TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA

Auto Supremo Nº 299

Sucre, 6 de Julio de 2018


Expediente                  : 138/2017

Demandante                   : Marcial Rocha Balladares

Demandado                    : Universidad Técnica de Oruro

Materia                           : Beneficios Sociales

Distrito                         : Oruro

Magistrado Relator        : Dr. Esteban Miranda Terán


VISTOS: El recurso de casación de fs. 141 a 142 interpuesto por Marcial Rocha Balladares, contra el Auto de Vista N° AV-SECCASA-22/2017 de 14 de febrero, cursante de fs. 136 a 138, pronunciado por la Sala Especializada Contenciosa y Contenciosa Administrativa y Social- Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro; dentro del proceso por pago de beneficios sociales seguido por el recurrente, contra la Universidad Técnica de Oruro; la respuesta de fs. 147 a 148; el Auto de 22 de marzo de 2017 que concedió el recurso (fs. 149 vta.); el Auto de Admisión Nº 138-A de fs. 158, los antecedentes procesales, y;

I.- ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Sentencia.-

Que, tramitado el proceso laboral, la Juez de Partido del Trabajo y Seguridad Social y Administrativo, Coactivo Fiscal y Tributario Segundo de la ciudad de Oruro, emitió la Sentencia Nº 061/2016 de 8 de abril (fs. 40-44), declarando improbada la demanda y probadas las excepciones perentorias de pago y prescripción planteadas a fs. 19-20 de obrados.

Auto de Vista.-

En grado de Apelación, promovido por el demandante, la Sala Especializada Contenciosa y Contenciosa Administrativa y Social- Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, expidió el Auto de Vista Nº 22/2017 de 14 de febrero, CONFIRMANDO la Sentencia Nº 061/2015 de 8 de abril.

II.- FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE CASACIÓN:

Por memorial de fs. 141 a 142 Marcial Rocha Balladares, interpone recurso de casación alegando:

Acusa que el Tribunal de Apelación ignoró el contenido del Art. 48.II de la Constitución Política del Estado (CPE) al señalar que el demandante aceptó las liquidaciones de la parte empleadora.

Acusa también al Tribunal de Apelación de contravenir el art. 115.II de la CPE, art. 7 de la Declaración Universal de Derechos Humanos con relación al derecho a la igualdad, por haberse puesto de lado de la entidad demandada de manera deliberada.

Alega haberse vulnerado el art. 48.II de la CPE, al declarar prescrito el primer periodo laboral, sin considerar que la entidad demandada reconoció esos derechos al haber realizado la liquidación de los beneficios sociales correspondiente a dicho período.

Por último, acusa violación del art. 265.I y III del Código Procesal Civil al no haber absuelto todos los agravios expuestos en su recurso de apelación.

Petitorio:

Concluye el memorial solicitando se case el Auto de Vista.

III.- CONSIDERACIONES PREVIAS:

Que el Tribunal de Casación en observancia de lo previsto por el art. 17.I de la Ley del Órgano Judicial y 106 del Código Procesal Civil, tiene, respecto a los tribunales inferiores, la facultad de revisión de oficio para verificar si, en las causas sometidas a su conocimiento, los jueces y tribunales observaron los plazos y leyes que rigen su tramitación y, en su caso, disponer al nulidad de oficio.

En ese contexto, el Tribunal revisará las actuaciones procesales que llegan a su conocimiento, con el objeto de advertir si concurrieron irregularidades procesales en la tramitación de los procesos, imponiendo si el caso amerita, la sanción que corresponda o determinar la nulidad de obrados, según prevé la normativa antes señalada, cuando el acto omitido lesione la garantía constitucional del debido proceso.

Al respecto cabe señalar que las resoluciones pronunciadas por los juzgadores de grado deben ser precisas, concretas, positivas y acordes con las pretensiones expuestas por las partes.

En ese contexto el art. 213 del Código Procesal Civil, establece:

I. La sentencia pondrá fin al litigio en primera instancia, recaerá sobre las cosas litigadas en la manera en que hubieren sido demandadas, sabida que fuere la verdad material por las pruebas del proceso.

II. La sentencia contendrá:

(…)

3. La parte motivada con estudio de los hechos probados y en su caso los no probados, evaluación de la prueba, y cita de las leyes en que se funda, bajo pena de nulidad. Esta parte, para el caso de fundarse en jurisprudencia ordinaria o constitucional, se limitará a precisar de manera objetiva las razones jurídicas del precedente, sin necesidad de hacer una transcripción del fallo que oscurezca la fundamentación.

4. La parte resolutiva, con decisiones claras, positivas y precisas sobre la demanda o la reconvención en su caso, declarando el derecho de los litigantes y condenando o absolviendo total o parcialmente”.

Por su parte, el art. 218 del mismo adjetivo Civil, señala:

“I. El auto de vista es el fallo de segunda instancia que deberá cumplir con los requisitos de la sentencia en todo lo que fuere pertinente.

II. Este fallo deberá ser:

1. Inadmisible.

a) Si se hubiere interpuesto el recurso de apelación después de vencido el término.

b) Por falta de expresión de agravios.

2. Confirmatorio.

3. Revocatorio total o parcial.

4. Anulatorio o repositorio”.

Bajo estas premisas, se debe convenir que la motivación de las resoluciones judiciales constituye un deber jurídico consagrado constitucionalmente como uno de los elementos del debido proceso, constituida en garantía de legalidad procesal en procura de garantizar la seguridad jurídica, la racionalidad y fundamentación de las resoluciones judiciales o administrativas.

Esto implica que todo administrador de justicia a momento de resolver una controversia sometida a su conocimiento, debe inexcusablemente exponer los hechos, los razonamientos relacionados con el análisis y valoración del acervo probatorio, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustentan la parte dispositiva de la misma.

La motivación de las resoluciones judiciales entraña en el fondo, una necesaria argumentación y ésta sólo es posible mediante las correspondientes y múltiples inferencias exigidas por el caso concreto.

El incumplimiento de las exigencias expuestas ameritan que el Tribunal Supremo disponga la nulidad de obrados, en aras de una correcta administración de justicia.

Así, en el presente caso, se advierte que el Tribunal de Apelación, confirmó la resolución de primera instancia, aplicando entre otros aspectos por “analogía” las reglas formales reservadas para el recurso de casación, citando el razonamiento contenido en el AS N° 050/2014 de 1 de abril, aplicable en las resoluciones que declaran improcedente el recurso.

Asimismo, acusa el recurso de apelación como insuficiente por carecer de agravios.

Sobre éste particular, conforme se tiene expresamente previsto en el art. 218.II.b) la falta de expresión de agravios se encuentra prevista a efectos de declararse inadmisible el recurso, mas no así para confirmarse la decisión de grado, conforme erróneamente entendió el Tribunal de Apelación.

Se advierte de lo anterior que, el Tribunal de Apelación omitió fundamentar debidamente su decisorio, aplicó indebidamente los requisitos formales reservados para el recurso de casación y confirmó la Sentencia con base en una supuesta falta de fundamentación de agravios sin considerar que tal presupuesto se reserva únicamente para los casos de inadmisibilidad.

En suma, estos aspectos demuestran la existencia de incongruencia, falta de exhaustividad, falta de motivación y pertinencia de la resolución emitida y especialmente la omisión del cumplimiento de las normas citadas precedentemente, por lo que corresponde disponer la nulidad de obrados.

POR TANTO: La Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, en ejercicio de la atribución prevista en el arts. 184.1 de la CPE y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial, art. 220.III núm. 1 del CPC, conforme los argumentos y fundamentos expuesto en la presente resolución, ANULA el Auto de Vista N° AV-SECCASA-22/2017 de 14 de febrero, cursante de fs. 136 a 138, pronunciado por la Sala Especializada Contenciosa y Contenciosa Administrativa y Social- Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, debiendo emitirse nueva resolución, de conformidad a los parámetros expuestos en la presente decisión.

Sin responsabilidad por ser excusable.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.