TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA

Auto Supremo Nº 303

Sucre, 6 de julio de 2018

Expediente                  : 147/2016

Demandante                : ENTEL S.A.

Demandado                 : Lore Indira Argandoña Martínez

Proceso                        : Desafuero Sindical

Departamento              : La Paz

Magistrado Relator      : María Cristina Díaz Sosa


VISTOS: El recurso de casación de fs. 312 a 317, interpuesto por Lore Indira Argandoña Martínez impugnando el Auto de Vista Nº 121/16 de 7 de noviembre de 2016 de fs. 305 a 306, pronunciado por la Sala Social y Administrativa Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso de desafuero sindical, el Auto de fs. 356 que concedió el recurso de casación; el Auto Supremo Nº 147-A de 18 de abril de 2017 fs. 364 que declaró admisible el recurso; los antecedentes del proceso; y:

I. Antecedentes del Proceso.

Sentencia.

Que, tramitado el proceso de desafuero sindical, la Juez Segundo de Trabajo y Seguridad Social de la ciudad de La Paz, pronunció la Sentencia Nº 88/2015 de 2 de abril de 2015 de fs. 225 a 230, que declaró probada la demanda de desafuero sindical cursante de fs. 64 a 69 de obrados, disponiendo por tanto la destitución de sus funciones de la Sra. Lore Indira Argandoña Martínez, por las causales previstas en el inc. e) del art. 16 de la Ley General del Trabajo e inc. e) del art. 9 de su Decreto Reglamentario, sea con las formalidades de ley.

Auto de Vista.

En grado de apelación deducida por el demandado de fs. 248 a 250, por Auto de Vista Nº 121/16 de 7 de noviembre de 2016 de fs. 305 a 306, pronunciado por la Sala Social y Administrativa Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, se confirmó la sentencia.


Argumentos del recurso de casación.

Contra el Auto de Vista, la demandada presenta  recurso de casación de fs. 312 a 317, bajo los siguientes argumentos:

Acusa violación a la conciliación y al derecho de la irrenunciabilidad, señalando que todos los jueces deben convocar a una audiencia de conciliación con carácter previo al proceso, ignorando la petición de la empresa que solicitó la suspensión de la causa y que fue rechazada.

Que el art. 14. IV de la CPE, dispone que nadie puede privarse de lo que las leyes no prohíben, y en el caso concreto se desestimó la valoración en sentido de la aplicación del art. 48 de la CPE y art. 4 del DS 28699.

Asimismo señala que se vulneró el debido proceso, al enfocarse y basarse en acusaciones de supuestas agresiones físicas y verbales, cuando en obrados no cursa ninguna denuncia o imputación penal en contra de la demandada, ni mucho menos certificado médico forense que demuestre dichas agresiones, por ello se sobre entiende que estas acusaciones tenían la finalidad de buscar y pretender justificar el despido de la trabajadora injustamente, sin considerar las consecuencias respecto a la estabilidad y continuidad laboral que se va generar en contra de la misma y su familia, cuando lo correcto debió exigir y demostrar las supuestas acusaciones a través de un proceso previo de carácter administrativo o a través de un juicio penal que era la vía más correcta, donde se procedería ha demostrar las supuestas acusaciones, y no a través de informes o denuncias de terceras personas que ni siquiera formalizaron la misma en la vía penal ante la fiscalía o juzgados como supuestos afectados, por ello, el pretender decir que la trabajadora habría agredido al personal policial del Edificio Torre Azul, causa asombro cuando los supuestos afectados al tener esa condición de policías podían haber optado por su detención en el acto, como se acostumbra, debiendo firmarse las respectivas garantías, que tampoco cursa en obrados, siendo las causas por las cuales la parte demandante pretende el desafuero sindical y por ende la destitución de su persona no son suficientes y contundentes para establecer el incumplimiento de contrato de trabajo conforme establece el art. 16. inc. e) de la LGT y art. 9, inc. e) de su Decreto Reglamentario toda vez que si bien se acusa agresiones físicas, lo correcto hubiese sido instruir por ejemplo un descuento de haberes, no ameritando las supuestas agresiones una decisión tan drástica, así como tampoco se realizó un proceso interno.

Por otra parte indica que injustamente pese a solicitar la Juez más pruebas documentales en el proceso, hecho que no fue cumplido por el demandante, incurre en una contradicción al rechazar sin justificativo la prueba de reciente obtención ofrecida por su persona de fs. 219 a 220, negando su valor probatorio, por lo que la determinación de la sentencia vulnera el principio a la presunción de inocencia establecido en el art. 116.I de la CPE, toda vez que lo que se cita como “Agresión Física”, debió ser previamente tramitado en la vía llamada por ley, para luego en base a ese resultado aplicarlo con mayor precisión a la trabajadora, todo ello en resguardo de su derecho a la defensa y en virtud a la presunción de inocencia, por lo que mal se pudo aplicar  el Decreto Ley N° 038 de 7 de febrero de 1944 en relación a los arts. 16 de la LGT y art. 9 de su Decreto Reglamentario.    

Señala que no se consideró la estabilidad laboral en sentencia, vulnerando el derecho al trabajo al haber dispuesto una destitución sin prueba contundente.

Concluyó solicitando se case el auto de vista y se declare improbada la demanda la presente acción de desafuero sindical.   

II. Fundamento jurídico del fallo.

Del recurso de casación, de la revisión y compulsa de los antecedentes del proceso y lo fundamentado, se establece lo siguiente:

Doctrina aplicable al caso:

La doctrina ha establecido que “El fuero sindical, constituye la garantía necesaria para que los dirigentes sindicales cumplan con sus funciones, sin ser despedidos o desmejoradas sus condiciones de trabajo”. (Isaac Sandoval Rodríguez, Legislación del Trabajo, décima edición, Pág. 190); esta garantía se encuentra reconocida en la CPE de Bolivia, en el art. 51-VI.

Este mismo Autor, cita a Cabanellas, quien define el fuero sindical, como “la garantía que se otorga a los trabajadores, motivada en su condición representativa sindical para no ser despedidos, trasladados ni modificados en sus condiciones de trabajo sin causa justa…”

El desafuero constituye un proceso especial, previsto por el Código Procesal del Trabajo (arts. 241-242), de competencia de los Jueces de Trabajo, conforme establece el art. 73 núm. 8 de la Ley de Organización Judicial Nº 025, en el que previo las formalidades que rigen a los juicios sociales, se debe demostrar ante dicho Juez de Trabajo de la jurisdicción correspondiente, la causa justa que permita el despido, el traslado o la modificación de las condiciones de trabajo de un dirigente sindical.

Es decir, esta causa justa, constituyen la comisión de delitos o faltas contempladas en la Ley de Trabajo como causal de despido, demostrada ante el Juez de Trabajo que conozca del proceso de desafuero sindical.

Establecida la culpabilidad del obrero dirigente sindical, se declara por el Juez de Trabajo, el Desafuero Sindical y por consiguiente, se determinará su retiro de acuerdo a lo establecido por el art. 16 de la LGT, conforme prevén dichas normas adjetivas y el Decreto Ley Nº 38 de 07 de febrero de 1944, elevado a Ley Nº 3352 de 21 de febrero de 2006.

Consecuentemente, quien ostenta la competencia para identificar y declarar probada la causal del desafuero sindical alegada, es el Juez de Trabajo, quien debe ponderar esas probanzas de acuerdo a lo que establecen dichas normas.

Este Tribunal Supremo, en similares casos, estableció que: “Al respecto, es preciso puntualizar que la doctrina laboral ha entendido que el fuero sindical, representa un conjunto de garantías que se otorgan a los trabajadores, quienes actuando en cargos electivos y representativos de sindicatos, necesitan por razón del trabajo que los vincula a un empresario o patrono, una protección suficiente para el ejercicio de su actividad sindical, implicando con dicha protección, la prohibición al empleador de despedirlo o alterar su condición laboral con motivo de dicha actividad.”

“Es en ese sentido, que la Constitución Política del Estado de 2 de febrero de 1967 en su artículo 159. I, (vigente a la fecha del inicio del proceso) estableció: “...Se reconoce y garantiza la sindicalización como medio de defensa, representación, asistencia, educación y cultura de los trabajadores, así como el fuero sindical en cuanto garantía para sus dirigentes por las actividades que desplieguen en el ejercicio específico de su mandato, no pudiendo estos ser perseguido ni presos...”, y actualmente nuestra Constitución Política del Estado vigente en su artículo 51. I, II, III, IV y VI, reconoce el derecho que tiene toda trabajadora y trabajador de organizarse en sindicatos, disponiendo además que: “... los dirigentes sindicales gozan de fuero sindical, no se les despedirá hasta un año después de la finalización de su gestión y no se les disminuirán sus derechos sociales...”.

“Así también, el artículo 100 del Decreto Supremo Nº 22407 de 11 de enero de 1990, prevé: “...los dirigentes sindicales, a la finalización de sus mandatos, deben restituirse a las fuentes de trabajo que ocupaban en el momento de haber sido declarados en comisión. Estos trabajadores no podrán ser retirados de sus fuentes de trabajo mientras dure su mandato como dirigentes sindicales...”, en relación con lo prescrito por los artículos 1, 2 y 3 del Decreto Ley Nº 38 de 7 de febrero de 1944, elevado al rango de Ley por la Ley Nº 3352 de 21 de febrero de 2006, prescriben 1.- “Los obreros o empleados elegidos para desempeñar los cargos directivos de un Sindicato, no podrán ser destituidos sin previo proceso. Tampoco podrán ser transferidos de un empleo a otro, ni aun de una sección a otra, dentro de una misma empresa, sin su libre consentimiento”, 2.- “En caso de que el empleador estime necesario su traslado o su destitución, éste se hará como consecuencia de un proceso que se instaurará ante el Juez del Trabajo de la jurisdicción correspondiente ante el cual se probará la comisión de delitos o faltas contempladas en las Leyes de Trabajo como causales de despido...”, 3.- “Establecida la suficiente culpabilidad del obrero dirigente del Sindicato, el Juez del Trabajo determinará su retiro de acuerdo a lo establecido por el Artículo 16 de la Ley General del Trabajo...”, corroborando con esta determinación el artículo 241 del Código Procesal del Trabajo señala al respecto: “Los juicios sociales de desafuero sindical se tramitaran de conformidad a las reglas de los juicios sociales ordinarios…”, por otra parte el artículo 242 del mismo cuerpo legal, aclara que en tanto no exista sentencia ejecutoriada de desafuero, el trabajador continuará en sus funciones.”

“Ratificando con lo citado ut supra, el artículo 152 de la Ley de Organización Judicial Nº 1455, (vigente el momento del inicio y conclusión del proceso sumario administrativo seguido en contra del demandante), disponía: (Competencia). Los jueces del trabajo y seguridad social tienen competencia para lo siguiente: 6) “Conocer en primera instancia de las demandas de reincorporación,…y del desafuero de dirigentes sindicales (el resaltado nos pertenece), concordante con los artículo 9 y 43. f) del Código Procesal del Trabajo, que señalan los Jueces de Trabajo y Seguridad Social tienen competencia para conocer en primera instancia “de la demanda de desafuero de dirigentes sindicales”.

“En base a la normativa citada, se infiere que el fuero sindical se encuentra reconocido constitucionalmente, estableciendo de forma expresa que la destitución de una trabajadora o trabajador que goce de dicho fuero, debe estar sujeta a un proceso previo ante la autoridad jurisdiccional competente,…1.

Nótese que éste Auto Supremo, analizó que ese proceso social, se inició en vigencia de la anterior Constitución Política del Estado, de 2 de febrero de 1967, habiendo identificado las normas que tutelaban los derechos de los trabajadores sindicalizados, que son concordantes a las previstas en la actual Constitución Política del Estado, de 7 de febrero 2009, que se encontraba ya en vigencia plena, al momento de emitirse esa resolución judicial, habiendo citando para ese efecto el art. 51.

Estas normas se aplicaron en ese caso concreto al identificar los derechos reconocidos a los trabajadores, para organizarse en sindicatos, que los dirigentes, gozan del fuero sindical y que no se les puede despedir hasta un año después de la finalización de su gestión, como tampoco se les puede disminuir sus derechos sociales y especialmente relacionó detalladamente las previsiones del DS Nº 22407 y de la Ley Nº 3352 de 21 de febrero de 2006 y de la Ley Nº 025 de Organización Judicial, aplicables a favor de los trabajadores sindicalizados y que instituye el procedimiento del desafuero sindical que se encuentra vigente hasta la fecha y que debe ser cumplido por los Órganos Jurisdiccionales, al presumirse su constitucionalidad, conforme establece el art. 4 del Código Procesal Constitucional.

Por otra parte, respecto de la valoración de la prueba, tanto la legislación vigente, como la jurisprudencia emitida por este Tribunal, han establecido que los jueces y tribunales, no se encuentran sujetos a la tarifa legal de la prueba, sino que deben formar libremente su convencimiento, inspirándose en los principios científicos que informan la crítica de la prueba y atendiendo las circunstancias más relevantes del proceso e identificando la conducta procesal observada por las partes, para evitar que éstas se sirvan del proceso para realizar un acto simulado o para perseguir un fin prohibido por la ley (arts. 60 y 158 CPT).

Fundamentación del caso concreto:

Con relación a que el tribunal ad quem desestimó la valoración de la prueba y no se consideró la aplicación del art. 48 de la CPE, art. 4 del DS 28699, y arts. 3 inc. j) y 158 del CPT, por lo que se incurrió en “violación” de estas normas, durante el proceso de desafuero sindical, toda vez que no se  acreditó fehacientemente que la demandada incurrió en causales de despido justificado; sobre el particular cabe señalar que, en el caso de autos el trámite que corresponde a diferencia de otros, al tratarse de despido o modificación de las modalidades de trabajo de un obrero que forma parte del Sindicato, conforme establece el art. 3 del DL Nº 38 de 07 de febrero de 1944, que ha sido elevado a rango de Ley Nº 3352 de 21 de febrero de 2006, es de desafuero sindical que se  demanda directamente ante el Juez de Trabajo, quien con plena competencia, una vez establecida la suficiente culpabilidad del obrero dirigente sindical, determinará su retiro, de acuerdo a lo establecido por el art. 16 de la LGT, todo conforme se relacionó línea arriba y que ha sido reiterado por la jurisprudencia citada, emitida por este Tribunal.

En el presente caso, al tratarse de un proceso especial, establecido específicamente para determinar si corresponde o no el desafuero sindical, conforme prevé el art. 2 de la indicada Ley Nº 3352 de 21 de febrero de 2006, ya no es preciso tramitar un proceso administrativo previo conforme a la normativa interna de la empresa o institución y tampoco corresponde tramitar un proceso penal; sino que el Juez de Trabajo, adquiere plena competencia para determinar si corresponde o no ese desafuero en mérito al conjunto de pruebas que se presentaron ante su autoridad y que, conforme establecen los principios de libre apreciación de la prueba e inexistencia de la prueba tasada, debe declarar probada o improbada la indicada solicitud de desafuero sindical y determinar el retiro del dirigente sindical, o el traslado o modificación de las condiciones del trabajo, según corresponda, pero velando por la verdad material acreditada en el curso del proceso, conforme establecen los arts. 115-II, 116-I y 180-I de la CPE.

En ese entendido, revisando los antecedentes del presente proceso, se establece que ciertamente la empresa demandante demostró que la demandada (Dirigente Sindical), incurrió en la causa justificada de despido, prevista por el art. 16 inc. e) de la LGT, porque incumplió el convenio o contrato al que se encontraba reatada, conforme sale de la prueba adjuntada al proceso de fs. 1 a 30 y 212 como son los informes no solo de agresiones contra policías, denuncias de malos tratos contra la Sra. Bethsabé Álvarez Salvatierra y de agresiones físicas contra la  funcionaria del Banco FIE Leticia Acosta Sosa en reiteradas oportunidades y en horarios de trabajo; asimismo, conforme sale de la documental de fs. 19 mediante informe ejecutivo, la recurrente fue denunciada por malos tratos por la Sra. Bethsabé Álvarez Salvatierra, convocándolas a una reunión de coordinación a efecto de evitar incidentes similares, donde acordaron mantener las relaciones de respeto en el trabajo y evitar actitudes que perjudiquen a sus personas; sin embargo, un mes después de dicho incidente nuevamente la demandada recibe denuncias de agresiones físicas y verbales efectuadas reiteradas veces y acreditadas con videos de las cámaras de seguridad, hechos por los que se evidencia que la recurrente incurrió en incumplimiento de sus obligaciones de amabilidad, cortesía y buen trato en la relaciones, e incumplimiento de contrato, por lo que el tribunal de alzada en aplicación de la facultad que le otorga los arts. 3 in f) y 158 del CPT, de apreciar la prueba a su prudente arbitrio y sana crítica, determinó confirmar la sentencia, no evidenciándose violación de estas normas.

En ese marco legal, se concluye que no son evidentes las vulneraciones acusadas por la recurrente, por consiguiente, se establece que el Tribunal de alzada no incurrió en violación de esas normas; correspondiendo, aplicar el art. 220-II del CPC, con la facultad remisiva del art. 252 del CPT.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Adm., Social y Adm. Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida por los arts.  184.1 de la CPE y 42.I.1 de la LOJ, declara INFUDADO el Auto de Vista Nº 121/16 de 7 de noviembre de 2016 de fs. 305 a 306. Sin costas.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.




1Auto Supremo Nº 86/2014 de 21 de mayo, emitido por la Sala Social y Administrativa Segunda.