TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA, CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA

Auto Supremo Nº 408

Sucre, 13 de agosto de 2018

Expediente:                227/2018-CA

Demandante:                Judith Arancibia Caba y Rubén Gutiérrez Marca

Demandado:        Tribunal Disciplinario Superior de la Policía Boliviana

Proceso:                        Contencioso Administrativo

Magistrada Relatora:        Dra. María Cristina Diaz Sosa

VISTOS: La demanda contenciosa administrativa cursante de fs. 74 a 81, interpuesto por Judith Arancibia Caba y Rubén Gutiérrez Marca, impugnando los decretos de 24 de octubre de 2017 emitido por el Presidente del Tribunal Disciplinario Superior de la Policía Boliviana de fs. 63 que deja sin efecto la Resolución Nº 185/2016 de 15 de septiembre de 2016 y el Decreto de 1 de junio de 2018 de fs. 69, los antecedentes del proceso; y:

I. ANTECEDENTES DE LA DEMANDA:

En la demanda, los actores alegan que durante el proceso disciplinario interpuesto en su contra, se emitió la Resolución Nº 024/2015, donde se les sanciona por la supuesta comisión de la falta prevista en el art. 14 inc. 8) de la Ley 101, la misma que fue recurrida de apelación y confirmada por la Resolución Nº 126/2015 de 6 de octubre de 2015.

Contra dicha resolución, los demandantes interpusieron Acción de Amparo Constitucional resuelta por el Juez de Familia Nº 1 constituido en Juez de Garantías mediante Auto JPF1 Nº 002/2016, que le concedió la tutela y dispuso que por insuficiente motivación se deje sin efecto la Resolución Nº 126/2015; en consecuencia, el Tribunal Disciplinario Superior de la Policía Boliviana, dando cumplimiento al mismo emitió la Resolución Nº 185/2016 y dispuso revocar la resolución de primera instancia emitida por el Tribunal Disciplinario Departamental de Chuquisaca.

Remitido el auto constitucional en revisión al Tribunal Constitucional Plurinacional, el mismo fue revocado mediante Sentencia Constitucional Nº 0976/2016, y dispuso negar la tutela solicitada por los demandantes.

En mérito a la Sentencia Constitucional Nº 0976/2016, el Presidente del Tribunal Disciplinario Superior de la Policía Boliviana, mediante decreto de 24 de octubre de 2017, dejó sin efecto la Resolución Nº 185/2016 de 15 de septiembre de 2016, el que fue recurrido de apelación por los actores y rechazado mediante Decreto de 1 de junio de 2018 de fs. 69.

II.- FUNDAMENTOS DEL CASO CONCRETO:

En ese contexto, analizando los fundamentos de la demanda, corresponde puntualizar que la Ley 2027 en su art. 3 señala que su ámbito de aplicación para “Los Servidores Públicos dependientes de las  Fuerzas Armadas, Policía Nacional, servicio de Salud Pública y seguridad Social, estarán solamente sujetos al Capítulo III del Título II y al Título V del presente Estatuto”.

Por otra parte, la Ley de Procedimiento Administrativo (LPA) Nº 2341, en su art. 1, inc. c) (Objeto de la Ley), regula la impugnación de actuaciones administrativas que afecten derechos subjetivos o intereses legítimos de los administrados, disponiendo en su art. 3, parágrafo II, que se excluye expresamente del ámbito de su aplicación a “…Los procedimientos internos militares y de policía que se exceptúen por ley expresa.”.

La Ley Nº 101, tiene por objeto regular el Régimen disciplinario de la Policía Boliviana, estableciendo las faltas y sanciones, las autoridades competentes y los respectivos procedimientos, garantizando un proceso disciplinario eficiente, eficaz y respetuoso de los derechos humanos, en resguardo de la dignidad de las servidoras y los servidores públicos policiales; es decir dicha Ley consigna las normas específicas que regulan la sustanciación de los procesos administrativos disciplinarios para la determinación de la responsabilidad y establecen su forma de conclusión.

El art. 122 de la Constitución Política del Estado (CPE), dispone que, son nulos los actos de las personas que usurpen funciones que no les competen, así como los actos de las que ejercen jurisdicción o potestad que no emane de la ley.

En el contexto de dicha prohibición, el art. 778 del CPC-1975, determina la procedencia del proceso contencioso administrativo exigiendo la existencia previa de oposición entre el interés público y el privado y cuando la persona que creyere lesionado o perjudicado su derecho privado, hubiere acudido previamente ante el Órgano Ejecutivo reclamando expresamente del acto administrativo y agotando ante ese Poder todos los recursos de revisión, modificación o revocatoria de la resolución que le hubiere afectado.

De lo referido se evidencia que la demanda promovida por los actores es errónea por la vía contenciosa administrativa, al pretender que el Órgano Jurisdiccional se aparte de los arts. 778 del CPC-1975 y art. 3, parágrafo II de la LPA, normas que son de orden público y cumplimiento obligatorio, por consiguiente no se encuentran libradas a la voluntad de las partes.

Estos aspectos legales inhiben a este Tribunal ingresar a revisar el fondo de la demanda y emitir un fallo, deviniendo en su inadmisibilidad.

POR TANTO: La Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, en cumplimiento del art. 780 del CPC-1975 y con la facultad otorgada por el art. 2-2) de la Ley Nº 620 de 29 de diciembre de 2014, dispone el RECHAZO de la demanda contenciosa administrativa cursante de fs. 74 a 81, interpuesta por Judith Arancibia Caba y Rubén Gutiérrez Marca, por inadmisible.

Regístrese, notifíquese y cúmplase.