TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA SOCIAL, ADMINISTRATIVA, CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA PRIMERA

Auto Supremo Nº 301

Sucre, 6 de julio de 2018


Expediente                        : 140/2017

Demandante                        : Cia. Industrial Azucarera San Aurelio

Demandado                        : Gerencia Grandes Contribuyentes Santa Cruz.

Materia        : Tributaria

Distrito        : Santa Cruz.

Magistrado Relator        : Dr. Esteban Miranda Terán.


VISTOS: El recurso de casación, en la forma y el fondo, interpuesto por Compañía Industrial Azucarera “San Aurelio S.A.” (Para fines del presente análisis San Aurelio S.A.), representado por Ramón Aurelio Gutiérrez Sosa, en su condición de su presidente del Directorio de esa entidad, contra el Auto de Vista N° 112 de 26 de julio de 2016, cursante a fs. 176 a 181 vta., pronunciado por la Sala Social, Contenciosa Tributaria y Contenciosa Administrada Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; dentro del proceso contencioso tributario interpuesto por el recurrente, contra la Gerencia Distrital Grandes Contribuyentes Santa Cruz; el Auto de 8 de marzo de 2017, que concedió el recurso (fs. 205); el Auto Supremo Nº 140-A de 14 de abril de 2017, por el cual se declara la admisibilidad del recurso de casación interpuesto (fs. 214); los antecedentes procesales; y:

I. ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Sentencia.

Planteada la demanda contenciosa tributaria por San Aurelio S.A., y tramitado el proceso, el Juez Primero Administrativo, Coactivo Fiscal y Tributario de Santa Cruz, pronunció la Sentencia Nº 14/2014 de 15 de septiembre de 2014, de fs. 145 a 152 vta., declarando improbada la demanda de fs. 81 a 84; manteniendo firme y subsistente las Resoluciones Sancionatorias Nos. 18-00760-10; 18-00761-10, 18-00762-10, 18-00763 -10, todas de fecha 28 de diciembre de 2014, emitidas por la Gerencia Distrital Grandes Contribuyentes Santa Cruz.

Auto de Vista.

En conocimiento de la Sentencia, San Aurelio S.A., interpuso recurso de apelación, que cursa de fs. 157 a 160 vta.; que fue resuelto por la Sala Social, Contenciosa Tributaria y Contenciosa Administrada Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, a través del Auto de Vista N° 112 de 26 de julio de 2016, fs. 176 a 181 vta., determinando confirmar la Sentencia de primera instancia, conforme al análisis realizado en la parte considerativa del indicado Auto de Vista.



II. FUNDAMENTOS DEL RECURSOS DE CASACIÓN.

II.1.- Casación en la forma.

San Aurelio S.A., representada por Ramón Aurelio Gutiérrez Sosa, se apersona a este Tribunal, recurriendo en casación en el fondo y la forma, contra del Auto de Vista N° 112 de 26 de julio de 2016, fs. 176 a 181 vta., emitida por la Sala Social, Contenciosa Tributaria y Contenciosa Administrada Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, con los argumentos siguientes:

1. Incumplimiento del Tribunal de apelación, por no dar lectura al Auto de Vista, conforme el parágrafo I del art. 264 del Código Procesal Civil según consta en los datos del proceso, en los que no cursa ningún acta de audiencia de lectura del recurrido acto jurisdiccional.

2. Violación del parágrafo I y III del art. 265 del Código Procesal Civil, ya que en sus pretendidos fundamentos para resolver, ha negado el pedido de complementación sobre puntos controversiales e importantes expuestos en demanda, como la negativa de complementación al auto de vista, sobre la falta de compensación de los montos de las declaraciones juradas presentadas con sus créditos fiscales reconocidos por la administración tributaria.

3. El Tribunal de alzada no se pronunció sobre petición de complementación de fojas 184 a 186, indicando que la sentencia contiene la debida motivación y valoración de las pruebas, sin pronunciarse con relación al numeral 1 de su apelación titulado "De la mala aplicación respecto a la compensación" El Tribunal de alzada no se pronunció en el sentido de que los mencionados artículos se refieren a los componentes de la deuda tributaria y los casos en que procede la compensación, estableciendo que la misma puede ser compensada con cualquier crédito tributario líquido y exigible, y que los mismos se encuentran contenidos en las Resoluciones Administrativas GDGSC-DTJC N° 06/2005, N° 09/2005, N° 190/2005 y N° 231/2006 sobre devolución de tributos.

a) Lo establecido por el párrafo tercero del art. 56 del CTB, que indica el plazo de tres meses para sustanciar el pedido de compensación, en el sentido si fue cumplido por la Administración Tributaria.

b) Si en el presente caso de autos ya se tenían cuatro resoluciones administrativas de devolución de impuestos a las exportaciones, por lo que no había ni hay impedimento legal para no realizar las compensaciones, empero no se lo hizo.

c) Si es de responsabilidad exclusiva de los funcionarios de esa Administración Tributaria el retraso en la sustanciación y resolución de la compensación, cuya compensación se tiene ofrecida, por expresa previsión del último párrafo del art. 56 del CTB.

d) Si al ser de responsabilidad exclusiva de los funcionarios de esa dependencia estatal el hecho de que no se hubiese extinguido oportunamente, por compensación, la sanción que ilegalmente se impuso para cubrir el incumplimiento de los servidores y que se pretende cobrar, es totalmente ilegal.

Tampoco se pronunció con relación a la devolución del crédito fiscal por las exportaciones que se encuentran previstas en el art. 125 y 26 del CTB, reglamentados  por el Decreto Supremo 25464, cumplimiento del principio de neutralidad impositiva establecido en las normas de la Ley 843 y de la Ley 1489 y las modificaciones efectuadas mediante Ley 1963, en el sentido de que constituyen créditos líquidos exigibles que datan desde el año 2005 y las declaraciones juradas son del año 2006 (junio a septiembre), es decir anteriores a estas últimas, siendo en consecuencia totalmente viable la compensación solicitada.

4. Con relación al numeral 2 de su apelación titulado "Respecto a la parcializada consideración de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo", omitiendo el Tribunal de alzada pronunciarse en el sentido que los mismos debían realizar la compensación de oficio del monto de las declaraciones juradas con su crédito líquido y exigible de devolución de impuestos, anterior a las declaraciones juradas.

5. Con relación al numeral 3 de su apelación titulado: “De la falta de objetividad en las consideraciones de la señora juez”, acusa que el Tribunal de alzada omitió pronunciamiento sobre la ausencia de compulsa por la Juez de instancia sobre la veracidad de la Resolución Administrativa GDGSC-DTJC N°.06/2005, de 24 de febrero de 2005.

6. Con relación al numeral 4 de su apelación titulado: “De la injustificada separación del informe del auditor”, acusa que el Tribunal de alzada no se pronunció si la señora juez hizo fundamentación o cita en qué norma se basa para apartarse del informe del auditor.

7. Con relación al numeral 5 de su apelación titulado: “De la falta de pronunciamiento sobre la ilegal impugnación del informe del auditor

8. Con relación al numeral 6 de su apelación titulado: “Negativa de la complementación de la sentencia”, señala que, el Tribunal de alzada no se pronunció en que parte del proveído de fecha 13 de noviembre de 2014, cursante a fojas 155 a 155 vuelta que señala: "A 13 de noviembre de 2014. Estese a lo resuelto por el estado de la causa" y no se dio respuesta debidamente fundamentada conforme lo establece el artículo 24 de la  Constitución Política del Estado, así como tampoco si el referido proveído viola el derecho de San Aurelio S.A. al debido proceso.

Casación en el fondo.

Los argumentos del recurso de casación en el fondo señalan:

1. Violación del art. 265 del Código Procesal Civil, porque el Tribunal de apelación no se pronunció sobre los agravios relativos al incumplimiento por parte de la juez de primera instancia de pronunciarse sobre todos los aspectos de su demanda, pese al pedido de complementación.

2. Incumplimiento de los artículos 24, 235 inc. 1) y 410 .II de la Constitución Política del Estado, al no pronunciarse el Tribunal  de apelación sobre todos y cada uno de los argumentos de su demanda mencionados en su recurso de apelación.

3. Violación al parágrafo I del art. 180 de la Constitución  Política del Estado y los arts. 1, inciso 16, del  Código Procesal Civil, inciso 11 del art. 30 de la Ley del Órgano Judicial, toda vez que el Tribunal de alzada a fojas 177 vta., afirma que se habrían entregado valores a su representada, lo que es falso, ya que en obrados no consta que se le hubiesen entregados los CEDEIMs a que se refieren las Resoluciones Administrativas Nº 06/2005, 09/2005, 190/2005 y 231/2006, afirmación falsa que importa apartarse de la verdad procesal existente en proceso.

4. Violación al parágrafo I del art. 180 de la Constitución Política del Estado y los arts. 1, inciso 16 del Código Procesal Civil e inciso 11 del art. 30 de la Ley del Órgano Judicial, toda vez que el Tribunal de alzada habría afirmado falsamente en fojas 181, que se demanda la compensación de las resoluciones sancionatorias, siendo que lo que se demanda es que se dejen sin efecto las mismas, por el incumplimiento de la administración de realizar la compensación de los montos de las declaraciones juradas con los créditos fiscales contenidos en las resoluciones administrativas, afirmación que señala es falsa y significa apartarse de la verdad procesal existente en proceso.

5. Aplicación indebida del art. 228 de la ley N° 1340 de 28 de mayo de 1992, el mismo que contiene la enumeración del contenido de la demanda contencioso tributaria y no así lo referente al motivo por el cual se podría rechazar la misma, que está previsto en el art. 229 de la citada ley.

6. Violación de los arts. 115. 120. parágrafo I, y 180, parágrafo I, de la Constitución Política del Estado y de los incisos 7, 10 y 12 del art. 30 de la Ley del Órgano Judicial, al rechazarse de forma ilegal su demanda, normativa que reconoce los derechos de su representada al acceso a la justicia, a ser protegida de manera pronta, oportuna y efectiva por los jueces en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, al debido proceso, y a ser oída por una autoridad jurisdiccional competente, independiente e imparcial.

7. Violación del art. 56, del Código Tributario Boliviano, al haber violado el Tribunal  de apelación lo estipulado por el art. 56 del Código Tributario Boliviano, al haber consentido que la administración tributaria no hubiese cumplido dicha norma, es decir realizar la compensación, de oficio y en tiempo oportuno de sus declaraciones juradas con su créditos fiscales líquidos y exigibles contenidos y autorizados por dicha autoridad tributaria en las resoluciones administrativas descritas en su demanda.

Petitorio.

Concluye solicitando se “dicte resolución anulatoria de las resoluciones recurridas, y disponga que el Tribunal de alzada dicte nueva resolución ajustándose al trámite y competencia establecidos en los arts. 264 y 265 del Código Procesal Civil (…) alternativamente pide se dicte resolución casando las resoluciones recurridas y fallando en el fondo aplique las leyes conculcadas.”

I.4. RESPUESTA AL RECURSO DE CASACIÓN.

Respuesta casación en la forma.

Mediante apersonamiento a través de memorial de fecha 6 de marzo de 2017, la Gerencia GRACO Santa Cruz, responde el recurso de casación en la forma y el fondo con los argumentos siguientes:

Señala que el Recurrente realiza una errada interpretación al art. 264 de la Ley 439, norma procesal que no puede ser interpretada por fragmentos y por expresa disposición del adjetivo civil, para que exista una audiencia de lectura del Auto de Vista dentro del recurso de apelación en efectos suspensivo, requisito sine quanon es la solicitud para diligenciamiento de pruebas en segunda instancia o a instancias del Tribunal Ad quem y no es imperativo al contrario es facultativo a instancias de las partes.

Señala, que el recurrente indica que, el parágrafo 1 del art. 265 del Código Procesal Civil establece que el Tribunal de alzada debe pronunciarse sobre los puntos resueltos por el inferior que hubieran sido objeto de apelación y fundamentación. Refiriéndose esencialmente los agravios a la falta  de pronunciamiento  sobre puntos  esenciales su demanda, a lo cual señala preciso remitirse al art. 274 .3 del Adjetivo Civil el cual es claro y preciso al establecer los requisitos de contenido del recurso de casación ya sea en el fondo o en la forma, sin embargo el recurrente simple y llanamente se limita a manifestar que falta de pronunciamiento sobre los puntos resueltos por el inferior, sin precisar qué puntos no fueron resueltos, en consecuencia es por demás de evidente que el recurso de casación carece de los requisitos expresamente señalados en el Código Procesal Civil.

Con relación al Romano I.3 del recurso de casación, señala que, dentro del presente punto el recurrente señala que el Tribunal de apelación ha violado el parágrafo I y III del art. 265 del Código Procesal Civil, señala que, en el memorial de recurso de casación si bien el recurrente señala actos ilegales, empero no vincula sus presuntas infracciones a las causales de procedencia taxativamente desarrolladas en el numeral 3, del parágrafo I del art. 274 del Código de Procesal Civil, por tanto manifiesta no corresponde ser atendido la pretensión del recurrente.

Con relación al Romano I.3 del recurso de casación el recurrente señala que el Tribunal de alzada no se pronunció respecto que parte de la sentencia se encuentra sin la debida motivación, también señala que no se pronunció en el sentido de que los mencionados artículos se refieren a los componentes de la deuda tributaria y los casos en que procede la compensación, tampoco se pronunció con relación a la devolución del crédito fiscal por las exportaciones, así también indica que no se pronunció si se consideró que las devoluciones impositivas ordenadas para su entrega mediante las resoluciones administrativas señaladas datan desde el año 2005 y las declaraciones juradas son del año 2006 (junio a septiembre); es decir, anteriores a estas últimas, continua reclamando que el Tribunal de alzada no se  pronunció si existía crédito fiscal líquido y exigible al momento de presentar las declaraciones juradas y al momento de solicitar la compensación, también toma como causal de impugnación, la injustificada separación del informe del auditor, así también en su inciso f) aduce la falta de pronunciamiento sobre la ilegal impugnación del informe del auditor, evidenciando que, el recurrente pretende restringir el derecho a la defensa que tiene la administración, toda vez que por igualdad de partes el contribuyente también tenía derecho a propugnar el informe del auditor fundamentando legalmente por qué es legal el informe del auditor, al no haberlo realizado el mismo contribuyente dejo precluir su derecho o simplemente no lo activó.

Manifiesta que, de la revisión del memorial de recurso de casación presentado por San Aurelio S.A., claramente se puede establecer que no se adecua e incumple todas las previsiones advertidas por el art. 271) del Código Procesal Civil, es decir que correspondía al ahora recurrente vincular su recurso a las causales de casación que taxativamente se encuentran previstas en el adjetivo civil citado y además dar imperativo cumplimiento a los requisitos de procedencia establecidos por el art. 274 núm. 3) del mismo cuerpo legal, extremos con los cuales no cumple el recurso de casación en la forma, es más, no menciona con claridad y precisión los agravios y violaciones en los que incurrió la Sentencia así como el Auto de Vista y más bien, señala que, lo único que hace el demandante es realizar una réplica de los argumentos planteados en su demanda y de su recurso de apelación.

Respuesta casación en el fondo.

Manifiesta que el recurso de casación no constituye una instancia más del proceso ordinario más al contrario se constituye en un recurso de puro derecho, en tal sentido, al momento de interponer ya sea en la forma, en el fondo o en ambos  casos, es de inexcusable cumplimiento el  mandato del art. 274 .3) del Código Procesal Civil, es decir el recurrente debió citar con claridad y precisión la ley o leyes infringidas, violadas o aplicadas indebida o erróneamente que debió hacerse precisamente en el memorial del recurso de casación, tomando en cuenta que las normas procesales son de orden público y de cumplimiento obligatorio.

Señala que el recurso presentado por el contribuyente San Aurelio S.A., sustenta sus pretensiones, en base a repeticiones o copias de los argumentos esgrimidos en  el recurso de apelación que fue resuelto por el Tribunal Ad quem, y lo que es peor el recurrente trae como motivo de recurso de casación en el fondo los mismo motivos que ya fueron expuestos en el recurso de casación en la forma, verbigracias a fs. 193 vta., el recurrente acusa, violación del artículo 265 del Código Procesal Civil:

Manifiesta que éste argumento es utilizado por el recurrente en  el recurso de casación en la  forma tal como se puede evidenciar a fs. 190 vta., de obrados, el recurrente cita como causal de casación, incumplimiento de los artículos 24, 235 inc. 1 y 410 parágrafo II de la Constitución Política del Estado más invocando causales de recurso de casación en la forma, mismo que ya fueron respondidos por la administración tributaria.

Al respecto, alega que corresponde recordar que el recurso de casación no se constituye en una tercera instancia ordinaria del proceso contencioso tributario, el recurso de casación puede presentarse como recurso de casación en la forma o como recurso de casación en el fondo, si bien ambos recursos pueden ser interpuestos simultáneamente en un mismo escrito, empero en ningún caso los fundamentos utilizados para el recurso de casación en la forma pueden ser utilizados para recurrir en casación en de fondo o viceversa, tal como sucede en el presente caso; por el  fundamento expuesto resulta inadecuada la pretensión de San Aurelio S.A., toda vez que plantea un solo fundamento tanto para el recurso de casación en la forma como en el fondo, por lo cual del análisis del memorial de casación del contribuyente, le correspondía adecuar su recurso de casación a las causales de casación taxativamente previstas por el art. 271 del Código Procesal Civil y además dar imperativo cumplimiento a los requisitos de procedencia establecidos por el art. 274-3) del mismo adjetivo civil, extremos con los cuales no cumple el recurso de casación, lo que demuestra una inadecuada comprensión de la diferencia que revisten las normas procesales y las sustantivas, así como de la distinta naturaleza de los recursos de casación en la forma y en el fondo y de los motivos que dan lugar a uno y otro medio de impugnación, deviniendo por consiguiente en incoherente el recurso de casación.

I.4 Admisión

Mediante Auto Supremo Nº 140-A de fs. 214 vta., la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por San Aurelio S.A., a través de su representante Ramón Aurelio Gutiérrez Sosa.

CONSIDERANDO II:

II.1 FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO.

Casación en la Forma.

1.- En relación al primer punto del recurso, el art. 264 de la Ley 439 establece: " I. Recibido el expediente original cuando se hubiera concedido la apelación en el efecto suspensivo, el tribunal superior decretará la radicatoria de la causa, señalando audiencia en el plazo máximo de quince días para el diligenciamiento de la prueba a que se refiere el Artículo 261, Parágrafo III de este Código, en caso de habérselas solicitado o si el tribunal viere por conveniente hacer uso de su facultad de mejor proveer. En esta audiencia las partes podrán formular sus conclusiones y luego se nombrará vocal relator para que en el plazo máximo de veinte días, se proceda a la relación de la causa. Vencido este plazo el tribunal señalará día y hora de audiencia para la lectura del auto de vista, que no podrá exceder de tres días.”, sin embargo este procedimiento de diligenciamiento de la prueba al que hace referencia el art 261 parágrafo III del CPC, está condicionado a la solicitud expresa del recurrente o de la Administración Tributaria, ya sea en su recurso o respuesta a ésta, o a instancias del Tribunal Ad quem, para mejor proveer.

El art. 261, parágrafo III del CPC., señala: “III. Cualquiera de las partes podrá solicitar el diligenciamiento de prueba en segunda instancia, tanto en el escrito de interposición del recurso como en el de contestación, y el tribunal superior accederá a la solicitud en los siguientes casos: 1. Cuando las partes lo pidieren de común acuerdo.2. Cuando, decretadas las pruebas en primera instancia, no hubieren sido diligenciadas por causas no imputables a las partes que las ofrecieron (…).”, evidenciándose como consecuencia que el señalamiento de audiencia para lectura del Auto de Vista no es imperativo dentro el procedimiento, siendo a contrario facultativo a instancia de las partes, evidenciándose de simple lectura del memorial de apelación de fs.157 a 160 y vta., que el recurrente no efectuó la mencionada solicitud, como tampoco lo hizo la administración tributaria, ante cuya omisión el art. 271 .II del CPC establece que sólo constituirá causal en la forma, la infracción o la errónea aplicación de aquellas que fueren esenciales para la garantía del debido proceso y reclamadas oportunamente ante juezas, jueces o tribunales inferiores, por tanto mal acusa el recurrente violación del señalado art. 264 de la Ley 439, cuando por causa de su omisión, fue el propio recurrente quien no activó mediante el procedimiento correspondiente la aplicación de la acusada norma, deviniendo por consiguiente en infundada.

2. En relación a los agravios condensados en los puntos 2, 3 y 4, de los fundamentos del recurso de casación en la forma señalados supra, estando estos acápites relacionados, se los considerará en el siguiente punto, con el fin de dar una respuesta integral a los agravios referidos, en esa línea, referente a la alegada violación del parágrafo I y III del art. 265 del Código Procesal Civil, al haberse negado el pedido de complementación sobre puntos controversiales e importantes expuestos en demanda, sobre la falta motivación y valoración de las pruebas, solicitud de compensación de los montos de las declaraciones juradas presentadas con sus créditos fiscales reconocidos por la administración tributaria, y omisión de pronunciamiento con relación a la devolución del crédito fiscal por las exportaciones, en el sentido de que constituyen créditos líquidos exigibles que datan desde el año 2005 y las declaraciones juradas son del año 2006 (junio a septiembre), es decir anteriores a estas últimas, siendo en consecuencia totalmente viable la compensación solicitada; referente a los señalados cargos, de revisión de antecedentes se evidencia que el Auto de Vista recurrido en el punto VI.7 Compensación de oficio, efectúa una fundamentación dando conformidad y por bien hecha la fundamentación de la sentencia de grado al señalar que la compensación de oficio no procede por ser anterior y no pendiente, es decir 3 años antes que sean emitidas las resoluciones sancionatorias, aspecto que muestra el fundamento y la valoración extrañada por San Aurelio S.A.

Sin embargo de ese entendimiento, resulta necesario elucidar que el art. 56 de la Ley N° 2492 establece que la deuda tributaria podrá ser compensada total o parcialmente, de oficio o a petición de parte, en las condiciones que reglamentariamente se establezcan, con cualquier crédito tributario líquido y exigible del interesado, proveniente de pagos indebidos o en exceso, por los que corresponde la repetición o la devolución prevista en el Código Tributario; en consecuencia, la norma tributaria revestida del principio de legalidad exige imperativamente que solo pueden ser compensadas deudas tributarias previstas en el art. 47 de la Ley N° 2492, (obligaciones tributarias emergentes del no pago de tributos), con cualquier crédito tributario líquido y exigible del interesado, proveniente de pagos indebidos o en exceso por los que corresponde la repetición o la devolución, es decir, que es la propia ley la que dispone las condiciones en las cuales puede aplicarse la compensación de oficio o a petición de parte; a mayor abundamiento, el Decreto Supremo N° 27310 de 09 de enero de 2004, Reglamento al Código Tributario, en su art.15, señala que, la compensación de oficio procederá únicamente sobre deudas tributarias firmes y exigibles.

En ese contexto normativo, de revisión de actuados administrativos se evidencia que la Resolución Sancionatoria 18-00760-10 de fs. 45 a 46, que sanciona a San Aurelio S.A. por contravención tributaria de omisión de pago, con una multa de 75.658 UFVs, no es una deuda emergente de una obligación tributaria o del pago de un tributo, advirtiéndose que emerge de una sanción por contravención de omisión de pago, es decir todo lo contrario, por no pago de una obligación tributaria impuesto- no adecuándose en consecuencia esta sanción a los requisitos de procedencia de una compensación de parte y menos de oficio por parte de servidores de la administración.

Ahora bien, en cuanto a la reiterada y redundante acusación de infracción alegada por el recurrente, en el sentido de que los créditos líquidos exigibles que arguye no haber sido compensados aún de oficio, datando éstos del año 2005 y como consecuencia, a su entender debieron ser compensados por declaraciones juradas del año 2006 (junio a septiembre), es decir créditos anteriores a estas últimas; ante cuyo cargo, resulta pertinente redundar que el art. 56 del CTB, prevé la exigencia demostrable de una deuda tributaria, entendiéndose esta como aquella emergente del vencimiento del plazo, para el cumplimiento de la obligación tributaria del pago material del tributo, constituida por el tributo omitido y las multas cuando correspondan, expresadas en Unidades de Fomento de la Vivienda (UFV´s) y los intereses; vale decir, conforme lo preceptuado por los arts. 47 y 56 de la Ley N° 2492; asimismo, la señalada normativa exige que el crédito líquido y exigible sea proveniente de pagos indebidos o en exceso, por los que correspondería la repetición o la devolución; evidenciándose que estos  presupuestos legales no están cumplidos en la compensación de oficio alegada por San Aurelio S.A.

Sobre el acusado no pronunciamiento del Tribunal de alzada, con relación a la devolución del crédito fiscal por las exportaciones y cumplimiento del principio de neutralidad impositiva, en el sentido de que constituyen créditos líquidos exigibles que datan desde el año 2005 y las declaraciones juradas son del año 2006 (junio a septiembre), es decir anteriores a estas últimas, siendo en consecuencia totalmente viable la compensación solicitada; conforme al fundamento citado, si bien es cierto que dicho crédito fiscal se constituye en crédito líquido y exigible al datar del año 2005, anterior a las declaraciones juradas pretendidas a compensación: conforme el art. 56 de la Ley 2492 ya señalado, para ser compensables precisan ser proveniente de pagos indebidos o en exceso por los que corresponde la repetición o la devolución, evidenciándose que los mismos no reúnen esa condición, al ser emergentes de devolución de crédito fiscal por devolución impositiva en el marco del principio de neutralidad impositiva, evidenciándose como consecuencia que tanto la Sentencia de grado como el Auto de Vista ciñeron a derecho su decisión, no siendo evidentes las vulneraciones acusadas.

3 Relativo a la no debida compulsa de la prueba, por el Tribunal de primera instancia consistente en la Resolución Administrativa GDGSC-DTJC N°.06/2005, de 24 de febrero de 2005, que fue adjuntada a su demanda en originales; es menester referir que el recurrente incumple con la exigencia del art. 274 .3 del Adjetivo Civil que dispone: “El recurso deberá reunir los siguientes requisitos: 3. Expresará, con claridad y precisión, la Ley o leyes infringidas, violadas o aplicadas indebida o erróneamente interpretadas, especificando en qué consiste la infracción, la violación, falsedad o error, ya se trate de recurso de casación en el fondo, en la forma o en ambos. Estas especificaciones deberán hacerse precisamente en el recurso y no fundarse en memoriales anteriores, ni suplirse posteriormente.”(sic).(el subrayado es nuestro), norma precisa que establece los requisitos de contenido del recurso de casación, ya sea en el fondo o en la forma; sin embargo, el  recurrente simple y llanamente se limita a manifestar que falta de una adecuada compulsa sobre la prueba, sin precisar de qué manera, a su criterio debió efectuarse dicha compulsa, quedando en evidencia que en esta parte de su recurso de casación en la forma, carece de los requisitos expresamente señalados en el Código Procesal Civil, aspecto que limita el pronunciamiento de este Tribunal.

4. El recurrente señala en los puntos 6 y 7, de su fundamentación de recurso, que el Tribunal de alzada no se pronunció si la señora juez hizo fundamentación o cita en qué norma se basa para apartarse del informe del auditor, y la ausencia de pronunciamiento sobre la ilegal impugnación del informe del auditor por parte de GRACO Santa Cruz al amparo del art. 440 del Código de Procedimiento Civil, debiendo señalarse a estos comentarios que, el art.12 de la Ley N° 025 Ley del Órgano Judicial, establece:. “(COMPETENCIA). Es la facultad que tiene una magistrada o magistrado, una o un vocal, una jueza o un juez, o autoridad indígena originaria campesina para ejercer la jurisdicción en un determinado asunto.”, en consecuencia de dicha atribución, es responsabilidad de los jueces de instancia, autoridades llamadas por ley, decidir en el marco de su competencia y jurisdicción, los casos puestos a su consideración, siendo potestativo del juzgador valorar los informes evacuados por el personal de apoyo de los juzgados, pudiendo apartarse del mismo por la competencia de la cual se halla embestido y por la responsabilidad que de ella deriva.

Por otra parte, es menester señalar que los procedimientos tributarios se sujetarán a los principios constitucionales de naturaleza tributaria, con arreglo a las ramas específicas del derecho, siempre que se avengan a la naturaleza y fines de la materia tributaria, en ese marco el art. 74 de la Ley N° 2472, que establece. “Los procesos tributarios jurisdiccionales se sujetarán a los principios del Derecho Procesal y se sustanciarán y resolverán con arreglo a las normas contenidas en el presente Código. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán supletoriamente las normas del Código de Procedimiento Civil y del Código de Procedimiento Penal, según corresponda.”(sic) .(el subrayado es nuestro).

Asimismo el art. 5 de la señalada ley prevé la supletoriedad, cuando exista vacío en el mismo, aplicando los principios generales del Derecho Tributario y en su defecto los de otras ramas jurídicas que correspondan a la naturaleza y fines del caso particular; evidenciándose en la especie que los procedimientos contenciosos tributarios en los cuales la administración tributaria se presenta en representación de los interés del estado, en igualdad de condiciones que el contribuyente, está obligado a través de sus servidores públicos a efectuar defensa de sus derechos, al igual que el contribuyente, en consecuencia, atendiendo la naturaleza y fines del caso particular, el cual es diferente al principio dispositivo que rige en el procedimiento civil, las partes pueden oponerse al peritaje realizado por el personal de apoyo técnico de los juzgados, dentro del procedimiento, impugnando señalados peritajes conforme a derecho, aspecto evidenciado en el caso de análisis por lo cual no se advierte vulneración alguna en dicha impugnación efectuada por GRACO Santa Cruz.

5. Con relación al punto 8 de los fundamentos de la demanda, respecto a la violación del art. 24 de la Constitución Política del Estado, así como al derecho de San Aurelio S.A. al debido proceso, por no pronunciamiento del Tribunal de alzada, sobre la respuesta carente de fundamentación de la juez de instancia ante oposición de memorial de complementación efectuada por el recurrente, se debe precisar que, el  art. 226 del Código Procesal Civil establece sobre la complementación que las partes podrán solicitar aclaración sobre algún concepto oscuro, corrección de cualquier error material o subsanación de omisión en que se hubiere incurrido en la sentencia, auto de vista o auto supremo en el plazo improrrogable de veinticuatro horas contadas a partir de la notificación, asimismo la aclaración, enmienda o complementación no podrá alterar lo sustancial de la decisión principal.

En el caso de análisis, si bien el escrito de fs. 184 a 187 en la suma refiere: “solicita aclaración y complementación”, este título no tiene correspondencia con el contenido del escrito, toda vez que, el recurrente expone argumentos que tienen por finalidad el pronunciamiento de cada uno de los aspectos contenidos y reclamados en los escritos presentados, efectuando un detalle de 7 puntos a ser aclarados, complementados y enmendados, lo cual implica en los hechos una modificación de la decisión, aspectos que supuestamente ese Tribunal no habría considerado en el Auto de Vista de fs. 176 a 181 vta., peticiones las cuales no pudieron ser considerados por ese Tribunal, mediante una solicitud de aclaración y complementación, dada la naturaleza de este acto procesal, más aun cuando el Tribunal de apelación, ha momento de emitir su decisión ha cumplido en dar respuesta a los puntos de la controversia adecuándose a los requisitos previstos en el art. 218 del Código Procesal Civil, no evidenciándose las vulneraciones acusadas por el recurrente.

Casación en el fondo.

1. En relación a los agravios condensados en los puntos 1, 2, 5 y 6 de los fundamentos del recurso de casación en el fondo señalados líneas arriba, respecto a la acusada violación del art. 265 del Código Procesal Civil, e incumplimiento de los artículos 24, 235 inc. 1) y 410 .II de la Constitución Política del Estado porque el Tribunal de apelación no se pronunció sobre los agravios mencionados en su recurso de apelación, relativos al incumplimiento por parte de la juez de primera instancia de pronunciarse sobre todos los aspectos de su demanda, y más aún sobre el cargo de aplicación indebida del art. 228 y 229 de la ley N° 1340 de 28 de mayo de 1992, violación de los arts. 115. 120. parágrafo I, y 180, parágrafo I, de la Constitución Política del Estado y de los incisos 7, 10 y 12 del art. 30 de la Ley del Órgano Judicial, a cuyas acusaciones resulta preciso referir que, el recurrente incumple con la exigencia del art. 274 .3 del adjetivo civil que exige que el recurso debe reunir los siguientes requisitos, entre otros; expresar, con claridad y precisión, la ley o leyes infringidas, violadas o aplicadas indebida o erróneamente interpretadas, especificando en qué consiste la infracción, la violación, falsedad o error, ya se trate de recurso de casación en el fondo, en la forma o en ambos, especificaciones que deberán hacerse en el recurso y no fundarse en memoriales anteriores, ni suplirse posteriormente, normativa precisa y expresa que exige los requisitos de contenido del recurso de casación, ya sea en el fondo o en la forma; sin embargo, el recurrente se limita a manifestar que el Tribunal de alzada no se pronunció sobre todos y cada uno de los argumentos de su demanda mencionados en su recurso de apelación, y sin especificar en qué consiste la infracción, la violación, falsedad o error, sin cumplir con la exigencia del señalado articulado, quedando en evidencia que esta parte de su recurso de casación en el fondo, carece de los requisitos expresamente señalados en el Código Procesal Civil, aspecto que inhibe el pronunciamiento de este Tribunal.

2. Respecto a la alegada acusación de violación al parágrafo I del art. 180 de la Constitución  Política del Estado y los arts. 1, inciso 16, del Código Procesal Civil, inciso 11 del art. 30 de la Ley del Órgano Judicial, toda vez que el Tribunal de alzada a fojas 177 vta., afirma que se habrían entregado valores a su representada, lo que es falso, ya que en obrados no consta que se le hubiesen entregados los CEDEIMs, de revisión de la Sentencia N° 14/2014 de 15 de septiembre emitido por la Juez de instancia, fs. 145 a 152 vta., en la parte de fundamentos legales de la demanda, pag. 147 señala: “Según la Compañía Industrial Azucarera “San Aurelio” S.A., representa Ramón Aurelio Gutiérrez Sosa, la compensación era totalmente procedente toda vez que antes de la notificación con los Autos Iniciales de Sumario contravencional, ya se habían dictado las resoluciones Administrativas GDGSC-DTJC N° 06/2005 de fecha 14 de febrero de 2005, N° 09/2005 de fecha 24 de febrero de 2005, N° 190/2005 de fecha 21 de noviembre de 2005 y la Resolución Administrativa N° 231/2006 de fecha 12 de septiembre de 2006, en las que se autorizó la devolución de impuestos a favor de la persona Jurídica Compañía Industrial Azucarera ”San Aurelio” S.A., que representa Ramón Aurelio Gutiérrez Sosa, mediante CEDEIMs (…)”(sic), argumento de la demanda contra la cual San Aurelio S.A. no accionó mayor reclamo en su recurso de apelación, precluyendo en ese momento la posibilidad de impugnación por esa vía; evidenciándose que el señalado argumento de la sentencia indujo al Tribunal de alzada a señalar que los valores fueron entregados al contribuyente con anterioridad, evidenciándose que dicha relación procesal efectuada en el Auto de Vista impugnado, de manera alguna tuvo influencia en la decisión final del fallo, toda vez que se evidencia que dichos valores (CEDEIMs) si fueron emitidos con anterioridad, no evidenciándose la alegada violación del parágrafo I del art. 180 de la Constitución Política del Estado y los arts. 1, inciso 16, del Código Procesal Civil, inciso 11 del art. 30 de la Ley del Órgano Judicial.

3. Sobre la acusación contenida en el punto 4, relativo a la violación del parágrafo I del art. 180 de la Constitución Política del Estado y los arts. 1, inciso 16 del Código Procesal Civil e inciso 11 del art. 30 de la Ley del Órgano Judicial, toda vez que el Tribunal de alzada habría afirmado falsamente en fojas 181, que se demanda la compensación de las Resoluciones Sancionatorias, siendo que lo que se demanda es que se dejen sin efecto las mismas por el incumplimiento de la administración de realizar la compensación de oficio de los montos de las declaraciones juradas con los créditos fiscales contenidos en las resoluciones administrativas, a cuyo cargo corresponde establecer que, si bien es cierto que el demandante solicitó se deje sin efecto las sanciones que se pretendieron imponer y se declare probada su demanda y en consecuencia nulas y sin efecto alguno las sanciones que se pretendieron imponer a San Aurelio S.A., dicha demanda presentada por el ahora recurrente de fs. 81 a 84 vta., señala que. “Al respecto se debe tener presente que la Administración Tributaria debió proceder a la compensación de oficio, por cuanto existía una deuda tributaria firme y exigible que existía, (…)”, siendo evidente que el fondo de la demanda es determinar si evidentemente procedía o no la compensación de oficio a efecto de determinar la nulidad de las sanciones pretendidas, evidenciándose como consecuencia, la inexistencia de la alegada violación del parágrafo I del art. 180 de la Constitución Política del Estado y los arts. 1, inciso 16 del Código Procesal Civil e inciso 11 del art. 30 de la Ley del Órgano Judicial.

4. Respecto a la violación del art. 56, del Código Tributario Boliviano, acusada en el punto 7, al haber el Tribunal consentido que la Administración Tributaria no hubiese cumplido dicha norma, es decir realizar la compensación, de oficio y en tiempo oportuno de sus declaraciones juradas con su créditos fiscales líquidos y exigibles contenidos y autorizados por dicha autoridad tributaria en las resoluciones administrativas descritas en su demanda, a lo cual recapitulando el fundamento expresado, referente a la alegada violación del art. 56 de la Ley N° 2492, norma que establece que la deuda tributaria podrá ser compensada total o parcialmente, de oficio o a petición de parte, en las condiciones que reglamentariamente se establezcan, con cualquier crédito tributario líquido y exigible del interesado, más la propia norma expresa una condición que dicho crédito sea proveniente de pagos indebidos o en exceso efectuados por el contribuyente, por los que corresponde la repetición o la devolución previstas en el Código Tributario; en consecuencia normativa ex-legue se  exige imperativamente que solo pueden ser compensadas deudas tributarias previstas en el art 47 de la Ley N° 2492, (obligaciones tributarias emergentes del no pago de tributos), con cualquier crédito tributario líquido y exigible del interesado, proveniente de pagos indebidos o en exceso por los que corresponde la repetición o la devolución, es decir, dicha norma es respaldada por su reglamento mediante Decreto Supremo N° 27310 de 09 de enero de 2004, norma que prevé en su art.15 que, la compensación de oficio procederá únicamente sobre deudas tributarias firmes y exigibles, no cumplidos los presupuestos legales previstos en el art. 56 la alegada violación deviene en infundada.

En ese contexto, se advierte que tanto el juez A quo y el Tribunal de apelación, al declarar improbada la demanda y confirmar la misma respectivamente, establecieron adecuadamente la imposibilidad de aceptar la compensación de oficio y la consiguiente demostración de la procedencia de su compensación y la nulidad de las resoluciones sancionatorias, demostrándose más al contrario que, el Auto de Vista recurrido se ajusta plenamente a derecho.

En definitiva, con arreglo a los fundamentos expuestos, este Tribunal no encuentra fundados los motivos traídos por el recurrente para hacer lugar a la casación impetrada.

Bajo estos criterios, se concluye que al no ser evidentes los extremos y las infracciones acusadas en el recurso de casación en la forma y el fondo de fs. 190 a 195, por carecer de sustento legal; ajustándose el Auto de Vista recurrido a las leyes en vigencia, no observándose violación de norma legal alguna, corresponde resolverlo en el marco de las disposiciones legales contenidas en el art. 220.II del Código Procesal Civil, concordante con los arts. 271.2) y 273 del CPC, (1975), aplicables por la norma permisiva contenida en el art. 74.2 de la Ley N° 2492.

POR TANTO: La Sala Social, Administrativa, Contenciosa y Contencioso Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida en el art. 184.1 de la CPE y el art. 42.I.1 de la LOJ, declara INFUNDADO el recurso de casación de fs. 190 a 195, interpuesto por Compañía Industrial Azucarera “San Aurelio S.A.”, representado por Ramón Aurelio Gutiérrez Sosa, con costas.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.