TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA

Auto Supremo Nº 358

Sucre, 25 de julio de 2018


Expediente                        : 015/2018

Demandante                : Leonarda Julia Díaz Iturri

Demandado                : Servicio Nacional del Sistema de Reparto

Materia                        : Reclamación (Compensación de Cotizaciones)

Distrito                        : La Paz

Magistrado Relator        : Dr. Esteban Miranda Terán


VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 91 a 94, interpuesto por Juan Edwin Mercado Claros en su condición de Director General Ejecutivo a.i. del Servicio Nacional del Sistema de Reparto (SENASIR), contra el Auto de Vista Nº 210/2016 S.S.A.-I de 17 de noviembre, cursante de fs. 87 a 88, pronunciado por la Sala Social y Administrativa Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro el proceso de reclamación seguido por Leonarda Julia Díaz Iturri, contra la entidad recurrente; el Auto de fs. 99, que concedió el recurso, el Auto Supremo Nº 21-A de fs. 109 que admitió el recurso; los antecedentes del proceso; y:

I. ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Resolución Comisión de Calificación de Rentas

La Comisión de Calificación de Rentras del SENASIR, en 9 de agosto de 2012, emitió la Resolución Nº 00007863 (fs. 37), por la que resolvió desestimar la solicitud de Compensación de Cotizaciones por Procedimiento Manual a favor de la asegurada.

Resolución Comisión de Reclamación

Ante el recurso de reclamación interpuesto por Leonarda Julia Díaz Iturri (fs. 42-43), la Comisión de Reclamación del SENASIR, mediante Resolución Nº 445/15 de 18 de junio (fs. 62 a 67), confirmó la Resolución Nº 00007863 de 9 de agosto de 2012 cursante a fs. 37, emitida por la Comisión de Calificación de Rentras del SENASIR, por encontrarse de acuerdo a los datos del expediente y normativa en vigencia.

Auto de Vista

En grado de apelación deducido por Pánfilo Félix Quispe Honorio, la Sala Social y Administrativa Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, expidió el Auto de Vista Nº 195/2016 S.S.A.-I de 27 de octubre, cursante de fs. 145 a 146, revocando la Resolución Nº 072/16 de 22 de febrero y disponiendo que el SENASIR expida nueva certificación por el tiempo real y efectivo.

II. FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE CASACIÓN:

Por memorial de fs. 91 a 94, Juan Edwin Mercado Claros en su condición de Director General Ejecutivo a.i. del SENASIR, interpone recurso de casación alegando:

Señala que el Art. 14 del DS Nº 27543 de 31 de mayo de 2004, solo se aplica a trámites de rentas en curso de adquisición y pago dentro del Sistema de Reparto y no para Compensación de Cotizaciones.

Agrega que conforme a las pruebas consistentes en CITE. OFN-DAF-DNCS-SNCOT-064/2012 de 20 de marzo de 2012, nota AUX. ADM-II-14/2012, CITE: AG 010-2012, se evidencia que la empresa SERVITRANZA no realizó aportes ni siquiera al Seguro Social de Corto Plazo, por lo que se hace inaplicable la presunción JURIS TANTUM; sin embargo el Tribunal Departamental de Justicia omite valorar y pronunciarse sobre dichos documentos los cuales expresan la verdad histórica.

Señala que la RM 559 de 3 de octubre de 2005, amplia el alcance del art. 14 del DS N° 27543, instruyéndose al SENASIR proceda a la Certificación de Aportes bajo la modalidad de documentos supletorios, si el asegurado no figura en planillas.

Aclara que el SENASIR no cuenta con planillas de la Empresa SERVITRANSA razón por la cual se solicitó a la Caja Petrolera de Salud se certifique sobre la afiliación de la Empresa SERVITRANSA a objeto de verificar y documentar que el asegurado por intermedio dicha empresa cotizó efectivamente al seguro social de largo plazo, sin embargo la respuesta emitida por la Caja Petrolera de Salud es negativa y refiere la inexistencia de planillas de pago lo que hace imposible aplicar la RM N° 559, lo mismo que el DS N° 27543 por ser de aplicación sólo a tramites de REPARTO y no así a tramites de Compensación de Cotizaciones.

Citando además como norma transgredida y mal aplicada, los arts. 45, 178 y 180 de la Constitución Política del Estado, arts. 24 y 50 de la Ley de Pensiones Nº 065, arts. 48 y 50 del DS N° 0822 de 16 de marzo de 2011, arts. 14 y 18 del D.S. Nº 27543 de 31 de mayo de 2005, art. 3° de la RA N° 098/13 de 8 de mayo de 2013 y la RM N° 559 de 3 de octubre de 2005.

Petitorio

Concluyó solicitando que el Tribunal Supremo de Justicia, case el Auto de Vista Nº 210/2016 S.S.A.-I y se confirme la Resolución Nº 445/15 de 18 de junio.

Admisión

Mediante Auto Supremo Nº 21-A de 23 de enero de 2018, la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia resolvió admitir el recurso de casación en el fondo de fs. 91 a 94, interpuesto por Juan Edwin Mercado Claros en su condición de Director General Ejecutivo a.i. del SENASIR, contra el Auto de Vista Nº 210/2016 S.S.A.-I de 17 de noviembre, cursante de fs. 87 a 88, pronunciado por la Sala Social y Administrativa Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.

III. FUNDAMENTOS JURIDICOS DEL FALLO:

Sobre la problemática central ésta Sala considera pertinente, en primer término, precisar los alcances y efectos del art. 14 del DS Nº 27543, a partir de una interpretación contextualizada, así como desde y conforme a la Constitución Política del Estado.

En el marco anterior entonces, cuando el citado dispositivo legal señala que “En el caso de inexistencia de planillas y comprobantes de pago en los archivos del SENASIR, del periodo comprendido entre enero de 1957 y abril de 1997, el SENASIR certificará los aportes con la documentación que cursa en el expediente del asegurado, a la fecha de publicación del presente Decreto Supremo, bajo presunción iuris tantum. Los documentos serán uno o más de los siguientes: Finiquitos, Certificados de trabajo, boletas de pago o planillas de haberes, partes de filiación y baja de las Cajas de Salud respectivas, record de servicios o calificación de años de servicio,…”, debe considerarse que la pretensión del legislador estuvo orientado a garantizar el acceso a una jubilación justa, otorgando mayores facilidades al beneficiario para acceder a una renta digna, de tal modo que la referencia a la ausencia de planilla no se tenga como mandato restrictivo y se entienda que, en ese espíritu, aún contando con las mismas por los periodos reclamados por el trabajador, éste último no figure en dichas planillas, cumpliendo de esa manera los principios y valores comprendidos en el art. 451 de la CPE, concordante con el Convenio 102 de la OIT de 1952, el art. 25.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH), los arts. 2.1 y 9 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) y el art. XVI de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre (DADDH); tomando en cuenta que los derechos reconocidos en la norma jurídica fundamental del Estado son inviolables, universales, interdependientes, indivisibles y progresivos, conforme señala el art. 13.I2 de su mismo cuerpo normativo, conforme se tiene establecido en la uniforme jurisprudencia de éste Tribunal, entre ellas, el Auto Supremo Nº 31/2016, de 18 de febrero, correspondiente a esta Sala.

Sobre los efectos y alcances del citado art. 45 constitucional el Tribunal Constitucional tiene dicho:

“…de la revisión del compilado normativo supremo, se puede evidenciar que el art. 45 referido a los derechos a la seguridad social, inmerso en el Capítulo Quinto de la Primera Parte denominado Derechos Sociales y Económicos, en la Sección II, dispone que todas las bolivianas y los bolivianos tienen derecho a acceder a la seguridad social, agregando a continuación que ésta se presta bajo los principios de universalidad, integralidad, equidad, solidaridad, unidad de gestión, economía, oportunidad, interculturalidad y eficacia, y tanto su dirección como su administración corresponde al Estado, con control y participación social. En el parágrafo IV determina que el Estado garantiza el derecho a la jubilación con carácter universal, solidario y equitativo”. (SC Nº 55/2013 de 11 de enero).

Consiguientemente, conforme a lo anterior, el derecho a la renta de vejez, como elemento de los derechos a la seguridad social, tiene un contenido propio, cual es el de garantizar a las personas recursos necesarios para subsistir de modo compatible con su dignidad humana intrínseca, preservando la seguridad jurídica, los derechos adquiridos, así como la protección adicional que requieren las personas que acceden a ese beneficio y que al ser convenios internacionales son de aplicación plena por el Estado Boliviano.

Siguiendo el razonamiento anterior, esta Sala considera correcta la decisión del tribunal de apelación, en la medida que interpretó la normativa aplicable en el marco de los principios y valores fundamentales consagrados constitucionalmente, conforme quedó anotado precedentemente, por cuanto poca justicia se encontraría si la norma en cuestión, se interpretara de manera literal y restrictiva y hacerla alcanzar sólo al supuesto de inexistencia física de las planillas en archivos del SENASIR, cuando es evidente que tal inexistencia puede deberse a otros supuestos, como la ausencia del nombre del trabajador asegurado en las planillas que puedan cursar en los archivos del SENASIR, lo que ocurre en el caso de examen.

Es uniforme la jurisprudencia emitida por el Tribunal Supremo de Justicia (ver AASS Nº 213 de 11 de agosto de 2017, Nº 340 de 17 de octubre de 2016 y Nº 497 de 21 de julio de 2015) en cuanto al empleo de documentación supletoria a considerar por el SENASIR para la certificación de aportes reclamados y probados por los trabajadores, en el entendido que, cuando el SENASIR no cuente en su archivo central con planillas o datos que le permita verificar el real tiempo de servicios de sus asegurados, dificultando con ello su labor de certificación en base a una real densidad de aportes, tiene el deber de considerar a dicho efecto los finiquitos, certificados de trabajo, boletas de pago, planillas de haberes, partes de afiliación y baja de las Cajas de Salud respectivas, record de servicios o calificación de años de servicio, contratos de trabajo, memorándums de designación y despido u otros documentos equivalentes, presentados por el asegurado, ello considerando que dicha documentación tiene eficacia probatoria para acreditar dicho aspecto, al ser reconocidos por el art. 14 del DS N° 27543 de 31 de mayo de 2004, así como por el art. 1296. I del Código Civil.

Por lo precedentemente expuesto y conforme se tiene de la revisión de los antecedentes administrativos, se puede advertir que a fs. 1, 2 y 3 de obrados cursa certificado de trabajo original emitido por la Gerente General de la empresa SERVITRANSA, mediante la cual se certifica que la reclamante prestó sus servicios en esta empresa a partir de 05 de agosto de 1987 hasta el 20 de octubre de 1992.

Asimismo, cursan los documentos del Seguro Social de Salud de Partes de Ingreso y Retiro correspondientes a la Caja Petrolera de Salud Regional Pando, antecedentes todos que no fueron considerados por el SENASIR y que el Tribunal de apelación enmendó con buen criterio, en estricto apego a lo dispuesto en los arts. 13 y 14 del DS. Nº 27543 de 31 de mayo de 2004, toda vez que no se puede aducir la falta de planillas de pago de los años observados, pues su tenencia es de entera responsabilidad de las empresas y/o de la administración aseguradora, además que los asegurados o trabajadores no están obligados a la tenencia de los citados documentos.

Por lo anotado, se concluye que las autoridades recurridas no incurrieron en las infracciones legales acusadas, en cuyo mérito corresponde resolver el Recurso en la forma prevista por el art. 220.II del Código Procesal Civil, aplicable por la norma permisiva contenida en el art. 633 del Reglamento al Código de Seguridad Social y art. 15 del Manual de Prestación de Rentas en Curso de Pago y Adquisición aprobado por RS Nº 10.0.0.087 de 21 de julio de 1987.

POR TANTO: La Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida por los arts. 184.1 de la CPE y 42.I.1 de la LOJ, declara INFUNDADO el recurso de en el fondo de fs. . 91 a 94, interpuesto por Juan Edwin Mercado Claros en su condición de Director General Ejecutivo a.i. del SENASIR, contra el Auto de Vista Nº 210/2016 S.S.A.-I de 17 de noviembre.

Sin costas ni costos en aplicación de los arts. 39 de la Ley Nº 1178 de 20 de julio de 1990 y 52 del DS Nº 23215 de 22 de julio de 1992.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.



1 “I. Todas las bolivianas y los bolivianos tienen derecho a acceder a la seguridad social. II. La seguridad social se presta bajo los principios de universalidad, integralidad, equidad, solidaridad, unidad de gestión, economía, oportunidad, interculturalidad y eficacia. Su dirección y administración corresponde al Estado, con control y participación social. III. El régimen de seguridad social cubre atención por enfermedad, epidemias y enfermedades catastróficas; maternidad y paternidad; riesgos profesionales, laborales y riesgos por labores de campo; discapacidad y necesidades especiales; desempleo y pérdida de empleo; orfandad, invalidez, viudez, vejez y muerte; vivienda, asignaciones familiares y otras previsiones sociales. IV. El Estado garantiza el derecho a la jubilación, con carácter universal, solidario y equitativo...”.

2 “Los derechos reconocidos por esta Constitución son inviolables, universales, interdependientes indivisibles y progresivos. El Estado tiene el deber de promoverlos, protegerlos y respetarlos”