TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA

Auto Supremo Nº 276

Sucre, 18 de junio de 2018


Expediente                        : 122/2017

Demandante                : Manuel Ticona Yana

Demandado        : Empresa Fasst Car Service

Materia        : Beneficios Sociales

Distrito                        : La Paz

Magistrado Relator        : María Cristina Díaz Sosa


VISTOS: El recurso de casación de fs. 438 a 444, interpuesto por Rafael Andrés Tapia Gutiérrez en su calidad de propietario de la Empresa Fasst Car Service, contra del Auto de Vista Nº 106/2016 de 18 de noviembre, pronunciado por la Sala Social, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso laboral seguido por Manuel Ticona Yana contra el recurrente; el Auto de fs. 448, el Auto Supremo Nº 122-A de 3 de abril de 2017 de fs. 456, que concedió el recurso, los antecedentes del proceso y;

I: ANTECEDENTES PROCESALES.

Sentencia.-

Que tramitado el proceso laboral, el Juez 4º de Trabajo y Seguridad Social de La Paz, emitió la Sentencia Nº 63/2015 de 14 de mayo de 2015, cursante de fs. 391 a 409, declarando probada en parte la demanda, disponiendo que la parte demandada cancele a favor del actor la suma de Bs. 145.075.37 por concepto de indemnización, desahucio, aguinaldo, sueldos devengados, vacaciones, horas extras, más multa del 30%, monto que deberá ser cancelado dentro el tercer día de ejecutoriado el fallo.

Auto de Vista.-

Interpuestos los recursos de apelación cursantes de fs. 412 a 414 vta. y 420 a 421, la Sala Social, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante Auto de Vista Nº 106/2016 de 18 de noviembre, confirmó la sentencia apelada.

II. ARGUMENTOS DEL RECURSO DE CASACIÓN.

Contra el Auto de Vista, Rafael Andrés Tapia Gutiérrez en su calidad de propietario de la Empresa Fasst Car Service, formuló recurso de casación, en el que acusó:

En la forma, que el Auto de Vista impugnado, omite considerar que la sentencia pese a que fue anulada, no observó las recomendaciones efectuadas con relación a la ausencia de análisis de la prueba pericial, ausencia de establecimiento probatorio de elementos constitutivos de la relación laboral, como la subordinación y dependencia.

Señala que el auto de vista no ingresa en un verdadero examen de la sentencia dictada en primera instancia al no establecer la existencia o no de una sociedad de hecho, limitándose a referir subjetivamente que una sociedad de hecho no puede contraer prestamos y que además seria formada por lazos familiares.

Asimismo indica que el auto de vista, transgrede el debido proceso, como es realizar un nuevo examen de lo obrado respecto al cumplimiento de las normas procesales y sustantivas por parte del juez a quo, correspondiendo la nulidad hasta que la juez en virtud del principio de especificidad y trascendencia, emita una nueva sentencia.

En el fondo, señala que el tribunal ad quem incurrió en incorrecta aplicación o interpretación de la ley, respecto a la relación de trabajo, al señalar que se hubiese cumplido cada una de las características de la relación laboral previstas en el art. 2 del DS 28699 de 1 de mayo de 2006, cuando en los hechos esto no se dio, omitiendo realizar un examen del cumplimiento de la norma legal sustantiva y de las pruebas aportadas en el proceso que se refieren a la existencia o no de la relación laboral; y de manera similar a la forma, se omite la consideración del régimen de amenidad y subordinación respecto a las pruebas que como demandado presentó y no fueron consideradas.

Por otra parte indica, que el Auto de Vista si bien refiere a los arts. 3. h), 66 y 150 del CPT, sin embargo, no considera todas las pruebas aportadas en los memoriales de fecha 12 de mayo y 25 de julio de 2014, que demuestran la existencia de una sociedad comercial de hecho, que no requiere estatuto, ni documento escrito entre partes, ingresando además las pruebas de fs. 221, 241 y 242 de obrados, que no fueron analizadas ni valoradas, llegando a la conclusión no motivada de que “no existiendo pruebas que establezcan inequívocamente la supuesta relación comercial”, y que el Tribunal ad quem al amparo del art. 205 del CPT, en forma incongruente trata de salvar la responsabilidad judicial, aduciendo que no se ha precisado los medios de prueba en el recurso de apelación.

Indica que el Tribunal ad quem no tomó en cuenta la ausencia de un estudio pericial para determinar la firma del demandado en la documentación presentada, contraviniendo el art. 155 del Código Procesal del Trabajo, así como la búsqueda y aplicación del principio de verdad material, cuando es su obligación aplicar las reglas de la sana crítica y en su caso ordenar las diligencias para el mayor esclarecimiento de los hechos controvertidos, conforme el art. 152 del CPT; incurriendo en transgresión de falta de  análisis y valoración de la prueba, omisión que en el recurso de apelación fue denunciado como agravio y no fue respondido, realizando el Auto de Vista una interpretación errónea de la verdad material y de los principios procesales laborales de libre apreciación de la prueba, concentración y función activa de la dirección procesal.

Señala que el Auto de Vista sin fundamento trata de justificar al Juez a quo e incumple lo previsto en la Sentencia Constitucional Nº 0701/2013, sin tomar en cuenta que el art. 3. j) y art. 158 del CPT establecen límites que ingresen a arbitrariedad en la valoración de la prueba, manifestando la aplicación de un prudente criterio, sana crítica y convicción libre inspirada en los principios de inversión de la prueba, que han sido incumplidos, al referir como único argumento que “el señor Rafael Tapia señalaba aquí se hace lo que yo diga”, no existiendo otra prueba.    

Refiere que el Juez a quo omite considerar las literales de fs. 16 a 225, consistentes en los certificados de inscripción tributaria a nombre del tercer socio, a fs. 20 los actos de dirección que “Oso” Manuel Ticona, a fs. 20 a 21 los porcentajes que se pagaban por utilidades a favor de Ticona y del propio Rafael, pagos de aguinaldo, beneficios sociales realizado a los contratistas, proformas escritas por Ticona Oso y Tapia; así como la prueba testifical que demuestra que el actor del proceso tenía el apodo de “Oso” que se hacia llamar comúnmente “Julio”, no existiendo duda en su identidad, y demostrando así la sociedad entre el actor y su persona.


Petitorio.-

Concluyo solicitando al Tribunal Supremo de Justicia, que se declare procedente el recurso de casación en la forma y en el fondo,  y se anule el auto de vista impugnado.

III. FUNDAMENTO JURÍDICO LEGALES Y SU APLICACIÓN EN EL CASO CONCRETO.

Del recurso de casación, de la revisión y compulsa de los antecedentes del proceso y lo fundamentado, se establece lo siguiente:

Con carácter previo corresponde señalar que Tribunal Supremo de Justicia en aplicación del art. 17 de la Ley del Órgano Judicial tiene el deber de revisar de oficio las actuaciones procesales, disposición legal que encuentra relación con el art. 106. I del Código de Procesal Civil, que dispone: “La nulidad podrá ser declarada dé oficio o a pedido de parte, en cualquier estado del proceso, cuando la Ley la califique expresamente.”

En ese contexto, haciendo un análisis del expediente, se evidencia que el Auto de Vista recurrido confirmó la Sentencia de primera instancia, empero, no hace un estudio y análisis de los puntos resueltos por el inferior que fueron objeto de apelación por ambas partes, limitándose a señalar que la sentencia apelada ha realizado un valoración correcta de las pruebas efectivamente producidas o aportadas por ambas partes, sin siquiera nombrar norma alguna o mencionar documental en la que basa su determinación; por otra parte con relación a los agravios reclamados por los demandantes y que fueron motivo de anulación anteriormente, se limita a manifestar que “…sobre la relación de trabajo, en torno a la SC…de la revisión exhaustiva de la parte considerativa de la sentencia, se evidencia amplia fundamentación sobre cada una de las características de la relación laboral…, habiendo la Juez A-quo valorado cada uno de los medios probatorios producidos por las partes y emergente de la valoración integral, concluye que existe relación laboral…”, de igual manera para el segundo recurso señala de manera contradictoria que “…del recurso de la parte actora, se deja establecido que al no estar acreditado el pago, corresponde únicamente por la ultima gestión, como determinó el Juez A-quo, …. sin que en la especie pueda determinarse los incrementos salariales ante el desconocimiento de salario de cada gestión impetrada y que la misma parte demandada ha ofrecido prueba literal donde no se advierte utilidades que haya generado la entidad demandada por las gestiones reclamadas, sin que la parte demandante haya desvirtuado aquella documental.”, (las negrillas son añadidas), es decir no realiza una compulsa de las pruebas, para verificar si es correcto o no los reclamos efectuados por los actores, olvidando que toda resolución judicial debe constituir una unidad jurídica lógica y coherente, y que las apreciaciones de la parte considerativa deben ser debidamente fundamentadas y no contradictorias, debiendo ceñirse a lo pedido por las partes en el proceso y que, salvo expresa autorización de la ley, no puede contener más de lo pedido (ultra petita), ni debe dejar sin analizar y sin resolver ninguna pretensión sostenida por las partes (citra petita); que en el caso de autos, no se evidencia un análisis de la sentencia la misma que tampoco es coherente, ni fundamentada omitiendo la misma dar cumplimiento al Auto de Vista N° 24/15 de 25 de febrero de fs. 381 a 384 que determino anular la sentencia y emitir una nueva.

Asimismo el auto de vista no se ha pronunciado con la debida motivación y fundamentación que se constituyen en un deber jurídico que hace al debido proceso, esto implica que todo impartidor de justicia que deba resolver una controversia sometida a su conocimiento, debe inexcusablemente exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustentan la parte dispositiva de la misma, lo que no ocurrió en el caso de autos, pues conforme los antecedentes del proceso no se evidencia que la Sentencia Nº 63/2015 de 14 de mayo de fs. 391 a 409 haya cumplido a cabalidad con el Auto de Vista N° 24/15 de 25 de febrero de fs. 381 a 384, que ordenaba una valoración y análisis de las pruebas aportadas, y que al no haberse producido prueba pericial de la documental acusada en su juricidad, se omitió la objetividad en ese punto de la sentencia anulada, así como no existió valoración respecto a la sociedad comercial de hecho que no requiere de estatuto, aspectos que no fueron cumplidos por la nueva sentencia y tampoco con el auto de vista impugnado; asimismo, es obligación para el juzgador que absuelva todos los reclamos sometidos a su consideración, de modo tal que le permita al apelante, impugnar la decisión en esos puntos, pues privarle de ellos significaría que se vulnera el derecho al debido proceso consagrado y protegido por los arts. 115 y 119 parágrafo I de la Constitución Política del Estado 2009, así la Sentencia Constitucional Nº 2023/2010-R de 9 de noviembre, resume en forma precisa los razonamientos doctrinales asumidos sobre el particular, señalando: "La garantía del debido proceso, comprende entre uno de sus elementos la exigencia de la motivación de las resoluciones, lo que significa, que toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o dicte una resolución resolviendo una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió.(...) cabe señalar que la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo, pudiendo ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiéndose expresar las convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas".

Sobre el particular, hay que recordar que los tribunales de segundo grado, al constituir órganos judiciales de conocimiento y no así de puro derecho como es el Tribunal de casación, tienen la facultad para analizar y resolver todos los fundamentos de los recursos de alzada, apreciando y considerando el conjunto de la prueba acumulada, aspecto reclamado por ambas partes durante la tramitación del proceso, no pudiendo soslayarse la resolución de la causa, si en el texto del memorial de la apelación, constan fundamentos y especialmente agravios que deben ser considerados y resueltos sin restricción alguna; más aún si en el caso de autos, no se evidencia que la sentencia sea coherente, ni fundamentada omitiendo la misma haber dado cumplimiento al Auto de Vista N° 24/15 de 25 de febrero de fs. 381 a 384. Incumplimiento que se hace gravoso en virtud a que el mismo ya habría sido advertido en una primera oportunidad; por lo que el fallo ahora observado es repetido y reiterativo en su incumplimiento.

Consiguientemente, corresponde fallar de acuerdo a las disposiciones contenidas en el 17. II de la Ley del Órgano Judicial y art. 106.I del Código Procesal Civil, aplicable por mandato del art. 252 del Código Procesal del Trabajo.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Adm., Social y Adm. Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida por los arts.  184.1 de la CPE y 42.I.1 de la LOJ, ANULA obrados hasta fs. 391 inclusive, disponiendo que la juez sin espera de turno ni dilación alguna, bajo responsabilidad, pronuncie nueva Sentencia, con la debida motivación y  fundamentación, conforme los dispuesto por este tribunal.

No siendo excusable, se impone multa de Bs. 500 para cada uno de los Vocales suscribientes del Auto de Vista y para la Juez a quo.

Por Secretaría de Sala, cúmplase con lo previsto en el art. 17. IV de la Ley del Órgano Judicial.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.