TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA

Auto Supremo Nº 281

Sucre, 18 de junio de 2018


Expediente                        : 104/2017

Demandante                 : Daniela Rivera Grágeda y Alejandro Augusto Choque

                                       Álvarez

Demandado                 : Agencia Despachante de Aduana (ADA) Consultores

                                       Especializados en Servicios Aduaneros (CESA),

                                       representante legal Hugo Daniel Mallea Villanueva

Tipo de Proceso                : Laboral

Distrito                       : Oruro

Magistrado Relator      : María Cristina Díaz Sosa


VISTOS: Hugo Daniel Mallea Villanueva en su condición de Gerente Propietario de ADA CESA, y Alejandro Augusto Choque Álvarez, interponen recurso de casación, contra el Auto de Vista AV-SECCASA - 106/2016 de 27 de septiembre, cursante de fs. 248 a 253, dictado por la Sala Especializada, Contenciosa, Contenciosa-Administrativa, Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, dentro el proceso Laboral seguido por Daniela Rivera Grágeda y Alejandro Augusto Choque Álvarez contra ADA CESA, el Auto que concede el recurso de fs. 275, el Auto Supremo de admisión 104-A de 21 de marzo de 2017, antecedentes del proceso; y:

I. ANTECEDENTES PROCESALES.

Sentencia.

La demanda laboral de pago de beneficios sociales incoada por Daniela Rivera Grágeda y Alejandro Augusto Choque Álvarez contra ADA CESA, mereció la Sentencia 5/2016 de 11 de enero, cursante de fs. 208 a 213 de obrados, dictada por la Juez de Partido Segundo del Trabajo y Seguridad Social del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, que declara improbada la demanda.

Auto de Vista.

En apelación interpuesta por los demandantes, la Sala Especializada, Contenciosa, Contenciosa-Administrativa, Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, por Auto de Vista AV-SECCASA - 106/2016 de 27 de septiembre, cursante de fs. 248 a 253, declara procedente en parte el recurso planteado, sólo en cuanto a los beneficios sociales que corresponden a Daniela Rivera Grágeda, en su mérito revocan en parte la sentencia apelada.

II. ARGUMENTOS DEL RECURSO DE CASACIÓN.

El Auto de Vista, motivó que, ADA CESA y Alejandro Augusto Choque Álvarez formulen recursos de casación, cursantes de fs. 255 a 259 y de 264 a 265 obrados, respectivamente, expresando lo siguiente:

Recurso presentado por ADA CESA.

Después de realizar un desarrollo extenso de los antecedentes concluye solicitando que en apoyo al parágrafo II del art. 180 de la Constitución Política del Estado (CPE) y art. 210 del Código Procesal del Trabajo (CPT), corresponde a la instancia máxima observar, interpretar con claridad y precisión la ley o leyes infringidas, violadas o aplicadas indebidamente o erróneamente la prueba de descargo como la de cargo; para pronunciar una resolución correcta y justa, refiriéndose al DS 110 de 1 de mayo de 2010; arts. 1, 2 parágrafos II, III y art. 3 del DS 28699 de 1 de mayo de 2010, con relación al art. 4 inc. d) Principio de Primacía de la Realidad.

En atención a los argumentos vertidos pide, que el Tribunal Supremo de Justicia Case el Auto de Vista recurrido, y deliberando en el fondo, confirme íntegramente la Sentencia 5/2016.

Recurso presentado por Alejandro Augusto Choque Álvarez.

Manifiesta que interpone su recurso porque el Auto de Vista es lesivo a sus intereses y porque no existe una valoración correcta de la norma y la apreciación de la prueba es errónea.

Señala que la prueba testifical evidencia la existencia de la relación obrero patronal entre su persona y la empresa demandada; relación laboral refrendada por la confesión provocada de su persona y del gerente propietario de la empresa. Argumenta que en materia laboral rige el principio de primacía de la realidad (art. 4.I.d) del DS 28699); ante la manifiesta desigualdad existente entre trabajadores y empleadores, el legislador con el ánimo de compensar esta situación, ha previsto que la carga de la prueba es obligatoria para la parte patronal y facultativa para el trabajador (art. 3.h), 66 y 150 del CPT.

En atención a estos argumentos pide, que el Tribunal Supremo de Justicia Case el Auto de Vista recurrido.

III. ANÁLISIS JURÍDICO LEGAL, DOCTRINAL Y JURISPRUDENCIAL, APLICABLE AL CASO EN CONCRETO.

En el Estado Constitucional de Derecho vigente en nuestro país desde el 7 de febrero de 2009, el análisis sobre la problemática planteada, deber ser realizada desde y conforme la Constitución, el Bloque de Constitucionalidad y las normas ordinarias aplicables al caso.

De la revisión de antecedentes procesales, se evidencia que la principal controversia en el caso presente, radica en la naturaleza del nexo jurídico y legal que unió a las partes y los términos en que se efectuó la prestación de servicios por los actores a la empresa demandada; en ese contexto hay que tener en cuenta que todo trabajo es una prestación a favor de otro, por lo que siempre existe la realización de un acto, un servicio, o ejecución de obra; la  distinción radica, en el modo de la relación existente entre quienes lo brindan y lo reciben, a tal fin corresponde observar el papel realizado por cada una de las partes, que ante las exigencias de las reglas impuestas por el empleador, es posible que se oculte la realidad bajo apariencia de una relación no laboral.

El art. 1 de la Ley General del Trabajo (LGT), textualmente dispone: “La presente Ley determina con carácter general los derechos y obligaciones emergentes del trabajo, con excepción del agrícola, que será objeto de disposición especial. Se aplica también a las explotaciones del Estado y cualquier asociación pública o privada, aunque no persiga fines de lucro, salvo las excepciones que se determinan”; con el objeto de determinar los derechos y obligaciones emergentes del trabajo asalariado, es menester considerar lo establecido en el art. 1 del DS 23570 de 26 de julio de 1993, en cuanto a las características esenciales de la relación laboral: “a) La relación de dependencia y subordinación del trabajador respecto del empleador. b) La prestación de trabajo por cuenta ajena; y c) La percepción de remuneración o salario en cualquiera de sus formas de manifestación”.

En igual causa, la doctrina y la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia en el Auto Supremo (AS) 431 de 10 de julio de 2006, “ha establecido que en derecho laboral se distinguen: los trabajadores independientes y los dependientes. Los primeros realizan una actividad sin sujeción a ningún patrón o empleador, mediante la celebración de actos, obras o contratos de derecho común; en cambio, los trabajadores dependientes son subordinados, realizan una actividad con sujeción a un patrono, sujeto a la prestación de servicio personal, bajo una continua y permanente dependencia. Por consiguiente, para ser considerado contrato de trabajo, dada su naturaleza especial, hace imprescindible la conjunción de varios requisitos, entre ellos: los sujetos intervinientes, la capacidad, el consentimiento, la dependencia o subordinación, la prestación personal, la remuneración, la exclusividad y la profesionalidad entre otros. Luego, la relación de dependencia y subordinación, así como los efectos de la relación laboral, deben estar determinados por un salario, horario de trabajo y otras características que lleguen a establecer la dependencia con claridad, conforme previene el Decreto Supremo Nº 23570 de 26 de julio de 1993 que interpreta a cabalidad el artículo 1 de la Ley General del Trabajo”.

Compatible con la Constitución Política del Estado y concordante con el DS 23570, el 1 de mayo de 2006, se promulga el DS 28699, que en su art. 2 señala las características esenciales de la Relación Laboral: a) La relación de dependencia y subordinación del trabajador respecto al empleador. b) La prestación de trabajo por cuenta ajena. c) La percepción de remuneración o salario, en cualquiera de sus formas y manifestaciones. Especificando en el art. 6 con referencia a la remuneración o salario, se refiere a todo pago pactado efectuado o por efectuarse, en contraprestación a los servicios acordados a que se refiere el art. 2 del DS 28699, en cualquiera de sus modalidades, constituye forma de remuneración o salario, entre otros; el sueldo mensual, el pago quincenal, el pago semanal, el pago a jornal, el pago por horas, el pago de comisiones, el pago por obra o producción, el pago a porcentaje, el pago en especies cuando esté permitido.

Por su parte el art. 46 de la CPE señala que toda persona tiene derecho al trabajo digno, con seguridad industrial, higiene y salud ocupacional, sin discriminación, y con remuneración o salario justo, equitativo y satisfactorio, que le asegure para sí y su familia una existencia digna; además a una fuente laboral estable.

Adicionalmente el art. 48 constitucional dispone, que las disposiciones sociales y laborales son de cumplimiento obligatorio; las normas laborales se interpretarán y aplicarán bajo los principios de protección de los trabajadores como principal fuerza productiva de la sociedad; de primacía de la relación laboral; de continuidad y estabilidad laboral; de no discriminación y de inversión de la prueba a favor del trabajador. Los derechos y beneficios reconocidos a favor de los trabajadores no pueden renunciarse, y son nulas las convenciones contrarias o que tiendan a burlar sus efectos. Los salarios o sueldos devengados, derechos laborales, beneficios sociales y aportes a la seguridad social no pagados tienen privilegio y preferencia sobre otra acreencia, y son inembargables e imprescriptibles. 

Por su parte el art. 49 de la CPE establece que el Estado protege la estabilidad laboral, prohibiendo todo despido injustificado.

En atención a la inexistencia de la relación procesal argumentada por la empresa demandada, corresponde dejar constancia que, de la revisión del Auto de Vista recurrido, resulta evidente que el Tribunal previa revisión de todo el cuaderno procesal, realizando un análisis del total de la prueba, con el fin de formar libremente su convencimiento, considerando que la misma no está sujeta a tarifa legal, y aplicando los principios que rigen el derecho laboral, concretamente del Principio Protector, de Primacía de la realidad, de inversión de la prueba; que informan la crítica de la prueba; resuelve con relación a la demandante Daniela Rivera Grageda, la existencia de la relación obrero patronal, al manifestarse los tres elementos esenciales, que son: la prestación de un servicio, la dependencia y subordinación y la remuneración por el trabajo prestado. En este punto es necesario dejar aclarado que, si bien la empresa demandada señala que la relación entre ambas partes no fue laboral si no civil, extremo que no pudo ser probado, debemos tomar en cuenta que si la relación fue civil, este extremo debió estar expresado en un contrato escrito, que evidencie lo afirmado por la empresa, sin que esto quiera decir que un empleador pueda contratar personal que cumpla funciones o tareas propias y permanentes, vinculadas al giro habitual o principal actividad económica de la empresa, es decir, aquellas sin las cuales no tendría objeto la existencia de la unidad económica; en el caso concreto, la demandante Daniela Rivera Grageda, ejercía la función de gestor aduanero, ya que se encargaba de conseguir clientes y llenar formularios para la ADA CESA, siendo esta actividad una tarea propia y permanente de la Agencia Despachante de Aduana y vinculada al giro habitual o principal actividad económica de la empresa; por lo que lo afirmado por la empresa demandada con relación a la inexistencia de la relación laboral, carece de sustento legal.

Por lo señalado, siendo evidente del examen conjunto y la valoración integral de la prueba que cursa en el expediente, los argumentos del Auto de Vista recurrido y principalmente los principios laborales y derechos reconocidos constitucionalmente a los trabajadores, resulta evidente que la demandante Daniela Rivera Grágeda, mantenía relación de dependencia laboral con la ADA CESA, por lo que corresponde el pago de derechos y beneficios sociales, concretamente el pago del desahucio por cuanto su despido fue intempestivo, las diez duodécimas de aguinaldo, más el pago doble por incumplimiento.

Con relación a los beneficios reclamados por Alejandro Augusto Choque Álvarez se confirma lo determinado por el Auto de Vista, en consideración a que toda la prueba aportada por ambas partes, bajo el principio de primacía de la realidad, que prevalece en los procesos laborales, establece que no existe prueba alguna que demuestre que entre el actor y el demandado haya existido una relación laboral, con las características esenciales de dependencia y subordinación del trabajador respecto al empleador, prestación de trabajo por cuenta ajena y percepción de remuneración o salario.

Por lo analizado, corresponde a este Tribunal aplicar la disposición comprendida en el art. 220.II del Código Procesal Civil (CPC), aplicable al caso de autos por mandato de la norma remisiva contenida en el art. 252 del Código Procesal del Trabajo.

POR TANTO

La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida por los arts. 184.1 de la CPE y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial, declara INFUNDADOS los recursos de casación, de fs. 255 a 259 y de fs. 264 a 265, interpuestos por Hugo Daniel Mallea Villanueva en representación de ADA CESA y Alejandro Augusto Choque Álvarez, respectivamente.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.