TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOS, CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA

Auto Supremo Nº 289

Sucre, 22 de junio de 2018

Expediente                  : 280/2018

Demandante                   : Cristina Mamami Apaza

Demandado                    : Ana María Romay Carrasco

Proceso                           : Pago de beneficios sociales

Distrito                         : La Paz

Magistrado Relator        : Dr. Esteban Miranda Terán

VISTOS: El recurso de casación, de fs. 130 a 133 interpuesto por Ana María Romay Carrasco, contra el Auto de Vista Nº 01/18 de 8 de enero de 2018, pronunciado por la Sala Social, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, a fs. 128; dentro la demanda de pago de beneficios sociales interpuesta por Cristina Mamami Apaza contra la recurrente; el memorial de respuesta al recurso (f. 137); el Auto Nº 171/2018 SSA-III de 18 de mayo (fs. 138 vta.), que concedió el recurso; los antecedentes del proceso; y:

I. CONSIDERANDO LEGALES: El Código de Procedimiento Civil de 6 de agosto de 1975, (CPC-1975) elevado a rango de Ley Nº 1760 de 28 de febrero de 1997, se aplica en la materia, en mérito a la facultad remisiva contenida en el art. 252 del Código Procesal del Trabajo (CPT), que dispone: “Los aspectos no previstos en la presente ley, se regirán excepcionalmente por las disposiciones de la Ley de Organización Judicial y del Procedimiento Civil y siempre que no signifiquen violación de los principios generales del Derecho Procesal Laboral.

Que, mediante la Ley Nº 719 de 6 de agosto de 2015, se modificó la Disposición Transitoria Primera de la Ley N° 439 de 19 de noviembre de 2013, Código Procesal Civil (CPC-2013), con el siguiente texto: “PRIMERA. (VIGENCIA PLENA). El presente Código entrará en vigencia plena el 6 de febrero de 2016, y será aplicable a los procesos presentados a partir de la fecha de referencia, salvo lo previsto en las disposiciones siguientes”; ahora, la Disposición Transitoria Sexta de este cuerpo adjetivo civil, establece: “(PROCESOS EN SEGUNDA INSTANCIA Y CASACIÓN). Al momento de la vigencia plena del Código Procesal Civil, en los procesos en trámite en segunda instancia y casación, se aplicará lo dispuesto en el presente Código; en mérito a ello se establece que corresponde aplicar al caso de autos, dicha normativa; por lo que, en aplicación del art. 274 en relación al 277-I del CPC-2013, se debe efectuar el examen de admisibilidad del recurso presentado.

II. ANALISIS DE ADMISIBILIDAD: En aplicación de la norma procesal referida, se establece que:

1.- Se verifica que el recurso, fue presentado dentro el plazo previsto por Ley, porque, la recurrente fue notificada con el Auto de Vista que impugna, el 23 de abril de 2018, (como se verifica en la diligencia a fs. 129); e interpuso recurso de casación el 30 del mismo mes y año, conforme consta en el cargo de recepción de fs. 133 vta., es decir dentro los ocho días previstos en el art. 210 del CPT, en concordancia con el art. 90 en sus parágrafos I, II y III del CPC-2013, con la permisibilidad establecida en el art. 252 de la norma adjetiva laboral.

2.- Identifica la resolución recurrida, al señalar como resolución impugnada en su petitorio, al Auto de Vista 01/2018 de 8 de enero, dando cumplimento al art. 274-I-2 del CPC-2013.

3.- Por último, analizando detenidamente el recurso de casación de fs. 130 a 133, se verifica que transcribe todos los argumentos contenidos en el recurso de apelación, cursante de fs. 113 a 116, evidenciándose que ambos memoriales tienen el mismo contenido, con la diferencia de la suma y del petitorio; cuestionado los fundamentos de la Sentencia de primera instancia, pero no así, los fundamentos del Auto de Vista, indicando como objeto de su memorial: “En tiempo y forma oportuna vengo a presentar recurso de casación que se me ha conferido de la expresión de agravios, conforme lo prevé el art. 205 y siguientes del código Procesal del Trabajo, y solicitar se revoque la Sentencia 7/2017 de 19 de enero de 2017, dictada por la Juez de primera instancia (textual), señalando la normativa que establece la interposición del recurso de apelación, sin esbozar que fundamento del Auto de Vista es contrario a alguna norma, menos identifica algún precepto que resultase vulnerado, violado o erróneamente aplicado por el Tribunal de alzada, solo acusa las infracciones en las que considera hubiese incurrido la Juez de la causa al emitir Sentencia. 

Y conforme las características de este medio de impugnación, quien recurre de casación, debe citar la ley o leyes violadas o aplicadas falsa o erróneamente, especificando en qué consiste la violación, falsedad o error, que considera cometió el Tribunal de alzada, no reiterar textualmente sus argumentos de apelación que están dirigidos a cuestionar fundamentos de la Sentencia, como ocurre en autos; sin inferir siquiera a la resolución impugnada, sin argumento jurídico, sin indicar o relacionar la descripción de infracciones que efectúa con la determinación del Tribunal de alzada, al estar centradas a cuestionar la determinación de la A quo.

Y debe considerarse que el recurso de casación en la forma buscará como finalidad la nulidad de la resolución recurrida o del proceso mismo cuando se hubieren violado las formas esenciales del proceso sancionadas con nulidad por Ley y que conlleven afectación del debido proceso, por errores de procedimiento o denominados in procedendo; y el recurso de casación en el fondo tiene por objetivo “modificar el contenido de un auto definitivo, sentencia o auto de vista”, al evidenciarse que los jueces o tribunales de instancia a tiempo de emitir sus resoluciones hubiesen incurrido en errores in judicando; estos aspectos imperativamente deberán ser exteriorizados a través del recurso de casación en la forma o en el fondo, por la parte recurrente, explicando en que consiste la violación, e identificando la normativa que considera fue omitida, infringida, vulnerada o aplicada erróneamente; por lo que, el recurso analizado, no cumple con las exigencias y requisitos señalados en el art. 274-I-3 del CPC-2013, que establece: “Expresará, con claridad y precisión, la Ley o leyes infringidas, violadas o aplicadas indebida o erróneamente interpretadas, especificando en qué consiste la infracción, la violación, falsedad o error, ya se trate de recurso de casación en el fondo, en la forma o en ambos. Estas especificaciones deberán hacerse precisamente en el recurso y no fundarse en memoriales anteriores, ni suplirse posteriormente, únicos presupuestos jurídicos, que permitirían a este Tribunal ingresar a analizar los fundamentos del recurso; evidenciándose que se incumplió la técnica procesal recursiva, exigida por la norma señalada.

Esta inobservancia, de ningún modo puede suplirse por este Tribunal, sin que esta decisión implique negación del derecho de acceso a la justicia, a la tutela judicial efectiva y de otros derechos fundamentales, cuando estas conclusiones asumidas obedecen al propio desconocimiento y negligencia en que incurrió la parte recurrente a tiempo de formular el recurso de casación, omitiendo completamente la carga recursiva establecida por ley.

Por consiguiente, al no haberse cumplido con la carga legal impuesta por tanta veces señalado art. 274-I-3 del CPC, corresponde aplicar el art. 220-I-4, del mismo cuerpo adjetivo legal.

POR TANTO: La Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución contenida en los arts. 184-1 de la Constitución Política del Estado y 42-I-1 de la Ley del Órgano Judicial, en aplicación  al art. 277-I, determina la inadmisibilidad del recurso de casación cursante a fs. 130 a 133, interpuesto por Ana María Romay Carrasco, declarándolo IMPROCEDENTE; por consiguiente, se declara la ejecutoria del Auto de Vista 01/18 de 8 de enero de 2018, pronunciado por la Sala Social, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, a fs. 128; con costas.

Se regula el honorario profesional del abogado en Bs1.000 (un mil 00/100 bolivianos), que manda a pagar el Juez de primera instancia.

Regístrese, notifíquese y devuélvase al Tribunal de origen.