TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA

Auto Supremo Nº 318

Sucre, 6 de julio de 2018


Expediente                        : 164/2017

Demandante                : Mery Paredes Gonzáles

Demandado        : Caja de Salud de Caminos y Ramas Anexas (RA) Regional Sucre

Materia        : Laboral

Distrito                        : Chuquisaca

Magistrado Relator        : María Cristina Díaz Sosa


VISTOS: Rosario Virginia Cors Pedrozo, en su condición de Administradora II de la Regional Sucre y apoderada del representante legal de la Caja de Salud de Caminos y RA, interpone recurso de casación en el fondo, contra el Auto de Vista 158/2017 de 17 de marzo, cursante de fs. 598 a 599, dictado por la Sala Social, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, dentro el proceso Laboral seguido por Mery Paredes Gonzáles contra la institución demandada, el Auto que concede el recurso de fs. 607, el Auto Supremo de admisión 164-A de 5 de mayo de 2017, antecedentes del proceso; y:

I. ANTECEDENTES PROCESALES

Sentencia

La demanda laboral incoada por Mery Paredes Gonzáles contra la Caja de Salud de Caminos y RA Regional Sucre, mereció la Sentencia 46/2016 de 31 de agosto, cursante de fs. 573 a 577 de obrados, dictada por la Jueza de Partido Primero del Trabajo y Seguridad Social, Administrativo, Coactivo Fiscal y Tributario del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, que declara probada en parte la demanda de fs. 38 a 41 de obrados.

Auto de Vista.

En apelación interpuesta por la institución demandada, la Sala Social, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, por Auto de Vista 158/2017 de 17 de marzo, cursante de fs. 598 a 599, confirma totalmente la sentencia apelada.

II. ARGUMENTOS DEL RECURSO DE CASACIÓN

El Auto de Vista, motivó que, la Caja de Salud de Caminos y RA formule recurso de casación, cursante de fs. 602 a 605 de obrados, expresando lo siguiente:

Señala que el Tribunal Ad quem al igual que el A quo, no valoraron conforme a derecho la abundante prueba de descargo presentada, que demuestran sin lugar a dudas que la relación jurídica existente entre la Lic. Mery Paredes Gonzáles y la Caja de Salud de Caminos y RA, no era de índole obrero-patronal sino una relación contractual de tipo civil en primera instancia y posteriormente de naturaleza administrativa; en consecuencia, dice, que existe error de derecho en la apreciación de las pruebas de descargo.

Manifiesta que los contratos de compra venta de servicios, los comprobantes de contabilidad, formularios del régimen complementario al IVA, formularios de pago de contribuciones como Consultor en línea a la Administradora de Fondo de Pensiones (AFP) BBVA Previsión, acreditan que la demandante no se encontraba amparada bajo la Ley General del Trabajo.

También argumenta que si bien no planteó de manera expresa la excepción de incompetencia, en el escrito de respuesta a la demanda, expuso de manera puntual el por qué no le asistía a la demandante el derecho al cobro de beneficios sociales y el por qué la Juez A quo no debía asumir conocimiento de la presente causa.

En atención a los argumentos vertidos pide, que el Tribunal Supremo de Justicia Case el Auto de Vista recurrido, y deliberando en el fondo, declare improbada la demanda con referencia al pago del desahucio e indemnización, vacaciones a la demandante; con costas y responsabilidad.

III. ANÁLISIS JURÍDICO LEGAL, DOCTRINAL Y JURISPRUDENCIAL, APLICABLE AL CASO EN CONCRETO.

En el Estado Constitucional de Derecho vigente en nuestro país desde el 7 de febrero de 2009, el análisis sobre la problemática planteada, deber ser realizada desde y conforme la Constitución, el Bloque de Constitucionalidad y las normas ordinarias aplicables al caso.

El art. 46 de la CPE señala que toda persona tiene derecho al trabajo digno, con seguridad industrial, higiene y salud ocupacional, sin discriminación, y con remuneración o salario justo, equitativo y satisfactorio, que le asegure para sí y su familia una existencia digna; además a una fuente laboral estable.

Adicionalmente el art. 48 constitucional dispone, que las disposiciones sociales y laborales son de cumplimiento obligatorio; las normas laborales se interpretarán y aplicarán bajo los principios de protección de los trabajadores como principal fuerza productiva de la sociedad; de primacía de la relación laboral; de continuidad y estabilidad laboral; de no discriminación y de inversión de la prueba a favor del trabajador. Los derechos y beneficios reconocidos a favor de los trabajadores no pueden renunciarse, y son nulas las convenciones contrarias o que tiendan a burlar sus efectos. Los salarios o sueldos devengados, derechos laborales, beneficios sociales y aportes a la seguridad social no pagados tienen privilegio y preferencia sobre otra acreencia, y son inembargables e imprescriptibles. 

Por su parte el art. 49 de la CPE establece que el Estado protege la estabilidad laboral, prohibiendo todo despido injustificado.

El art. 1 de la Ley General del Trabajo (LGT), dispone que la LGT determina con carácter general los derechos y obligaciones emergentes del trabajo; por su parte el art. 3.IV del Estatuto del Funcionario Público, dispone que los Servidores Públicos dependientes del Servicio de Salud Pública, estarán solamente sujetos al Capítulo III del Título II “Servidor Público Ética Pública” y Título V “Declaración de Bienes y Rentas” del presente Estatuto; consecuentemente, los trabajadores de las Cajas de Salud se encuentran sujetos a las disposiciones de la LGT y su Decreto Reglamentario.

Los argumentos del ente gestor de salud demandado, en su recurso de casación versan sobre el error de derecho en la apreciación de las pruebas de descargo; argumento casacional que necesariamente debe ser analizado a  partir de la aplicación del Principio Protector, entendido como el más importante del derecho laboral; ya que parte de la desigualdad existente entre el empleador y el trabajador, y busca la protección del trabajador para equipararlo al empleador; sumado al principio Intervencionista, en la que el Estado, mediante sus órganos y tribunales especiales y competentes ejercen tuición en el cumplimiento de los derechos de los trabajadores y empleadores; principio de irrenunciabilidad de derechos, que prohíbe al trabajador privarse voluntariamente de derechos y garantías que le otorga la legislación laboral, así sea en beneficio propio; principios constitucionales que obligatoriamente deben ser aplicados en relaciones laborales, por lo que necesariamente debemos referirnos al art. 3.IV del Estatuto del Funcionario Público que en concordancia con el art. 1 de la LGT, nos aclaran que los trabajadores de las Cajas de Salud, se encuentran sujetos a las disposiciones de la LGT; entonces siendo la demandante una trabajadora de la Caja de Salud de Caminos y RA, se encuentra amparada por la LGT.

Ante la existencia de una relación laboral, debemos aplicar los principios que regulan la relación obrero patronal, por lo que, aplicando el principio de Primacía de la Realidad, que dispone la prevalencia de la veracidad de los hechos a lo determinado por acuerdo de partes; coincidente con el DS 28699 de 1 de mayo de 2006, que en su art. 2 con relación a la relación laboral, señala como sus características esenciales: a) La relación de dependencia y subordinación del trabajador respecto al empleador. b) La prestación de trabajo por cuenta ajena, c) La percepción de remuneración o salario, en cualquiera de sus formas y manifestaciones; y con el art. 5, que dispone, cualquier contrato, civil o comercial, que tienda a encubrir la relación laboral, no surtirá efectos de ninguna naturaleza, debiendo prevalecer el principio de realidad sobre la relación aparente. En el caso concreto, la realidad nos muestra que la trabajadora, pese a los contratos civiles y administrativos suscritos, reunía las condiciones que hacen a una relación laboral, es decir subordinación, trabajo por cuenta ajena y la percepción de una remuneración; por lo que, esos contratos solo sirvieron para encubrir una relación laboral existe en los hechos.

Compatible con el anterior razonamiento, se encuentra el art. 2 del DL 16187 de 16 de febrero de 1979, que prohíbe los contratos a plazo, en tareas propias y permanentes de la Empresa, definido por el art. 2 de la RA 650/07 de 27 de abril, del Ministerio de Trabajo, como aquellas tareas vinculadas al giro habitual o principal actividad económica de la empresa, aquellas sin las cuales no tendría objeto la existencia de la unidad económica; en cambio las tareas propias y no permanentes, son aquellas que siendo vinculadas al giro habitual o principal actividad económica de la empresa, se caracterizan por ser extraordinariamente temporales, como las tareas de suplencias por licencia, bajas médicas, descansos pre y post natales; situaciones que no se aplican a la relación laboral existente entre la demandante y la institución demandada; si tomamos en cuenta que la demandante cumplía el trabajo de enfermería en el Policlínico de la Caja de Salud de Caminos y RA, actividad que hace a labores propias y permanentes del ente gestor de salud de la seguridad social de corto plazo.

Por lo expresado, aplicando los principios que hacen a una relación laboral, coincidente con la normativa glosada, que demuestran sin lugar a dudas que la relación existente entre Mery Paredes Gonzáles y la Caja de Salud de Caminos y R, era laboral; al encontrarse los trabajadores de los Servicios de Salud Pública, dentro de las disposiciones de la LGT y su reglamento; consecuentemente, el argumento de error de derecho en la apreciación de las pruebas de descargo, pruebas que versan sobre los contratos suscritos entre demandante y demandando, cuyos argumentos son generales y no específican y/o individualizan cada prueba y la errónea valoración realizada; prueba que sin embargo y conforme consta en obrados, fue apreciada y valorada, de acuerdo el art. 3.j) del Código Procesal del Trabajo (CPT), es decir, de manera libre, con amplio margen de libertad, conforme la sana lógica, los dictados de la conciencia y principalmente aplicando los principios básicos y protectores del derecho laboral, a los cuales nos referimos líneas arriba.

Por lo analizado, corresponde a este Tribunal aplicar la disposición comprendida en el art. 220.II del Código Procesal Civil (CPC), aplicable al caso de autos por mandato de la norma remisiva contenida en el art. 252 del Código Procesal del Trabajo.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida por los arts. 184.1 de la CPE y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial, declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo, de fs. 602 a 605, interpuesto por Rosario Virginia Cors Pedrozo, apoderada del representante legal de la Caja de Salud de Caminos y RA.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.