TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA

Auto Supremo Nº 316

Sucre, 6 de Julio de 2018


Expediente                  : 162/2017

Demandante                   : Julio Condori

Demandado                    : Flora Matilde Calderón Vda. de Saavedra

Materia                           : Beneficios Sociales

Distrito                         : La Paz

Magistrado Relator        : Dr. Esteban Miranda Terán


VISTOS: El recurso de nulidad o casación en la forma y el fondo de fs. 335 a 341 interpuesto por Mary Loayza Olivares, en representación de Flora Matilde Calderón Vda. de Saavedra, contra el Auto de Vista N° 01/2017-SSA-I de 16 de enero, cursante de fs. 332 a 333, pronunciado por la Sala Social y Administrativa Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; dentro del proceso por pago de beneficios sociales seguido por Julio Condori, contra la recurrente; la respuesta de fs. 343 a 346; el Auto de 5 de abril de 2017 que concedió el recurso (fs. 346); el Auto de Admisión Nº 162-A de fs. 354, los antecedentes procesales y;

I.- ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Sentencia.-

Que, tramitado el proceso laboral, la Juez Cuarto de Trabajo y Seguridad Social de la ciudad de La Paz, en suplencia legal de su similar Tercero, emitió la Sentencia Nº 030/2016 de 16 de marzo (fs. 235-246), declarando probada en parte la demanda y ordenando el pago de Bs. 210.527,52 (Doscientos diez mil quinientos veintisiete 52/100 Bolivianos) por conceptos de indemnización, desahucio, vacaciones y bono de antigüedad.

Auto de Vista.-

En grado de Apelación, promovido por la demandada, la Sala Social y Administrativa Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, expid el Auto de Vista Nº 01/2017-SSA-I de 16 de enero, CONFIRMANDO la Sentencia Nº 030/2016 de 16 de marzo.

II.- FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE CASACIÓN:

Por memorial de fs. 335 a 341, Mary Loayza Olivares, en representación de Flora Matilde Calderón Vda. de Saavedra, interpone recurso de casación alegando:

En la forma.-

Acusa vicio de nulidad en razón a que en el acta de sorteo del expediente para efectos de la resolución de vista, sólo consigna la firma de uno de los vocales de la Sala y que no se encontraba presente la Presidenta de la Sala, que tiene como una de sus atribuciones la de "Controlar la distribución de las causas por sorteo”, como manda el art. 55.2 de la Ley del Organo Judicial.

Agrega que, al no haber sido convocada oportunamente la Presidenta de la Sala o no haber participado en el acto de “sorteo”, propiamente no hubo sorteo y, por ende, la diligencia de fs. 331 vlta. es nula de pleno derecho y nulo también el Auto de Vista pronunciado sin haberse cumplido las formalidades legales previas.

En el fondo.-

1. Acusa que el Auto de Vista recurrido infringe la ley laboral, cuando sin ningún fundamento ni argumento jurídico consistente, CONFIRMA la Sentencia apelada, sobre la base de una simple afirmación que se reitera una y otra vez en sentido "Que la demandada no ha presentado prueba alguna que desvirtúe lo aseverado por el demandado, incumpliendo así el principio de inversión de la prueba”.

Prosigue señalando que si bien, en materia laboral, existen una serie de principios e incluso presunciones que favorecen al trabajador, pero éstas deben cumplir de alguna manera los requisitos exigidos por el art. 182 del CPT. Así, para que pueda presumirse la existencia de una relación de trabajo, debe acreditarse la prestación del servicio o la ejecución de la obra. Por ende, lo menos que puede exigirse es que el supuesto trabajador, demuestre que existe o existió una prestación de servicio, una relación de dependencia, una designación o un contrato verbal o escrito, un elemental principio de prueba que acredite la existencia de la relación laboral, el pago de un determinado salario, etc. A pesar de ello, tanto la Sentencia como el Auto de Vista encuentran todo eso, sobre la simple base de la afirmación del demandante.

Sobre el principio de la inversión de la prueba señala que no se podría desvirtuar la simple afirmación del demandante, si no existía ni existió nunca un vínculo laboral y que a pesar de todos los principios y presunciones establecidos legalmente, cualquier demandante tiene la obligación de acreditar mínimamente los hechos que reclama. Más aún, las autoridades jurisdiccionales tienen la obligación de ordenar la práctica de todas aquéllas diligencias que a su juicio sean indispensables para el completo esclarecimiento de los hechos controvertidos y, sobre todo, tienen la obligación de indicar los hechos y circunstancias que causaron su convencimiento (art. 158 del CPT).

Acusa que en el presente caso, no se ha dado cumplimiento a las previsiones de los arts. 66, 150, 155, 158 y 182, normas que resultan INFRINGIDAS, ya que aún sin citarlas todas, se les ha dado una aplicación totalmente parcializada.

2. Alega que en el punto 1 del segundo considerando, el Auto de Vista recurrido, llega a la conclusión de que existió una relación laboral entre el demandante y su representada, sin hacer ningún análisis racional y sobre la base de la simple afirmación de que "la parte demandada en ningún momento ha llegado a demostrar la inexistencia de una relación laboral, deduciéndose más bien en la, especie la concurrencia de todas sus características, mismas que no han podido ser desvirtuadas (...)”, lo que califica como conclusión totalmente antojadiza y que no tiene ninguna base legal, por lo cual resultan violados los artículos 5 y 6 de la Ley General del Trabajo y 5, 6 y 7 del Reglamento de la Ley General del Trabajo.

Luego de transcribir la conclusión del Tribunal de Apelación en sentido que la Empresa a la que "supuestamente pertenece el actor y para la cual presta servicios denominada Construyendo Ciudad SRL, tiene como representante legal a la hija de la demandada (…) en este sentido se advierte que dada la ingenuidad y humildad del actor, este ni está enterado que presta servidos para dicha empresa”, formila las siguientes interrogantes:

¿Cómo pueden los señores Vocales asegurar la ingenuidad y humildad del actor?. ¿Es que acaso se entrevistaron con él?. De ser así ¿porqué no se convocó también a mi representada?. ¿Es que el hecho de que el demandante sea ingénuo y humilde lo hace acreedor a ciertos derechos y privilegios especiales?.

Si en el expediente no existe ningún documento que demuestre la relación familiar entre la demandada y la representante legal de la Empresa “Construyendo Ciudad SRL”, cómo pueden los señores Vocales afirmar terminantemente que esta última es hija de mi representada?.

¿acaso no es verdad que la demandada es una persona particular, física, natural, que tiene un nombre especifico?. ¿Existe alguna prueba de que mi representada tenga alguna vinculación con la Empresa “Construyendo Ciudad SRL", que es una persona colectiva, jurídica, diferente de la demandada?.

Y si existen documentos fehacientes que acreditan la relación laboral que hubo entre el demandante y la referida Empresa, sin importar quién sea su representante legal, acaso este hecho no desvirtúa la supuesta relación laboral entre mi representada y el demandante?

Si el demandante presta o prestó servicios para la Empresa “Construyendo Ciudad SRL", como demuestran los documentos citados e implícitamente lo reconocen los señores Vocales cuando afirman: "dada la ingenuidad y humildad del actor éste ni está enterado que presta servicios para dicha Empresa”, cómo es posible que puedan confirmar la Sentencia condenatoria en contra de mi representada?. Al afirmar lo que afirman, están dando por hecho que la relación laboral del demandante fue o es con esta Empresa y no con mi representada. Por tanto, si esto es así, sin importar quién represente a dicha Empresa, ¿Cómo es posible que puedan confirmar la Sentencia?. ¿Cómo es posible que afirmen la existencia de una relación laboral entre mi representada y el demandado?. Si bien la Constitución Política del Estado y la Ley General del Trabajo reconocen una serie de derechos a favor de los trabajadores, éstos derechos surgen de un hecho elemental que es el contrato de trabajo o la denominada “RELACIÓN LABORAL", que vendría a ser en definitiva el vínculo efectivo entre trabajador y empleador. Al no existir esta relación, no surgen ni pueden surgir esos derechos. Sostener lo contrario, como lo hace el Auto de Vista implica una nueva evidente violación de los Arts. 5 y 6 de la Ley General del Trabajo y los artículos 5, 6, 7 y siguientes del Reglamento de la Ley General del Trabajo.

Asimismo, luego de transcribir la conclusión del Tribunal de Apelación en el que señala: "independientemente de las afirmaciones del trabajador, a fs. 218 cursa una nota que aunque en fotocopia simple, refleja que el actor era el Portero del Edificio de propiedad de la demandada dato que concuerda con lo aseverado por el actor, quien señaló en su demanda contar con un código o clave de la alarma de seguridad del Edificio (…)”., señala que el Tribunal de Apelación fundó sus conclusiones en una simple fotocopia a la cual le otorgó pleno valor probatorio. Agrega que éste documento, entre otras cosas, no consigna la firma de su representada (lo cual ya lo invalida), pero además carece de valor probatorio según lo previsto por el artículo 161 del Código Procesal del Trabajo. Por otro lado, es falsa la afirmación del Auto de Vista de que el actor señaló en su demanda "contar con un código o clave de la alarma de seguridad del Edificio”., vulnerando el art. 161 del Código Procesal del Trabajo.

3. Acusa que el Auto de Vista N° 01/2017-SSA-I, al no realizar un análisis de los antecedentes y confirmar la sentencia sin mayor análisis, acepta pasivamente y permite que se cometa una gravísima injusticia y, sobre todo, incurre en una errada interpretación de la ley, ya que ha pasado por alto instituciones del derecho laboral plenamente aplicables. En efecto, si se hubiera realizado un mínimo examen de la sentencia, se habría podido evidenciar que en cada uno de los temas a los que se refiere el Auto de Vista, tales como la relación laboral, el tiempo de servicios, el haber promedio indemnizable y la causa de retiro, el inferior asume decisiones por sí y ante sí, sin ninguna base jurídica. Y por eso, el Auto de Vista incurre en las mismas imprecisiones y se limita a sostener el criterio de que la demandada no aportó prueba alguna o no enervó lo afirmado por el demandante. En tal virtud, la Sentencia y el Auto de Vista determinan que existió una relación laboral, aunque exista prueba documental en contrario; fijan el tiempo de servicios caprichosamente, ya que ni siquiera toman en cuenta las diferentes versiones que brinda el demandante; fijan el sueldo promedio indemnizable de la manera más abusiva y actúan de forma ultrapetita, al reconocer al demandante conceptos no demandados, haciendo un uso arbitrario de las facultades que les otorga la ley.

Concluye acusando la existencia de una evidente interpretación errónea de la ley, así como una aplicación indebida de los arts. 5, 6, 12, 13 y 19 de la LGT, 5, 6, 7, 11 y 12 del Reglamento General.

4. Bajo el epígrafe de aplicación indebida, acusa que tanto la Sentencia como el Auto de Vista, consideran válidos los documentos que cursan de fs. 152 a 222, en la mayoría de los cuales no aparece el nombre de la demandada. Esos documentos, no acreditan la existencia de una relación jurídico-laboral entre el demandante y la demandada, que es el tema que interesa.

En la confesión de fs. 225, a la pregunta sobre si el Banco do Brasil tenía su propio personal de limpieza, control y seguridad, el declarante reconoció que dicha entidad tenía su propio personal. Sin embargo, tanto la Sentencia como el Auto de Vista, le asignan a la referida confesión “pleno valor probatorio” aun en contra de documentos fehacientes.

En relación a las declaraciones testificales de cargo, alega que no acreditan de manera alguna que hubiese existido una relación laboral con su representada, pero, de igual manera, la Sentencia y el Auto de Vista que la Confirma, aceptan plenamente esta prueba y le restan todo valor a las declaraciones testificales de descargo, que resultan ser más coherentes.

Prosigue señalando que con relación a los documentos cursantes de fojas 247 a 267, el Auto de Vista concluye en que el demandante no “sabía para quién trabajaba"; más, tratándose de documentos auténticos, la conclusión debía ser que el demandante mantuvo una relación laboral con una Empresa (persona jurídica o colectiva) diferente de la demandada (persona natural, física), por lo menos en algún periodo. De ser así, como efectivamente está demostrado, el tema de la relación laboral y el cálculo del supuesto tiempo de servicios, así como el monto de la liquidación que el Auto de Vista confirma, no tienen justificativo alguno. Agrega que lo mismo sucede con las vacaciones, bono de antigüedad y multa. Se trata de accesorios cuyo cálculo no tiene ningún valor si acaso no se acredita fehacientemente el vínculo jurídico-laboral.

Alega que si el señor Condori prestó servicios para la Empresa “Construyendo Ciudad SRL" o formó parte de algún otro grupo de trabajadores, no podía al mismo tiempo ejercer tareas a favor de su representada.

Acusa que de fs. 125 a 132 cursan una prueba de descargo, que ni siquiera fue mencionada en la sentencia, así como las de fs. 297 a 322, aceptada por el Tribunal de Apelación, que ratifica y complementa la prueba de fojas 247 a 267, que no es tomada en cuenta, ni siquiera es mencionada y, por ende, no es analizada ni valorada en absoluto. Esta documentación, reitera el hecho de que el señor JULIO CONDORI, mantuvo una relación laboral con una empresa, que resulta ser una persona jurídica diferente de la demandada, al margen de que su representante legal mantenga alguna relación de parentesco con su representada.

Concluye señalando que el tribunal de apelación, al no considerar los documentos de fs. 247 a 267 y 297 a 322, incurrió en un evidente error de hecho en la apreciación de la prueba y, por consiguiente, en violación de los Arts. 157, 158 y 159 del Código Procesal del Trabajo.

Petitorio:

Concluye el memorial solicitando se case el Auto de Vista y, deliberando en el fondo, se emita nuevo pronunciamiento sobre el fondo.

III.- FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO:

En la forma.-

La recurrente acusa vicio de nulidad en razón a que en el sorteo de la causa no se encontraba presente la Presidenta de la Sala, que tiene como una de sus atribuciones la de "Controlar la distribución de las causas por sorteo”, como manda el art. 55.2 de la Ley del Organo Judicial.

Sobre el particular, corresponde aclarar que la nulidad de un acto jurídico constituye una excepción al principio de congruencia entendido sobre la relación de lo pedido con lo resuelto; figura que se presta, en casos excepcionales, como instrumento para la corrección o reposición de un acto carente de los requisitos formales indispensables para la obtención de su fin; o bien, cuando un acto de tal naturaleza sea en evidencia agraviante a las bases elementales del sistema jurídico, tal situación hace patente lo inmerso en el art. 3.1 del CPC, norma que impone a los jueces y tribunales el deber de “cuidar que el proceso se desarrolle sin vicios de nulidad”, lo que incumbe sin duda, no sólo a un mandato del legislador ordinario, sino involucra el propio objeto del proceso, que es la vía para “la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustantiva”, tal cual lo señala el art. 91 de aquella norma adjetiva.

A partir de ello entonces, se comprende que las normas procesales sean de cumplimiento obligatorio, por ser ellas de orden público y por tanto tener el suficiente vigor de afectar aquel orden en caso de un eventual incumplimiento o transgresión de grave afectación.

Ahora bien, la doctrina procesal reconoce, ciertas condiciones que hacen viable y justifican la nulidad por parte de los jueces y tribunales, de entre ellas la exigencia de que la causal que origine la nulidad sea manifiesta en el propio acto, es decir, la justificación de la nulidad no debe hallar respaldo en otros actos; y, que el acto anulado deba estar directamente e indisolublemente relacionado a la controversia del proceso; de manera tal que la decisión de nulidad no se halle discrecionalmente dispuesta al arbitrio de la autoridad que juzga.

Revisando la presente causa, con base en lo anterior expuesto, se advierte de la recurrente se limitó a realizar dicha denuncia, sin mencionar de manera objetiva de qué forma es que dicha facticidad afecta a sus intereses; y en consecuencia, vulnera sus derechos fundamentales y tampoco menciona cuál es la relevancia constitucional del caso concreto para poder disponerse la nulidad impetrada, mucho menos explica cómo es que cambiaría el resultado final en caso de anularse el sorteo y procederse a uno nuevo.

Por otro lado, se debe considerar que si la ahora recurrente consideraba que dicho sorteo se lo llevó a cabo sin el cumplimiento de los requisitos legales, previstos por la normativa especial de la materia, es decir, se lo constituyó desconociendo o infringiendo una norma procesal y vulnerando un derecho fundamental y/o garantía constitucional, debieron acudir al incidente de nulidad previsto por el art. 251 del CPC, en su oportunidad, aspecto que no cumplieron.

En el fondo.-

De la revisión de antecedentes y el contenido del escrito recursivo, se advierte que la controversia principal traída a juicio casatorio se circunscribe la relación laboral tenida como cierta por el Tribunal de Apelación y negada por la recurrente, por lo que corresponderá establecer si en ese propósito el Tribunal de apelación incurrió en errónea valoración de la prueba y consiguiente violación de los dispositivos legales acusados en el recurso, a cuyo efecto se tiene:

1.- En principio y teniendo en cuenta que las infracciones legales acusadas en el recurso se encuentran ligadas a la valoración de la prueba, corresponde tener en cuenta que conforme señala el art. 3 del CPT, todos los procedimientos y trámites en materia laboral se basarán entre otros en el principio de la libre apreciación de la prueba, otorgando seguidamente la descripción del mismo, señalando que constituye aquel: “por la que el juez valora las pruebas con amplio margen de libertad conforme a la sana lógica, los dictados de su conciencia y los principios enunciados”.

Esta norma encuentra concordancia con la disposición inmersa en el art. 158 de ese mismo cuerpo procesal, determinando que el juzgador laboral a momento de la valoración probatoria  “…no estará sujeto a la tarifa legal de pruebas, y por lo tanto formará libremente su convencimiento, inspirándose en los principios científicos que informan la crítica de la prueba y atendiendo a las circunstancias relevantes del pleito y a la conducta procesal observada por las partes. Sin embargo, cuando la Ley exija determinada solemnidad ad substantiam actus, no se podrá admitir su prueba por otro medio”. La propia norma impone también al juzgador el deber de fundamentar sus fallos, indicando que “En todo caso, en la parte motivada de la sentencia el Juez indicará los hechos y circunstancias que causaron su convencimiento”.

De lo reseñado se advierte que dentro del proceso laboral, el juzgador posee plena libertad en la apreciación de la prueba, entendiéndose ésta como una decisión, íntima y singular de cada juez que se funda en una valoración personal, sobre una valoración integral del cuerpo probatorio, dentro del marco de principios científicos que informan la crítica de la prueba y atendiendo los principios que orientan al derecho laboral en el Estado; entre aquellos por ejemplo el principio de favor o principio pro operario, el cual concreta su aplicabilidad en tres vertientes a saber: a) En la eventualidad de conflicto de leyes, prevalecerán las del Trabajo, bien sean sustantivas o adjetivas; b) En el supuesto de conflicto de normas, será aplicable la más favorable al trabajador; y, c) En el caso de que el juzgador laboral halle incertidumbre entre dos declaraciones posible derivadas de una misma norma, ha de preferir la interpretación que más beneficie al trabajador.

Sobre lo anterior, la jurisprudencia de este Tribunal, a través de su Sala Social y Administrativa Liquidadora por medio del Auto Supremo 205/2013 de 11 de abril, ha señalado: “En materia laboral, los jueces deben apreciar la prueba en conciencia, sin sujeción a las normas de Derecho común, salvo disposición expresa en contrario. Esta forma de apreciar la prueba no implica arbitrariedad sino respeto y sujeción a las reglas de la sana crítica, al principio de legalidad y del debido proceso. Ahora bien, por la natural desigualdad material que media entre empleadores y trabajadores, las distintas legislaciones han concebido normas y principios que tienden a nivelar, equilibrar o sanear la posición preeminente del empleador; En caso de ausencia o insuficiencia de prueba, la regla del in dubio pro operario, como corolario del principio protector, autoriza a solucionar la cuestión por el tamiz de la carga de la prueba que corresponde al demandado. La regla consiste en aplicar el criterio favorable…”.

Por otro lado, en cuanto a las presunciones, se debe tener presente que la faz práctica de toda presunción, se enmarca en la consecuencia que la Ley o el juez extracta de un hecho conocido, generalmente constituido por un indicio, para tener por cierto otro hecho desconocido que se estima resultado lógico del primero.

La doctrina reconoce la existencia de presunciones efectuadas por los jueces (estimadas en inferencias lógicas basadas en la experiencia y la ciencia, que son parte del sistema de valoración probatoria de la sana crítica y permiten aceptar como verosímil la relación entre un hecho y sus efectos); y, las presunciones legales, cuyo resultado se halla predestinado por el legislador en la norma (sustantiva o adjetiva). La legislación laboral boliviana, hace referencia a aquellos dos tipos de presunciones dentro del art. 179 del Código Procesal del Trabajo (CPT), manifestando:La presunción legal que no admite prueba contraria forma plena prueba y exime de toda otra, y la presunción judicial admite prueba en contrario”.

El art. 182 del CPT, condensa un importante número presunciones legales, relacionadas con -entre otras- la existencia, vigencia, duración y término del contrato de trabajo. Esta estructura jurídica responde a la aplicación práctica del principio de protección del trabajador, dentro de un plano que procura equidad entre las partes. Estas presunciones operan como prueba a favor del trabajador que en gran mayoría se encuentra en una presunción defensiva, ya que la ley, en virtud de que la prueba no se encuentra en su poder, obliga al que la tiene, a aportarla; por esto, la necesidad de establecer presunciones en lógica con la seguridad jurídica específica que derivan directamente de la ley y en consonancia con los principios que rigen el Derecho Procesal del Trabajo y los previstos en la Constitución Política del Estado.

Así entonces, una armoniosa comprensión de lo que significa el ejercicio de la labor probatoria dentro del CPT, en relación a la aplicación e instrumentalidad de las presunciones, debe ser realizada en consonancia con los principios que rigen la materia, y que fueron elevados a rango constitucional por el art. 48.II de la CPE, pues las presunciones revisten el valor de una necesidad social que busca darle mayor protección al trabajador, al liberarlo de la carga de la prueba de los hechos sobre los cuales fundamenta la Ley esa presunción, o bien en relación a los hechos vinculados a la reivindicación de un derecho laboral o beneficio social, ya que es el empleador, quien posee dominio sobre la mayor parte de las pruebas, por ostentar el poder de dirección que le otorga la ley en el contrato de trabajo y por ser el propietario de los medios de producción; y en sentido contrario la Ley no obliga al trabajador a comunicar, conservar, y registrar los documentos que se originan fruto de la relación de trabajo con su empleador.

Por otro lado, el art. 120 del CPT dispone que: “La demanda se dirigirá contra la parte a quien se reclama o contra su representante. Queda entendido que cuando la demanda se dirija contra la empresa o establecimiento, toda gestión que en el proceso realice el gerente, administrador o el representante del empleador, será válida. No obstante, el empleador o su representante legal podrán, en cualquier momento, apersonarse en el proceso y continuar la gestión”, es decir, los actos por los que una acción laboral puedan proponerse, son flexibles hacia el trabajador, comprendiendo que la materia obedece precisamente al principio protector y entendiendo también que la pretensión sobre un derecho laboral o beneficio social, no necesariamente es exigible a una persona natural en específico, sino a un empleador que puede estar constituido dentro de la diversidad de figuras que prevé la Ley; de ahí que adquiere lógica lo contenido en el art. 111 también del CPT que indica que, “el demandante no está obligado a presentar prueba sobre la existencia de la persona jurídica contra la cual va dirigida, ni la que en el juicio se debata como cuestión principal de este punto”.

Analizando la causa, con base en lo anterior, éste Tribunal advierte que tanto la Juez de primera instancia como el Tribunal de alzada obraron en el marco de la corrección. En efecto, las autoridades de grado concluyen que el demandante prestó servicios a favor la de la demandada, con base en la literal de fs. 218, en el que se identifica al ahora demandante como el portero del edificio de propiedad de la demandada, en cuya condición se le confió incluso la clave de seguridad del edificio.

Sin embargo de lo anterior, aún a pesar de prestarse a dudas la alegada reciente obtención en razón que la detentadora de los mismos resulta ser la hija de la demandante, las literales de fs. 247 a 267 y de 297 a 322 certifican que el demandante prestó servicios a favor de la Empresa “Construyendo Ciudad s.r.l.” por un periodo de 1 año y 3 meses; desde el 1 de febrero de 2012, hasta el 30 de abril de 2013.

Asimismo, se debe convenir que si bien las literales nombradas acreditan que durante el período señalado, el ahora demandante, prestó servicios a favor de la hija de la demandada, no es menos evidente que tales pruebas no desvirtúan el hecho alegado por el demandante de haber prestado servicios a favor de la demandada por los periodos anterior y posterior a la misma.

En ese marco y con base en el principio de continuidad de la relación laboral, consagrado por el art. 48.II de la Constitución Política del Estado, le corresponde a la ahora demandada cancelar los derechos laborales ganados por el trabajador durante el tiempo que prestó servicios bajo su dependencia, esto es, desde el 6 de octubre de 1993 hasta el 31 de enero de 2012 y desde el 2 de mayo de 2013 hasta el 2 de febrero de 2015, haciendo un total de 20 años y 26 días de tiempo de servicios, además de los otros conceptos condenados en Sentencia.

2. Por otro lado y en cuanto a la errónea valoración de la prueba que la recurrente le atribuye al tribunal de apelación con relación al hecho que el Banco do Brasil contaba con un portero en el Edificio, se debe considerar que tal hecho no demuestra que el actor no haya prestado servicios para la demandada. Sobre éste particular se debe tener presente que, en razón a la naturaleza de la controversia, no tiene relevancia que el Banco do Brasil haya mantenido o no bajo su dependencia un portero, sino el hecho de que el demandante haya o no prestado servicios a favor la ahora recurrente, pretensión que la demandada no ha desvirtuado, resultando insuficiente para tal propósito el hecho que el Banco do Brasil haya tenido un portero a su cargo.

Por todo lo expuesto supra y teniendo presente que la demandada acreditó que el demandante prestó servicios a favor de la Empresa “Construyendo Ciudad s.r.l.” por un periodo de 1 año y 3 meses; desde el 1 de febrero de 2012, hasta el 30 de abril de 2013, corresponde excluir dicho tiempo de servicios de la liquidación contenida en la Sentencia de primera instancia, confirmada en grado de apelación.

Con base en lo anterior, éste Tribunal concluye que el Tribunal de Apelación incurrió en infracción legal del art. 13 de la LGT, por lo que, corresponde dar aplicación del art. 220.IV) del CPC; aplicable en la materia por expresa determinación del art. 252 del CPT.

POR TANTO: La Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución contenida en el numeral 1 del artículo 184 de la CPE y del numeral 1 del parágrafo I del artículo 42 de la LOJ, CASA parcialmente el Auto de Vista N° 01/2017-SSA-I de 16 de enero, cursante de fs. 332 a 333 y, deliberando en el fondo, declara probada en parte la demanda, debiendo en consecuencia, la demandada cancelar a favor del actor la suma total de Bs. 157.672,85, conforme a la siguiente liquidación:

Tiempo de servicios        : 20 años y 26 días

Sueldo promedio        : Bs. 3.417,12

Desahucio                : Bs. 10.251,36

Indemnización        : Bs. 68.585,81

Vacación                : Bs. 10.251,36

Bono de ant.                : Bs. 68.584,32

Total                        : Bs. 157.672,85

Monto sobre el que, luego de su actualización, deberá aplicarse la multa del 30%, conforme al art. 9 del DS N° 28699 de 1 de mayo de 2006.

Sin costas por la casación parcial y sin multa por ser excusable.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.