TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA

Auto Supremo Nº 304

Sucre, 6 de julio de 2018

Expediente                   : 148/2017

Demandante                 : Bryan Guido Durán Vildoso

Demandado                   : Caja Petrolera de Salud Departamental La Paz

Proceso                         : Beneficios Sociales

Departamento               : La Paz

Magistrado Relator       : María Cristina Díaz Sosa


VISTOS: El recurso de casación de fs. 337 a 344, interpuesto por la Caja Petrolera de Salud Departamental La Paz, representada legalmente por Edgar Martín Flores Guarachi, impugnando el Auto de Vista Nº 94/2015-SSA-I de fecha 20 de junio de 2016 cursante a fs. 316 a 317, pronunciado por la Sala Social y Administrativa Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso de beneficios sociales, seguido por Bryan Guido Durán Vildoso en contra del recurrente; el Auto de fs. 349 que concedió el recurso de casación; el Auto Supremo Nº 148-A de fs. 357 y vta. de admisión del recurso; los antecedentes del proceso; y:

I. ANTECEDENTES PROCESALES.

Sentencia.-

Que, tramitado el proceso laboral para el pago de beneficios sociales, el Juez Séptimo de Trabajo y Seguridad Social de la ciudad de La Paz, pronunció la Sentencia Nº 154/15 de fecha 17 de julio de 2015 de fs. 279 a 286, declarando PROBADA EN PARTE la demanda interpuesta por Bryan Guido Durán Vildoso, en contra de la Caja Petrolera de Salud Departamental La Paz, a través de su representante legal, para que proceda al pago de ONCE MIL QUINIENTOS NUEVE 74/100 BOLIVIANOS (Bs.- 11.509,74) a favor del demandante, monto que deberá ser actualizado en UFV´s en ejecución de sentencia.

Auto de Vista.-

En grado de apelación deducida por el demandado de fs. 298 a 303, la Sala Social y Administrativa Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, emitió el Auto de Vista Nº 94/2015-SSA-I de fecha 20 de junio de 2016, cursante a fs. 316 a 317, que CONFIRMÓ totalmente la Sentencia.

Ante la determinación del Auto de Vista, el demandado Caja Petrolera de Salud Departamental La Paz interpone recurso de casación, con la contestación de la parte contraria, el Tribunal de Alzada emite Auto Supremo Nº 148-A de fecha 18 de Abril de 2017, admitiendo el recurso.

II: ARGUMENTOS DEL RECURSO DE CASACIÓN.

Interpuesto el recurso de casación, el recurrente establece que el Auto de Vista impugnado, así como la sentencia en primera instancia, generan los siguientes agravios:

1.- Incongruencia entre la Sentencia y el Auto Nº 479/2014 de fecha 20 de noviembre de 2014, de fs. 90, que determina los puntos de hecho a probar, pues en sentencia se condena al pago del segundo aguinaldo, multa del 30% y actualización en UFV´s para dicho pago, aspectos que no estaban establecidos como puntos de hecho a probar, así como tampoco estaban siendo exigidos en la demanda, aspecto que vulnera lo normado por el art. 202. del C.P.T. y los arts. 213., 4., 5. y 106 del C.P.C., dejando en indefensión al demandado.

2.- La prueba no ha sido valorada correctamente, pues en sentencia se concluye que se trata de una relación laboral única e ininterrumpida, sin tomar en cuenta la prueba de descargo presentada, en la cual claramente se evidencia que en varias oportunidades existió relación laboral, pero todas las contrataciones fueron interrumpidas y discontinuas, pues no se dio ningún contrato mayor a tres meses y solamente se contrataba al demandante para asumir suplencias por vacaciones o comisiones del personal titular, por lo que tampoco existió un despido intempestivo pues el trabajador conocía que cada contratación tenía un plazo de conclusión.

Por lo tanto, al no existir relación laboral indefinida, ni despido intempestivo del demandante, tampoco corresponde que se le pague beneficios sociales como desahucio, indemnización, aguinaldo ni doble aguinaldo retroactivo, vulnerando lo dispuesto por el D.S, 28699 y la R.A. 650/2007 del Ministerio de Trabajo que regulan las contrataciones indefinidas, así como la R.M. 774/13 y el D.S. 1802 que regulan el pago del doble aguinaldo.

Se concluye en el petitorio pidiendo anular obrados hasta el vicio más antiguo o en su defecto casar el Auto de Vista y sentencia recurridos, declarando improbada la demanda de pago de beneficios sociales, con la imposición de costas.

El demandante, a fs. 346 a 348, contesta el recurso indicando que durante la tramitación de todo el proceso, se ha demostrado con la prueba cursante en el expediente, que existió relación laboral ininterrumpida y continua, lo cual ha sido claramente fundamentado en sentencia, por lo que al no existir agravio alguno pide se dicte Auto Supremo declarando improcedente el recurso.

III: FUNDAMENTOS JURÍDICOS Y DOCTRINALES DEL FALLO.

En consideración de los argumentos expuestos por el recurrente, de acuerdo a la problemática planteada, se realiza una interpretación desde y conforme la Constitución Política del Estado, el bloque de constitucionalidad y las normas ordinarias aplicables al caso concreto; en ese marco caben las siguientes consideraciones de orden legal:

Del principio de proteccionismo.

La Constitución Política del Estado reconoce el principio de proteccionismo en favor de las y los trabajadores como una garantía debidamente tutelada, cuando dispone en su art. 48.II: “Las normas laborales se interpretarán y aplicarán bajo los principios de protección de las trabajadoras y de los trabajadores como principal fuerza productiva de la sociedad …….”; reconociendo  además los beneficios sociales como un derecho irrenunciable e imprescriptible, otorgándoles prioridad sobre cualquier otra acreencia.

Este principio protector, como un derecho constitucional, se debe aplicar de igual manera en el desarrollo de todo procedimiento laboral, sustentado por el CPT en el art. 3.g) que expresa: “Proteccionismo, por el que los procedimientos laborales busquen la protección y la tutela de los derechos de los trabajadores”, lo que podemos complementar con el art. 202.c) “La parte resolutiva también comprenderá aquello que el trabajador hubiese omitido reclamar en la demanda y que en el curso del proceso se hubiera evidenciado y tenga conexitud”.



De los contratos a plazo fijo.

Existe normativa clara que refiere a este tipo de contratación, siendo la misma de carácter excepcional, pues el contrato de trabajo se pacta esencialmente por tiempo indefinido como expresa la RM 283/62.

De acuerdo con el art. 2. del D.L. 16187 no se pueden celebrar más de dos contratos sucesivos a plazo fijo, así como tampoco se permiten contratos a plazo en tareas propias y permanentes del empleador, siendo la sanción en estos casos que el contrato a plazo fijo se convierta en un contrato por tiempo indefinido, siempre que se traten de labores propias del giro de la empresa como señala la Resolución Ministerial Nº 193/72 de 15 de mayo de 1972, reglamentada a través de la Resolución Ministerial Nº 283/62 de 13 de junio de 1962, en sentido que, el contrato de trabajo debe pactarse esencialmente por tiempo indefinido, aunque, admite como excepción, que éste pueda ser limitado en su duración, si así lo impone la naturaleza misma de la obra a ejecutarse o del servicio a prestarse, disposición que pese a su data, guarda plena concordancia con el principio protector, de continuidad y estabilidad laboral actualmente insertos en el art. 48.II de la CPE, como principios que regulan la interpretación y aplicación de toda norma de carácter laboral, por lo que ante la  irregular forma de contratación laboral, sin observar las reglas que hacen a las contrataciones excepcionales, el Estado en su obligación constitucional de protección contenida en el art. 46.II de la CPE, estableció como sanción la reconducción de los contratos a plazo fijo por uno de tiempo indefinido, anotándose las siguientes tres circunstancias, conforme lo definido por los arts. 21 de la LGT, 1 y 2 del DL Nº 16187 de 16 de febrero de 1979: 1) Cuando el trabajador continua prestando servicios más allá del tiempo pactado; 2) Cuando se suscriban más de dos contratos sucesivos a plazo fijo, es decir, a partir del tercer contrato se convierte en indefinido y 3) Cuando sean suscritos para el cumplimiento de tareas propias y permanentes de la empresa.

Según la RA 650/007 de 27 de abril de 2007 art 1.2.a) indica “Las tareas propias y no permanentes son aquellas que siendo vinculadas al giro habitual o principal actividad económica de la empresa, se caracterizan por ser extraordinariamente temporales, señalándose a continuación entre otras las siguientes: a) Las tareas de suplencia por licencia……” aclarándose entonces que es factible suscribir los contratos a plazo fijo solamente cuando se trata de tareas propias de la entidad pero que no requieran de contrataciones permanentes, sin embargo más adelante, aclara que para refrendar estos contratos a plazo fijo se debe verificar el cumplimiento de algunos requerimientos  que deben ser adjuntados a los contratos como anexos,  siendo así que el art. 1.3.a) textualmente indica: “Para el caso de suplencias se debe señalar en nota expresa el nombre del trabajador/a sustituido o al que se suple en sus tareas …..”.

IV: ANALISIS DEL CASO EN CONCRETO.

De los antecedentes del proceso, se tiene que la sentencia emitida por la Juez de primera instancia, determina una liquidación de beneficios sociales en base a los derechos laborales que consideraba correspondían al demandante, basando este decisorio en la valoración que realiza de toda la prueba presentada, por lo que el demandado presenta recurso de apelación y ante la confirmación en el Auto de Vista presenta recurso de casación, correspondiendo realizar las siguientes consideraciones, relacionadas con los agravios manifestados:

1.- Con relación a la supuesta incongruencia existente entre la sentencia y resolución 479/2014, por incluir en la liquidación final de beneficios sociales el pago del segundo aguinaldo, multa del 30% y actualización en UFV´s, como aspectos que no estaban establecidos como puntos de hecho a probar, así como tampoco estaban siendo exigidos en la demanda, debemos interpretar lo normado en el art. 202.c) que permite al juez realizar una valoración de toda la prueba y determinar, basado en el principio de proteccionismo, lo que corresponda al trabajador más allá de lo pedido, siempre que estos nuevos derechos laborales sean una consecuencia de los hechos que se prueban durante la tramitación del proceso laboral, por lo que resulta una obligación para el juzgador resolver tomando en cuenta todos los derechos laborales que correspondan, mismos que son tutelados constitucionalmente.

Por lo que, si bien se evidencia que se otorga al demandante derechos que no han sido demandados, le corresponden como derechos inalienables y reconocidos constitucionalmente, los cuales tampoco podían ser determinados como puntos de hechos a probar, pues resultan de una consecuencia lógica al generar convicción en el juzgador de la existencia de la relación laboral de dependencia del trabajador y bajo una contratación regular o indefinida, lo que colegimos aconteció en el caso de autos.

2.- En lo referido a la mala valoración de la prueba de descargo, el demandado manifiesta que solamente existieron contrataciones temporales por menos de 90 días, por lo que no le corresponde el pago de ningún beneficio social; sin embargo, la legislación laboral vigente, con mayor precisión la RA 650/007 de 27 de abril de 2007, nos indica que se puede realizar una contratación laboral a plazo solamente para el desarrollo de tareas propias de la empresa pero que no requieran un trabajador de manera permanente, sino debido a ciertas condiciones o necesidades que nacen de derechos laborales que corresponden a otros trabajadores que sí han sido contratados con carácter indefinido, es así que estas necesidades puedan nacer de licencias, bajas por descansos natales, enfermedades, vacaciones, etc., pero la misma normativa exige ciertos requisitos que se deben cumplir, como ser la mención expresa en los contratos o memorándums de contratación temporal del trabajador al que se sustituye especificando el tiempo de la suplencia, aspecto que no sucedió en las varias contrataciones del demandante, pues las designaciones solamente contemplaban la contratación temporal, como se podrá evidenciar en la prueba cursante, lo que nos lleva a entender que dichas contrataciones no se realizaban por necesidad de reemplazar a otro trabajador.

De igual manera, tenemos normado en el art. 21 de la LGT y el DL Nº 16187 de 16 de febrero de 1979, que opera la tácita reconducción si el trabajador continúa prestando sus servicios luego de vencido el plazo por el que se lo contrató, siendo la sanción que este trabajador se convierta en un trabajador regular e indefinido, gozando de todos los derechos laborales que la ley le asiste, que resulta ser lo que aconteció en el presente caso, pues se evidencia en la documental presentada la existencia de varias contrataciones desde enero 2012 hasta octubre 2013, todas por menos de 90 días, lo que implica que el demandado trató de disimular o camuflar una contratación indefinida, pretendiendo hacer ver que existían varias contrataciones temporales por una necesidad de reemplazo momentáneo de otro trabajador.

Este hecho da lugar al nacimiento a favor del demandante, de todos los derechos laborales existentes, pues a partir de la tercera contratación realizada, pasa a ser un trabajador regular con todos los beneficios y obligaciones que le asiste la ley, correspondiéndole por tanto el pago de indemnización, desahucio, aguinaldo, aguinaldo esfuerzo por Bolivia con más la multa que corresponde, la multa del 30% determinada por el DS 28699 y actualizaciones en UFV´s como corresponde al momento de ejecución de sentencia, por lo que tanto el juez de primera instancia como el Tribunal de Alzada resolvieron con apego a la ley.

Consiguientemente, corresponde fallar de acuerdo a las disposiciones contenidas en el art. 220. II del Código de Procesal Civil, aplicable por mandato del art. 252 del Código Procesal del Trabajo.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Adm., Social y Adm. Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida por los arts.  184.1 de la CPE y 42.I.1 de la LOJ, declara INFUNDADO el Recurso de Casación de fs. 337 a 344, interpuesto por la Caja Petrolera de Salud Departamental La Paz, representada legalmente por Edgar Martín Flores Guarachi, manteniéndose firme el Auto de Vista Nº 94/2015-SSA-I de fecha 20 de junio de 2016.

Sin costas, en aplicación del art. 39 de la Ley 1178.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.