TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA

Auto Supremo Nº 478

Sucre, 21 de septiembre de 2018


Expediente                        : 354/2016-A

Demandante                : Empresa Unipersonal CORTEX S.A.

Demandado                : Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos

  Nacionales

Materia                        : Tributaria

Distrito                        : La Paz

Magistrado Relator        : Dr. Esteban Miranda Terán

VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 221 a 226 vta., interpuesto por Santos Victoriano Salgado Ticona en representación legal de la Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), contra el Auto de Vista N° 67/15 de 15 de junio de 2015 (fs. 195 a 196), pronunciado por la Sala Social y Administrativa Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; dentro del proceso Contencioso Tributario, que sigue Rosario Sainz Sanjinés en representación de la Empresa Unipersonal CORTEX S.A. contra la entidad recurrente; la respuesta al mencionado recurso de fs. 240 a 247; el Auto N° 287/2016 de 25 de julio cursante de fs. 247 que concedió el recurso; los antecedentes del proceso; el Auto Supremo Nº 308-A, por el que se admitió el recurso (fs. 254 y vta.), los antecedentes del proceso; y:

I.- ANTECEDENTES DEL PROCESO

I.1. Sentencia

Promovida la acción y tramitado el proceso Contencioso Tributario, la Juez Segundo de Partido Administrativo, Coactivo Fiscal y Tributario de La Paz, emitió la Sentencia Nº 19/2009 de 8 de diciembre (fs. 90 a 97), por la que declaró probada en parte la demanda, disponiendo se deje sin efecto la Resolución Determinativa Nº 660/2007 de 17 de diciembre, así como deja sin efecto la conducta de evasión señalada en los arts. 114 y 116 de la Ley Nº 1340 y la omisión de pago consignada en los arts. 160.3 y 165 de la Ley Nº 2492-Código Tributario boliviano (CTb) por las consideraciones legales expuestas en los incisos d), e) y f) de la Sentencia dictada.

I.1.2. Auto de Vista

Dicha Sentencia fue recurrida en apelación por la entidad demandada (SIN) (fs. 99 a 102 vta.), mereciendo el Auto de Vista N° 67/15 de 15 de junio de 2015 (fs. 195 a 196), por el cual la Sala Social y Administrativa Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, resolvió confirmar la Sentencia Nº 19/2009 de 8 de diciembre cursante de fs. 90 a 97 de obrados, sin costas.

I.1.3. Auto Supremo

El Auto de Vista citado, ameritó que la entidad demandada interponga el recurso de4 casación en el fondo de fs. 221 a 226 vta., de obrados, resuelto mediante Auto Supremo Nº 387 de 18 de noviembre de 2016, que fue dejado sin efecto por la Sentencia Constitucional Plurinacional Nº 0430/2017-S2 de 2 de mayo de 2017 cursante de fs. 303 a 322 de obrados.

I.1.4. Sentencia Constitucional Plurinacional

En cumplimiento a la referida Sentencia Constitucional Plurinacional Nº 0430/2017-S2 de 2 de mayo de 2017, que confirmó en todo la Resolución Nº 03/2017 de 9 de marzo pronunciada por la Jueza Pública Civil y Comercial Vigésima Segunda del Departamento de La Paz; y en consecuencia, concedió la tutela solicitada, disponiendo se dicte nuevo fallo observando el principio de motivación y fundamentación, por lo que, se ofició al Juzgado Segundo de Partido Administrativo, Coactivo Fiscal y Tributario de La Paz, para que remita el presente proceso Contencioso Tributario en el que se emitió el Auto Supremo Nº 387 de 18 de noviembre de 2016 (ver fs. 334 de obrados).

Una vez remitido el proceso, se emitió el Proveído de 16 de julio de 2018, que en lo principal y a objeto de dar cumplimiento a la referida Sentencia Constitucional Plurinacional, se ordenó que se proceda al sorteo de la causa, sin espera de turno (ver fs. 335 de obrados).

Por lo precedentemente relacionado y debiendo este Supremo Tribunal de Justicia emitir nueva resolución, se pasa a examinar los antecedentes del recurso de casación deducido por la Gerencia Distrital La Paz del SIN de fs. 221 a 226 vta.

II.- RECURSO DE CASACIÓN, RESPUESTA Y ADMISIÓN

II.1. Argumentos del recurso de casación:

El Auto de Vista Nº 67/15 de 15 de junio de 2015 originó que la entidad demandada, formule el recurso de casación en el fondo cursante de fs. 221 a 226 vta., que en lo esencial de su contenido señala:

1.- Denunció violación, interpretación errónea y aplicación indebida del art. 131 de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, toda vez que el Tribunal ad quem no especificó de manera concreta el alcance de la exención tributaria para los terceros; es decir, para los proveedores que suscriban contratos o convenios con las Fuerzas Armadas, la cual no es aplicable a la empresa Unipersonal CORTEX, ya que es una empresa proveedora de bienes de uso militar, por lo que debió emplearse el método de interpretación literal de la norma conforme lo establece el art. 8.I del CTB, y no efectuar interpretaciones restrictivas como tampoco extensivas, debiendo dejar claro que la exención está dispuesta únicamente a favor de las Fuerzas Armadas.

2.- Indicó que la exención tributaria solo es para las Fuerzas Armadas y no así para sus proveedores, puesto que en la relación jurídica tributaria existe dos sujetos, el activo que es el Estado con facultades establecidas en el art. 21 del CTB, y otro el pasivo que se constituye en el contribuyente con las obligaciones tributarias establecidas en los arts. 22 y 23 del CTB.

3.- Señaló que el Tribunal Ad quem al emitir el Auto de Vista recurrido, desconoció la jurisprudencia existente en casos similares, como ser los Autos Supremos Nº 387 de 15 de julio de 2013 y Nº 018/2014 de 26 de agosto, resolviendo de manera diferente a la línea jurisprudencial sentada por el Tribunal Supremo de Justicia, originando inseguridad jurídica en el tratamiento y aplicación de las normas.

4.- Acusó flagrante vulneración al principio de congruencia, toda vez que el Tribunal ad quem realizó una interpretación sesgada del memorial de Demanda Contencioso Tributaria interpuesta por la Empresa CORTEX SA, cursante de fs. 9 a 10 vta., subsanada a fs. 12, puesto que en dicha demanda no se mencionó la aplicación del art. 131 de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas de la Nación, y que recién en la Sentencia Nº 19/2009 el a quo refirió que corresponde el análisis de la aplicación de dicha normativa, por lo que no fue un argumento controvertido en la demanda, lo que demuestra evidente vicio de nulidad, al haberse fallado de manera ultra petita.

5.- Finalmente manifestó que en el Auto de Vista recurrido, existe falta de motivación, puesto que no contienen razones o elementos de juicio que permita conocer cuáles fueron los criterios jurídicos que fundamentaron la decisión asumida, vulnerando la debida fundamentación que debe contener toda resolución, conforme lo entiende la Sentencia Constitucional (SC) Nº 0043/2005-R de 14 de enero.

Petitorio

Concluyó solicitando que el Tribunal Supremo de Justicia, luego de admitir el presente recurso, case totalmente el Auto de Vista Nº 67/15 de 15 de junio de 2015.

II.2. Contestación al recurso:

El mencionado recurso de casación, generó que la parte demandante responda al mismo señalando:

Que el recurso de casación es improcedente por no cumplir los requisitos establecidos en el art. 274.I.2 del Código Procesal Civil (CPC-2013), puesto que se debe citar en términos claros y precisos, la ley o las leyes que habrían sido infringidas, violadas o aplicadas indebidamente o erróneamente interpretadas, especificando en que consiste esa infracción, la violación, falsedad o error, ya sea en el fondo o en la forma o ambos, situación que no se hizo en el presente recurso, por lo que corresponde que se declare improcedente el mismo.

Indicó que corresponde declarar infundado el recurso de casación, puesto que la exención es una dispensa de la obligación tributaria establecida expresamente por Ley, y consagra el principio de legalidad, así como señalan los arts. 4 de la Ley Nº 1340 y 6.I.3 del CTB, por lo que la exención para la adquisición de bienes de uso militar y material bélico de las Fuerzas Armadas cumple con estos artículos que consagran el principio de legalidad al ser otorgadas mediante la Ley Nº 1405 de 30 de diciembre de 1992, que en su art. 131 señala la exención que alcanza a todos los bienes destinados para uso militar y material bélico y no establece límites ni distinciones de ninguna naturaleza.

Refirió que la exención debe contener los requisitos y condiciones establecidas en los arts. 62, 63, 64 y 65 de la Ley Nº 1340, 19 y 20 del CTB, por lo que de acuerdo a lo establecido por el art. 131 de la Ley Nº 1405, corresponde la exención, la cual está vigente desde la fecha de la promulgación de dicha Ley de las Fuerzas Armadas de la Nación y se refiere concretamente a los contratos y convenios relativos a la adquisición de bienes de uso militar y material bélico de las Fuerzas Armadas, ya sean fiscales, aduaneros o municipales.

Concluyó solicitando al Tribunal Supremo de Justicia, que declare improcedente y/o infundado el recurso de casación interpuesto por la Gerencia Distrital de La Paz I del SIN que cursa de fs. 221 a 226 vta., puesto que en el Auto de Vista Nº 67/2015 de 15 de junio, se evidenció la exacta, justa, correcta y legal aplicación de la Ley de acuerdo a los datos del proceso.

II.3. Admisión:

Mediante Auto Supremo Nº 308-A de 22 de septiembre de 2016 cursante a fs. 254 y vta., la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia resolvió admitir el recurso de casación en el fondo de fs. 221 a 226 vta.

III.1 FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

Que, así expuestos los fundamentos del recurso de casación en el fondo de fs. 221 a 226 vta., para su Resolución corresponde realizar las siguientes consideraciones:

Doctrina aplicable al caso:

La normativa tributaria define la existencia de dos sujetos de la relación jurídica tributaria, por una parte el Sujeto Activo en cual se constituye el Estado, con facultades de recaudación, control, verificación, valoración, y otras, ejercidas por la Administración Tributaria (AT) Nacional, Departamental y Municipal, dispuestas por el art. 21 del CTB, y de otra parte se tiene al Sujeto Pasivo en que se constituye el contribuyente o sustituto del mismo, respecto del cual se verifica el hecho generador de la obligación tributaria, y que está obligado a cumplir las obligaciones tributarias establecidas por la normativa de la materia, todo conforme los arts. 22 y 23 del CTb.

Así comprendida la relación jurídica tributaria, debemos referirnos a la Ley Nº 843, en cuanto regula los conceptos del Impuesto al Valor Agregado (IVA), Impuesto a las Transacciones (IT) y el Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE), determinados por la AT para el caso concreto por el periodo de abril de 2003, octubre, noviembre y diciembre de 2003, enero, febrero y marzo de 2004, y su incidencia de las gestiones 2003 y 2004 sobre el IUE, estableciendo el art. 3 de la normativa referida - para el IVA -, que dice: “Son sujetos pasivos del impuesto quienes: a) En forma habitual se dediquen a la venta de bienes muebles…() Adquirido el carácter de sujeto pasivo del impuesto, serán objeto del gravamen todas las ventas de bienes muebles relacionadas con la actividad determinante de la condición de sujeto pasivo, cualquiera fuere el carácter, la naturaleza o el uso de dichos bienes”; así también el art. 14 de la misma norma señala las exenciones de este impuesto, y el art. 72 de la misma norma mencionada refiriéndose al IT -, expresa: “El ejercicio en el territorio nacional, del comercio, industria, profesión, oficio, negocio, alquiler de bienes, obras y servicios o de cualquier otra actividad lucrativa o no cualquiera sea la naturaleza del sujeto que la preste, estará alcanzado con el impuesto que crea este Título, que se denominará Impuesto a las Transacciones, en las condiciones que se determinan en los artículos siguientes…”; señalando el art. 76 del mismo cuerpo legal anotado, los casos en los cuales se está exento del pago de este gravamen.

En ese sentido a los fines impositivos, corresponde analizar los establecido por el art. 131 de la Ley Nº 1405, que a la letra señala: “Por razones de Seguridad y Defensa Nacional, los contratos o convenios relativos a la adquisición de bienes de uso militar y material bélico de las Fuerzas Armadas están exentos del pago de todo impuesto o tributo, ya sean fiscales, aduaneros o municipales”.

Respecto a las exenciones, se hace necesario señalar que para la doctrina tributaria la exención “es la situación jurídica en cuya virtud el hecho o acto resulta afectado por el tributo en forma abstracta, pero se dispensa de pagarlo por disposición especial. Vale decir que a su respecto, se produce el hecho generador, pero el legislador, sea por motivos relacionados con la apreciación de la capacidad económica del contribuyente, sea por consideraciones extrafiscales, establece la no exigibilidad de la deuda tributaria o, como dice Gomes de Sousa, resuelve dispensar del pago de un tributo debido”.

En ese sentido, el art. 19 del CTB señala: “(Exención, Condiciones, Requisitos y Plazo). I. Exención es la dispensa de la obligación tributaria material; establecida expresamente por Ley. II. La Ley que establezca exenciones, deberá especificar las condiciones y requisitos exigidos para su procedencia, los tributos que comprende, si es total o parcial y en su caso, el plazo de su duración. Artículo 20 (Vigencia e Inafectabilidad de Las Exenciones) I. Cuando la Ley disponga expresamente que las exenciones deban ser formalizadas ante la Administración correspondiente, las exenciones tendrán vigencia a partir de su formalización. II. La exención no se extiende a los tributos instituidos con posterioridad a su establecimiento. III. La exención, con plazo indeterminado aun cuando fuera otorgada en función de ciertas condiciones de hecho, puede ser derogada o modificada por ley posterior. IV. Cuando la exención esté sujeta a plazo de duración determinado, la modificación o derogación de la Ley que la establezca no alcanzará a los sujetos que la hubieran formalizado o se hubieran acogido a la exención, quienes gozarán del beneficio hasta la extinción de su plazo”. En similar sentido se tenían también los arts. 4, 62 y 63 de la Ley Nº 1340 de 28 de mayo de 1992 (las negrillas son añadidas).

Fundamentos del caso concreto:

Previamente resulta preciso señalar que, de acuerdo a los reclamos debidamente identificados y enumerados del recurso de casación interpuesto; se evidencia que, los agravios 1 y 2 se relacionan entre sí, puesto que, se refieren a establecer si la exención tributaria dispuesta en el art. 131 de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas de la Nación, es aplicable o no a la empresa CORTEX SA porque la exención tributaria solo sería para las Fuerzas Armadas y no así para sus proveedores; por lo que, se resolverán de manera conjunta dichos reclamos, sin que ello amerite una vulneración al principio de congruencia, falta de motivación o fundamentación del presente fallo, resolviéndolos de la siguiente manera:

A los reclamos 1 y 2 de su recurso de casación; cabe señalar que, de una revisión de los antecedentes del proceso, se evidencia que el 17 de abril de 2003, el Ministro de la cartera de Defensa Nacional suscribe la Minuta de Contrato por Excepción de Provisión de Bienes DGAJ N° 050/2003 de 17 de abril para la provisión de indumentaria para la tropa e II.MM. de las Fuerzas Armadas de la Nación, por parte de la empresa CORTEX, conforme lo establecido por el art. 61.c) del Decreto Supremo (DS) Nº 25964, tomando en cuenta la urgencia y necesidad de realizar esa dotación al Ejercito Nacional (ver fs. 388 a 396 del Anexo 2 de Antecedentes Administrativos).

Asimismo, el mencionado Contrato por Excepción de Provisión de Bienes DGAJ N° 050/2003 contempla en su cláusula Décima Tercera (Estipulaciones sobre Impuestos), la cual señala: “El PROVEEDOR se sujetará a la reglamentación del art. 131 de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas de la Nación…” (Ver fs. 390 del Anexo 2 de los antecedentes administrativos).

En ese sentido, resulta pertinente observar que, la Minuta de Contrato por Excepción de Provisión de Bienes DGAJ N° 050/2003 de provisión de indumentaria para la tropa e II.MM. de las Fuerzas Armadas de la Nación, se adscribe a un contrato modelo de adhesión, documento labrado sobre un modelo de contratación redactado únicamente por una de las partes que lo suscriben, de manera tal que la otra parte sólo puede aceptar o rechazar el contrato en su totalidad. En el caso de los modelos de contratos de adhesión que rigen en la Administración Pública Nacional, estos modelos son proporcionados por el Sistema de Contrataciones Estatales SICOES, entidad que proporciona los modelos de la contratación conjuntamente con los Documentos Base de Contratación (DBC) de la contratación específica; hecho que muestra que en el caso de autos, el sujeto pasivo estaba compelido a suscribir el contrato de adhesión de acuerdo a las condiciones estipuladas por el Estado (Ministerio de Defensa Nacional), entidad estatal que condicionó en la provisión de los bienes el cumplimiento y observación de exención prevista por el art. 131 de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas de la Nación Ley N°1405, hecho que fue aceptado por el proveedor en el entendido que dicha exención estaba establecida por Ley conforme las previsiones de reserva de la ley previstas por el art. 4.2 de la Ley N° 1340 vigente el momento de la suscripción del contrato y el art. 6.3 de la Ley Nº 2492 que ratificó las previsiones de legalidad y reserva de la ley de la figura jurídica de exención.

Así configuradas las condiciones contractuales exigidas y condicionadas por el comprador (Ministerio de Defensa, como parte del Poder Ejecutivo y este como parte del Estado) en la Contratación por Excepción N° 050/2003, corresponde analizar el contenido de las estipulaciones de la cláusula contractual Décima Tercera referentes a la exigencia de cumplimiento del art. 131 de la Ley Nº 1405 (Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas de la Nación) de 30 de diciembre de 1992, que establece: “Por razones de Seguridad y Defensa Nacional, los contratos o convenios relativos a la adquisición de bienes de uso militar y material bélico de las Fuerzas Armadas están exentos del pago de todo impuesto o tributo, ya sean fiscales, aduaneros o municipales”;(el resaltado es añadido).

Por lo anteriormente expuesto, corresponde efectuar una interpretación de la indicada norma, con el fin de resolver los puntos 1 y 2 del recurso de casación interpuesto y acudiendo para ello a los criterios de interpretación utilizados previstos por el art. 8.I de la Ley Nº 2492, que establece:” (…) En exenciones las normas tributarias serán interpretadas de acuerdo al método literal”; cabe señalar que, en ese entendimiento, el patrón de interpretación de la norma indicada debe estar basada en el tenor literal de la misma, en consecuencia analizando los términos de la indicada disposición legal, se advierte que la misma contiene mecanismos para la exención tributaria específica, señalando como razón esencial “la Seguridad y Defensa Nacional”, señalando que en los contratos o convenios suscritos que estén relacionados a la adquisición de bienes de uso militar y material bélico para las Fuerzas Armadas, están exentos del pago de todo impuesto o tributo fiscal, entre otros, concibiéndose que esta disposición legal de exención tributaria, solo resulta aplicable en los casos en los cuales la adquisición de bienes de uso militar y material bélico sean producto de contratos o convenios, contexto fáctico que en la especie se adecúa a las exigencias del principio de legalidad y reserva de la ley para la validez de una exención prevista por el art. 4.2 de la Ley N° 1340 y art. 6.3 de la Ley Nº 2492.

Debe entenderse que si bien la exigencia de la ley beneficia solamente a las compras y adquisiciones de bienes de uso militar y material bélico en beneficio de las Fuerzas Armadas de la Nación, este acápite legal no debe interpretarse erradamente, como lo entiende en su lógica la Administración Tributaria en sentido que la exención alcanza solamente al Ministerio de Defensa Nacional y no al proveedor, por cuanto, según tal criterio, las Fuerzas Armadas solo podría beneficiarse de la exención cuando sean productores o intermediarios de algún bien de uso militar y material bélico que puedan lanzar a la venta en el mercado, es decir asumir la posición de sujeto pasivo de la obligación tributaria, hipótesis que en los hechos no se ha configurado en el presente caso de autos, toda vez que los objetivos y función de las Fuerzas Armadas es otra y no precisamente la de productora o intermediaria de bienes de uso militar y material bélico.

Asimismo, resulta menester considerar que, la propia cláusula Décima Tercera de la Minuta del Contrato por Excepción de Provisión de Bienes DGAJ N° 050/2003 ya descrita ut supra, establece expresamente respecto a las condiciones sobre impuestos, que el proveedor CORTEX SA se sujete a la reglamentación del art. 131 de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas de la Nación (ver fs. 390 del Anexo 2); por lo que, de acuerdo al contrato suscrito es que remite al proveedor a lo establecido en el artículo citado; además que, contrario a la posición de la Administración Tributaria en relación al art. 131 de la Ley Nº 1405, y en el campo de la objetividad y la realidad, la exención solo podría ser consumada en aquel momento en el cual sean las propias Fuerzas Armadas o el Estado quien adquiera esos bienes o materiales de terceros (Proveedores) a favor de las FF.AA., pues resulta insostenible la figura de ser las propias Fuerzas Armadas (sujeto pasivo de la relación) quien sea la proveedora y compradora de los bienes a sí misma, para recién en ese caso producirse la exención, toda vez que los objetivos y función de las Fuerzas Armadas es otra como ya se explicó. Mostrándose de esa forma que, el espíritu de la exención es otra y solo podrá efectivizarse en la relación de adquiriente de las Fuerzas Armadas u otro ente estatal a su favor, por la adquisición a un tercero, resultando en cada uno de los casos beneficiario de la exención las Fuerzas Armadas, siendo imperativo aclarar que esta prerrogativa no beneficia al proveedor (vendedor), como erradamente lo interpreta la AT; toda vez que el IVA es un impuesto que es asumido en su pago siempre y en todos los casos por el comprador, siendo el vendedor (Proveedor), en su caso, simple agente de retención del impuesto.

Consiguientemente, como bien concluye el Tribunal de apelación, la exención tributaria dispuesta en el art. 131 de la Ley Nº 1405 de 30 de diciembre de 1992 cumple con el requisito de legalidad que establece el art. 6 del CTb y se ajusta a derecho; asimismo, dicha exención tributaria alcanza a toda obligación tributaria que tenga origen en contratos y convenios relativos a la adquisición de bienes de uso militar y material bélico de las Fuerzas Armadas de la Nación, por lo que no se advierte que el Tribunal de apelación, haya incurrido en violación de la normativa acusada (las negrillas son añadidas).

Asimismo, corresponde referir que el IVA es un tributo que se cobra y se aplica a las ventas de bienes muebles situados o colocados en el territorio del país; los contratos de obras, de prestación de servicios y toda otra prestación, cualquiera fuere su naturaleza, realizadas en el territorio; y las importaciones definitivas. De acuerdo con la Ley Nº 843, son sujetos pasivos del impuesto quienes: en forma habitual se dediquen a la venta de bienes muebles; realicen en nombre propio pero por cuenta de terceros venta de bienes muebles; realicen a nombre propio importaciones definitivas; realicen obras o presten servicios o efectúen prestaciones de cualquier naturaleza; alquilen bienes muebles y/o inmuebles; realicen operaciones de arrendamiento financiero con bienes muebles, estas condicionantes no han sido aplicadas por CORTEX SA como sujeto pasivo del impuesto, en el caso concreto de autos.

En el marco del contexto señalado precedentemente y habiendo quedado expuesto que las Fuerzas Armadas se hallan exentas del pago de todo de tipo de tributo en las compras y adquisiciones de bienes de uso militar y material bélico, conforme lo señala el art. 131 de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, exención en la cual se amparó en la compra de uniformes para la tropa, exención válida y vigente que a la fecha no ha sido abrogada o derogada, norma que aplicó en la compra realizada al proveedor CORTEX SA, alcanzando dicha exención también a la empresa ahora demandante.

Respecto al punto 3 de su recurso de casación, respecto al supuesto desconocimiento de la jurisprudencia existente en casos similares; cabe señalar que, el entendimiento asumido en el Auto Supremo Nº 387/2013 de 15 de julio de 2013 constituye precedente aislado, toda vez que el mismo fue superado posteriormente mediante el Auto Supremo N° 83 de 10 de marzo de 2016 emitido por la Sala Contenciosa y Contenciosa Adm., Social y Adm. Primera de este Tribunal Supremo de Justicia, y en tanto que el Auto Supremo N° 18/2014 de 26 de agosto fue dejado sin efecto mediante el Auto de Amparo Constitucional Nº SCCFI-384/2015 de 25 de julio; por lo que no resulta evidente el supuesto desconocimiento de la jurisprudencia como erradamente alega la entidad recurrente.

En cuanto al punto 4, referido a la vulneración al principio de congruencia porque en la demanda de fs. 9 a 10 vta., subsanada a fs. 12 no se mencionó la aplicación del art. 131 de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas de la Nación por lo que se emitió un fallo ultra petita; cabe señalar que, de una revisión del recurso de apelación de fs. 99 a 102 vta., de obrados interpuesto por la Gerencia Distrital La Paz del SIN, entre los agravios del mismo; se advierte que, reclamaban: “La sentencia emitida viola flagrantemente lo establecido en los artículos 4, 12 de la Ley Nº 843, artículos 12 del Decreto Supremo 21530; la Sentencia No. 19/2009, emitida por la Juez a quo interpreta erróneamente lo establecido en el art. 131 de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas; la Sentencia emitida no ha observado la cláusula vigésima primera de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, se encuentra acorde a lo determinado por la Ley No. 843; la juez a quo en la Sentencia No. 19/2009 interpreta erróneamente lo establecido en el artículo 14 de la Ley No. 843; y de la presunción de la licitud y buena fe de los actos de los servidores públicos” (sic) (ver fs. 99 vta., a 101 vta.); por lo que, claramente se evidencia que el Tribunal Ad quem al momento de emitir el Auto de Vista recurrido Nº 67/15 de 15 de junio de 2015, dio estricto cumplimiento a sus facultades establecidas en el art. 265 del CPC-2013, específicamente al parágrafo I, que indica: “El auto de vista deberá circunscribirse a los puntos resueltos por el inferior y que hubieran sido objeto de apelación y fundamentación” (sic); por consiguiente, se tiene que al no haber sido reclamado este aspecto, tampoco fue discutido por el Tribunal de Alzada, puesto que, contempló y resolvió solo los agravios expuestos por el SIN distrital La Paz en su recurso de apelación conforme el citado art. 265 del CPC-2013, imposibilitando a este Tribunal de ejercer control de legalidad sobre el referido reclamo, en atención a los principios de congruencia y pertinencia, toda vez que la instancia de Alzada no se ha pronunciado sobre este aspecto ahora reclamado por la entidad recurrente como ya se explicó porque no fue impugnado a través del recurso de alzada (ver fs. 99 a 102 vta.); por lo que, se evidencia que el proceso se desarrolló sin vicios de nulidad y el Auto de Vista recurrido fue emitido conforme el citado art. 265 del Adjetivo Civil, no siendo evidente este agravio de la parte recurrente.

Por último, respecto al punto 5 de su recurso de casación, referido a la falta de motivación y fundamentación que debe contener toda resolución; cabe señalar que, si bien el Auto de Vista Nº 67/15 de 15 de junio de 2015 de fs. 195 a 196 de obrados no contiene una ampulosa argumentación; sin embargo, se resolvieron todos los agravios establecidos en el recurso de apelación, en términos claros, positivos y precisos, resueltos por el inferior y que fueron objeto de apelación y fundamentación, advirtiéndose con claridad que el proceso se desarrolló sin vicios de nulidad, ni vulneración alguna de las partes, en el marco del debido proceso y que los intereses de las partes han sido debidamente sustanciados, por cuanto, al momento de dictarse el Auto de Vista recurrido, se otorgaron a las mismas, la tutela judicial efectiva, cumpliéndose con los requisitos previstos en los arts. 213, 218 del CPC-2013 y con el cumplimiento y pertinencia prevista en los arts. 5 y 265 del citado Código Adjetivo Civil, pronunciándose respecto al recurso de apelación con la debida fundamentación y motivación suficiente, respecto a los agravios establecidos en la apelación interpuesta; resolviendo confirmar la Sentencia Nº 19/2009 de 8 de diciembre de 2009 de fs. 90 a 97 de obrados, conforme a la ley y dando estricto cumplimiento a las normas procesales en el presente caso; consiguientemente, no resulta cierto este agravio realizado por la parte recurrente (las negrillas son añadidas).

IV. Conclusiones

Que, por todo lo anteriormente expuesto y en el marco legal descrito; se concluye que, el Tribunal de Alzada no incurrió en errónea aplicación de normas acusadas de infracción, al confirmar la Sentencia de primera instancia, por lo que corresponde aplicar el art. 220.II del CPC-2013, con la facultad permisiva de los arts. 214 y 297 de la Ley Nº 1340 de 28 de mayo de 1992, Procedimiento Contencioso Tributario, vigente en virtud de la Sentencia Constitucional Nº 76/2004 de 16 de julio de 2004.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida en el art. 184.1 de la Constitución Política del Estado y el art. 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial, declara INFUNDADO el recurso de casación de fs. 221 a 226 vta., interpuesto por Santos Victoriano Salgado Ticona en representación legal de la Gerencia Distrital La Paz I del SIN, contra el Auto de Vista N° 67/15 de 15 de junio de 2015 (fs. 195 a 196), pronunciado por la Sala Social y Administrativa Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; dentro del proceso Contencioso Tributario.

Sin costas ni costos en aplicación de los art. 39 de la Ley Nº 1178 de 20 de julio de 1990 (SAFCO) y 52 del DS Nº 23215 de 22 de julio de 1992.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.