TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA, CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y

                              ADMINISTRATIVA PRIMERA

                               Auto Supremo Nº 307

                                    Sucre, 6 de julio de 2018

Expediente                        : 152/2017

Demandante                : Marco Rodríguez Ibáñez  

Demandado        : Gobierno Autónomo Municipal de Santa Rosa del  

                                        Abuna

Proceso        : Contencioso

Distrito                        : Pando 

Relatora                        : Magistrada María Cristina Díaz Sosa


VISTOS: El recurso de casación en la forma de fs. 102 a 104, interpuesto por el Gobierno Autónomo Municipal de Santa Rosa del

Abuna representada por Edgar Limpias Lopez, contra la Sentencia de 20 de febrero de 2017, cursante de fs. 91 a 99, pronunciado por la Sala Civil y Contenciosa del Distrito Judicial de Pando, dentro del proceso contencioso seguido por Marco Rodríguez Ibáñez contra la entidad recurrente, los antecedentes del proceso; y,


I. ANTECEDENTES PROCESALES


Sentencia de 20 de febrero de 2017.

Presentado el proceso contencioso por Marco Rodríguez Ibáñez, la Sala Civil y Contenciosa del Distrito Judicial de Pando, emitió la Sentencia de 20 de febrero de 2017, cursante de fs. 91 a 99, que declara Probada la demanda de fs. 39 a 41, consiguientemente dispone que el Gobierno Autónomo Municipal de Santa Rosa del Abuna del Departamento de Pando realice el pago de Bs165.600, a la parte demandante, en el plazo de quince días de ejecutoriada la resolución.


Una vez recurrida en casación la referida sentencia, mediante Auto Supremo Nº 152-A de 28 de abril de 2017 se dispuso su admisión.

II. ARGUMENTOS DEL RECURSO DE CASACIÓN Y PETITORIO

El Alcalde Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Rosa del Abuna, interpone recurso de casación en la forma contra la referida sentencia con los siguientes argumentos:


La demanda presentada de fs. 39 a 41 contiene como prueba principal los contratos suscritos por el Municipio, representado aquella oportunidad por Soledad Antezana de Medina con el demandante Marco Rodríguez Ibáñez, el mismo identifica como contratos administrativos de Adquisición de Buzos Completos, Juegos Estudiantiles Nivel Primario y Secundario del municipio cursante de fs. 2 a 36, referida documentación no tendría el valor legal que señala el Código Civil en sus arts. 1283, 1289, 1311, 1297 y 1298.

La falta de los reconocimientos de firmas conforme lo establece el Código de Procedimiento Civil abrogado en su art. 319 num. 2, igual que con el actual Código Procesal Civil en su art. 306 num. 2 inc. g), derivó a que  la admisión de la demanda esté viciada de nulidad conforme lo establece el art. 106  del actual Código Procesal Civil y art.17 parág. II de la Ley del Órgano Judicial.

Prosigue indicando que correspondía al demandante realizar la medida preparatoria de demanda en su momento a fin de darle valor legal al documento que adjuntó al proceso contencioso. En ese sentido bajo la normativa anotada la nulidad podrá ser declarada de oficio en cualquier estado del proceso cuando la Ley la califique expresamente. Asimismo la nulidad podrá ser declarada a pedido de las partes que no concurrieron a causarla y que tenga interés en la observancia de la norma respectiva, cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para la obtención de su fin y haber sufrido indefensión. Para el caso el municipio habría sido perjudicado en razón de que se lo dejó en indefensión al no tener la oportunidad de admitir o negar el documento que es objeto de la demanda.

Manifiesta además que la sentencia no cumple con lo establecido en el art. 192-2) del Código de Procedimiento Civil, en la parte considerativa no fundamenta el derecho del valor de los documentos de los contratos administrativos sin el reconocimiento de firmas.

Afirma que, los contratos administrativos tienen como elementos esenciales, la concurrencia de la administración como una de las partes y la satisfacción de un fin directo o inmediato de carácter público y siendo los principales rasgos característicos de esta forma contractual: 1) primacía de la voluntad de la administración, que se manifiesta en las condiciones del contrato por sobre la voluntad del particular; 2) el predominio de la administración en la etapa de ejecución, que se manifiesta en las denominadas clausulas extraorbitantes, porque los órganos estatales se guardan el poder de control y el poder de modificación unilateral de contrato como instrumentos protectores de los intereses públicos.

Finalmente hace referencia a los Autos Supremos 281/2012 y 286/2012 sobre los contratos administrativos, en el entendido de que el principio de la autonomía de la voluntad queda subordinado al interés público por lo que no existe igualdad jurídica.


En tal sentido peticiona se dicte resolución anulatoria de la resolución recurrida y disponga la nulidad hasta el vicio más antiguo es decir hasta la admisión de la demanda.


III. ANTECEDENTE JURÍDICO LEGAL Y JURISPRUDENCIAL PERTINENTE.

En consideración de los argumentos expuestos por el recurrente, de acuerdo a la problemática planteada, la cual se realiza una interpretación desde y conforme la Constitución Política del Estado, el bloque de constitucionalidad y las normas ordinarias aplicables al caso concreto.


El debido proceso, consagrado por el art. 115.II de la CPE, constituye una garantía constitucional que abarca los presupuestos procesales mínimos que rigen un proceso judicial, administrativo o corporativo, vinculados a todas las formas propias del mismo y a las leyes preexistentes, para materializar la justicia con base en la igualdad de condiciones de los sujetos intervinientes, de conformidad con el art. 119.I de la Ley Fundamental; el debido proceso tiene dos perspectivas; de un lado, se trata de un derecho en sí reconocido a todo ser humano; y de otro, es una garantía jurisdiccional a favor de toda persona para asegurar el ejercicio de sus derechos en las instancias administrativas, jurisdiccionales o jurisdicciones especiales; con sus elementos configurativos defensa, y motivación y fundamentación de las decisiones judiciales o administrativas; por su parte el art. 211.I de Título V de la Ley 2492, expresa que las resoluciones se dictarán en forma escrita y contendrán su fundamentación, lugar y fecha de su emisión, firma de la autoridad que la pronuncia y la decisión expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas.        


La Constitución Política de Estado Plurinacional, así como la Ley del Órgano Judicial, reconocen y regulan las jurisdicciones especializadas y dentro de ellas a la jurisdicción contencioso administrativa, desarrollada y regulada por la Ley 620, al igual que la Ley 1178 de 20 de julio de 1990; D.S. 181 de 28 de junio de 2009, así también el Código de Procedimiento Civil en su art. 775 dispone: “En todos los casos en que existiere contención emergente de los contratos, negociaciones o concesiones del Poder Ejecutivo, conforme a las previsiones pertinentes a la Constitución Política del Estado, se presentará la demanda ante la Corte Suprema de Justicia…”. Precepto normativo que señalaba la competencia de los contratos administrativos a la Extinta Corte Suprema de Justicia y que actualmente se encuentra regulada por la Ley 620 de 29 de diciembre de 2014  “Ley Transitoria para la Tramitación de los Procesos Contencioso y Contencioso Administrativo” que reconoce la jurisdicción especializada, en relación a lo establecido en el art. 179.I de la Constitución Política del Estado, de manera que corresponde referir a lo que dispone el art.  6 de la Ley 620 de 29 de diciembre de 2014, cuyo texto dice: “(Procesos en trámite).“Los procesos en curso, archivados y los presentados con anterioridad a la vigencia de la presente Ley, continuarán siendo de competencia de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia y de las Salas Plenas de los Tribunales Departamentales de Justicia, hasta su conclusión, conforme a normativa legal aplicable hasta antes de la promulgación de la presente Ley.”

La norma referida crea la jurisdicción especializada contencioso-administrativa regulada como jurisdicción especial, la misma, en sus dos esferas, vale decir en lo contencioso y en lo contencioso-administrativo, corresponde a la competencia de las Salas Especializadas en materia Contenciosa y Contenciosa Administrativa de los Tribunales Departamentales de justicia y del Tribunal Supremo de Justicia.


Consiguientemente son los Tribunales mencionados, a quienes por ley se les atribuye la competencia para ejercer la jurisdicción contenciosa administrativa, razón que por expreso mandato de la ley deben conocer las causas a que se refieren los arts. 775 y 778 del Código de Procedimiento Civil; la primera hace referencia a los casos en que exista controversia emergente de los contratos, negociaciones o concesiones del Poder Ejecutivo, sin embargo esta última previsión, no debe ser interpretada de manera limitativa, en sentido de hacer mención únicamente a los contratos, negociaciones y concesiones del Poder Ejecutivo comprendido sólo en su nivel Central, por el contrario la misma debe ser interpretada en un sentido amplio, pues, como se analizó inicialmente, el contrato de naturaleza administrativa es el parámetro que debe tenerse en cuenta a efectos de habilitar la jurisdicción especializada contencioso-administrativa, concluyendo que habrá contrato administrativo en la esfera de los cuatro Órganos del Estado (Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral), entidades públicas con plena autonomía y en si en la esfera de toda entidad estatal sujeta a la Ley 1178, pues en esos ámbitos del Estado se desarrolla un función administrativa y existe el interés público, que cuando se constituye en el objeto directo de la contratación determina la naturaleza administrativa del contrato.


Lo expuesto permite concluir que en el ámbito de la actual Constitución Política del Estado y de la Ley 620, la disposición final Tercera de la Ley 439 de 19 de noviembre de 2013 (Código Procesal Civil), la competencia en lo contencioso-administrativo, corresponde a las Salas Especializadas de los Tribunales Departamentales de Justicia así como a la Sala Especializada del Tribunal Supremo de Justicia y en casación ante la Sala Plena del Máximo Tribunal referido, consiguientemente la competencia para el conocimiento y resolución de todo litigio emergente de la interpretación controvertida y de la ejecución de los contratos administrativos no corresponde a la vía ordinaria civil, puesto que resulta contrario a las reglas de competencia jurisdiccional someter esas controversias a los tribunales ordinarios de materia civil o comercial, lo que encontraría sanción en lo previsto por el art. 122 de la Constitución Política del Estado que establece que: “Son nulos los actos de las personas que usurpen funciones que no les competen, así como los actos de las que ejercen jurisdicción o potestad que no emane de la ley”.


Dicho criterio ha sido asumido por este Tribunal, conforme a la Constitución Política del Estado, la vasta jurisprudencia y la Ley 620.


IV. ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO

Del examen del recurso de casación en la forma, la sentencia recurrida y de los antecedentes del proceso, en relación al punto identificado por el recurrente, concerniente a la nulidad de la sentencia, porque se habría vulnerado lo referido a la prueba al no haberse adjuntado a tiempo de interponer la demanda los reconocimientos de firmas; se tiene:

En ese entendido, realizado el análisis del recurso de casación en la forma, es necesario desarrollar las siguientes consideraciones de orden jurisprudencial y normativo respecto de la sentencia impugnada y sus fundamentos, señalando inicialmente que, las nulidades procesales, como sanción aplicada a determinado acto, por la sola separación de las formalidades establecidas en la ley de quien debe cumplirlas, ha tenido un significativo avance.


En ese contexto el A.S. Nº 331/2015 L de 18 de mayo 2015, al respecto ha señalado lo siguiente:

“La doctrina, jurisprudencia y la ley han construido presupuestos válidos para aplicar la nulidad procesal, que en todo caso es de ultima ratio, aplicado con criterio restrictivo, cuando se ha vulnerado objetivamente el derecho a la defensa en juicio, por lo que no puede imputarse a la nulidad el propósito de enmendar la injusticia de una decisión sino el de asegurar la inviolabilidad del derecho a la defensa.  

Por ello, para compulsar las formas en el proceso los principios procesales juegan un papel importante para aplicar una nulidad, conforme la reiterada  jurisprudencia legal y constitucional, a lo que detallamos a continuación:

Principio de Especificidad o Legalidad.- No existe nulidad sin Ley que taxativamente la establezca. En sentido puro, según este principio, las nulidades son solamente las previstas en la Ley y no puede aceptarse otras; criterio que en la práctica resulta poco realizable en virtud de que resulta materialmente imposible que un ordenamiento Procesal Civil recoja y pueda prever todas y cada una de las causales motivantes de nulidad.

En la actualidad, no se concibe el principio de legalidad en su forma pura, sino en una forma mucho más flexible, atenuada, acorde a las necesidades de la práctica forense y con mayor criterio de juridicidad.

Principio de Trascendencia.- No hay nulidad sin perjuicio. La sola presencia de un vicio no es razón suficiente para que el Juez declare la nulidad de un acto procesal, se requiere, además, que ese vicio sea trascendente; es decir, que determine un resultado probablemente distinto en la decisión judicial o coloque al justiciable en estado de indefensión. No procede, por tanto, la nulidad fundada en el mero interés de la ley, sino cuando la inobservancia de las formalidades del acto causa un daño que no puede ser reparado si no es por esta vía excepcional.

En otras palabras, no todo vicio ni toda irregularidad ocurrida en el proceso reviste relevancia jurídica, consiguientemente no todo vicio trae aparejada la invalidez del acto.

En virtud al principio de trascendencia debe tenerse en cuenta el perjuicio que el acto realizado viciosamente puede ocasionar, de tal manera que si no es verdaderamente importante, o relevante, carece de sentido la nulidad, pues, la violación formal debe trascender en la esfera del debido proceso y tener incidencia en el derecho a la defensa de las partes, solo así se hace viable la aplicación de la sanción de nulidad del acto.

Principio de finalidad del acto procesal.- Un tema importante para tomar en cuenta es si el agravio o la violación al debido proceso determina siempre la invalidación de un acto, pues pueden existir actos procesales que, aun cayendo en supuestos de nulidades expresas, logran la finalidad para la que estaban destinados, en cuyo caso no debe declararse la nulidad.

Principio de Protección.- La nulidad procesal busca proteger a aquellos sujetos inmersos en un proceso, ya como parte, ya como terceros, de aquellos actos que incurriendo en vicios, no logren la finalidad establecida para ellos, siempre que el proponente de la nulidad no sea el mismo que la hubiere originado, puesto que de ser así, no se estaría afectando su derecho al Debido Proceso. Uno de los presupuestos de la nulidad es la ausencia de culpa o dolo de quien la alega; quien la deduce debe acreditar un perjuicio cierto y actual a su derecho de defensa, demostrando también su interés en la subsanación del vicio. No procede, por tanto, el pedido de nulidad de la parte que ha propiciado, permitido o dado lugar al error in procedendo, pues, de otro modo se premiaría la conducta del litigante que actuó con negligencia; y, si su actitud es dolosa, se fomentaría la temeridad. Este es el sustrato del principio de protección, que tiene su base en la doctrina de los actos propios, la cual -aplicada al caso- significa que nadie puede fundar una nulidad en su propia conducta, pues no tendría interés para proponerla; y, por consiguiente, carecería de legitimación.

Principio de Convalidación.- Por este principio una persona que es parte del proceso o es tercero interviniente puede convalidar el acto viciado, no obstante haber tenido expedito el derecho para deducir su nulidad, no lo hace oportunamente en su primera actuación; con ese proceder dota a dicho acto de plena eficacia jurídica. En la práctica se dan casos de convalidación cuando la parte perjudicada realiza actuaciones posteriores al acto irregular, sin deducir oportunamente -en su primera actuación posterior al acto viciado- la nulidad del mismo, en tal sentido, no existirá posibilidad alguna para posteriormente solicitar la nulidad.

Este principio impone el deber de diligencia a las partes a fin de no ser ellos mismos los causantes de su propio perjuicio, ello en mérito a la firmeza que los actos procesales deben adquirir.

Principio de conservación.- Toda nulidad implica un retroceso en el desarrollo del proceso y por consiguiente, mayor dilación; esto la convierte en un remedio de ultima ratio, es decir de uso limitado y excepcional. La regla, entonces, es la de la conservación de los actos procesales, la cual sólo admite excepciones ante supuestos de lesión al debido proceso con incidencia en el derecho a la defensa. (Auto Supremo Nº 169/2013 de 12 de abril 2013)”


Con ese antecedente jurisprudencial, la norma adjetiva civil, ha recogido el espíritu desarrollado en cada uno de los principios señalados ad supra, siendo la principal expresión de la regla de la nulidad aplicable al caso de autos, como último recurso, el descrito en el art. 107 del Nuevo Código Procesal Civil (NCPC), que, bajo la denominación de "Subsanación de los defectos procesales", dispone que:

"I. Son subsanables los actos que no hayan cumplido con los requisitos fórmales esenciales previstos por la Ley, siempre y cuando su finalidad se hubiera cumplido. II. No podrá pedirse la nulidad de un acto por quien la ha consentido, aunque sea de manera tácita. III. Constituye confirmación tácita, no haber reclamado la nulidad en la primera oportunidad hábil".


Con ese antecedente, conforme al entendimiento expresado en el Auto Supremo Nº 169/2013 de 12 de abril, se entiende que: "Toda nulidad implica un retroceso en el desarrollo del proceso y por consiguiente, mayor dilación; esto la convierte en un remedio de ultima ratio, es decir de uso limitado y excepcional. La regla, entonces, es la de la conservación de los actos procesales, la cual solo admite excepciones ante supuestos de lesión al debido proceso con incidencia en el derecho a la defensa". Ahora bien,  bajo ese marco de principios que rigen las nulidades procesales, se entiende que la determinación del Tribunal en los fundamentos desarrollados por este, conforme se aprecia del contenido del Considerando III, el que se pronuncia expresamente sobre el ahora objeto de casación, es decir sobre los documentos que debían ser presentados con reconocimiento de firmas, al afirmar que aquello no sería legal puesto que el DS 181 de 28 de junio de 2009, al hablar de contrataciones menores en su art. 13 y 88.II, no indica que se deba proceder en tal sentido.


Por otra parte, el artículo 1297 del Código Civil, señala el documento privado reconocido por la persona a quien se opone o declarado por la ley como reconocido, hace entre los otorgantes y sus herederos y causa- habientes, la misma fe que un documento público respecto a la verdad de sus declaraciones.

De igual modo se debe dejar en claro que el artículo 1311 del Código Civil otorga a las copias mecánicas (fotocopias) igual valor que el original cuando son nítidas y su conformidad con el original auténtico y completo "se acredita por un funcionario público autorizado, previa orden judicial o de autoridad competente, o, a falta de esto, si la parte a quien se opongan no las desconoce expresamente".

Al margen de ello, lo acusado no se observó en el orden y la oportunidad establecida por ley para la realización de los actos reclamados, alegando su vulneración, que extemporáneamente se observa en el recurso, después que tanto los documentos  que acompañan a la demanda consistentes en los contratos administrativos de adquisición, fueron puestos en conocimiento del demandado, para que usando la facultad prevista por los artículos 335 y siguientes y 345 y siguientes del mencionado Código Adjetivo, asuma defensa planteando excepciones previas, responda la demanda admitiendo o negándola, se pronuncie sobre los documentos acompañados y cumpla los otros requisitos establecidos en el artículo 346 del código procesal mencionado. No obstante la oportunidad que la ley le confería, el recurrente en los memoriales presentados contestación no opuso objeción a la prueba presentada, precluyendo su derecho y si no existió pronunciamiento sobre los documentos adjuntos, se presume el reconocimiento de la verdad de los hechos controvertidos que refieren estos documentos, tal como establece la norma del numeral 2) del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil. Por ese particular, se concluye que la documentación adjunta a la demanda tiene el valor legal que le reconoce dicha norma procesal.

Adicionalmente es de conocimiento que, una fundamentación o motivación suficiente, no precisa que esta sea extensa o redundante de argumentos y cita de normas legales, sino ser clara, concisa y responder todos los puntos denunciados es decir que no se puede exigir como fundamentación una argumentación retórica intrascendente, sino más bien la adecuación de los hechos a la norma jurídica, como consta y se expone en las resoluciones de las autoridades demandadas, por lo que la motivación no implica la exposición ampulosa de consideraciones y bases legales, sino más bien, exige una estructura de forma y de fondo que permita a las partes conocer cuáles son las razones que llevaron al juzgador a tomar la decisión.  


Por otro lado la entidad recurrente, insiste en una obligación de carácter formal que más le atañe a esta en su condición de institución pública, sujeta a formalidades de orden legal, sin que en los hechos haya refutado o enervado la entrega y recepción de los productos impagos, por lo que corresponde su pago.


En efecto, la nulidad solicitada en el Recurso de Casación en la Forma, se limita a extrañar el reconocimiento de firmas de los contratos, sin exponer cual el perjuicio ocasionado, mucho menos cuál la relevancia del acto para la justicia material perseguida, máxime si conforme a los antecedentes se advierte que las partes consintieron tal hecho como válido de manera implícita, como ya se dijo al haber recepcionado los bienes conforme sale de fs. 52 a 44 de la foliación contenida en la parte inferior del expediente conforme ya se tiene afirmado.


Finalmente la doctrina procesal recomienda ciertas condiciones que hacen viable y justifican la decisión de oficio por parte de los jueces y tribunales, de entre ellas, la exigencia de que la causal que origine la nulidad sea manifiesta en el propio acto, es decir, la justificación de la nulidad no debe hallar respaldo en otros actos; y, que el acto anulado deba estar directamente e indisolublemente relacionado a la controversia del proceso; de manera tal que la decisión de nulidad no se halle discrecionalmente dispuesta al arbitrio de la autoridad que juzga. En tal sentido tampoco se cumplen los principios procesales conforme la reiterada  jurisprudencia legal y constitucional referida de inició, para aplicar la nulidad impetrada.


Por lo expuesto, se concluye que el Tribunal que dictó la sentencia no incurrió en la vulneración e infracción acusada en el recurso de casación en la forma.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida por los arts. 184.1 de la Constitución Política del Estado y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial y en aplicación de la Disposición Transitoria Sexta del Código Procesal Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación en el forma formulado por el Gobierno Autónomo Municipal de Santa Rosa del Abuna de fs. 102 a 104.

Sin costas, en aplicación del art. 39 de la Ley 1178.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.