TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA

Auto Supremo Nº 310

Sucre, 6 de julio de 2018


Expediente                        : 155/2017

Demandante                : Guadalupe Rosio Siles Copa

Demandado        : Gobierno Autónomo Municipal de Oruro

Materia        : Laboral

Distrito                        : Oruro

Magistrado Relator        : María Cristina Díaz Sosa


VISTOS: Edgar Rafael Bazán Ortega, en su condición de Alcalde Municipal y represente legal del Gobierno Autónomo Municipal de Oruro (GAMO), interpone recurso de casación, contra el Auto de Vista AV-SECCASA 13/2017 de 31 de enero, cursante de fs. 123 a 129, dictado por la Sala Especializada Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social - Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, dentro el proceso Laboral seguido por Guadalupe Rosio Siles Copa contra la institución recurrente, el Auto que concede el recurso de fs. 146, el Auto Supremo de admisión 155-A de 4 de mayo de 2017, antecedentes del proceso; y:

I. ANTECEDENTES PROCESALES.

Sentencia.

La demanda laboral incoada por Guadalupe Rosio Siles Copa contra el GAMO, mereció la Sentencia 53/2016 de 30 de marzo, cursante de fs. 87 a 92 de obrados, dictada por la Jueza de Partido del Trabajo y Seguridad Social, Administrativo, Coactivo Fiscal y Tributario Segundo del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, que declara improbada la demanda de fs. 39 a 40 reiterada a fs. 44 de obrados.

Auto de Vista.

En apelación interpuesta por la demandante, la Sala Especializada Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social - Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, por Auto de Vista 13/2017 de 31 de enero, cursante de fs. 123 a 129, revoca totalmente la sentencia apelada y deliberando en el fondo declara probada la demanda de conversión de contratos de plazo fijo a contrato indefinido.

II. ARGUMENTOS DEL RECURSO DE CASACIÓN.

El Auto de Vista, motivó que, el Gobierno Autónomo Municipal de Oruro formule recurso de casación, cursante de fs. 131 a 134 de obrados, expresando lo siguiente:

Señala que la demandante fue designada el 5 de julio de 2012, como funcionaria municipal en el cargo de Secretaria de la Dirección del Tesoro Municipal, en aplicación del art. 44.6 de la Ley 2028 de Municipalidades; en consecuencia, dice, era funcionaria de libre nombramiento; por lo que no estaba dentro del ámbito de aplicación de la Ley General del Trabajo (LGT), ni de su Decreto Reglamentario; encontrándose comprendida dentro los alcances del art. 59.2 de la Ley de Municipalidades.

Manifiesta que desde el ingreso de la demandante, hasta su conclusión, siempre se mantuvo en el mismo cargo, constituyéndose en personal de libre nombramiento, por lo que no correspondía la aplicación a su favor de la Ley 321, que incorporó a los trabajadores municipales, asalariados permanentes que desempeñaban funciones en servicios manuales y técnico operativo administrativo de los Gobiernos Autónomos Municipales de Capitales de Departamento a la Ley General del Trabajo, excluyendo en el parágrafo II del art. 1, a los servidores públicos y los servidores públicos electos y de libre nombramiento.

En atención a los argumentos vertidos pide, que el Tribunal Supremo de Justicia Case el Auto de Vista recurrido, y en consecuencia revoque el mismo.

III. ANÁLISIS JURÍDICO LEGAL, DOCTRINAL Y JURISPRUDENCIAL, APLICABLE AL CASO EN CONCRETO.

En el Estado Constitucional de Derecho vigente en nuestro país desde el 7 de febrero de 2009, el análisis sobre la problemática planteada, deber ser realizada desde y conforme la Constitución, el Bloque de Constitucionalidad y las normas ordinarias aplicables al caso.

El art. 46 de la CPE señala que toda persona tiene derecho al trabajo digno, con seguridad industrial, higiene y salud ocupacional, sin discriminación, y con remuneración o salario justo, equitativo y satisfactorio, que le asegure para sí y su familia una existencia digna; además a una fuente laboral estable.

Adicionalmente el art. 48 constitucional dispone, que las disposiciones sociales y laborales son de cumplimiento obligatorio; las normas laborales se interpretarán y aplicarán bajo los principios de protección de los trabajadores como principal fuerza productiva de la sociedad; de primacía de la relación laboral; de continuidad y estabilidad laboral; de no discriminación y de inversión de la prueba a favor del trabajador. Los derechos y beneficios reconocidos a favor de los trabajadores no pueden renunciarse, y son nulas las convenciones contrarias o que tiendan a burlar sus efectos. Los salarios o sueldos devengados, derechos laborales, beneficios sociales y aportes a la seguridad social no pagados tienen privilegio y preferencia sobre otra acreencia, y son inembargables e imprescriptibles. 

Por su parte el art. 49 de la CPE establece que el Estado protege la estabilidad laboral, prohibiendo todo despido injustificado.

El art. 1 de la Ley General del Trabajo (LGT), dispone que la LGT determina con carácter general los derechos y obligaciones emergentes del trabajo; por su parte, el art. 1 de la Ley 321 de 20 de diciembre de 2012, incorpora al ámbito de aplicación de la LGT, a los trabajadores asalariados permanentes que desempeñen funciones en servicios manuales y técnico operativo administrativo de los Gobiernos Autónomos Municipales de Capitales de Departamento y de El Alto de La Paz, quienes gozarán de los derechos y beneficios que la LGT y sus normas complementarias confieren, a partir de la promulgación de la Ley, sin carácter retroactivo. Exceptuando a los servidores públicos electos y de libre nombramiento, y a quienes ocupan cargos de: Dirección, Secretarías Generales y Ejecutivas, Jefatura, Asesoría y Profesionales. En su art. 3, prohíbe a los Gobiernos Autónomos Municipales de Capitales de Departamento, de El Alto de La Paz, y de aquellos que se incorporen paulatinamente a la LGT, evadir el cumplimiento de la normativa socio laboral, a través de modalidades de contratación que encubran una relación laboral propia y permanente. El art. 5 de la Ley 2027 de 27 de octubre de 1999, define a los funcionarios de libre nombramiento, como aquellas personas que realizan funciones administrativas de confianza y asesoramiento técnico especializado para los funcionarios electos o designados.

El art. 2 del Decreto Ley 16187 de 16 de febrero de 1979, establece que no está permitido más de dos contratos sucesivos a plazo fijo. Tampoco están permitidos contratos a plazo en tareas propias y permanentes de la Empresa. En caso de evidenciarse la infracción de estas prohibiciones por el empleador, se dispondrá que el contrato a plazo fijo se convierta en contrato de tiempo indefinido; tareas propias y permanentes definidas por la Resolución Administrativa 650/07 de 27 de abril, del Viceministerio de Trabajo, Desarrollo Laboral y Cooperativas, como aquellas vinculadas al giro habitual o principal actividad económica de la empresa, o aquellas sin las cuales no tendría objeto la existencia de la unidad económica.

El GAMO en su recurso de casación refiere que la demandante desde su designación, 5 de julio de 2012, como Secretaria de la Dirección del Tesoro Municipal, fue funcionaria de libre nombramiento, situación que no cambio a lo largo de su relación de trabajo, por lo que se encuentra bajo el amparo de la Ley 2028 ni de la LGT; en este sentido, remitiéndonos a los fundamentos ya esgrimidos por el Tribunal de Apelación, cuando sostiene que en plena vigencia de la Ley 321, la demandante suscribió el primer contrato que corre desde el 7 de enero hasta el 30 de junio de 2013, prestación laboral que aparte de ser continua, era prestada en tareas propias y permanentes del GAMO, tomando en cuenta que su trabajo era como secretaria de la Dirección del Tesoro Municipal, trabajo vinculado a la principal actividad de la institución municipal. Relación laboral que se encuentra comprendida dentro los alcances establecidos en el art. 2 del DL 16187 de 16 de febrero de 1979, tomando en cuenta que los contratos a plazo fijo suscritos entre la demandante y la institución demandada son más de dos, y son en tareas propias y permanentes del GAMO; consecuentemente, al haber el empleador infringido estas prohibiciones, se establece, confirmado lo afirmado por el Tribunal Ad quem, en lo relativo a la relación laboral por tiempo indefinido.

Con referencia al argumento que la demandante es funcionaria de libre nombramiento, lo que impide que este bajo la protección de la LGT, corresponde referirnos y aplicar la definición que da el art. 5 de la Ley 2027, definición que no incluye a la demandante, tomando en cuenta que las funciones que ella realizaba no eran ni de confianza, ni de asesoramiento técnico especializado, para un funcionario electo o designado; afirmación realizada previa revisión de los contratos que cursan en el expediente, donde no se establece la calidad de personal de confianza y el trabajo de asesoramiento técnico especializado.

Para mayor fundamentación, aplicando el Principio de Primacía de la Realidad, que dispone la prevalencia de la veracidad de los hechos a lo determinado por acuerdo de partes; a la relación laboral existente entre Guadalupe Rosio Siles Copa y el GAMO, la que reúne las características esenciales señaladas en el art. 2 del DS 28699 de 1 de mayo de 2006, es decir, la existencia de relación de dependencia y subordinación del trabajador respecto al empleador; prestación de trabajo por cuenta ajena; y percepción de remuneración o salario, en cualquiera de sus formas y manifestaciones. Estas características, evidencian la existencia de una relación obrera patronal entre las partes procesales. Otro aspecto que no podemos dejar de mencionar es lo dispuesto en el art. 5 del DS 28699, cuando señala que cualquier contrato, civil o comercial, que tienda a encubrir la relación laboral, no surtirá efectos de ninguna naturaleza. En el caso concreto, la realidad nos muestra que la trabajadora, pese a los contratos administrativos suscritos, reunía las condiciones que hacen a una relación laboral, es decir subordinación, trabajo por cuenta ajena y la percepción de una remuneración; por lo que, esos contratos solo sirvieron para encubrir una relación laboral existente en los hechos.

Por lo analizado, corresponde a este Tribunal aplicar la disposición comprendida en el art. 220.II del Código Procesal Civil (CPC), aplicable al caso de autos por mandato de la norma remisiva contenida en el art. 252 del Código Procesal del Trabajo.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida por los arts. 184.1 de la CPE y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial, declara INFUNDADO el recurso de casación, de fs. 131 a 134, interpuesto por Edgar Rafael Bazán Ortega Honorable Alcalde Municipal y representante legal del Gobierno Autónomo Municipal de Oruro.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.