TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA

Auto Supremo Nº 297

Sucre, 6 de Julio de 2018


Expediente                  : 136/2017

Demandante                   : Pascual López Huaylla

Demandado                    : Industrias de Aceite Fino S.A.

Materia                           : Pago de Beneficios Sociales

Distrito                         : Santa Cruz

Magistrado Relator        : Dr. Esteban Miranda Terán


VISTOS: El recurso de nulidad o casación de fs. 430 a 456 interpuesto por Pascual López Huaylla, contra el Auto de Vista Nº 130 de 28 de septiembre de 2016, cursante de fs. 414 a 419, pronunciado por la Sala Social, Contencioso Tributario y Contenciosa Administrativa Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, en el proceso sobre pago de beneficios sociales que sigue el recurrente contra Industrias de Aceite Fino S.A.; el Auto de 23 de marzo de 2017 que concedió el recurso (fs. 468); el Auto de Admisión Nº 136-A de fs. 477, los antecedentes procesales, y;

I.- ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Sentencia.-

Tramitado el proceso laboral, el Juez Quinto de Trabajo y Seguridad Social de la ciudad de Santa Cruz, emitió la Sentencia Nº 239 de 2 de julio de 2015 (fs. 350-355), declarando probada en parte la demanda, condenando a la empresa demandada pagar la suma de Bs. 33.271,22 (Treinta y siete mil doscientos setenta y uno 22/100 Bolivianos) a favor del demandante, por conceptos de indemnización, aguinaldo y devolución de descuentos ilegales, más la multa del 30%, conforme al DS N° 28699.

Auto de Vista.-

En grado de Apelación, promovido por el demandante, la Sala Social, Contencioso Tributario y Contenciosa Administrativa Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, por Auto de Vista Nº 130 de 28 de septiembre de 2016, cursante de fs. 414 a 419, confirmó en todas sus partes la Sentencia Nº 239 de 2 de julio de 2015.

II.- FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE CASACIÓN:

Contra el indicado Auto de Vista, Pascual López Huaylla, interpone recurso de casación en la forma y en el fondo, alegando:

En la forma.-

1. Falta de pronunciamiento y de fundamentación en cuanto al recurso de apelación.-

Alega que en su recurso de apelación expuso ocho hechos y razones acusando la nulidad de la notificación de fs. 349 de los cuales el Tribunal de apelación se pronunció únicamente sobre dos de ellos, omitiendo los otros seis agravios.

2. Falta de pronunciamiento sobre el punto dos de la apelación.-

Señala que ante su acusación de haberse omitido pronunciamiento en sentencia respecto a la objeción de prueba realizado mediante memorial de fs. 266, sobre el que el Tribunal de apelación refirió que se habría resuelto a fs. 351, mas revisada la misma, tal pronunciamiento no existe.

De igual modo, señala haber acusado la falta de fundamentación en sentencia respecto a la objeción formulada por la parte demandada a fs. 271-272 y que, en el Auto de Vista, se señala que las mismas habrían sido resueltas a fs. 352, mas, de la revisión se advierte que en ese punto se resuelve la objeción del demandante.

Con relación a la falta de pronunciamiento en Sentencia respecto al pago y reconocimiento como parte del sueldo a efectos de la liquidación de la vivienda que la empresa le dio, acusa que el Tribunal de apelación no explica de qué manera la Sentencia habría resuelto el petitorio, menos señala las pruebas en que funda su conclusión.

Añade que, además de lo anterior, demandó el pago y reconocimiento como parte del sueldo mismo, el monto económico de la vivienda que le habría entregado la empresa, aspecto que el Tribunal de apelación confundió con la consignación de éste monto al promedio indemnizable y omitió pronunciarse sobre lo principal.

Señala también haber acusado incongruencia en la Sentencia por existir contradicciones en la parte considerativa de la misma, sobre lo que el Tribunal de apelación absolvió señalando que tal aspecto fue resuelto en sentencia de manera global, lo que acusa como incongruencia citra petita.

Acusa haber reclamado en apelación respecto a la incongruencia  de la Sentencia en su parte resolutiva, sobre el que el Auto de Vista omitió pronunciamiento.

3. Falta de fundamentación y de pronunciamiento sobre el punto 2.1. de su recurso de apelación.-

Acusa que sobre las causales de la desvinculación laboral, el juez de primera instancia admitió como documento idóneo la carta de renuncia de fs. 99; aspecto que apeló bajo el fundamento de haber negado tal documento por abuso de firma en blanco. En apelación el Tribunal de alzada se limitó a referir aspectos sobre la nulidad y características de la prueba, sin explicar en base a que pruebas y fundamentos confirmó la decisión del juez de primera instancia.

Agrega que el Tribunal de apelación, no consideró el hecho que la nota de fs. 99 fue presentada ante el Ministerio de Trabajo el 11 de marzo de 2013, es decir un mes después de haberse presentado y que los testigos de descargo (fs. 219 y 222) acreditaron que el 1 de febrero de 2013 ya no se lo dejó ingresar a su fuente de trabajo al demandante, con lo que se habría demostrado que no pudo haber renunciado el 19 de febrero cuando ya el 1 de febrero había sido despedido; aspectos que reclama, no fueron objeto de la resolución de segunda instancia.

Asimismo, acusa que en alzada no se consideró el principio de presunción legal en lo referente a las causas del despido, ya que habiéndosele conminado a la entidad demandada para que presente el libro de control de asistencia, para verificar que el trabajador dejó de asistir a partir del 1 de febrero y no así a partir del 19 del mismo mes, por haber sido despedido en aquella fecha, respondió que los mismos no existen. En éste caso, prosigue, correspondía aplicarse la presunción legal, pero que no mereció pronunciamiento alguno por parte del Tribunal de alzada.

4. Falta de pronunciamiento e impertinencia del Auto de Vista sobre las horas extraordinarias.-

Señala que en Sentencia se le negó las horas extraordinarias bajo el argumento de haber sido desvirtuadas por los “argumentos de la contestación a la demanda”, con lo que habría invertido los principios rectores de la materia para aplicarlos a favor del empleador; aspectos sobre los que habiendo sido reclamados en apelación no fueron resueltos por el Tribunal.

Agrega que sobre el mismo punto, en Sentencia se reitera que quien debe probar tales aspectos es el demandante y no el empleador; aspecto que al ser apelado no fueron debidamente absueltos por el Tribunal de apelación, limitándose a referencias sobre las horas extras y no así sobre los fundamentos de su apelación.

También acusa que se omitió valorar la abundante prueba y el hecho que además del cargo de vigilante, el demandante desempeñaba otros trabajos extras como ser: mecánico, inventariador, fumigador, electricista, podador y otros.

5. En cuanto a la incapacidad por accidente de trabajo, acusó que la Sentencia ingresó en contradicción al consignarlo como hecho no probado para seguidamente señalar que la empresa demandada no canceló tales conceptos a favor del trabajador, así como por haber confundido indemnización por accidente de trabajo con las cotizaciones al sistema de seguridad de largo plazo, sobre los que el Tribunal de apelación no se pronunció.

6. En cuanto a la fecha de inicio de la relación laboral, señala haber reclamado en apelación que el Juez de primera instancia no se pronunció respecto a su alegato en sentido que la misma tuvo inicio a partir del año 1989, aspecto que tampoco fue considerado por el Tribunal de apelación.

7. Sobre el mismo tema, señala haber acusado que en la Sentencia no se emitió pronunciamiento respecto a la modalidad del contrato en razón a que el mismo fue verbal a partir del año 1989, sin que el Tribunal de apelación se haya pronunciado sobre dicho tema.

8. Reitera haber acusado en apelación que la juez no consideró las pruebas testificales con las que alega haber acreditado su derecho respecto a que el valor de la vivienda sea agregado al sueldo a los fines del promedio indemnizable, sobre los que el Tribunal de apelación se pronuncia sobre aspectos ajenos a los fundamentos de la apelación, acusándolo de impertinente e incongruente.

9. Por último, acusa que el Tribunal de apelación al concluir que en el recurso de apelación no se habría demostrado la relevancia y trascendencia necesaria para hacer cabida a la nulidad, no consideró que todos esos aspectos fueron expresamente detallados en el recurso.

En el fondo.-

1. Error de hecho al valor las pruebas sobre el motivo de la extinción laboral.-

Acusa al Tribunal de apelación de haber incurrido en error al concluir que en la Sentencia se valoró la prueba de fs. 99 conjuntamente a todo el elenco probatorio, cuando en realidad la Sentencia sólo valoró la citada prueba de fs. 99 y ninguna otra prueba mas.

Acusa también de errónea apreciación de la prueba por haber concluido que la empresa cumplió con el art. 66 y 150 del Código Procesal del Trabajo con referencia a la prueba de fs. 99, sin considerar que la misma fue acusada de falsa.

2. Error de hecho y de derecho al omitir pruebas, principios y normas protectoras del derecho laboral.-

Señala que con la prueba testifical de cargo acreditó que el demandante no renunció y que, por el contrario, fue despedido, por cuanto tales deposiciones dan fe que el demandante fue despedido 18 días antes de la supuesta renuncia, prueba que fue ignorada por el juez y por el Auto de Vista.

3.  Violación del principio protector, in dubio pro operario, de primacía de la realidad y de inversión de la prueba.-

Alega que habiendo acusado de falso el documento de fs. 99 presentó prueba testifical con la que alega haber probado tal falsedad y que en ese caso correspondía dar aplicación del principio protector y de inversión de la prueba.

Agrega que con los libros de control de asistencia pedidos en inversión de la prueba se demostraría que después de haber cumplido sus vacaciones el 31 de enero de 2013, no asistió a su fuente de trabajo, debido a que ya no le dejaron ingresar a su fuente laboral y que, al no haberse presentado dicho libro, en cuyo marco correspondía aplicarse la presunción de certidumbre y tenerse por cierto el despido intempestivo y no voluntario.

4. Error en la valoración probatoria y violación de los principios de inversión de la prueba, el protector, in dubio pro operario, primacía de la realidad, arts. 44 de la Ley del Tribunal Constitucional, 14.II, 46, 48.II, 178.I y 180.I de la Constitución Política del Estado; 3.h), 66, 150 y 160 del Código Procesal del Trabajo, 41 del DS N° 28699 de 1 de mayo de 2006, en cuanto a las horas extraordinarias.

Acusa que sobre éste punto, en el Auto de Vista solo se analizan las pruebas de fs. 22 a 247 y no así las demás pruebas documentales y las presunciones que correspondían, agregando que dichas literales fueron presentados violentando lo dispuesto en el art. 331 del Código de Procedimiento Civil, con relación al art. 152 del Código Procesal del Trabajo, al haber sido presentados en forma posterior a la contestación, además de consistir en documentos unilaterales de la empresa en la que no consta la firma del demandante, así como que hasta el presente no se les notificó con las mismas.

Seguidamente reitera los términos referidos supra sobre el contenido de las declaraciones de los testigos, la no presentación del libro de asistencia, así como los libros de fs. 26 y los documentos de fs. 18 a 25, de los que acusa no haber sido valorados.

5. Error de hecho en la valoración de las pruebas y violación de los principios in dubio pro operario, protector y primacía de la realidad en cuanto a la incapacidad por accidente de trabajo.-

Acusa al Tribunal de apelación de no haber considerado el informe de fs. 279 y las testificales de cargo, según los cuales se encontraría acreditado su incapacidad.

6. Violación de los arts. 79, 80, 81, 82, 83, 84 y 85 de la Ley General del Trabajo y equivocada interpretación del art. 98 de la misma Ley.-

Acusa haber probado que se dio aviso oportuno a la empresa sobre su accidente de trabajo, con las pruebas testificales de fs. 319 y 338 vta., así como que la empresa no dio aviso a la empresa aseguradora, citando seguidamente la jurisprudencia contenida en el AS N° 240 de 18 de julio de 2008, en la que se señala que no se debe confundir las prestaciones en especie y en dinero que otorga el sistema de seguridad social con las indemnizaciones que debe pagar la empresa por el accidente de trabajo.

7. Infracción del art. 91.d), 93, 97 y 202.c) del Código Procesal del Trabajo, por no haber resuelto con la pertinencia y suficiencia necesaria lo relativo al accidente de trabajo.

8. Violación del principio pro operario, protector, primacía de la realidad y el art. 202.c) del Código Procesal del Trabajo, por haber omitido pronunciamiento y no haber valorado las pruebas de cargo respecto al hecho que el inicio de la relación laboral fue a partir del año 1989.

9. Error de hecho al valorar las pruebas de cargo respecto a la incorporación de la vivienda como sueldo, por no haber tomado en cuenta las pruebas testificales de cargo con los que alega haber probado su derecho respecto a que el valor de la vivienda sea agregado al sueldo.

Petitorio:

Concluye el memorial solicitando se anule obrados hasta el vicio más antiguo y, en su caso, se revoque el Auto de Vista y, deliberando en el fondo, se declare probada la demanda.

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO:

En la forma.-

Con carácter previo, corresponde tener presente que, el principio de congruencia en esencia constituye una garantía procesal orientada a garantizar que lo resuelto por el operador de justicia guarde correspondencia con lo pedido.

Y la nulidad viene a constituir un instrumento para la corrección o reposición de un acto carente de los requisitos formales indispensables para la obtención de su fin; o bien, cuando un acto de tal naturaleza sea en evidencia agraviante a las bases elementales del sistema jurídico, tal situación hace patente lo inmerso en el art. 3.1 del CPC, norma que impone a los jueces y tribunales el deber de “cuidar que el proceso se desarrolle sin vicios de nulidad”, lo que incumbe sin duda, no sólo a un mandato del legislador ordinario, sino involucra el propio objeto del proceso, que es la vía para “la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustantiva”, tal cual lo señala el art. 91 de aquella norma adjetiva; a partir de ello entonces, se comprende que las normas procesales sean de cumplimiento obligatorio, por ser ellas de orden público y por tanto tener el suficiente vigor de afectar aquel orden en caso de un eventual incumplimiento o transgresión de grave afectación.

En el marco anterior, la doctrina procesal reconoce, ciertas condiciones que hacen viable y justifican la decisión de nulidad; de entre ellas: la exigencia de que la causal que origine la nulidad sea manifiesta en el propio acto, es decir, la justificación de la nulidad no debe hallar respaldo en otros actos; y, que el acto anulado deba estar directamente e indisolublemente relacionado a la controversia del proceso; de manera tal que la decisión de nulidad no se halle discrecionalmente dispuesta al arbitrio de la autoridad que juzga.

Asimismo, en materia de nulidades procesales existen ciertos principios que informan la materia y que deben ser tomados en cuenta por el juzgador al momento de declarar una nulidad, entre los que cuentan:

Principio de especificidad o legalidad, según el cual, para declarar una nulidad procesal, el juez ha de estar autorizado expresamente por un texto legal, que contemple la causal de invalidez del acto. Este precepto se encuentra íntimamente relacionado con el principio de finalidad, en virtud al cual habrá lugar a la declaratoria de nulidad si el acto procesal no ha podido cumplir con su finalidad específica, y en sentido contrario no procederá la sanción de nulidad si el acto procesal aunque defectuosamente realizado cumplió su finalidad.

Principio de Trascendencia, según el cual no puede admitirse la nulidad por la nulidad, sino que a tiempo de determinarla habrá que tener presente el perjuicio real que ocasiona al justiciable el alejamiento de las formas prescritas, pues las formas no han sido establecidas para satisfacer "pruritos formales".

Principio de convalidación.- En principio, dice Couture, toda nulidad en derecho procesal civil se convalida por el consentimiento si la parte perjudicada ratifica el acto viciado expresa o tácitamente.

El principio de preclusión, que tiene lugar cuando los justiciables no ejercen en forma oportuna o legal los recursos previstos por la ley adjetiva.

Principio de Protección.- En virtud de este principio, la nulidad solo puede invocarse cuando en virtud de ella, los intereses de una de las partes o de ciertos terceros a quienes afecte la sentencia, queden en indefensión.

Ahora bien, de la revisión del recurso de apelación y del Auto de Vista, se advierte que el Tribunal, efectivamente, resumió en dos puntos los ocho puntos llevados por el recurrente como agravio, sin embargo, tal hecho, per sé no resulta suficiente para calificarse como infracción al principio de congruencia, en razón a la competencia y facultades que la Ley le otorga al Tribunal de apelación en razón a la naturaleza del instituto.

En efecto, conforme a la jurisprudencia del Tribunal de Casación “…el recurso de apelación difiere sustancialmente del recurso de casación en cuanto a su naturaleza y fines, en la medida que el primero persigue un nuevo juicio sobre la causa, mientras que el segundo persigue someter a escrutinio la resolución. En efecto, según el profesor Fernando de la Rúa Se considera medio de gravamen (o medio ordinario v.gr. la apelación) aquél que determina el reexamen inmediato de la misma controversia en una nueva fase procesal, no para rescindir un fallo ya formado sino para juzgar nuevamente la causa… (El Recurso de casación, 1968, p. 50); de ahí su denominativo de juicio ex novo”. (AS. N° 123 de 28 de mayo de 2014)

Así entonces y conviniendo que el pronunciamiento en grado de apelación involucra un segundo examen de la causa sobre el fondo de lo decidido antes que el enjuiciamiento de los decidido por el a quo, el Tribunal de apelación no se encontrará reatado a los puntos específicos postulados en el recurso de apelación, sino al problema jurídico controvertido que se abordan en tales puntos.

Con base en lo anterior, se concluye que el Tribunal de apelación, al resumir en dos los ocho puntos del recurso de apelación en razón al problema jurídico materia de controversia y expedir pronunciamiento a partir de tales parámetros, no incurrió en infracción legal alguna, mucho menos en lesión al debido proceso. Diferente será el caso si es que el Tribunal de apelación hubiese soslayado, en su Resolución, pronunciarse y resolver una acusada lesión al debido proceso independientemente a que se hayan expuesto los agravios en uno o más puntos del recurso de apelación.

De la revisión de los antecedentes procesales, el recurso de apelación y lo resuelto en alzada, con base en lo anterior expuesto, se advierte que efectivamente, a fs. 345 el Juez de la causa, declaró clausurado el período de prueba y dispuso la notificación de las partes a los fines de que presenten sus conclusiones. En efecto, en el decreto de 22 de agosto de 2014 (fs. 345) se señala:

“…Al otrosí 1.- Se declara cerrado el periodo de prueba, debiendo notificarse a las partes con esta providencia con el fin de que hagan uso de su derecho a presentar sus conclusiones, debiendo ingresar luego de cumplidas las notificaciones ordenadas el expediente a despacho…”.

A fs. 349 cursan diligencias que certifican haberse notificado el viernes 26 de junio de 2015 a Angel Vidal Paz Paz, en representación de Pascual López Huaylla, con, entre otros, el decreto de fs. 345.

Asimismo, a fs. 349 vta., cursa nota de la Secretaria del Juzgado por el que certifica el ingreso del expediente a despacho para Sentencia, en 26 de junio del mismo año.

Por otro lado, el art. 394 del Código de Procedimiento Civil, vigente en aquel momento, prescribe: “Vencido el período de prueba o llegado el caso del artículo 372, el juez, sin necesidad de gestión alguna, ordenará agregar los cuadernos de prueba al expediente y entregarse éste a los abogados de las partes, en su orden, por el plazo de ocho días a cada uno, para presentar, si creyeren conveniente, sus conclusiones…”.

De la norma procesal transcrita se puede establecer que la formulación de las conclusiones, antes de la Sentencia, es un derecho que la ley concede a las partes, ergo, un derecho indisponible, lo que supone que, sólo la parte titular del derecho puede renunciar a la misma.

Asimismo, se debe convenir que tales alegatos, tienen la finalidad de aclarar y precisar los puntos materia de controversia, en razón a las nuevas pruebas y alegatos que se hubiesen producido luego de trabada la relación procesal; de ahí que corresponderá a la parte formular sus alegatos o renunciar a éste su derecho.

En el caso presente, tal cual se tiene advertido supra, al demandante no se le otorgó oportunidad alguna para formular sus alegatos o de decidir por él mismo si renuncia o no a tal derecho, a pesar de existir una orden expresa del juzgador, conforme se tiene señalado en el decreto de fs. 349, por cuanto se ingresó el expediente a despacho el mismo día en que se le notificó con el decreto que clausuraba el término de prueba y garantizaba su derecho a formular alegatos.

Consiguientemente y con base en lo expuesto, éste Tribunal concluye que en la causa, se vulneró el derecho del demandante al debido proceso en su vertiente de acceso a la justicia y de ser oído en juicio, por lo que, corresponde dar aplicación del art. 220.III.1.c) del CPC; aplicable en la materia por expresa determinación del art. 252 del CPT.

POR TANTO: La Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, en ejercicio de la atribución prevista en el arts. 184.1 de la CPE y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial, art. 220.III núm. 1 del CPC, conforme los argumentos y fundamentos expuesto en la presente resolución, ANULA el Auto de Vista N° 130 de 28 de septiembre de 2016, con reposición de obrados hasta la nota de ingreso a despacho de fs. 349 inclusive a fin de que las partes formulen sus alegatos y posteriormente, vencido el término de ley, con o sin alegatos expedir nueva Sentencia.

Sin responsabilidad por ser excusable.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.