta.), por consiguiente se pasan a considerar y resolver el recurso:

Argumentos del recurso de casación:

Luego efectuar su apersonamiento, el recurrente alega que el tribunal de alzada, incurrió en error de derecho y de hecho en la apreciación de las pruebas aportadas en el curso del proceso, argumentando:

1.- El Tribunal de alzada incurrió en error de hecho y de derecho en la apreciación de la prueba, al considerar que no se habría identificado los agravios sufridos por la Universidad que representa, ratificando el pago de los beneficios indicados en la Sentencia y complementados en el Auto de Vista, sin advertir que los agravios son justamente la orden de ese pago, porque el objeto del proceso era determinar si correspondía o no cancelar los indicados beneficios a favor de la demandante, que aún continúa ejerciendo funciones como docente universitaria y que por consiguiente, en aplicación del art. 36 del Decreto Supremo (DS) Nº 21137 de 30 de noviembre de 1985, procedería el pago de la indemnización solo cuando se extinguió el contrato y el trabajador se retire efectivamente de la entidad o empresa pública, quedando terminantemente prohibido el pago de cualquier anticipo de beneficios sociales en estas entidades y empresas del sector público.

En el caso presente, es cierto que la demandante dejó de trabajar como funcionaria administrativa en la UAGRM; empero continúa trabajando como docente universitaria, por eso en aplicación de dicha norma, no corresponde el pago de los importes determinados, porque no se retiró efectivamente de la Universidad, correspondiendo que se aplique el art. 1º de la Resolución del Ilustre Consejo Universitario Nº 034/2012 de 17 de mayo, que determina que se debe reconocer el pago de beneficios sociales a los docentes y administrativos, cuando exista la finalización de la relación laboral con la Universidad, fusionando el periodo de funciones como administrativo y el periodo de funciones como docente (fs. 228 a 229), aspecto que no habría sido analizado en el Auto de Vista, pese a que ésta resolución es de cumplimiento obligatorio, conforme determina el art. 31 del Estatuto Orgánico de la UAGRM, resguardando la Autonomía que se ha establecido en el art. 92 de la Constitución Política del Estado (CPE), incumplimiento que determina que se habría vulnerado el derecho al debido proceso y a la defensa establecida en el art. 115 de la CPE, pues se encuentra expresamente prohibido el pago de anticipo de beneficios sociales, estando permitido solo el pago de quinquenios en el sector privado, conforme prevén los arts. 37 del DS Nº 21137 y 1º del DS Nº 0522 de 26 de mayo de 2010.

2.- Afirma que tampoco se consideró la prueba aparejada al escrito de apelación, consistente en los Autos de Vista Nº 122/2015 de 18 de marzo y Nº 140 de 01 de septiembre de 2016, por los cuales el Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, (antes Corte Superior), determinó que no corresponde el pago de beneficios sociales y otros derechos, cuando no existe la ruptura laboral definitiva, como tampoco se consideró el Auto Supremo Nº 263 de 25 de julio de 2016, que ratifican la aplicación del art. 36 del DS. Nº 21137.

Petitorio

Concluyó, ratificando la fundamentación jurídica precedente, afirmando que la resolución de Vista, constituye un funesto procedente ilegal y atentatorio a las previsiones del art. 92 de la CPT, por lo que concluye indicando que interpone el recurso de casación, solicitando que se emita Auto Supremo, casando el Auto de Vista recurrido en relación a la Sentencia apelada, porque considera que se desvirtuaron los fundamentos de la demanda.

Argumentos de la contestación al recurso de casación:

La demandante contestó el recurso, alegando que en el ejercicio de la función pública es incompatible con otra actividad pública o privada, salvó la docencia universitaria; por ello es que muchos docentes, adicionalmente a ejercer esta tarea, ejercen otras funciones tanto dentro de la Universidad, como administrativos, como fuera de ello realizando otras tareas y percibiendo sus remuneraciones y beneficios por cada actividad de manera separada.

Respecto del pago de los beneficios sociales a los funcionarios administrativos, de manera separada de los beneficios sociales de los docentes universitarios, se efectiviza en mérito la instructiva que emitió la Jefatura de Recursos Humanos de la UAGRM, que cursa a fs. 125, que ordena dicho procedimiento; aspecto que ha sido corroborado por los informes de fs. 126 a 127 de obrados, documentos que acreditan la independencia de estas dos relaciones laborales y que constituye plena prueba en aplicación del art. 159 del CPT.

Estas relaciones laborales diferentes se encuentran reconocidas en la Resolución Rectoral Nº 007-2007 de 19 de enero que cursa de fs. 123 a 124 de obrados, por la que el Rector reconoció que esas actividades son diferentes, prueba que ha sido considerada en aplicación del art. 158 del CPT.

Cita también jurisprudencia emitida por la Corte Suprema de Justicia sobre este tema, en la que se habría reconocido el pago de beneficios sociales de docentes universitarios y administrativos de manera separada.

Por último afirma que demostró fecha en la que se extinguió la relación laboral como personal administrativo, que constituía una causal de despido indirecto, conforme establece el DS de 09 de marzo de 1937, al habérsele disminuido su salario prácticamente en un cincuenta por ciento.

Petitorio:

Pidió que se tenga por contestado el recurso de casación pidiendo que este Tribunal declare INFUNDADO el recurso, ordenando el pago de todos los derechos sociales que le corresponden, con costas.

III.-. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

Que, así expuestos los fundamentos del recurso de casación, identificando que la problemática traída a casación, se refiere a determinar si corresponde o no, ordenar el pago de los beneficios sociales y otros derechos reclamados por la actora, como funcionaria administrativa de la Universidad, al seguir ejerciendo en la misma como docente universitaria.

Doctrina aplicable al caso:

Analizando que la problemática objeto de la presente controversia, es similar a un anterior caso resuelto por este Tribunal Supremo de Justicia, corresponde recordar los fundamentos emitidos en el Auto Supremo Nº 04 de 23 de enero de 2018, en el que sobre el particular se estableció lo siguiente:

“Los arts. 115-II y 119-II de la CPE, consagran el derecho a la defensa, que constituye un derecho fundamental reconocido a favor de las personas, físicas o jurídicas, para hacer prevalecer con plenas garantías de igualdad e independencia, sus argumentos y pruebas, ante un órgano de justicia, respecto de los cargos que se le imputan.”

“Este derecho se reconoce y aplica en los diferentes ámbitos jurisdiccionales y en todas las fases de los procesos, para evitar desequilibrios en la situación procesal e impedir que las limitaciones de alguna de las partes puedan desembocar en una situación de indefensión.”

“Mientras que el derecho a la tutela judicial efectiva es la potestad que tiene toda persona, para promover la actividad jurisdiccional, buscando que se reconozca alguna pretensión deducida. Este derecho busca garantizar un mecanismo eficaz que permita reestablecer una situación jurídica vulnerada, estando integrado por el derecho de acceso a la justicia; el derecho a la gratuidad de la justicia; el derecho a una sentencia sin dilaciones indebidas, emitida de manera oportuna, fundamentada en derecho y congruente; derecho a la tutela cautelar y a la garantía de la ejecución adecuada del fallo a ser emitido.”

Por otra parte, los principios de verdad material y primacía de la realidad, reconocidos en los arts. 48-I y 180-I de la CPE, y desarrollados en los arts. 30 núm. 11 de la LOJ y 4 I inc. d) del D.S. Nº 28699, establecen que la administración de justicia en general, se debe sustentar en la verdad de los hechos acreditados en el curso del proceso, prescindiendo de ritualismos procesales innecesarios, conforme este tribunal ya estableció en casos similares cuando determinó que:”

“Una de las principales reformas a la administración de justicia, se produjo a través del reconocimiento y mandato constitucional de prevalecer a la verdad material sobre la verdad formal; así los arts. 180.I de la CPE y 30.11 de la LOJ, establecen como un principio procesal a dicha verdad, con la finalidad de que toda resolución contemple de forma inexcusable la manera y cómo ocurrieron los hechos, en estricto cumplimiento de las garantías procesales; es decir, dando prevalencia a la verdad pura, a la realidad de los acontecimientos suscitados, antes de subsumir el accionar jurisdiccional en ritualismos procesales que no conducen a la correcta aplicación de la justicia”.1

“La indemnización de los beneficios sociales, se debe realizar cuando concluya la relación laboral al que estaba sujeto el trabajador, independientemente a la modalidad de esa conclusión, es decir, sea mediante despido intempestivo, retiro voluntario, quiebra o muerte del empleador y dentro de los 15 días siguientes a ese acaecimiento de conclusión de la relación laboral, conforme establecen los arts. 13, 15 de la L.G.T. y 9-I del D.S. Nº 28699.”

“Por otra parte la “ficción” de una doble relación laboral que mantuviesen algunos trabajadores, con relación a un mismo empleador, surge cuando una persona realiza para un mismo empleador, actividades diferentes, pero perfectamente compatibles y nítidamente separables e identificables una de otra y en mérito a regímenes laborales de horario, modalidad de pago y tipo de trabajo diferentes entre una y la otra.”

“Consiguientemente en este caso, nos encontramos frente a dos relaciones jurídicas distintas, si bien ambas son de carácter laboral, empero cada una de ellas es independiente de la otra, por la naturaleza de las actividades a ser realizadas por una misma persona, siempre y cuando, en mérito a la normativa que rige esa relación laboral, ya sea de carácter privado o de carácter público, no sean incompatibles entre sí y no se encuentren prohibidas por la ley.”

“En consecuencia, cuando se suscite este tipo de doble relación o doble vínculo laboral, corresponderá al juez de la causa, identificar y reconocer en cada caso, la existencia y legalidad de esa doble relación laboral y si existe, debe en su caso ordenarse el pago de los beneficios sociales y derechos adquiridos, de manera separada para cada una de las relaciones laborales, sin que se pueda afectar los derechos de la segunda relación laboral.”

“Por último, es evidente existe la prohibición expresa prevista por el art. 36 del D.S. Nº 21137 de 30 de noviembre de 1985, para cancelar beneficios sociales de manera anticipada a funcionarios o empleados de empresas públicas o entidades públicas que se encuentren sujetas a la Ley General del Trabajo, prohibición que se refiere a que no pueden cancelarse de manera anticipada todo o parte de los beneficios sociales de un funcionario cuya remuneración emerja del Tesoro General del Estado, conforme refirió el AS Nº 263 de 25 de julio de 2016, emitido por este mismo tribunal, cuando resolvió el recurso de casación en el fondo promovido por el trabajador Hugo Franco Paniagua, contra el Auto de Vista Nº 226 de 01 de septiembre de 2015, dentro del proceso laboral de reliquidación de beneficios sociales interpuesto contra la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno.”

“En dicha resolución se determinó que resultaba infundada la pretensión del actor, cuando solicitó la reliquidación de sus beneficios sociales, respecto de la función de empleado administrativo de la Universidad al mantener su relación de docente en la misma Universidad.”

“Empero en dicho proceso no se fundamentó ni resolvió la temática de la doble relación laboral, sino la reducción salarial que motivó el retiro indirecto alegado por el demandante, quien evidentemente dejó de ejercer las funciones de empleado administrativo, manteniendo las de docente.”

“En el caso presente se evidencia que se trata de una situación jurídica similar; sin embargo, en autos se ha analizado y dilucidado la permisión de la doble relación laboral hecho que no fue alegado ni dilucidado en el proceso objeto de análisis jurisprudencial, al verificarse además que en ese proceso se solicitó la recalificación de beneficios sociales, mientras que en el caso presente se trata de una solicitud de liquidación y pago de los mismos conceptos.”

“Por consiguiente, se establece que la presente resolución, constituye una modulación de la anterior resolución inserta en el AS Nº 263 de 25 de julio de 2016, en el que, actualmente se incluye como problemática del caso la doble relación laboral y el consiguiente reconocimiento de los derechos laborales de una relación laboral concluida, pese a mantenerse vigente la segunda relación laboral, que tiene su propia normativa y modalidades internas.”

“Además que esta modulación de esa jurisprudencia, implica retornar a una anterior línea jurisprudencial emitida por este tribunal en el que se estableció la permisibilidad de la liquidación y el pago de los beneficios sociales a funcionarios Universitarios administrativos, que persistían en su relación de dependencia, como Docentes de esa casa Superior de estudios, cuando se afirmó: “ que la prestación de servicios si bien lo hizo para un solo empleador, pero en secciones distintas de la Universidad Mayor de San Simón, tanto en la parte administrativa como en la docencia, desempeño laboral que en el marco del Estatuto de la entidad educativa que corre a fs. 58-65, no se encuentra prohibida, pues el desempeño de la primera actividad no importa la exclusión de la segunda, además que nunca se ha demostrado la incompatibilidad de horarios para su ejercicio y que encuentran su protección en los arts. 5 y 7-j) de la C.P.E. de 1967, que reconocen el derecho a una remuneración justa, pues no se reconoce ningún género de servidumbre”2.

“La verdad material y el principio de primacía de la realidad, respecto del caso presente demuestran que ciertamente los actores, mantenían una doble relación laboral, conforme se acreditó por la abundante prueba cursante en obrados y que además fue reconocida por la misma entidad demandada al momento de emitir la resolución Rectoral Nº 007/2007 de 19 de enero de 2007, cursante a fs. 287 a 288 de obrados y que lamentablemente el tribunal ad quem, no consideró al emitir su resolución de vista, hecho que además, conforme refiere el recurso de casación objeto de resolución fue expresamente reconocida por la Jefatura de Recursos Humanos de la Universidad, mediante Comunicación Interna, cursante a fs. 289 de obrados y el Informe Legal del Jefe de Asesoría legal de la misma Universidad, cursante de fs. 290 a 291 de obrados, que demuestran y ratifican la existencia de esa doble relación laboral y que cada una tenía un tratamiento diferenciado en todos los aspectos administrativos, de remuneración, horarios y especialmente liquidación y pago de los beneficios sociales.”3

Fundamentación del caso concreto:

1.- El recurrente, alega que el Tribunal de alzada, incurrió en error de hecho y de derecho en la apreciación de la prueba, porque no identificó los agravios sufridos por la entidad demandada y recurrente, siendo éstos -dice- la orden de ese pago que fuera contraria a las previsiones del art. 36 del DS Nº 21137, norma que prohíbe de manera expresa el pago anticipado de beneficios sociales en empresas y entidades públicas, antes de la desvinculación laboral.

Conforme refiere la doctrina citada precedentemente, la jurisprudencia de este Tribunal, ha reconocido la existencia de esa “doble relación laboral”, subsistentes en estos casos especiales que se suscitan en las Universidades Públicas, que permiten, en  mérito a la normativa vigente que “no es incompatible el ejercicio en dos funciones públicas, si una de éstas es la Docencia Universitaria”, por consiguiente, por ésta permisión legal, se ha establecido que es perfectamente válido el pago de la indemnización de una de esas actividades, permaneciendo el funcionario o funcionaria, en la otra, manteniendo, respecto de la última, sus derechos y beneficios incólumes hasta la desvinculación definitiva.

Es evidente que el Ilustre Consejo Universitario de la UAGRM, en el ejercido de la Autonomía Universitaria que consagra el art. 92-I de la CPE, emitió la Resolución ICU Nº 034-12 de 17 de mayo de 2012; empero, esta Resolución, no se puede aplicar al caso presente por las siguientes razones:

a) Es una Resolución posterior a la conclusión de la relación laboral que es objeto del presente juzgamiento; pues la actora, concluyó su relación laboral como funcionaria administrativa el 06 de marzo de 2012 y la indica resolución fue emitida el 17 de mayo del mismo año. Es decir, esta norma no puede aplicarse retroactivamente al caso presente, porque no se ha determinado de forma expresa en esa resolución su aplicación retroactiva; y porque además no es beneficiosa para la trabajadora; más bien resulta perjudicial, tanto para el funcionario, porque sus derechos laborales se ven postergados indefinidamente en el tiempo; como para la Universidad y el Erario nacional, porque reserva el pago de beneficios sociales que deben cancelarse de manera inmediata, para un periodo posterior, que resultarán por el tiempo transcurrido, lógicamente mayores en su proporción al que realmente corresponde al momento de la desvinculación laboral en una de las tareas que ejerce el o la funcionaria universitaria.

b) Dicha resolución no fue presentada en el curso del proceso, sino al momento de interponer el recurso de apelación y por ello no fue admitida como prueba, en mérito al principio de preclusión que rigen los procesos laborales, previsto por el art. 3 inc. e) y 57 del CPT.

c) Por último, si bien la Constitución Política del Estado, ha instituido la Autonomía Universitaria, para que las Universidades Públicas, administren libremente sus recursos, nombren autoridades, su personal docente y administrativo, elaboren y apruebe sus Estatutos, planes de estudio y presupuestos anuales, etc., esta autonomía se enmarca a la normativa constitucional y legal que rige el Estado, en el marco de los principios de Jerarquía Normativa y Supremacía Constitucional, instituidos en el art. 410 de la CPE., no pudiendo emitir resoluciones que tienden a soslayar los mandatos de las normas de preferente aplicación; pues si bien, conforme se tiene señalado, la indicada Resolución I.C.U. Nº 034-12, no se aplica al caso, porque es posterior a la desvinculación laboral, como funcionaria administrativa, ésta Resolución no es clara sobre el particular, al reconocer en su primer punto, el pago de beneficios sociales a los docentes y administrativos cuando exista la finalización de su relación laboral con la Universidad, fusionando el periodo de funciones como administrativo y periodo de funciones como docente, “…siempre y cuando no haya existido interrupción laboral con la institución.” ; empero, ratifica la vigencia de la Resolución Rectoral ICU Nº 49/2003 respecto de la separación del reconocimiento de antigüedad en actividades de docente y administrativos; aspecto que de ninguna manera implica una innovación de la normativa anterior, pues cuando concluyen en todos los casos las relaciones laborales (docente y administrativos), de similar manera se cancelan esos beneficios sociales.

Por otra parte, en el inciso b), reconoce que servirá la antigüedad acreditada en un servicio, para continuar en otro (de docente a administrativo o viceversa), para el pago del bono de antigüedad y la indemnización; sin embargo de manera contradictoria, en el inciso c), establece que esta antigüedad no será tomado en cuenta para la regularización o ascenso de categoría establecidos en el Reglamento del Escalafón docente, así como la antigüedad y méritos docentes en el Reglamento del Personal (administrativo) de la Universidad).

Es decir, este inciso, reconoce y ratifica la diferencia de ambas funciones y que cada una tiene su propio Reglamento de Escalafón, para los funcionarios docentes y Reglamento de Personal, para los funcionarios administrativos y que por sus propias características, no pueden acumularse o fusionarse, resultando inaplicable en la práctica y por ello es que en el inciso d), se reconocen que cuando se cumplen paralelamente ambas funciones se aplicarán las normas previstas en la Res. I.C.U. Nº 049/2003 de 28 de octubre, que separó el reconocimiento de la antigüedad en la actividad de funcionarios docente, separada a la actividad de funcionarios administrativos.

Evidenciándose en conclusión, que en lugar de esclarecer la situación de esos trabajadores que tienen esa doble función, determinaron una normativa confusa e inaplicable, ratificando solo de manera clara y definitiva que esas dos actividades ciertamente son independientes y separadas en su tratamiento salarial y respecto de su antigüedad, la indemnización y otros derechos a la conclusión de cada una de esas actividades.

Consiguientemente, se concluye que si bien la Universidad en ejercicio de la Autonomía que resguarda su funcionamiento, conforme prevé el art. 92 de la CPE., puede emitir resoluciones que son obligatorias en su cumplimiento, de acuerdo a lo establecido en el art. 31 del Estatuto Orgánico de la UAGRM que la regula; empero esta norma, no puede soslayar derechos y garantías constitucionales como son los previstos en los arts. 46 y 48 de la CPE, cuya aplicación son preferentes frente a cualquier otra normativa vigente en el país, estando claramente explicado precedentemente en la doctrina, que ciertamente no está permitido cancelar de manera anticipada los beneficios sociales, cuando el funcionario continúa ejerciendo funciones, conforme prevé el art. 37 del DS Nº 21137; sin embargo, esta norma no se puede aplicar al caso presente porque se trata de una figura jurídica diferente, por haberse reconocido la doble calidad o doble relación laboral existente.

Respecto de la aplicación del DS Nº 0522 de 26 de mayo de 2010, como indica el recuso, no corresponde aplicar al caso, al tratarse la Universidad una entidad pública, mientras que esta norma, conforme prevé el art. 1, regula el pago de los quinquenios a favor de los trabajadores en el sector privado.

2.- Respecto de los fallos emitidos por el Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, e inclusive el Auto Supremo que se identifica en el escrito de recurso de apelación, los primeros constituyen criterios jurídicos que si bien pueden orientar la administración de justicia, no son vinculantes ni obligatorios para aplicar en todos los casos; mientras que respecto del aludido Auto Supremo, conforme se refiero líneas arriba, este Tribunal, estableció que constituye un Auto Supremo aislado, que pretendió cambiar la línea jurisprudencial anteriormente vigente, pero que ha sido dejada sin efecto (esa línea), cuando se emitió el Auto Supremo Nº 04 de 23 de enero de 2018, e identificó de manera clara que al existir una doble relación laboral, conforme se acreditó por la abundante prueba cursante en obrados y que también ha sido reconocida por la misma entidad demandante, correspondía el pago de los derechos y beneficios respecto de la relación laboral en la que existió la desvinculación, efectuando un tratamiento diferenciado en todos los aspectos (remuneración, horarios, liquidación y pago de beneficios sociales, etc.). Todo en resguardo del debido proceso y la seguridad jurídica, tanto de la entidad demandada, como de sus trabajadores administrativos y docentes.

Por consiguiente, constatándose que no son evidentes las infracciones legales acusadas en el recurso de casación y tampoco el error de hecho o de derecho en la apreciación de la prueba, corresponde fallar conforme determina el art. 220-II del Código Procesal Civil (CPC-2013), por la permisión contenida en el art. 252 del CPT.

POR TANTO: La Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución contenida en el numeral 1 del artículo 184 de la Constitución Política del Estado y del numeral 1 del parágrafo I del artículo 42 de la Ley del Órgano Judicial, N° 25 de 24 de junio de 2010, declara INFUNDADO el recurso de casación de fs. 315 a 322 vta., interpuesto por Juan Saucedo Velasco, en representación de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, contra el Auto de Vista Nº 20 de 16 de febrero de 2017, de fs. 275 a 2747 de obrados, emitido por la Sala Social, Contencioso Tributario y Contencioso Administrativo Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, manteniéndolo incólume.

Sin costas en todo el proceso, en aplicación de los arts. 39 de la Ley Nº 1178 y 52 del DS Nº 23215 de 22 de julio de 1992.

REGÍSTRESE, NOTIFÍQUESE Y DEVUÉLVASE.


1 AS Nº 191, de 26 de junio de 2014, emitido por esta misma Sala Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia.

2 AS Nº 399 de 25 de octubre de 2010 emitido por la Sala Social y Administrativa II de la Corte Suprema de Justicia de la Nación

3 AS Nº 04 de 23 de enero de 2018, emitido por la Sala Social y Administrativa I de este Tribunal Supremo de Justicia.