TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA

Auto Supremo Nº 298

Sucre, 6 de julio de 2018

Expediente                 : 137/2017

Demandante               : Juan Carlos Peralta Mercado

Demandado                : Rodolfo César Mercado Velarde

Proceso                       : Beneficios Sociales

Departamento             : Santa Cruz

Magistrado Relator     : María Cristina Díaz Sosa


VISTOS: El recurso de casación de fs. 238 a 239 vta., interpuesto por Rodolfo César Mercado Velarde, impugnando el Auto de Vista Nº 99 de fecha 05 de julio de 2016 cursante a fs. 234 a 235, pronunciado por la Sala Social, Contenciosa Tributaria y Contenciosa Administrativa Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso de beneficios sociales, seguido por Juan Carlos Peralta Mercado en contra del recurrente; el Auto de fs. 244 que concedió el recurso de casación; el Auto Supremo Nº 137-A de fs. 253 de admisión del recurso; los antecedentes del proceso; y:

I. ANTECEDENTES PROCESALES.

Sentencia.-

Que, tramitado el proceso laboral para el pago de beneficios sociales, la Juez de Partido Segundo de Trabajo y Seguridad Social de la ciudad de Santa Cruz, pronunció la Sentencia Nº 13/15 de fecha 13 de marzo de 2015 de fs. 213 a 217, declarando PROBADA la demanda interpuesta por Juan Carlos Peralta Mercado, con costas, en contra de Rodolfo César Mercado Velarde, como titular de la empresa unipersonal tercerizada; asimismo decalaró como co responsable del pago a la empresa tercerista PRAXAIR BOLIVIA S.R.L., representada por Jorge Escobari, al haberse demostrado la relación laboral y el despido por causa no imputable al trabajador, correspondiendo el pago de sus beneficios sociales, en cuyo mérito se ordena al señor Rodolfo César Mercado Velarde y como co responsable del pago a la empresa PRAXAIR BOLIVIA S.R.L. representada por el señor Jorge Escobari, para que a tercero día de su legal notificación, paguen al señor JUAN CARLOS PERALTA MERCADO sus beneficios sociales en un monto total de CIENTO VEINTINUEVE MIL OCHENTA Y UNO 87/100 BOLIVIANOS(Bs.- 129.081,87).

Auto de Vista.-

En grado de apelación deducida por el demandado Rodolfo César Mercado Velarde de fs. 219 a 220, la Sala Social, Contenciosa Tributaria y Contenciosa Administrativa Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, emitió el Auto de Vista Nº 99 de fecha 05 de julio de 2016, que CONFIRMÓ totalmente la Sentencia.

Ante la determinación del Auto de Vista, el demandado Rodolfo César Mercado Velarde interpone recurso de casación, con la contestación de la parte contraria, el Tribunal de Alzada emite Auto Supremo Nº 137-A de fecha 14 de Abril de 2017, admitiendo el recurso.

II: ARGUMENTOS DEL RECURSO DE CASACIÓN.

Interpuesto el recurso de casación en el fondo, el recurrente establece que el Auto de Vista impugnado, contiene violación y errónea aplicación de la Resolución Ministerial Nº 446/09 de fecha 08 de julio de 2009, como así también del D.S. Nº 0521 de fecha 26 de mayo de 2010 y contiene ilegal aplicación del Principio de Verdad Material, bajo el siguiente argumento:

1.- Que tanto el Tribunal Ad Quem como el Juez de primera instancia,  incurrieron en errónea interpretación y violación de normas laborales, toda vez que no consideraron el art. 3º de la Resolución Ministerial Nº 446/09 de fecha 08 de julio de 2009, pues en aplicación de dicha normativa, se debería haber condenado al pago de los beneficios sociales únicamente a la Empresa PRAXAIR BOLIVIA S.R.L., como se dio de igual manera con la aplicación sesgada del numeral II del art. 5º del D.S. Nº 0521 de fecha 26 de mayo de 2010, pues de acuerdo con la prueba presentada, se demostró que el demandante era trabajador de PRAXAIR BOLIVIA S.R.L., desarrollando tareas propias y relacionadas con su giro laboral, siendo esta empresa quién imponía tareas, sanciones, multas y remuneraciones al demandante.

2.- Igualmente se violentó el Principio de Verdad Material, pues lo condenan al pago de los beneficios sociales, en co responsabilidad con PRAXAIR BOLIVIA S.R.L., sin considerar la realidad de los hechos demostrados en el proceso, que identifican a PRAXAIR BOLIVIA S.R.L. como único empleador y responsable de pagar los beneficios sociales demandados.

Por lo que pide, que en virtud a los argumentos expuestos, considerando la violación y errónea aplicación de la ley en el Auto de Vista Nº 99 de fecha 05 de julio de 2016, se declare la procedencia del recurso y se dicte Auto Supremo casando en el fondo el referido Auto de Vista, disponiendo que los pagos demandados sean impuestos al original obligado que fue el empleador del demandante, vale decir, PRAXAIR BOLIVIA S.R.L.

El demandante, a fs. 242 a 243 vta., contesta el recurso indicando que durante la tramitación de todo el proceso, se ha demostrado con la prueba cursante en el expediente, que el empleador es el señor Rodolfo César Mercado Velarde, por tanto existe la relación obrero patronal con el demandado y no se ha violentado el Principio de Verdad Material, por lo que pide se dicte Auto Supremo declarando infundado el recurso.

III: FUNDAMENTOS JURÍDICOS Y DOCTRINALES DEL FALLO.

En consideración de los argumentos expuestos por el recurrente, de acuerdo a la problemática planteada, se realiza una interpretación desde y conforme la Constitución Política del Estado, el bloque de constitucionalidad y las normas ordinarias aplicables al caso concreto; en ese marco caben las siguientes consideraciones de orden legal:

Del debido proceso.

La Constitución Política del Estado reconoce al debido proceso como una garantía debidamente tutelada, cuando dispone en su art. 115.II: “…El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones…”; reconociéndolo  además como un derecho, conforme se tiene del art. 117.I constitucional que señala: “…Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso…”; y finalmente como un principio en el que se funda la jurisdicción ordinaria establecido en su art. 180.I que dispone: “…La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igualdad de las partes ante el juez…”. 

En esa línea la SCP N° 0043/2014 de 3 de enero, en relación a la importancia del debido proceso, haciendo mención a la línea jurisprudencial establecida por la SC 0999/2003-R de 16 de julio, que: “…La importancia del debido proceso está ligada a la búsqueda del orden justo. No es solamente poner en movimiento mecánico las reglas de procedimiento sino buscar un proceso justo, para lo cual hay que respetar los principios procesales de publicidad, inmediatez, libre apreciación de la prueba; los derechos fundamentales como el derecho a la defensa, a la igualdad, etc., derechos que por su carácter fundamental no pueden ser ignorados ni obviados bajo ningún justificativo o excusa por autoridad alguna, pues dichos mandatos constitucionales son la base de las normas adjetivas procesales en nuestro ordenamiento jurídico, por ello los tribunales y jueces que administran justicia, entre sus obligaciones, tienen el deber de cuidar que los juicios se lleven sin vicios de nulidad, como también el de tomar medidas que aseguren la igualdad efectiva de las partes…”; similar entendimiento asumido por las Sentencias Constitucionales (SSCC) No 0086/2010-R y 0223/2010-R, entre otras.

A ello, la SCP No 0043/2014 en referencia, concluye que bajo el nuevo entendimiento asumido por el Tribunal Constitucional Plurinacional, el debido proceso: “…no se satisface solamente con el cumplimiento mecánico de las reglas formales, sino que tiene una naturaleza protectora de fondo, es decir, que si bien es importante el tratar de que se logre el objetivo de llevar adelante un proceso sea este administrativo o judicial- sin errores formales, es aún más importante, si cabe el término, el velar por un orden justo, o mejor dicho en otras palabras, velar por la justicia material…”.

De las nulidades procesales.

En referencia a las nulidades debe considerarse para su declaratoria la trascendencia que reviste el acto denunciado, es decir, que tenga incidencia en el debido proceso y el derecho a la defensa, considerando que no existe nulidad por la nulidad misma, sino que, para una declaratoria de nulidad debe considerarse y ponderarse todos los elementos que afecten o no de manera directa a los derechos de los involucrados. En ese sentido Alsina sostiene que: “… las nulidades calificadas por la ley, son las nulidades esenciales que pueden ser declaradas de oficio porque ellas se fundan en la violación de una garantía constitucional”. Lo anterior conlleva a decir que en el tratamiento de las nulidades procesales, no es un tema de defensa de las meras formalidades, pues, las formas previstas por ley no deben ser entendidas como meros ritos, sino como verdaderas garantías para que el proceso se desarrolle en orden y en resguardo de los derechos de las partes, siendo preciso distinguir las formas esenciales de las meras formalidades. Precisamente por ello es necesario contrastar la denuncia de nulidad con los principios que rigen la materia y deben ser tomados en cuenta por el juzgador al momento de declarar la nulidad, entre ellos, el principio de especificidad, que establece que no existe nulidad si ésta no se encuentra prevista por ley; el principio de trascendencia, por el cual no hay nulidad de forma, si la alteración no tiene trascendencia sobre las garantías esenciales de defensa en juicio, es decir "no hay nulidad sin perjuicio"; el principio de convalidación, por el que toda nulidad se convalida por el consentimiento de la parte, si no fueron observadas en tiempo oportuno, precluyendo su derecho y, finalmente, el principio de protección, estableciendo que la nulidad solo puede hacerse valer cuando a consecuencia de ella, quedan indefensos los intereses del litigante. En  tal virtud, se entiende que, la nulidad procesal es una medida sancionatoria de última ratio, de aplicación excepcional, siendo la regla la conservación de los actos desarrollados en proceso y la nulidad su excepción, criterio procesal que emerge del contenido normativo de los arts. 16 y 17 de la Ley del Órgano Judicial, que señala como deber funcional de los administradores de justicia el de proseguir con el desarrollo del proceso, sin retrotraer a las etapas concluidas, excepto cuanto exista irregularidad procesal reclamada oportunamente y que viole el derecho a la defensa de las partes.

IV: ANALISIS DEL CASO EN CONCRETO.

De los antecedentes del proceso, se tiene que la sentencia emitida por la Juez de primera instancia,  en los puntos 1.3, 1.4, 1.5 y 1.6 del Considerando III (Hechos probados), realiza una interpretación de los D.S. Nº 107 y 521 de fechas 01 de mayo de 2009 y 26 de mayo de 2010 respectivamente, así como de la Resolución Ministerial Nº 446/09 de 08 de julio de 2009 y la Sentencia Constitucional Nº 1589/2012 de 24 de septiembre de 2012, por lo que determina que tanto el demandado Rodolfo César Mercado Velarde como la Empresa PRAXAIR BOLIVIA S.R.L. son co responsables en el pago de los beneficios sociales que exige el demandante, sin embargo dentro del proceso, no se evidencia que la Empresa PRAXAIR BOLIVIA S.R.L. haya sido parte, por lo que al incluirla en la sentencia vulnera su derecho a la defensa, más aún si el demandado desde el inicio de la tramitación del proceso, indicó que el empleador era la Empresa PRAXAIR BOLIVIA S.R.L. y no así su persona, aspecto que al no haber sido considerado por el juez de la causa, violó flagrantemente los principios constitucionales de la verdad material, del debido proceso y derecho a la legítima defensa, así como los principios de congruencia y bilateralidad que debe tener la sentencia en su argumentación; por lo que si el Juez durante la tramitación del proceso consideraba que podía existir un Litis Consorcio Pasivo Necesario, debería haber saneado su proceso y convocado a PRAXAIR BOLIVIA S.R.L., para que igualmente sea parte demandada en el presente proceso y asuma defensa con todos los medios que la ley le franquea, conforme lo establece el art. 48º del actual Código Procesal Civil. 

El Tribunal ad quem, se constituye en la instancia de segundo grado que tiene como finalidad conocer los recursos de apelación, por el que las partes exponen sus agravios en la búsqueda de que el superior en grado enmiende conforme a derecho la Resolución dictada por el Juez A quo, en cumplimiento a los principios de congruencia, pertinencia y exhaustividad, dentro del marco jurisdiccional que le impone la Sentencia y la expresión de agravios del recurso, lo que no ocurrió en el caso de autos, pues la Sala Social, Contenciosa Tributaria y Contenciosa Administrativa Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz debió observar la incongruencia de la sentencia, subsanando el error incurrido, sin embargo se limita a confirmar la sentencia, sin considerar la situación de indefensión en la que deja a PRAXAIR BOLIVIA S.R.L. y la vulneración del debido proceso.

En la presente instancia, lo central del argumento casacional, radica en el hecho de que el sujeto demandado Rodolfo César Mercado Velarde, pretende deslindar toda responsabilidad en el pago de los beneficios sociales reconocidos a favor del trabajador, buscando que esta obligación sea cubierta en su totalidad por la empresa PRAXAIR BOLIVIA S.R.L., extremo que no podría ser atendido, pues estaríamos vulnerando el principio de bilateralidad que debe tener el proceso, puesto que no se citó ni compareció durante la tramitación de la causa esta empresa, lo que violenta también los principios constitucionales del debido proceso y derecho a la defensa, al no permitirle que pueda apersonarse y asumir defensa como corresponde,  pues no fue considerado por el juez como parte en la presente causa.

Consiguientemente, corresponde fallar de acuerdo a las disposiciones contenidas en el art. 17º de la Ley del Órgano Judicial y art. 106.I del Código Procesal Civil, aplicable por mandato del art. 252 del Código Procesal del Trabajo.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Adm., Social y Adm. Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida por los arts.  184.1 de la CPE y 42.I.1 de la LOJ, ANULA obrados con reposición hasta la sentencia de fs. 213 a 217, inclusive, por contener la misma disposiciones incongruentes respecto a los sujetos demandados, en consecuencia el Juez de la causa deberá reconducir el proceso trayendo a la Litis a quien podría tener la calidad de Litis Consorcio Pasivo Necesario, debiendo notificar para que sea parte en el proceso a la Empresa PRAXAIR BOLIVIA S.R.L., a efecto de no vulnerar sus derechos constitucionales y que asuma defensa como corresponda, para lo cual cumpla con la previsión del art. 48 del CPC.

No siendo excusable el error, se impone una multa de 1 día de haber a cada uno de los Vocales del Tribunal de Alzada, así como al Juez de la causa.

Por Secretaría de Sala, cúmplase con lo previsto en el art. 17. IV de la Ley del Órgano Judicial.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.