TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA

Auto Supremo Nº 349

Sucre, 25 de julio de 2018

Expediente                   : 481/2017

Demandante                : Marcelino Arauz Vaca

Demandado                 : Colegio Instituto Americano Trinidad

Proceso                        : Beneficios Sociales

Departamento             : Beni

Magistrada Relatora    : María Cristina Díaz Sosa

VISTOS: El recurso de casación de fs. 806 a 810, interpuesto por Marcelino Arauz Vaca representado por José Luis Fritz Alarcón, impugnando el Auto de Vista Nº 53/2017 de 11 de agosto de 2017 de fs. 796 a 799 vta., pronunciado por la Sala en materia de Trabajo y Seguridad Social, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, dentro del proceso de beneficios sociales, el Auto de fs. 821 que concedió el recurso de casación; el Auto Supremo Nº 481-A de 23 de octubre de 2017 fs. 831 que declaró admisible el recurso; los antecedentes del proceso; y:

I. Antecedentes del Proceso

Sentencia

Que, tramitado el proceso laboral, el Juez Primero de Trabajo y Seguridad Social de la ciudad de Trinidad - Beni, pronunció la Sentencia Nº 104/2016 de 15 de noviembre de fs. 725 a 729, que declaró Probada en parte la demanda, con costas e improbada la excepción perentoria de pago, en consecuencia ordenó que el Colegio Instituto Americano Trinidad AMERINST por su representante Christian Bolivar Nina, pague beneficios sociales a favor del demandante en la suma de Bs. 136.983,74, por concepto de indemnización y primas, más multa del 30%.

Auto de Vista

En grado de apelación deducida por el demandado de fs. 775 a 777 y por el demandante de fs. 780 a 783 vta., la Sala en materia de Trabajo y Seguridad Social, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, revocó la Sentencia, determinando pagar al demandante la suma de Bs. 56.282,08, más la multa del 30% debiendo hacerse efectivo en ejecución de sentencia, sin costas, ni costos.

Argumentos del recurso de casación

Acusa que el tribunal ad quem emitió un auto de vista vulneratorio al omitir pronunciamiento sobre la solicitud de horas extraordinarias objeto de apelación haciendo interpretación errónea del art. 182 del Código Procesal del Trabajo, en lo referente a presunciones, toda vez que la falta de presentación del libro a que se refiere el art. 41 del Reglamento de la Ley General del Trabajo, hace presumir horas extras y no lo contrario, como en el caso de autos en desmedro del trabajador, omitiendo los principios laborales de continuidad y estabilidad laboral, de no discriminación y de inversión de la prueba a favor del trabajador.

Señala que lo mismo ocurre con las vacaciones adeudadas, remitiéndose el tribunal de alzada a considerar planillas que sumadas dan 60 días de los 300 demandados, sin que sobre estás se haya invocado prescripción alguna por parte del demandado, contraviniendo el art. 134 del CPT ya que los tribunales laborales no pueden aplicar de oficio la prescripción que no fue invocada por quien o quienes podían valerse de ella, más aun cuando los beneficios son irrenunciables e inembargables.

Indica que correspondía que la empresa lleve un libro de registro para el cómputo de las horas extraordinarias de sus trabajadores, documento que ante una eventual controversia como la que se tramita, debe ser exhibido ante las autoridades administrativas o judiciales correspondientes a efectos de dirimir con justicia la controversia, debiendo aplicarse la presunción a su favor, y no hacer valer la presentación del libro de horas extraordinarias trabajadas limitándose a negar la existencia de dichas horas trabajadas y de las vacaciones adeudadas; asimismo, manifiesta que tomando en cuenta las planillas de asistencia de fs. 133 a 147 del mes de noviembre de 2009, se evidencia que su persona Marcelino Arauz Vaca, no firmó algunas planillas, hecho que no fue considerado en el auto de vista, contrariando el principio in dubio pro operario, más aún si por las pruebas aportadas de fs. 63 a 81 se evidencia actividades extracurriculares a las cuales era obligado a asistir el recurrente, y la mayoría en horas nocturnas, sin contar los desfiles cívicos.

Refiere que sobre las primas demandadas, el tribunal ad quem con el fundamento que la entidad demandada se trataría de una organización sin fines de lucro, decide dejar sin efecto dicho pago, omitiendo considerar el art. 57 de la Ley General del Trabajo y art. 48 de su Reglamento, el cual es claro y taxativo en su contenido y no da lugar a otra interpretación al disponer que las empresas que obtengan utilidades deben otorgar una prima anual, y que en realidad el Colegio Metodista Instituto Americano tiene un fin social en si mismo y no tienes fines lucrativos ya que se constituye en los hechos en institución diferente a la Iglesia Metodista, no debiendo encubrir sus ingresos penados por la Ley Tributaria.  

Sobre Costas, manifiesta que en el auto de vista no se conceden las costas por ser excusables tomándose atribuciones que corresponden a la primera instancia y que ya fueron valorados en sentencia contraviniendo lo establecido por el art. 204 del Procesal Laboral.

Concluyó solicitando se case el auto de vista, en consecuencia se declare probada de manera integra la demanda principal y sea con costas.

Concluyó  

II. Fundamento jurídico del fallo.

Del recurso de casación, de la revisión y compulsa de los antecedentes del proceso, se establece lo siguiente:

Con relación a que el tribunal ad quem al revocar la sentencia y dejar sin efecto el pago de horas extras, realizó interpretación errónea del art. 182 del Código Procesal del Trabajo, en lo referente a presunciones y  art. 41 del Reglamento de la Ley General del Trabajo; sobre el particular, se debe tener presente que el actor ocupaba el cargo de Bibliotecario, por lo que no se encontraba inmerso en la excepción contenida en el art. 46 de la LGT; no obstante de ello, para la procedencia del pago de horas extras demandadas, las mismas deben estar debidamente autorizadas, debiendo acreditarse además la necesidad que tiene el empleador de imponer ese trabajo circunstancial, eventual, necesario, realmente "extraordinario", que debe estar por otra parte autorizado o visado por el Inspector del Trabajo, en cuya consecuencia y en ningún caso pueden ni deben estar predeterminadas.

Asimismo, el actor solicitó el pago de 4 horas por día, pretendiendo el pago de 14.000 horas, sin embargo, por disposición de la ley no está permitido esa cantidad de horas extras sino que el límite legal máximo para la eficacia de su pago es de 2 por día conforme establece el art. 50 de la Ley General del Trabajo, igualmente, el argumento del recurrente de trabajos extracurriculares no es un argumento válido para conceder la horas extras impetradas, puesto que el Colegio demandado en pleno ejercicio de su derecho a la defensa desvirtuó la pretensión del actor, con la presentación de las planillas de las actividades académicas así como de asistencia; por otra parte, es necesario aclarar que en cumplimiento del principio de inversión de la carga de la prueba, es evidente, que si bien el empleador está obligado a probar, nada le impide al trabajador ofrecer la prueba que estime conveniente, ya que el no hacerlo redunda en su propio perjuicio, más aún cuando el actor pretende beneficiarse del pago de horas extralegales o adicionales, toda vez que ésta concesión legal de las horas extraordinarias o trabajo suplementario reviste entre otros requisitos, la autorización especial de las autoridades de la entidad demandada. Por otro lado en el caso de autos, el actor no demostró la prestación de servicios en horas extraordinarias de manera continua de acuerdo a la necesidad del trabajo; por lo que se advierte que el Tribunal de Alzada no incurrió en vulneración alguna.

Con relación a las vacaciones reclamadas por el actor, de la revisión del recurso de apelación de fs. 780 a 783, se evidencia que el recurrente no hizo reclamo alguno al respecto, por lo que el tribunal ad quem no se pronuncio sobre este punto, impidiendo que este tribunal emita criterio al respecto, por el principio de congruencia.

Respecto a que el Tribunal de alzada al excluir el pago de primas con el argumento de entender al empleador como un ente sin fines de lucro, y hallarse exento del pago del impuesto a las utilidades de las empresas; sobre el particular el art. 1 de la LGT, señala como ámbito de su aplicación la determinación con carácter general los derechos y obligaciones emergentes del trabajo, de ello  debe tenerse presente por lógica consecuencia que la esfera que rige esa norma sustantiva es relativa a la relación laboral emergente del contrato de trabajo, presentes que fueran sus rasgos característicos (subordinación, trabajo por cuenta ajena, etc.). Más adelante ese propio artículo indica que esos derechos y obligaciones son aplicables también a las explotaciones del Estado y cualquier asociación pública o privada, aunque no persiga fines de lucro, salvando las excepciones que se determinan.

Partiendo de ello, no existiendo disyuntiva sobre lo que concierne a derechos y obligaciones emergentes del trabajo, para despejar el presente motivo de casación, primeramente es importante definir la extensión de los alcances de la expresión sin fines de lucro a la que aquel articulado hace referencia. En tal entendido, es claro que el no poseer fines de lucro, no necesariamente concierne a la obtención de utilidades en el desarrollo de una determinada actividad, que es nota distintiva de la actividad comercial, sino que se enfoca a que los propósitos centrales que persiga una determinada sociedad o estructura organizativa no tengan la prioridad de consecución de beneficios económicos, enfocándose al contrario en el logro de objetivos sociales o humanitarios.

En ese entendido, si bien, la existencia de una frontera entre lo que es una actividad comercial (incluidas las sociedades comerciales) y lo que es organización sin ánimo de lucro, es clara; es evidente que el poseer fines humanitarios o altruistas, implica una excepción que representa privilegio a las obligaciones que la ley laboral contempla para los empleadores, más aún si en el caso de autos los convenios suscritos entre la Iglesia Metodista en Bolivia y el Gobierno, estan exentas de ciertos pagos como son el IUE; ahora bien, el art. 57 de la LGT modificado por el art. 3 de la Ley de 11 de junio de 1947 obliga a “Las empresas que hubieren obtenido utilidades al finalizar el año, otorgarán a sus empleados y obreros, una prima anual de un mes de sueldo o salario”. En ese mismo sentido la redacción del art. 48 del DR-LGT, sin embargo, por lo manifestado anteriormente, la conclusión realizada por el Tribunal de alzada en torno a la exclusión de primas al tratarse el empleador de una institución sin fines de lucro, es correcto al eximir del reconocimiento de este beneficio al recurrente.

Con relación a las costas, omitido en el auto de vista, es preciso aclarar que al ser ambas partes apelantes, no corresponde la imposición de costas, en consecuencia no se evidencia agravio alguno.

En virtud a lo expresado, se concluye que no son evidentes las infracciones acusadas en el recurso de casación de fs. 806 a 810, por lo que corresponde dar aplicación a la disposición contenida en el art. 220.II del Código de Procesal Civil, en cumplimiento de la norma remisiva del art. 252 del Código Procesal del Trabajo.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Adm., Social y Adm. Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida por los arts.  184.1 de la CPE y 42.I.1 de la LOJ, INFUNDADO el recurso de casación de fs. 806 a 810. Sin costas.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.