TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA

Auto Supremo Nº 374

Sucre, 27 de julio de 2018

Expediente                        : 086/2018

Demandante                : Daniel Carlos Zambrana Chávez

Demandado                : Servicio Nacional del Sistema de Reparto

Mater        Materia                       : Recálculo de la Renta y Pagos Indebidos. 

Distrito                        : La Paz

Magistrada Relatora        : María Cristina Díaz Sosa

VISTOS: El recurso de casación en el fondo interpuesto por el Servicio Nacional del Sistema de Reparto (SENASIR), representado legalmente por Juan Edwin Mercado Claros, Director General Ejecutivo, de fs. 140 a 143, contra el Auto de Vista N° 119/2017-S.S.A. II de 20 de octubre de 2017, pronunciado por la Sala Especializada Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; cursante de fs. 134 a 135, dentro del trámite de Recálculo de la Renta y Pagos Indebidos iniciado por Daniel Carlos Zambrana Chávez, contra la entidad recurrente, el Auto que concede el recurso de fs. 159, antecedentes del proceso; y:

I. ANTECEDENTES PROCESALES

Resolución de la Comisión Nacional de Prestaciones del Sistema de Reparto

A la solicitud de calificación de Renta de Vejez de Daniel Carlos Zambrana Chávez, la Comisión de Calificación de Renta de la Dirección General de Pensiones dicta la Resolución Nº 06346 de 14 de abril de 2000, otorgándole Renta Única de Vejez equivalente al 80% de su promedio salarial, correspondiendo a la básica el 42% y a la complementaria el 46%, a ser cancelada desde diciembre de 1999, reconociendo 257 aportes para ambos regímenes y la edad de 55 años; a raíz de la revisión de rentas en curso de pago, el SENASIR establece contradicción en fecha de nacimiento del jubilado, por lo que la Comisión Nacional de Prestaciones del Sistema de Reparto, dictó la Resolución Nº 00005348 de 4 de noviembre de 2015, resolviendo el Recalculo de la Renta Única de Vejez y determinar el monto indebidamente cobrado y su descuento en el equivalente al 20% mensual de la renta de vejez recalculada, hasta cubrir el monto total adeudado  (fs. 71 a 74 de obrados); efectivizado por Resolución Nº 00000227 de 12 de enero de 2016, que dispone el recalculo de la renta única de vejez, en el equivalente al 88% del promedio salarial del jubilado, correspondiendo a la básica el 42% y a la complementaria el 46%, a pagarse desde octubre de 2009, considerando como fecha de nacimiento del jubilado el 12 de noviembre de 1941 y matrícula 411112-ZCC; debiendo establecerse el cobro indebido, a ser descontado en el equivalente al 20% mensual de la renta recalculada.

Resolución de la Comisión de Reclamación del SENASIR

El rentista presenta recurso de reclamación, resuelto por la Comisión de Reclamación del SENASIR mediante Resolución 132/16 de 28 de marzo, confirmando las resoluciones reclamadas (fs. 106 a 115 de obrados).

Auto de Vista

En apelación interpuesta por el rentista, la Sala Especializada Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; emite el Auto de Vista N° 119/2017-SSA II de 20 de octubre de 2017, cursante de fs. 134 a 135, que Confirma parcialmente la Resolución Nº 132/2016 de 28 de marzo de 2016, pronunciada por la Comisión de Reclamación del SENASIR, dejando sin efecto el acápite 3) de la Resolución Nº 5348 de 4 de noviembre de 2015.

II. ARGUMENTOS DEL RECURSO DE CASACIÓN

El Servicio Nacional del Sistema de Reparto (SENASIR) representado legalmente por Juan Edwin Mercado Claros Director General Ejecutivo, indica lo siguiente:

El Auto de Vista impugnado no considera en su integridad el marco normativo vigente y aplicable en materia de Seguridad Social, y mucho menos considera que el SENASIR basa sus actuados dentro de los parámetros técnicos, legales y administrativos enmarcados en el principio de especialidad y verdad material que rige el Sistema de Seguridad Social, toda vez que como entidad desconcentrada, forma parte activa del Estado Boliviano y por ende se encuentra llamado a la defensa de los intereses de todos y cada uno de los bolivianos, protegiendo los derechos y garantías constitucionales a favor de los asegurados.

El Tribunal de alzada al señalar que en relación a determinar el monto de lo indebidamente cobrado y proceder a su recuperación, se equivoca al señalar que el SENASIR debe estar sujeto al principio de legalidad, en cuanto a la documentación de respaldo que presenta el interesado en la solicitud de su derecho, ya que debe ser corroborado por autoridades llamados por Ley, y la presunta falsedad de un documento debe emerger de una sentencia penal, como exigiría el art. 477 del R.C.S.S.

Que de la revisión de las Resoluciones apeladas no se evidencia que se hubiera previsto la disposición legal señalada, por lo que el Tribunal Ad quem mal podría fundar su decisión al establecer su inaplicabilidad cuando el SENASIR tanto en las Resoluciones Nº 00005348 y Nº 00000227 de la Comisión Nacional de Prestaciones del Sistema de Reparto como de la Resolución Nº 132/16 de la Comisión de reclamación no toman en cuenta dicha disposición legal a efectos de disponer la recuperación de los cobros indebidos, incurriendo de esta forma el Tribunal de alzada en una indebida aplicación del art. 477 del R.C.S.S. 

Indica que la recuperación de los cobros indebidos se sustenta en la potestad de revisión de rentas de oficio o a denuncia de un tercero como parte de la responsabilidad administrativa del SENASIR, revisión que se constituye en un procedimiento administrativo interno, con responsabilidad atribuida a esa entidad como ente gestor del Sistema Residual de Reparto del Régimen de Largo Plazo, cabe mencionar que la recuperación de cobros indebidos encuentran su fundamento Legal en lo dispuesto por el art. 4 inc. c) del DS. 26189 de 18 de mayo de 2001, según el cual el SENASIR no solo tiene la facultad de revisión de las rentas o prestaciones concedidas en dinero, sino también de exigir la devolución o restitución total de las cantidades indebidamente percibidas, en consideración a que las rentas en curso de pago, son pagadas con recursos del TGN según Ley 2197 de 9 de mayo de 2001, modificatoria del art. 57-II de la Ley Nº 1732 de Pensiones, en virtud del cual el SENASIR debe aplicar, en el presente caso, lo dispuesto por el art. 1 de la R.M. 1361 de 4 de diciembre de 1997, respecto al reconocimiento de aportes a la fecha de corte del Sistema de Reparto.

El Tribunal ad quem realiza un correcto análisis y aplicación de la normativa en cuestión en referencia a la asignación de fecha de nacimiento al asegurado y recalculo a la Renta Única de vejez, y al contrario realiza una indebida aplicación del art. 477 del R.C.S.S. acusando al SENASIR de tomar en cuenta dicha disposición Legal, siendo que esta entidad en ninguna de sus Resoluciones funda su decisión de la recuperación del cobro indebido aplicando el art. 477 del R.C.S.S.

Señala también que el Tribunal ad quem no tomo en cuenta que la suspensión de la renta se ha generado a consecuencia de la vulneración de los requisitos establecidos para su acreencia, como ser el de la edad de 55 años, que le permitió acceder a una renta cuando no le correspondía el beneficio, situación que indujo al error al ente gestor, generándose cobros indebidos, que deben ser recuperados por el SENASIR a efectos de reparar el daño económico al Estado, por cuanto se entiende que las prestaciones pecuniarias otorgadas en forma indebida constituyen un enriquecimiento económico injusto de terceros, y un empobrecimiento del Estado, que desestabilizan de alguna u otra manera el Sistema Financiero de la Seguridad Social, generando el enriquecimiento ilícito de particulares.

Finaliza su fundamento indicando que el Tribunal de alzada que vio las disposiciones legales al aplicar indebidamente el art. 477 del R.C.S.S. en el Auto de Vista impugnado que deja sin efecto la recuperación de lo indebidamente cobrado, lo que vulnero el art. 477 del R.C.S.S., el art. 4 inc. c) del DS. Nº 26189 de 18 de mayo de 2001, según la Ley 2197 de 9 de mayo de 2001 modificatoria del art. 57-II de la Ley 1732 de Pensiones, el art. 9 del DS. Nº 27991 de 28 de enero de 2005, art. 5 inc. h) del DS. Nº 27066 de 6 de junio de 2003, y la Ley Nº 004 de 31 de marzo de 2010.

Concluye solicitando se dicte el Auto Supremo casando la Resolución de Auto de Vista Nº 119/2017 S.S.A.-II de 20 de octubre de 2017, y se confirme en su totalidad la Resolución de la Comisión de Reclamación Nº 132/16 de 28 de marzo de 2016, sea previa las formalidades de rigor.

III. ANÁLISIS JURÍDICO LEGAL, DOCTRINAL Y JURISPRUDENCIAL, APLICABLE AL CASO EN CONCRETO.

Es preciso dejar previamente establecido que en la facultad de revisión de la institución hoy recurrente (SENASIR), debe considerar entre otros, el principio de sometimiento pleno a la ley contenido en el artículo 4. c) de la Ley del Procedimiento Administrativo, es decir, que sus actos estén regidos con sometimiento pleno a la ley, como también, el art. 116-I de la C.P.E. referente a la presunción de inocencia, garantizando de tal manera el debido proceso a los asegurados o rentistas; en ese sentido, el artículo 477 del Reglamento al Código de Seguridad Social, establece que: “…La revisión que revocare la prestación concedida o redujere su monto, no surtirá efecto retroactivo respecto a las mensualidades pagadas, excepto cuando se comprobare que la concesión obedeció a documentos, datos o declaraciones fraudulentas. En éste último caso la Caja exigirá la devolución total de las cantidades indebidamente entregadas” (sic).

De los datos del proceso, se verifica que la disposición antes transcrita, fue inobservada por las instancias administrativas del SENASIR, que lejos de apegar su decisión a tal normativa, procedieron a calificar el hecho como cobro indebido, disponiendo que el mismo sea descontado en el equivalente al 20% mensual de la renta recalculada, sin que previamente se establezca que su otorgamiento haya obedecido a documentos, datos o declaraciones fraudulentas; actuar con el que también se incumplió con el artículo 179. 2) del Código de Procedimiento Civil, que establece como inembargables las pensiones, jubilaciones, montepíos, rentas de vejez, invalidez y demás beneficios sociales establecidos legalmente, como la presunción de inocencia al no ser sometido la supuesta falsedad dentro de un proceso penal o haya sido está determinada por alguna otra autoridad competente, por lo que la decisión asumida por el Tribunal ad quem fue la correcta y estuvo enmarcada dentro los preceptos que la Ley otorga.

Por lo analizado, corresponde a este Tribunal aplicar la disposición comprendida en el art. 220.II del Código Procesal Civil (CPC), por mandato de la norma remisiva contenida en los arts. 633 del RCSS y 15 del Manual de Prestaciones de Rentas en Curso de Pago y Adquisición.

POR TANTO

La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida por los arts. 184.1 de la CPE y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial, declara INFUNDADO el Recurso de Casación en el Fondo de fs. 140 a 143, interpuesto por el SENASIR mediante las apoderadas de su representante legal.

Sin costas en aplicación de los arts. 39 de la Ley 1178 de 20 de julio de 1990 (SAFCO) y 52 del DS 23215 de 22 de julio de 1992.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.