TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA, CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA

Auto Supremo Nº 348

Sucre, 25 de julio de 2018

Expediente                  : 519/2017

Demandante                   : Zulma Flores Gerónimo

Demandado                    : Cooperativa Minera CHOROLQUE Ltda.

Proceso                           : Pago de beneficios sociales y derechos laborales

Distrito                         : Potosí

Magistrado Relator        : Dr. Esteban Miranda Terán

VISTOS: El recurso de casación en el fondo, de fs. 667 a 671, interpuesto por la Cooperativa Minera CHOROLQUE Ltda., a través de Wilson Reynoso Ortega en su calidad de Presidente del Consejo de Administración de la cooperativa indicada, contra el Auto de Vista N° 92/2017 de 7 de septiembre, de fs. 658 a 664, pronunciado por la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí; dentro del proceso de pago de beneficios sociales y derechos laborales interpuesto por Zulma Flores Gerónimo contra la cooperativa recurrente; la respuesta al recurso de fs. 673 a 680; el Auto de 10 de octubre de 2017, que concedió el recurso (fs. 681); el Auto Supremo Nº 519-A de 3 de noviembre de 2017 (fs. 688), por el cual se declara admisible el recurso de casación interpuesto; los antecedentes procesales; y:

I. ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Sentencia.

Planteada la demanda social de pago de beneficios sociales y derechos laborales por Zulma Flores Gerónimo, y tramitado el proceso, el Juez Técnico del Tribunal de Sentencia Nº 1, del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal, de la cuidad de Tupiza, pronunció la Sentencia Nº 05/2017 de 11 de mayo, de fs. 605 a 613, declarando probada en parte la demanda de fs. 120 a 125, con costas; determinándose que la cooperativa demandada, cancele a favor de la demandante una deuda por beneficios sociales y derechos laborales de Bs.219.123,16.- (doscientos diecinueve mil ciento veintitrés 00/100 bolivianos), conforme al detalle establecido en la indicada sentencia; más la multa del 30% prevista en el art. 9 del D.S. 28699 de 1 de mayo de 2006, a regularse en ejecución de sentencia.

Auto de Vista.

En conocimiento de la Sentencia, Wilson Reynoso Ortega en representación de la Cooperativa Minera CHOROLQUE Ltda., interpuso recurso de apelación, de fs. 615 a 620; que  fue resuelto por el Auto de Vista N° 92/2017 de 7 de septiembre, de fs. 658 a 664, pronunciado por la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, confirmando la Sentencia de primera instancia.

II. ARGUMENTOS DEL RECURSOS DE CASACIÓN:

En conocimiento del señalado Auto de Vista, la Cooperativa Minera CHOROLQUE Ltda., formuló recurso de casación en el fondo, cursante de fs. 667 a 671, señalando lo siguiente:

1.- Se hubiese realizado una aplicación indebida de la ley, al no corresponder la aplicación de la Ley General del Trabajo (LGT); para el presente caso, debía aplicarse la Ley General de Cooperativas (LGC), porque, la problemática generada importa la aplicación e interpretación del denominado acto administrativo, art. 9 de la LGC, cuya solución debe resolverse al interior de las cooperativas en primer grado, y posteriormente en la Confederación Nacional de Cooperativa de Bolivia (CONCOBOL), en estricta aplicación de los arts. 98-I y 24-II de la LGC. 

2.- El Tribunal de apelación, no habría considerado que la LGC, tiene aplicación preferente por sobre LGT, en razón a que nunca se suscribió un contrato de trabajo con la actora, que fue asociada de la cooperativa, nunca se materializaron  las características esenciales de la relación laboral, establecidas en el art. 2 del D.S. 28699 de 1 de mayo de 2006; la dependencia y subordinación no existió, fue una relación asociada, con derechos y obligaciones al interior de la cooperativa, conforme al Estatuto Orgánico; la prestación de trabajo no se dio, sino que existe una propiedad colectiva de los medios de producción, donde la demandante, tenía su cuota parte de participación; y, la remuneración o salario no operó, se percibía por el trabajo realizado un adelanto del excedente de percepción de forma mensual y al final del cierre de gestión.

3.- El Tribunal de apelación, considera como cierta la aplicación del “principio de la realidad”, respecto de la relación jurídica entre la Cooperativa y la actora, sin considerar que se trata de un acto cooperativo, para formar parte como socia, que luego del cumplimiento de requisitos, se acepta el 5 de diciembre de 2006; y la Asamblea General de la Cooperativa, como máxima autoridad, conforme al art. 51 de la LGC, admitió a la demandante como socia, con todas las obligaciones y derechos, no con una relación laboral como equivocadamente entiende el Tribunal de alzada.

4.- El Auto de Vista, señala que existen contratos de prestación de servicio de carácter civil, además, de certificados de trabajo otorgados por la Cooperativa, así como instructivos sobre cumplimiento de horarios de trabajo; no se puede considerar un contrato con estas características, como parte de una relación laboral, al tener los contratos civiles su propio tratamiento en el marco del art. 732 del Código Civil (CC), tampoco se puede asumir como una verdad absoluta, el hecho de cumplir horario y la entrega de certificados de trabajo, como razón exclusiva de una relación laboral, ya que en el régimen cooperativo se deben cumplir disposiciones normativas internas, que van más allá de la determinación de horarios.

5.- En materia de cooperativas, los aportes pueden ser en efectivo, bienes o trabajo, como prevé el art. 40-II de la LGC, la Cooperativa Minera CHOROLQUE S.R.L., asume el trabajo como aporte fundamental para el fondo social, el Auto de Vista desdeña esa forma de aporte, creyendo que solo existe el aporte en dinero; igual los permisos y licencias, se encuentra en el Estatuto Orgánico, no siendo evidente que se otorguen solo a los que tienen relación de dependencia laboral, y de la verificación de las planillas de aportes a la seguridad social de corto y de largo plazo, se muestra que la actora, era considerada como parte del grupo de asociados, más, si también se verifica que se le entregaba excedentes de percepción, y si no fuera socia, a que otro título se le entregarían pagos por este concepto.

6.- El Tribunal de alzada, hace referencia al Acta de Asamblea General de 5 de diciembre de 2006, en la cual se aprobó la inclusión como socia de la actora, pero indica que ese solo documento no es suficiente para acreditar que la actora cambio de trabajadora a cooperativista, al no acompañarse documentos sobre su calidad de socia activa y no contar con el certificado de aportación, afirmación que no es evidente, ya que el art. 33 de la LGC, establece los requisitos de admisión, como el ser mayor de edad, suscribir un certificado de aportación, y otros que establezca el estatuto, así el art. 14 del Estatuto Orgánico de la Cooperativa Minera CHOROLQUE S.R.L., señala, solicitar por escrito al Consejo de Administración su inclusión y habilitación, y al cumplir el procedimiento la actora, fue aceptada e incluida como socia, desde el 5 de diciembre de 2006, que no contaba como otros, con certificado de aportación por trámite pendiente ante la Autoridad de Fiscalización y Control de Cooperativas  (AFCOOP); pero, el derecho nace desde el momento que es aceptada por la Asamblea General, máxima instancia de la Cooperativa.

7.- El Tribunal de alzada no consideró que la LGC fue aprobada el 2013, su Reglamento el año 2014, mediante D.S. 1985, y la AFCOOP recién comenzó a emitir reglamento de adecuación de estatutos que se cumplirá el 2018, entonces no se puede decir que no se hizo el trámite, por no haber querido la Cooperativa, sino porque existía normativa nueva, ya después se procedió a regularizar la inscripción de asociados, en la AFCOPP, para ello se pidió la cédula de identidad a la actora, quien no quiso proporcionarla.

8.- El Tribunal de apelación, en ninguna parte del análisis fáctico y de derecho contenido en el Auto de Vista, hace referencia a la LGC, se enfoca a describir un procedimiento laboral rutinario, sin establecer un análisis de fondo sobre la delimitación de la materia laboral respecto de la materia cooperativa, como sostiene el art. 10 de la LGC; no se ha realizado análisis sobre el acto cooperativo, de la relación entre la actora y la Cooperativa demandada, como asociada o socia; no se ha fundamentado jurídicamente, sobre la solicitud de ingreso como socia de la demandante, y la evolución por parte del Consejo de Administración de esta petición; no se ha realizado un análisis sobre el hecho que recién el 11 del abril de 2013, años de vigencia de la LGC, se podía suscribir contratos laborales conforme al art. 17 de esta norma, pero la actora fue aceptada como socia tres años antes, por lo que no se modificó su status jurídico hasta la fecha que decide dejar la Cooperativa; y, no se ha considerado la aplicación de los principios cooperativos, fundamentalmente “el no lucro de asociados”, cuando la LGC, señala dicho principio en su art. 6-I-6) describiéndolo como  la exclusión de actividades con fines especulativos, de forma que se acumulen las ganancias para enriquecer a los asociados, y la actora ya recibió todos los beneficios económicos, pretendiendo ahora unos benéficos sociales con al intención de acumulación de ganancias, rompiendo el principio de ausencia de lucro.

9.- El Tribunal de apelación, no solo no ha realizado un análisis de la LGC, sino que ha privilegiado la aplicación de la LGT, por sobre los derechos cooperativos, que de acuerdo a la norma suprema, la clasificación de los derechos no determina jerarquía alguna ni superioridad de unos sobre otros, y tanto el derecho del trabajo como el derecho cooperativo, son parte del derechos social de la CPE, al establecerse una jerarquía al derecho laboral, se ha contravenido el art. 13 - III de la ley fundamental.

10.- El Tribunal de alzada, asume que las cooperativas mineras son empresas que tiene fin de lucro, pero la propiedad es colectiva de los medios de producción y la propia asociada demandada, es parte de la misma, así está considerado al interior de la Cooperativa, y dado que la LGC se aprueba el 11 de abril de 2013, recién empieza a ejecutarse sus preceptos a partir de la aprobación del D.S. 1995 de mayo de 2014, conde se crea el registro estatal de cooperativas, a cargo de la AFCOOP, donde se realiza el trámite de inscripción, y se realizó la inscripción de nuevos asociados desde el 2004 hasta el 2016, lo que no significa que recién sea una persona considerada asociada a partir del registro, sino se respeta el art. 33 de la LGC, resultando la actora una asociada más.

11.- No se explica la naturaleza del pago a la actora, de excedentes de percepción, y los mismos se otorgan únicamente a los asociados, resultando extraño que si existiría una relación laboral, un trabajador pueda recibir excedentes de percepción, y como se señaló, no se pudo realizar la inscripción ante la AFCOOP de más de doscientos compañeros que ingresaron a la Cooperativa, pero ello no les inhiba el ser parte de ella, y están en planillas de otras instituciones de control, como las AFPs la Caja Nacional de Salud, SENARECOM, FENCOMIN y otros, donde está incluida la actora.

12.- Se habla de una existencia de contrato verbal, y que la actora fue destituida forzosamente, al ser ubicada al interior de la mina, cuando ese trabajo no es para una mujer, cuando existen documentos aparejados que demuestran que hubo una solicitud de ingreso a la Cooperativa, y un Acta de Asamblea General donde fue aceptada como socia el 2006, por lo que, no se puede asumir que hubo un contrato verbal, y por otro lado existen compañeras que realizan trabajo de bocamina, que no fue ni el caso de la actora, decisiones además, que se toman al interior de la Cooperativa y son recurrentes en la misma, de ninguna manera se considera discriminatorio, menos se puede afirmar que hubo un retiro de la asociada, como erróneamente considere el Tribunal de alzada.

13.- El Auto de Vista es una resolución arbitraria e incongruente, en los términos de la LGC y de su Decreto Reglamentario Nº 1994, por cuanto se encierra en una lógica del derecho laboral, menospreciando la aplicación de los principios afines al derecho cooperativo, derivando en una apreciación equívoca de la norma vigente.

  

Petitorio.

Solicita que se dicte Auto Supremo casando el Auto de Vista recurrido, y se declare improbada la demanda, dando aplicación preferente a la materia la LGC, no así la LGT, al ser la actora asociada de la Cooperativa demanda.

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO:

Expuestos así los argumentos del recurso de casación, es necesario realizar las siguientes consideraciones:

1.- Revisados los antecedentes se tiene que, la Cooperativa Minera demandada interpuso excepción previa de incompetencia, de fs. 161 a 164; luego de su tramitación conforme a ley, fue resuelta por el Juez de la causa, mediante Auto de 22 de junio de 2016, de fs. 207 a 209, declarando improbada la excepción formulada; resolución con la que fue notificado el representante de la Cooperativa Minera, conforme la diligencia a fs. 210; quien presentó recurso de apelación contra esta determinación, en memorial de fs. 229 a 232, emitiéndose como consecuencia el Auto de Vista Nº 97/2016 de 14 de octubre (fs. 581 a 582), rechazando la apelación, por haber sido interpuesta extemporáneamente, y declarando ejecutoriado el Auto de primera instancia.

En virtud a estos antecedentes, se evidencia que la posición de la Cooperativa recurrente, sobre la aplicación de los arts. 24-II y 98-I de la LGC para la resolución de la presente controversia, que a criterio del recurrente debía resolverse al interior de la cooperativa en primer grado, y posteriormente ante la CONCOBOL, ya mereció pronunciamiento por parte del Juez de instancia, en el Auto de 22 de junio de 2016, asumiéndose la competencia para conocer el proceso, por lo que, ante la disconformidad con la determinación asumida, recurrió en apelación, pero conforme establece el Auto de Vista Nº 97/2016 de 14 de octubre, lo hizo extemporáneamente, resultando en la ejecutoria de Auto que dispuso declara improbada la excepción de incompetencia.

En consecuencia si acaso no estaba de acuerdo con la determinación asumida, respecto a la competencia del juzgador, debió tomarse los recaudos necesarios para interponer el recurso de apelación de forma oportuna, lo que ciertamente no ocurrió; en ese entendido, se evidencia que sobre la temática señalada en este punto, ya existe pronunciamiento judicial con calidad de cosa juzgada, lo que impide revisar dicha determinación o generar un nuevo análisis al respecto; decisión que además, cuenta  con el medio de impugnación que permite revisarla en su oportunidad, que en el caso de autos fue interpuesta de forma extemporánea, conforme a los antecedentes del proceso, consiguientemente, la pretensión del recurrente que intenta traerla como infracción en el presente recurso, fue analizada y resuelta con la excepción interpuesta, con la emisión del Auto de 22 de junio de 2016, de fs. 207 a 209, misma que esta revestida con autoridad de cosa juzgada, respecto a la pretensión, al petitorio y a los sujetos que tuvieron participación en el proceso, no pudiendo regresarse a momentos procesales ya consumados; por lo que en esta instancia no corresponde su revisión.

2, 3, 4 y 9.- Se debe establecer de manera clara, que esta materia es distinta a las otras conforme a sus principios y la protección que se le otorga al sector trabajador respecto del sector empleador, estando su normativa sustantiva apoyada en estos principios; en ese sentido, debe tenerse en cuenta que los mismos también enmarcan la tramitación de todos los procesos sociales, y que a partir de la nueva Constitución Política del Estado Plurinacional, se refuerza aún más, la protección al trabajador, elevando a rango constitucional estos principios procesales inherentes a la materia, que protegen al trabajador como el sujeto más débil de la relación empleador-trabajador, estos principios son: el principio protector con sus reglas del in dubio pro operario y de la condición más beneficiosa; de continuidad o estabilidad de la relación laboral; de inversión de la prueba; de primacía de la realidad; y, de no discriminación, establecidos en el art. 48-II de la CPE, debiendo aceptarse que el Estado a través de los administradores de justicia, no busca una paridad jurídica como en otras materias, sino una preferencia a favor del trabajador bajo estos principios constitucionales que buscan la favorabilidad del trabajador, ante la desventaja que tiene respecto del empleador, al ser aquel el sujeto débil de la relación laboral; conceptualizando los principios informadores del derecho del trabajo la SC 0032/2011-R de 7 de febrero, que señala en cuanto al principio de proteccionismo, que: “a) Principio de protección y tutela.- Llamado así porque la razón del derecho laboral es esencialmente de protección , de ahí que si se emiten normas laborales, éstas tienen que estar orientadas al resguardo del trabajador; dicho de otro modo no se busca la paridad jurídica sino la de establecer un amparo preferentemente a favor del trabajador”; empero, esta favorabilidad busca la equidad procesal, estableciendo un amparo preferentemente a favor del trabajador, al ser el sujeto débil de la relación laboral.

Así también, el DS 28699 de 1 de mayo de 2006, en su art. 4 establece y define de manera general los principios del derecho laboral, indicando: “I. Se ratifica la vigencia plena de los principios del Derecho Laboral:

a) Principio Protector, en el que el Estado tiene la obligación de proteger al trabajador asalariado, entendido con base en las siguientes reglas: In Dubio Pro Operario, en caso de existir duda sobre la interpretación de una norma, se debe preferir aquella interpretación más favorable al trabajador. De la Condición más Beneficiosa, en caso de existir una situación concreta anteriormente reconocida, ésta debe ser respetada en la medida que sea más favorable al trabajador ante la nueva norma que se ha de aplicar.

b) Principio de Continuidad de la Relación Laboral, donde a la relación laboral se le atribuye la más larga duración, imponiéndose al fraude, la variación, la infracción, la arbitrariedad, la interrupción y la sustitución del empleador.

c) Principio Intervencionista, en la que el Estado, a través de los órganos y tribunales especiales y competentes, ejerce tuición en el cumplimiento de los derechos sociales de los trabajadores y empleadores.

d) Principio de la Primacía de la Realidad, donde prevalece la veracidad de los hechos a lo determinado por acuerdo de partes.

e) Principio de No Discriminación, es la exclusión de diferenciaciones que coloquen a un trabajador en una situación inferior o más desfavorable respecto de otros trabajadores con los que mantenga responsabilidades o labores similares; señalando el referido decreto supremo, en sus consideraciones previas en el párrafo decimosegundo, como una introducción a lo que se busca alcanzar con la promulgación del mismo, que: “Que sobre el rótulo de libre contratación y libre rescisión, se han dado excesos que han significado decisiones arbitrarias para despedir, maneras camufladas para burlar obligaciones laborales: como son los contratos civiles encubiertos, o los contratos a plazo fijo cuando por su naturaleza la regla son los contratos laborales indefinidos; ya que la causa de despido debe estar debidamente justificada, fundamentada y comprobada en el marco del respeto a los derechos laborales vigentes en nuestro país (las negrillas son añadidas); buscando a través del principio de la primacía de la realidad una garantía para que no se evadan beneficios sociales, prevaleciendo la veracidad de los hechos sobre lo acordado entre partes; es decir, se debe tomar en cuenta lo que verdaderamente sucede en la realidad y no solamente lo que las partes han contratado formalmente, así bajo este principio, en esta materia, no importa la autonomía de la voluntad, sino la demostración de la realidad sobre la relación contractual; ya que ambos pueden expresar sus voluntades en un contrato, pero si la realidad es otra, y se trata de una relación laboral, es esta última la que tiene efectos jurídicos; en base a este principio, el art. 5 del DS 28699, establece: “Cualquier forma de contrato, civil o comercial, que tienda a encubrir la relación laboral no surtirá efectos de ninguna naturaleza, debiendo prevalecer el principio de realidad sobre la relación aparente, concordante con el art. 48-III de la CPE, que señala: “Los derechos y beneficios reconocidos en favor de las trabajadoras y los trabajadores no pueden renunciarse, y son nulas las convenciones contrarias o que tiendan a burlar sus efectos.

También corresponde puntualizar que en mérito al principio procesal de la verdad material, consagrado en el art. 180-I de la CPE, corresponde a la Administración de Justicia, resolver en mérito a los hechos y a la realidad de las situaciones acontecidas y no a las figuras jurídicas aparentes que las partes han pretendido de una u otra manera imponer en sus actos jurídicos.

En ese sentido, de la lectura del Auto de Vista recurrido y los antecedentes del proceso, se puede advertir que el Tribunal Ad quem, al resolver el recurso de apelación y confirmar en parte la Sentencia de primer grado, determinó que en la relación entre la actora y la Cooperativa Minera CHOROLQUE S.R.L., concurren los elementos que hacen a una relación laboral, tal como establece el art. 1 del DS 23570 de 26 de julio de 1993, concordante y ratificado con el art. 2 del D.S. 28699 de 01 de mayo de 2006; es decir: “…a) La relación de dependencia y subordinación del trabajador respecto del empleador; b) La prestación de trabajo por cuenta ajena; y c) La percepción de remuneración o salario en cualquiera de sus formas de manifestación”; que a criterio de la Cooperativa recurrente, no estarían materializados en el relación que sostenía con la actora, pero debe tenerse en cuenta que estos elementos corresponden ser interpretados en relación con el art. 5 del D.S. 28669, desarrollado precedentemente.

Por otro lado, es profusa la jurisprudencia respecto de la interpretación de la relación laboral y el contrato suscrito entre partes, debiendo tenerse presente como indica el Auto Supremo Nº 228 de 5 de mayo de 2008, correspondiente a la Sala Social y Administrativa Primera de la entonces Corte Suprema de Justicia, criterio compartido por este Supremo Tribunal de Justicia a través de los Autos Supremos Nº 54 de 17 de mayo de 2012 y Nº 60 de 29 de mayo 2012, emitidos por la Sala Social y Administrativa Liquidadora; que entre otros, refieren que no es el nombre del contrato el que determina la relación de dependencia laboral, sino las características materiales de la prestación de servicios.

Ahora, existen diferencias que hacen a los contratos civiles y laborales, siendo las más sobresalientes, que en los civiles el contratista asume por sí solo y bajo su responsabilidad, la realización de un trabajo, a cambio del pago convenido; y por otra parte, normalmente el pago se efectúa contra entrega del trabajo, o de acuerdo con el avance del mismo, en períodos acordados; a diferencia de lo anterior, en el contrato laboral se produce la dependencia del trabajador en relación con el empleador, quien proporciona los medios e instrumentos para el desarrollo del trabajo, se genera una prestación de trabajo controlado, por el cual, se produce una remuneración mensual y uniforme, denominado sueldo o salario; como se muestra en el presente caso, por las papeletas de pagos mensuales que recibió la actora de las gestiones 2005 al 2015, cursantes de fs. 68 a 115; así también, para los actos cooperativos están revestidos de ciertas características, señaladas en el art. 9-I de la LGC, que indica: “El acto cooperativo se caracteriza por ser voluntario, equitativo, igualitario, complementario, recíproco, no lucrativo y solidario, pero la relación de la actora con la Cooperativa demandada, está revestida de las características que hacen a la relación laboral, pretendiendo soslayar este aspecto la parte recurrente, con la afirmación de que la misma era asociada de la Cooperativa, que no percibía sueldos sino un adelanto mensual de excedentes de percepción, y conforme se señaló precedentemente en las consideraciones del D.S. 28699, se busca proteger el sector trabajador, de los empleadores que pretender efectuar relaciones jurídicas camuflando el verdadero fin de la relación, para evadir obligaciones sociales.

En base a todo lo relacionado, se entiende que los contratos de “prestación de servicios”, cursantes de fs. 1 a 2 y de fs. 3 a 4, no son contratos de prestación de servicios de índole civil, sino que, constituyen nacimiento de una relación laboral, contratos que deben ser entendidos bajo los principios que rigen la materia, y según el art. 5 del D.S. 26899, en concordancia con el art. 48-III de la CPE, desarrollados precedentemente; al no ser una relación jurídica contractual civil, sino una relación laboral, no puede constituirse en función a los arts. 450 y 453 del CC; porque para la materia, para precautelar los derechos y beneficios del trabajador que le correspondan por la prestación de su trabajo, se determina conforme la normativa analizada al exordio, que cualquier forma de contrato, civil o comercial, que tienda a encubrir la relación laboral, no surtirá efectos de ninguna naturaleza, debiendo prevalecer el principio de realidad sobre la relación aparente.

En ese sentido, en la relación entre la actora y la Cooperativa demandada, existen los elementos que hacen a la relación laboral, teniendo como un primer indicio la cláusula tercera de estos contratos, que determinan un pago mensual por la prestación de servicios, por el trabajo prestado, distinto de una de las características que haría a un contrato de índole civil, ya que los pagos por el servicio prestado, en este tipo de contratos se realizan a contra entrega del trabajo.

Ahora, la dependencia y subordinación de la actora, se cumple con la entrega voluntaria de energía física o intelectual para la obtención de un producto (el trabajo primero de secretaria, luego como planillera) a favor de un tercero (la Cooperativa Minera CHOROLQUE S.R.L.), que determinará la existencia básica de una situación de subordinación laboral; pero la doctrina en la materia reconoce que este elemento conlleva un poder jurídico de mando detentado por el empleador, al que le es correspondiente un deber de obediencia por parte del trabajador, quien presta la labor o el servicio; hecho acaecido en la relación de la actora con la Cooperativa Minera CHOROLQUE S.R.L., acreditado primero en los contratos suscritos, ya que la actora debe estar sometida a evaluaciones, conforme la cláusula cuarta, demostrándose una subordinación, como ocurre en una relación laboral; así también, un horario de trabajo establecido por el empleador que debe cumplirse, conforme consta en los instructivos que cursan a fs. 8 y 9; y, las órdenes directas que se le dan a la actora, que deben ser cumplidas en el desempeño de sus labores, conforme se evidencia en los instructivos dirigidos a la demandante, en fs. 17, 19, 20 y 23; demostrando dependencia y subordinación de la actora respecto de su empleador la Cooperativa Minera CHOROLQUE S.R.L.

Respecto a la característica de prestación de trabajo por cuenta ajena; como ya se menciona en el anterior análisis, existió la entrega voluntaria de energía física o intelectual para la obtención de un producto a favor de un tercero; y este trabajo por cuenta ajena, es aquel que realiza el trabajador en una labor personal ya sea física o intelectual, que implica la realización de actos materiales ejecutados con su pleno conocimiento, en beneficio del empleador, ya sea éste una persona natural o jurídica indistintamente; es decir, que la labor desempeñada por la demandante primero como secretaria y luego cono planillera, es la prestación de trabajo por cuenta ajena que realizaba el demandante, a favor de su contratante.

En cuanto a la percepción de un sueldo o salario, se evidencia por las papeletas de pagos mensuales que recibió la actora de las gestiones 2005 a 2015, conforme se consideró al exordio, que cursan de fs. 68 a 115, que la demandante percibía a cambio de su trabajo un sueldo, determinado además, en la cláusula tercera de los contratos suscritos (fs. 1 a 4); siendo que la actora, en forma mensual recibía el pago de su trabajo en un monto uniforme, constituyéndose esto en un salario; y el hecho de que el empleador considere este pago como un anticipo de excedentes de percepción y no así un salario, corresponde precisar y reiterar que, independientemente de la denominación que se le quisiera dar, la actora percibió una remuneración mensual y uniforme, como establece el inciso c) del art. 1 del D.S. 23570, concordante con el inciso c) del art. 2 del D.S. 28699, que señalan: “c) La percepción de remuneración o salario en cualquiera de sus formas de manifestación ; habiendo sido tales hechos apreciados y valorados por el Tribunal de segunda instancia en mérito a las facultades que la ley le confiere.

Con todas estas apreciaciones y consideraciones, se evidencia plenamente que la relación de la actora con la Cooperativa demandada, cumple y están materializadas las tres caracterizas que hacen a una relación laboral, no pudiendo constituirse en un acto cooperativo, ni relación civil o comercial; y como precedentemente se explicó, en la materia, rigen los principios desarrollados al exordio, como el de la primacía de la realidad, donde prevalece la veracidad de los hechos a lo determinado por acuerdo de partes, que tienden a querer encubrir una relación laboral, con la finalidad de evadir las obligaciones sociales que ello implica; debiendo aplicarse en conjunto todos los principios que están establecidos tanto en la constitución como en los decretos supremos referidos.

Esto no implica de ninguna manera, jerarquizar o establecer una superioridad de los derechos laborales, sobre los cooperativos, menos una vulneración al art. 13-III de la norma suprema, simplemente una aplicación correcta de la legislación ateniente a la materia, al evidenciarse que la relación entre la demandante y la Cooperativa demandada, es una relación laboral y no un acto cooperativo.  

5, 6, 7, 8, 10 y 11.- Al constituirse esta instancia casacional, en una instancia de puro derecho, en la que se analiza la correcta aplicación de la ley, por parte del Juez de la causa y/o el Tribunal de alzada; la apreciación y valoración de la prueba es facultad privativa de los juzgadores de instancia, en cumplimiento de la disposición contenida en el art. 1286 del Código Civil (CC) y en el art. 397 del CPC-1975, ahora en el art. 145 del CPC-2013, debiendo apreciarlas de acuerdo a su prudente criterio o sana crítica, siendo incensurable en casación; y que excepcionalmente podrá producirse una revisión o revaloración de la prueba, en la medida en que en el recurso se acuse y se demuestre la existencia de error de hecho o de derecho, en la apreciación de estas pruebas, para que este Tribunal verifique si estas infracciones son fundadas o no; al respecto, el tratadista Pastor Ortiz Mattos, en “El Recurso de Casación en Bolivia”, sobre el error de hecho, señala: “…El error de hecho se da cuando la apreciación falsa recae sobre un hecho material; tal error, en el que incurre el juez de fondo en el fallo recurrido, cuando considera que no hay prueba eficiente de un hecho determinado siendo así que ella existe y que la equivocación está probada con un documento auténtico, en cuanto al error de derecho, indica: “El error de derecho recae sobre la existencia o interpretación de una norma jurídica. En el caso que nos interesa cuando el juez o tribunal de fondo, ignorando el valor que atribuye la ley a cierta prueba, le asigna un valor distinto.

El recurrente aparentemente sostiene un error de hecho en la valoración de la prueba, ya que no lo manifiesta expresamente, pero afirma que en las planillas de aportes a la seguridad social de corto y de largo plazo, se demostraría que la actora, es una asociada de la Cooperativa, sin referir en que fojas del expediente cursa esa prueba, pero establece una apreciación falsa sobre un hecho, que se estuviese demostrando con dicha prueba, este error debe ser probado con un documento autentico, no pudiendo inferir en un análisis sobre una documental no identificada por la parte recurrente, que omite señalar en que fojas cursaría esta prueba, teniendo como prueba de descargo presentada solo la que adjunta a la interposición de la excepción previa de incompetencia, en la que se puede apreciar a fs. 146, una planilla de aportes a la AFP respecto de la actora, sellado por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, representado por la Jefatura Regional del Trabajo de Tupiza; empero, este documento demuestra un salario mensual, una percepción monetaria mensual por parte de la actora, desde noviembre de 2006 hasta marzo de 2016, acreditando aún más la característica del a relación laboral, establecida en el inciso c) del art. 1 del D.S. 23570, concordante con el inciso c) del art. 2 del D.S. 28699, desarrollado con anterioridad; así también, se establece un salario mensual en el aviso de afiliación de la trabajadora, cursante a fs. 143.

Respecto a la solicitud de la actora, para ser asociada de la Cooperativa demandante, no se evidencia tal documental en el expediente (la solicitud); pero, más allá de la omisión reiterada del recurrente de no señalar las fojas donde se constituiría la prueba que señala, si se encuentra el Acta de Asamblea General donde se hubiese dado lectura a tal solicitud, pero esta prueba, no desvirtúa las consideraciones efectuadas respecto a las demás, debiendo ser idónea la prueba para con la cual se pretende desvirtuar la pretensión del demandante, ya que conforme a los principios sentados precedentemente, la carga de probanza de los aspectos que se dilucidan en un proceso laboral incoado por el trabajador, recae en el demandado empleador, conforme establece el art. 66 del CPT, que determina: “En todo juicio social incoado por el trabajador, la carga de la prueba corresponde al empleador, sin perjuicio de que aquel pueda ofrecer las pruebas que estime conveniente, asimismo, el art. 150 de este norma adjetiva, establece: “En esta materia corresponde al empleador demandado desvirtuar los fundamentos de la acción, sin perjuicio de que el actor aporte las pruebas que crea conveniente, en concordancia con el art. 3 inc. h) del CPT, que señala: “Todos los procedimientos y trámites se basarán en los siguientes principios: h) Inversión de la prueba, por el que la carga de la prueba corresponde al empleador; instituido este principio, al ser manifiesta la desigualdad existente entre el trabajador y el empleador, a tiempo de tener acceso a la prueba idónea para acreditar o desvirtuar determinados asuntos laborales, la legislación laboral, con el ánimo de compensar esta situación, ha previsto que en los procesos laborales la carga de la prueba es obligatoria para la parte patronal y facultativa para el trabajador; o en su caso, demostrar con suficiencia los argumentos aducidos en su defensa, siendo simplemente una facultad del actor trabajador la de ofrecer prueba, más no una obligación, y en uso de esa facultad, sin que sea un obligación la actora presento la prueba necesaria para acreditar su pretensión.

Así también en materia laboral, conforme lo dispuesto por los arts. 3.j) y 158 del adjetivo laboral citado, el juez al no encontrarse sujeto a la tarifa legal de la prueba, puede formar libremente su convencimiento, inspirándose en los principios científicos que informan la sana crítica de la prueba y atendiendo a las circunstancias relevantes del pleito y la conducta procesal observada por las partes, tomando además en cuenta para ello, el conjunto de pruebas que cursan en el proceso, no así solo una, como considera el recurrente; y conforme lo señalado precedentemente, dentro del principio protector, se encuentra la “condición más Beneficiosa” para el trabajador, debiendo ser materializa en las determinaciones asumidas conforme a derecho, estableciéndose la medida que sea más favorable al trabajador; por lo que, en el caso de autos, se advierte que el Tribunal Ad quem, luego de analizar las pruebas, estableció acertadamente que la decisión asumida por el Juez fue la correcta. Tampoco se demostró, la existencia de un Certificado de Aportación, que acredite que la actora debía realizar su aporte con trabajo, recayendo solo en una afirmación del recurrente, refutada por la prueba analizada que acredita las características laborales de la relación entre la demandante y la Cooperativa demandada.

Ahora, el art. 40-I de la LGC, establece que el Certificado de Aportación: “Es el título representativo del aporte y pertenencia que otorga la Cooperativa, y establece la calidad de asociada o asociado, siendo este el documento idóneo para acreditar la calidad de asociada de la actora, así también el art. 33 de la LGC, estable como un requisito “suscribir un certificado de aportación de acuerdo a lo establecido en el estatuto orgánico, documento que no fue presentado, se afirma, que la AFCOOP recién comenzó a emitir reglamento de adecuación e estatutos, también se señala que mediante D.S. 1995 de 15 de mayo de 2014, recién se crea el registro estatal de cooperativas, donde se debe realizar el trámite de inscripción, estos aspectos no son los que se exige para acreditar la calidad e asociada de la actora, no se cuestiona la inscripción de los socios, sino se extraña el Certificado de Aportación, único documento idóneo que puede acreditar la calidad de socio o asociado de la cooperativa, ya que representan la propiedad de los socios sobre la misma, demostrando el aporte que se realizó, para formar parte de ella; determinándose que en la apreciación conjunta de la prueba, se acredita que relación entre la actora y la Cooperativa demandada, es laboral, al estar revestida de las características que al determinan.

12.- Si bien el D.S. de 9 de marzo de 1937, en su art. 2 establece que: “En caso de rebaja de sueldos, los empleados tendrán la facultad de permanecer en el cargo o retirarse de él, recibiendo la indemnización correspondiente…”; empero, debe tenerse presente que el retiro indirecto se configura también cuando la parte empleadora incita y obliga al trabajador a tomar decisiones como consecuencia de la alteración de condiciones de la relación laboral, entre ellas el cambio de horario de trabajo, reducción de salario, traslado del trabajador a un puesto de trabajo inferior o falta de pago oportuno de sueldos, produciéndose en consecuencia el despido indirecto del trabajador, estos aspectos estas reconocidos en el art. 46 de la CPE; en el caso, mediante Memorándum Cite.- “Admón 35/-16” de 9 de marzo de 2016, cursante a fs. 10, se evidencia que la actora, fue removida de sus funciones de “planillera”, a trabajos en la sección superficie o interior de la mina,  demostrándose una alteración ala relación laboral, cuando la actora se desempeñó como secretaria y luego como planillera, esta determinación acarrea un despido indirecto, porque cambia totalmente la situación laboral de la actora, ya que el despido indirecto del trabajador no solamente implica la rebaja del salario o la disminución de la carga horaria, sino también la modificación sustancial de las condiciones de trabajo normales, como ser cuando se traslada al trabajador de un lugar a otro menos conveniente; en consecuencia fue correctamente analizado por los de instancia, la consideración del despido indirecto ejercido sobre la actora.

13.- En este punto la Cooperativa recurrente, no establece en forma específica que precepto hubiese sido incumplido, desconocido o inaplicado por parte del Tribunal de alzada, en la emisión del Auto de Vista, no indica la interpretación errónea o aplicación indebida de la normativa actual, detallando que preceptos legales fueron violados y en qué consistió esta violación, o si contiene disposiciones contradictorias, indicando de manera general que la decisión es arbitraria e incongruente, a los términos de la LGC y su Decreto Reglamentario, menospreciando los principios y fines del derecho corporativo, derivándose en una apreciación equivocada de la norma vigente, no señala, el por qué o como, se estaría vulnerando la normativa vigente; y debe quien recurre de casación, citar la ley o leyes violadas o aplicadas falsa o erróneamente, especificando en qué consiste la violación, falsedad o error, no siendo suficiente la simple enunciación de las normas que considera vulneradas, sin demostrar en términos razonados y razonables, en qué consiste la infracción que acusa.

Se debe considerar que el recurso de casación en el fondo tiene por objetivo “modificar el contenido de un auto definitivo, Sentencia o Auto de Vista”, al evidenciarse que los jueces o tribunales de instancia a tiempo de emitir sus resoluciones hubiesen incurrido en errores in judicando, aspectos que imperativamente deberán ser exteriorizados a través del recurso de casación en el fondo, por la parte recurrente, explicando en que consiste la violación de la norma que se alude, y no solo señalarla de vulnerada; esta inobservancia, de ningún modo puede suplirse por este Tribunal, sin que esta decisión implique negación del derecho de acceso a la justicia, a la tutela judicial efectiva y de otros derechos fundamentales, cuando estas conclusiones asumidas obedecen al propio desconocimiento y negligencia en que incurrió la parte recurrente a tiempo de formular el recurso de casación, omitiendo completamente la carga recursiva establecida por ley.

En suma, este Tribunal ha expresado en reiterados fallos que es deber primordial del Estado proteger los derechos de los trabajadores, en cumplimiento a los principios de primacía de la realidad, de proteccionismo e inversión de la prueba en materia laboral, por cuanto todo trabajador goza del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva consagrado por la Constitución Política del Estado, y arts. 4 y 13 de la LGT; a mayor abundamiento, la SCP 0583/2012 de 20 de julio, ha señalado que: “(…) el Estado tiene la obligación fundamental de garantizar una tutela benéfica a través de mecanismos eficaces para proteger derechos fundamentales en situaciones que merecen especial protección, como es el caso de las trabajadoras y los trabajadores, colocados casi siempre en situación de desventaja frente a las fuerzas del mercado o del poder económico del empleador; por ello, la Constitución Política del Estado reconoce dicha protección, a partir de su art. 46, que dispone que toda persona tiene derecho al trabajo digno, con seguridad industrial, higiene y salud ocupacional, sin discriminación, y con remuneración o salario justo, equitativo y satisfactorio, que le asegure para sí y su familia una existencia digna.

También prevé el derecho a una fuente laboral estable, en condiciones equitativas y satisfactorias, imponiendo para el Estado, la obligación de resguardar el ejercicio del trabajo en todas sus formas. Asimismo, el art. 48.I y II de la CPE, prescribe que las disposiciones sociales y laborales son de cumplimiento obligatorio y que las normas laborales se interpretarán y aplicarán bajo los principios de protección de las trabajadoras y de los trabajadores como principal fuerza productiva de la sociedad; de primacía de la relación laboral; de continuidad y estabilidad laboral; de no discriminación y de inversión de la prueba a favor de la trabajadora y del trabajador. Por su parte, el art. 49.III de la Norma Suprema, constriñe al Estado a salvaguardar la estabilidad laboral y prohíbe expresamente el despido injustificado. En este contexto, el despido laboral injustificado implica la carencia de ingresos para la alimentación y protección del trabajador y su familia, con la consiguiente lesión de bienes jurídicos de primer orden, como la vida, la salud, la educación y otros.”

En mérito a lo expuesto y no encontrándose fundados los motivos traídos en casación por la entidad demandada, corresponde dar aplicación al art. 220-II del CPC-2013, aplicable en la materia por expresa determinación del art. 252 del CPT.

POR TANTO: La Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución contenida en los arts. 184-1 de la Constitución Política del Estado y 42-I-1 de la Ley del Órgano Judicial, declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo de fs. 667 a 671, interpuesto por la Cooperativa Minera CHOROLQUE Ltda., a través de Wilson Reynoso Ortega en su calidad de Presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa. Con costas.

Se regula el honorario profesional del abogado en Bs.1.000.- (mil 00/100 bolivianos), que manda a pagar el Juez de primera instancia. 

Regístrese, comuníquese y cúmplase.-