TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA

Auto Supremo Nº 396

Sucre, 27 de julio de 2018


Expediente                        : 263/2018

Demandante                : Carmen Leticia Mayser Vda. de Martínez

Demandado                : Servicio Nacional del Sistema de Reparto

Distrito                        : Santa Cruz

Materia                         : Reclamación de Pensiones

Magistrada Relatora     : María Cristina Díaz Sosa

VISTOS: El recurso de casación en el fondo y en la forma de fs. 138 a 142, interpuesto por Olga Duran Uribe y Abelardo Dirk Ribera Rivero, en representación legal del Servicio Nacional del Sistema de Reparto (SENASIR), contra el Auto de Vista de 2 de abril de 2018, cursante de fs. 135 a 136, pronunciado por la Sala Primera en materia de Trabajo y Seguridad Social del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del trámite de reclamación de pensiones seguido por Carmen Leticia Mayser Vda. de Martínez contra el SENASIR, el Auto de fs. 185 que concedió el recurso, el Auto Supremo de fs. 193, que admitió la casación, los antecedentes del proceso, y,

I. ANTECEDENTES DEL PROCESO.

Resolución de la Comisión Nacional de Prestaciones del SENASIR.

Mediante Resolución Nº 0000571 de 10 de febrero de 2017 de fs. 60 a 62 de obrados, la Comisión Nacional de Prestaciones del SENASIR, resolvió la suspensión definitiva de la renta única de viudedad otorgada a favor de la Sra. Carmen Leticia Mayser Roca, y por la Unidad Jurídica se proceda a la recuperación de lo indebidamente cobrado por la beneficiaria.

Resolución de la Comisión de Reclamación del SENASIR.

El solicitante interpuso el recurso de reclamación cursante a fs. 76 a 79 de obrados, resuelto por la Comisión de Reclamación del SENASIR, mediante Resolución Nº 697/17 de 28 de noviembre, cursante de fs. 95 a 100, que confirmó en parte la Resolución Nº 0000571 de 10 de febrero de 2017 de fs. 60 a 62, debiendo fijarse el monto indebidamente cobrado de Renta de Viudedad, por la Sra. Carmen Leticia Mayser Roca, en el monto de Bs. 33.323,48.

Auto de Vista.

En grado de apelación interpuesta por Carmen Leticia Mayser Roca, por Auto de Vista de 2 de abril de 2018, cursante de fs. 135 a 136, pronunciado por la Sala Primera en materia de Trabajo y Seguridad Social del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, se revocó en parte la Resolución Nº 0000571 de 10 de febrero de 2017 emitida por la Comisión Nacional de Prestaciones y Revoca en parte la Resolución Nº 697/17 de 28 de noviembre, y deliberando en el fondo con los fundamentos de hecho y de derecho legales expuestos en fundamento del presente fallo deja sin efecto la recuperación de lo cobrado por la Sra. Carmen Leticia Mayser Roca vda. de Martínez, en su calidad de viuda de José Martínez Millares. Sin costas.

II. ARGUMENTOS DEL RECURSO DE CASACIÓN.

Contra el Auto de Vista el SENASIR formuló recurso de casación, en el que acusó:

En la forma; el SENASIR señala que el auto de vista impugnado de manera flagrante no realizó un análisis de hecho y de derecho, que luego en aplicación de la sana crítica y valoración correspondiente dieran paso a la fundamentación de la decisión judicial, siendo la misma muy escueta al no señalar la normativa especial aplicable, omitiendo considerar el procedimiento que se debe seguir cuando se trata de nuevas nupcias, plasmados en el art. 106 del RCSS, el DS 27066 de 6 de junio de 2003 art. 5, y la RM 171/07 de 30 de abril de 2007, donde se señala las causales de suspensión de rentas de derecho habientes.

Por otra parte, señala que jamás estuvo en duda la renta de viudedad que se le otorgó a la apelante, siendo el motivo de suspensión definitiva de la renta de viudedad, que son las nuevas nupcias por lo que no le correspondía renta alguna, sin embargo, un año y algo más de haber dejado su condición de viuda siguió cobrando la renta, siendo este cobro indebido, y bajo el argumento de que dicho cobro seria una de sus anualidades pretende que el SENASIR le deba dos anualidades más, cuando esto solo procede si das aviso a la institución de la intención de dejar su condición de viuda, cosa que no hizo y se auto infringió en perjuicio.

Asimismo, señala que el Tribunal ad quem debió identificar y fundamentar si el SENASIR consideró en forma errónea la normativa e identificar con claridad que norma fue mal aplicada, existiendo falta de motivación que es requisito sine qua non, no pudiendo el juez o tribunal reemplazar la fundamentación por la relación de antecedentes, sino una adecuación de los hechos a la norma jurídica, lo que no ocurrió toda vez que el auto de vista no realiza una debida fundamentación basada en normas legales como la Declaración Universal de Derechos Humanos y los pronunciamientos de la OIT, olvidando o pretendiendo olvidar que en el estado plurinacional de Bolivia, las leyes especiales son de aplicación preferente, que la sola valoración de este elemento probatorio debió ser suficiente, para que se deniegue la apelación y adecuar su solicitud a la norma especial; señalando que la parte resolutiva debió expresar decisiones claras, positivas y precisas sobre la demanda, por lo que se vulneró los arts. 213.II, 265 y 5 del Código Procesal Civil.

En el fondo; manifiesta que existió errónea aplicación de la Ley general sobre la Ley especial, toda vez que en ningún momento se puso en tela de juicio si a Carmen Leticia Mayser le correspondía o no la renta de viudedad, si no el cobro indebido de la renta por más de un año, cuando ya había dejado de ser viuda, vulnerándose los arts. 106 del RCSS, el DS 27066 de 6 de junio de 2003 y RM 171/07 de 30 de abril.

Concluyó solicitando se conceda el recurso de casación en la forma declarando la nulidad expresa del Auto de Vista impugnado y se dicte uno nuevo, sin perjuicio de que se conceda el recurso en el fondo  y se confirme la Resolución de la Comisión de Reclamación Nº 697/17 de 28 de noviembre.

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS, LEGALES Y JURISPRUDENCIALES

En consideración de los argumentos expuestos por la entidad recurrente, de acuerdo a la problemática planteada, se realiza una interpretación desde la Constitución Política del Estado, el bloque de constitucionalidad y las normas ordinarias aplicables al caso concreto; en ese marco caben las siguientes consideraciones de orden legal:

De la progresividad del derecho a la Seguridad Social:

El art. 13.I de la CPE, establece que los derechos reconocidos por la Constitución son inviolables, universales, interdependientes indivisibles y progresivos. El Estado tiene el deber de promoverlos, protegerlos y respetarlos; normativa en concordancia con lo establecido en el art. 109.I de la suprema norma citada que refiere: “Todos los derechos reconocidos en la Constitución son directamente aplicables y gozan de iguales garantías para su protección".

En ese contexto, el art. 45 de la Constitución Política del Estado (CPE), establece I. Todas las bolivianas y los bolivianos tienen derecho a acceder a la seguridad social. II. La seguridad social se presta bajo los principios de universalidad, integralidad, equidad, solidaridad, unidad de gestión, economía, oportunidad, interculturalidad y eficacia. Su dirección y administración corresponde al Estado, con control y participación social. III. El régimen de seguridad social cubre atención por enfermedad, epidemias y enfermedades catastróficas; maternidad y paternidad; riesgos profesionales, laborales y riesgos por labores de campo; discapacidad y necesidades especiales; desempleo y pérdida de empleo; orfandad, invalidez, viudez, vejez y muerte; vivienda, asignaciones familiares y otras previsiones sociales. IV. El Estado garantiza el derecho a la jubilación, con carácter universal, solidario y equitativo...”.

Por otra parte, la renta de viudez se encuentran inserto como derecho a la seguridad social en el art. 25.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH), que establece: “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez, u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad…” .

El art. 22 de la DUDH, “toda persona como miembro de la sociedad tiene derecho a la seguridad social…”, es decir, que se sustenta el principio de universalidad, cuya protección debe llegar a todos los miembros de la colectividad, principio que rige en Bolivia mediante su reconocimiento bajo el art. 45.II de la CPE.

También el art. 2.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), indica que: “Cada uno de los Estados parte en el Pacto se compromete a adoptar medidas para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos", y en el art. 9 del mismo Pacto, establece que: “Los Estados Parte en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a la seguridad social, incluso al seguro social”.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), señaló la obligación de los Estados para proteger y promover los derechos sociales: “Los Estados miembros deberán adoptar todas las medidas necesarias para garantizar que la observancia de los derechos económicos, sociales y culturales no sea disminuida en ningún aspecto con el transcurso del tiempo” (CIDH, Informe sobre Colombia 1993).

De lo citado precedentemente se advierte que el derecho a la renta de viudez, como elemento de los derechos a la seguridad social, tiene un contenido propio, cual es el de garantizar a las personas recursos necesarios para subsistir de modo compatible con su dignidad humana intrínseca, preservando la seguridad jurídica, los derechos adquiridos, así como la protección adicional que requieren las personas que acceden a ese beneficio y que al ser convenios internacionales son de aplicación plena por el Estado Boliviano.

Del principio de verdad material:

De igual manera, debe tomarse en cuenta que conforme el art. 180.I de la CPE, la jurisdicción ordinaria encuentra como fundamento a la verdad material, principio procesal que además se encuentra estipulado en el art. 30.11 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), por el cual, se obliga a las autoridades a fundamentar sus resoluciones con la prueba relativa sólo a los hechos y circunstancias, de la forma como ocurrieron y en estricto cumplimiento de las garantías procesales, es decir que se debe dar prevalencia a la verdad, a la realidad de los hechos, a la verdad pura, antes de subsumir el accionar jurisdiccional en ritualismos procesales que no conducen a la correcta aplicación de la justicia. La SCP Nº 1463/2013 de 22 de agosto señala:“En ese contexto, la jurisprudencia constitucional ha señalado: El principio de seguridad jurídica refuerza esta idea, al garantizarle al ciudadano que la actividad judicial procurará, en todo caso y por encima de toda consideración, garantizar la efectiva protección de sus derechos constitucionales y legales accediendo a una justicia material o verdaderamente eficaz no una aplicación formal y mecánica de la ley, por el contrario, lograr que las consecuencias mismas de una decisión judicial debe significar una efectiva materialización de los principios, valores y derechos constitucionales… (Sentencia Constitucional Nº 1138/2004-R de 21 de julio). Conforme a lo expuesto, el valor superior “justicia” obliga a la autoridad jurisdiccional -en la tarea de administrar justicia- procurar la realización de la “justicia material” como el objetivo axiológico y final para el que fueron creadas el conjunto de instituciones” (Sentencia Constitucional Nº 0818/2007-R de 6 de diciembre).

Análisis al caso en concreto:

En la forma.- Respecto a la falta de motivación y fundamentación del auto de vista impugnado, toda vez que es muy escueta omitiendo los arts. 106 del RCSS, el DS 27066 de 6 de junio de 2003 art. 5, y la RM 171/07 de 30 de abril de 2007, donde se señala las causales de suspensión de rentas de derecho habientes, violentando el principio jurídico de igualdad; sobre el particular cabe señalar que, la Sentencia Constitucional Plurinacional 0092/2012 de 19 de abril de 2012, cuyo Fundamento Jurídico III. 2. previó que: “La motivación de las resoluciones es un requisito elemental del derecho al debido proceso, conforme se encuentra establecido en la SC 1057/2011-R de 1 de julio, refiere que:…las resoluciones que emiten las autoridades judiciales, deben exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustentan la parte dispositiva de esas resoluciones, exigencia que se torna aún más relevante cuando el Juez o Tribunal debe resolver en apelación o casación la impugnación de las resoluciones pronunciadas por las autoridades inferiores…”. En ese entendido, se tiene que la debida y suficiente fundamentación de los fallos supone exponer no sólo el razonamiento, sino respaldar el mismo con las normas jurídicas tanto sustantivas como adjetivas que sean aplicables al caso por resolverse, implica la obligación para que el juzgador absuelva todos los reclamos sometidos a su consideración, de modo tal que le permita al impetrante, en este caso, al actor recurrente, impugnar la decisión en esos puntos, pues privarle de ellos vulnera el derecho al debido proceso y con ello, como en el caso presente, a la defensa, consagrados y protegidos por los artículos 115 y 119 de la Constitución Política del Estado.

En el caso de autos, del análisis del Auto de Vista impugnado se  evidencia que revocó en parte la Resolución Nº 0000571 de 10 de febrero de 2017 emitida por la Comisión Nacional de Prestaciones y en parte la Resolución Nº 697/17 de 28 de noviembre, disponiendo que se deje sin efecto la recuperación de lo cobrado por la Sra. Carmen Leticia Mayser Roca vda. de Martínez, en su calidad de viuda de José Martínez Millares; asimismo, hace mención al art. 477 del RCSS que establece: “Las prestaciones en dinero concedidas podrán ser objeto de revisión, de oficio, o por denuncia a causa de errores de cálculo o de falsedad en los datos que hubieran servido de base para su otorgamiento. La revisión que revocare la prestación concedida o redujere su monto, no surtirá efecto retroactivo respecto a las mensualidades pagadas, excepto cuando se comprobare que la concesión obedeció a documentos, datos o declaraciones fraudulentas. En este último caso la Caja exigirá la devolución total de las cantidades indebidamente entregadas”.

Ahora bien, conforme los arts. 9 del DS Nº 27991 de 28 de enero de 2005 y 2 inc. b) de la Resolución Administrativa Nº 044 de 18 de julio de 2001, dichas normas autorizan primero a la Dirección de Pensiones y luego al SENASIR, a revisar de oficio o por denuncia justificada las calificaciones de rentas y pagos globales concedidos, siendo los documentos cursantes en archivos, prueba para ejecutar dichas revisiones, estando para ello "autorizadas a realizar descuentos por planillas en mérito a la variación de cálculos"; sin embargo, en virtud a lo estatuido en el art. 477 de antedicho Reglamento, la devolución de los emolumentos indebidamente cobrados procede únicamente ante la comprobación de que la decisión de otorgar la renta, obedeció a documentos, datos o declaraciones fraudulentas, situación que en el caso no aconteció, porque el SENASIR no presentó prueba objetiva relativa a que la Sra. Carmen Leticia Mayser Roca vda. de Martínez, hubiera presentado documentación fraudulenta a tiempo de solicitar la renta de viudedad, que seria el motivo para devolver lo recibido; en consecuencia el tribunal de alzada, al haber dispuesto dejar “sin efecto la recuperación de lo ya cobrado”, actuó adecuadamente, toda vez que la renta de viudedad no fue otorgada en base a datos o declaraciones fraudulentas, y si bien se acredita las nuevas nupcias por parte de la Sra. Carmen Leticia Mayser Roca vda. de Martínez, esta circunstancia no se encuentra dentro de las causales de devolución, conforme se señalara más adelante, por lo que el Auto de Vista se encuentra debidamente fundamentado, no siendo evidente la causal de nulidad acusada por el SENASIR.

En el fondo; respecto a la errónea aplicación de la Ley general sobre la Ley especial, toda vez que en ningún momento se puso en tela de juicio si a Carmen Leticia Mayser le correspondía o no la renta de viudedad, si no el cobro indebido de la renta por más de un año, cuando ya había dejado de ser viuda, vulnerándose los arts. 106 del RCSS, el DS 27066 de 6 de junio de 2003 y RM 171/07 de 30 de abril; sobre el particular, si bien la entidad recurrente trae los mismos argumentos para el recurso de casación en el fondo, a efectos de aclaración se debe tener presente que el art. 106 del RCSS establece “La derecho - habiente en goce de una renta vitalicia de viudedad que contraiga matrimonio o mantenga relación concubinaria, tendrá derecho a un pago global equivalente a 12 mensualidades de renta, siempre que haga conocer este hecho a la Caja. La renta de viudedad en curso de pago cesará en caso de nuevas nupcias o de vida en concubinato. Asimismo, la renta de viudedad cesará en cualquier momento en caso de recuperación de la capacidad para el trabajo”; conforme dicha norma, así como la RM 171/07 de 30 de abril, las mismas solo hacen mención a que cesará la renta de quien contraiga nuevas nupcias; sin embargo, conforme lo señalado supra, el tribunal ad quem consideró revocar la devolución de cobros indebidos, al no establecer el art. 477 del RCSS, esta causal como motivo para devolución alguna; asimismo, las resoluciones emitidas por el SENASIR tampoco hacen mención a efectos de fundamentar la devolución de los cobros limitándose a ordenar su devolución, por lo que el tribunal de alzada al disponer la revocatoria no vulneró la normativa señalada, toda vez que el SENASIR en uso de sus facultades suspendió de oficio la renta de la viuda, conforme el DS 27066 de 6 de junio de 2003, no evidenciándose la vulneración acusada.

Que, en el marco legal descrito, corresponde aplicar el art. 220. II del Código de Procesal Civil, aplicable por disposición de los arts. 630 y 633 del Decreto Reglamentario al Código de Seguridad Social.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad que le confieren los artículos 184.1 de la Constitución Política del Estado y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial, declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo y en la forma de fs. 138 a 142, interpuesto por Olga Duran Uribe y Abelardo Dirk Ribera Rivero, en representación legal del Servicio Nacional del Sistema de Reparto (SENASIR).

Sin costas en aplicación del art. 39 de la Ley 1178 de 20 de julio de 1990 (SAFCO) y art. 52 del Decreto Supremo 23215 de 22 de julio de 1992. 

Regístrese, notifíquese y devuélvase.