TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA

Auto Supremo Nº 269

Sucre, 18 de junio de 2018


Expediente                        : 090/2017

Demandante                : Rubén Delgado Callasuca

Demandado        : Heriberto Condori Fernández

Materia        : Beneficios Sociales

Distrito                        : Potosí

Magistrado Relator        : María Cristina Díaz Sosa


VISTOS: El recurso de casación en el fondo y la forma interpuesto por Rubén Delgado Callasuca cursante a fs. 121 a 125 vta. de obrados en contra del Auto de Vista Nº 06/2017 de fecha 18 de enero de 2017, pronunciado por la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí; el Auto Supremo No 90-A de fecha 15 de Marzo de 2017 cursante a fs. 140 a 140 vta., que admitió el recurso; lo obrado en el proceso; y:

I: ANTECEDENTES PROCESALES

Sentencia.-

Tramitado el proceso laboral por pago de beneficios sociales y derechos adquiridos seguido por Rubén Delgado Callasuca en contra de Heriberto Condori Fernández; el Juez de Partido Primero de Trabajo, Seguridad Social, Administrativo, Coactivo Fiscal y Tributario de la ciudad de Potosí, emitió la Sentencia Nº 18/2016 de fecha 30 de Septiembre de 2016 cursante a fs. 88 a 91, declarando improbada la demanda.

Auto de Vista.-

Interpuesto el recurso de apelación cursante a fs. 93 a 96 vta., por el actor Rubén Delgado Callasuca, la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí; resuelve el mismo mediante Auto de Vista No 06/2017 de fecha 18 de Enero de 2017, cursante a fs. 115 a 117 vta., que confirma la sentencia apelada No 18/2016 de fecha 30 de Septiembre de 2016, con costas.

Ante la determinación del Auto de Vista, el demandante Rubén Delgado Callasuca interpone recurso de casación, con la contestación de la parte contraria, el Tribunal de Alzada emite Auto Supremo Nº 90-A de fecha 15 de Marzo de 2017, admitiendo el recurso.

II: ARGUMENTOS DEL RECURSO DE CASACIÓN

Interpuesto el recurso de casación en el fondo y en la forma, el recurrente establece que el Auto de Vista impugnado, contiene una indebida e incorrecta aplicación de la norma y una errónea apreciación de la prueba, bajo los siguientes argumentos:

1.- El recurrente alega que existe una errónea aplicación de la Ley al considerarse y valorarse en Sentencia y Auto de Vista, copia legalizada de un acta de conciliación celebrada entre las partes en la Jefatura del Trabajo en fecha 27 de julio de 2014, por las siguientes razones: a) No se cumplió con la formalidad de prestar el correspondiente juramento de no haber tenido conocimiento anterior del acta, toda vez que se presentó como prueba de reciente obtención mediante memorial cursante a fs. 37; b) Toda información conocida en un procedimiento de conciliación o arbitraje es confidencial y no tendrá ningún valor probatorio, de acuerdo con el art. 8º de la Ley Nº 708 de Conciliación y Arbitraje; c) No se respeta la igualdad procesal que debe existir entre las partes, pues en la audiencia de conciliación la otra parte asiste con un abogado defensor; d) El demandado, en su memorial de ofrecimiento de prueba cursante a fs. 26 y 26 vta., no protesta presentar prueba de reciente obtención, simplemente acompaña una conminatoria de presentación ante la Jefatura del Trabajo, por lo que no cumple con los requisitos exigidos por el art. 112º del Código Procesal Civil; e) La juez valora de manera parcializada el acta de conciliación, pues no considera la declaración espontánea que hace el demandado, al intentar conciliar pagando la suma de 7.200.- Bs.-; f) La juez de primera instancia, mediante decreto de fs. 37 vta., declara no ha lugar la presentación de dicha prueba de reciente obtención, en virtud a lo dispuesto por el art. 152º del Código Procesal del Trabajo, sin embargo la toma como base para su decisorio, como consta en el considerando III de la sentencia.

2.- Durante la inspección judicial, cursante a fs. 52, se exhibe documentación en la cual no figura su nombre y aparentemente aparece su firma, lo que daría lugar a una duda razonable, sin embargo en sentencia se considera como plena prueba, valorando documentos inexistentes en el expediente, pues no se arrimaron al mismo, conforme se dispuso mediante decreto de fecha 04 de mayo, cursante a fs. 81 vta.  

3.- Por su parte, la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa, realiza un análisis muy liviano de los agravios e infracciones sufridas, tomando como verdad absoluta lo contenido del acta de audiencia de conciliación y la inspección judicial realizada, vulnerando el debido proceso al no cumplir con su obligación de revisar y valorar correctamente obrados, además de tampoco considerar lo establecido en la Ley de Conciliación y Arbitraje.

4.- Tanto la Juez de primera instancia como la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa han vulnerado las siguientes normas: Constitución Política del Estado arts. 46º, 48º, 49º, 115º, 116º, 119º, 120º y 310º; Ley General del Trabajo arts. 3º inc. a), 36º y 39º; Ley de Conciliación art. 8º; Ley General de Cooperativas art. 16º parágrafo II; Código Procesal del Trabajo arts. 112º, 145º y 152º.

Por lo que pide, que en virtud a los argumentos expuestos, considerando la errónea apreciación de la prueba y equivocada aplicación de la Ley contenidos en el Auto de Vista Nº 06/2017, mismo que es incongruente, se declare la procedencia del recurso y se dicte Auto Supremo anulando totalmente el referido Auto de Vista y por consiguiente la Sentencia de primera instancia.

El demandado, a fs. 129 a 131, contesta el recurso bajo los siguientes argumentos:

1.- El recurrente no indica si existió infracción, violación, aplicación indebida o interpretación errónea de la Ley, sólo indica desconocimiento de la misma, que interpretamos como omisión en su aplicación, argumento totalmente errado, ya que de acuerdo con el art. 5º numeral 1) de la Ley Nº 708 de Conciliación, quedan excluidas las controversias en materia laboral y de seguridad social.

2.- En lo que refiere a la Ley de Cooperativas, el trabajo es personal y se prohíbe el trabajo delegado, sin embargo, existe una excepción cuando se trata de trabajo temporal, como en el presente caso, en el cual se permite conformar asociaciones accidentales, con aportes mutuos y distribución de utilidades  para la explotación de un yacimiento minero.

3.- El recurso no cumple con las exigencias del art. 274º parágrafo I numeral 3), pues no determina con precisión y claridad las leyes infringidas, violadas, indebidamente aplicadas o erróneamente interpretadas; tampoco determina si se interpuso el recurso en la forma o en el fondo, si pide casar o anular el Auto de Vista recurrido.

Por lo que pide, que en virtud a los argumentos expuestos, se declare improcedente el Recurso de Casación planteado.

III: FUNDAMENTOS JURÍDICOS Y DOCTRINALES DEL FALLO.

En consideración de los argumentos expuestos por el recurrente, de acuerdo a la problemática planteada, se realiza una interpretación desde y conforme la Constitución Política del Estado, el bloque de constitucionalidad y las normas ordinarias aplicables al caso concreto; en ese marco caben las siguientes consideraciones de orden legal:

De las causales de casación.

El Art. 271 del Código Procesal Civil establece que: I. El recurso de casación se funda en la existencia de una violación, interpretación errónea o aplicación indebida de la Ley, sea en la forma o en el fondo. Procederá también cuando en la apreciación de las pruebas se hubiera incurrido en error de derecho o error de hecho. Este último deberá evidenciarse por documentos o actos auténticos que demuestren la equivocación manifiesta de la autoridad judicial. II. En cuanto a las normas procesales, sólo constituirá causal la infracción o la errónea aplicación de aquellas que fueren esenciales para la garantía del debido proceso y reclamadas oportunamente ante juezas, jueces o tribunales inferiores. III. No se considerarán como causales de casación los errores de derecho que no afectaren la parte resolutiva del auto de vista.

De la legitimación para interponer el recurso de casación:

El art. 272.I de la Código Procesal Civil es taxativo en establecer que: “El recurso solo podrá interponerse por la parte que recibió un agravio en el auto de vista.”

Del per saltum.

El AS Nº 746/2016 de fecha 28 de junio de 2016 pronunciado por la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia, establece que: “El per saltum (pasar por alto), es una locución latina que significa pasar por alto las formas regulares de impugnación de las resoluciones judiciales, saltando etapas en las cuales correspondía hacer valer el derecho a la impugnación respectiva, toda vez que los reclamos deben ser acusados en forma vertical, este entendimiento ya fue vertido en varios Autos Supremos que orientan sobre la aplicación del per saltum, así tenemos el A.S. Nº 154/2013 de fecha 08 de abril, el cual estableció que: “Por la característica de demanda de puro derecho a la que se asemeja el recurso de casación, las violaciones que se acusan deben haber sido previamente reclamadas ante el Tribunal de Alzada, a objeto de que estos tomen aprehensión de los mismos y puedan ser resueltos conforme la doble instancia, o sea, el agravio debe ser denunciado oportunamente ante los Tribunales inferiores conforme cita el art. 254 núm. 4) del Código Adjetivo Civil, y de ningún modo realizarlo en el recurso extraordinario de casación, porque no es aceptable el "per saltum", que implica el salto de la o las instancias previas a la intervención del Tribunal de Casación, como es el caso. Toda vez que el Tribunal de Casación, apertura su competencia para juzgar la correcta o incorrecta aplicación o inaplicación de la norma contenida en el pronunciamiento de alzada, respecto precisamente, al o los agravios que oportunamente fueron apelados y sometidos a conocimiento del Ad quem.” 

Del error de hecho y derecho en la valoración de la prueba.

Pastor Ortiz Mattos, en su obra, El Recurso de Casación en Bolivia, expresa "...El error de hecho se da cuando la apreciación falsa recae sobre un hecho material; tal error, en el que incurre el juez de fondo en el fallo recurrido, cuando considera que no hay prueba eficiente de un hecho determinado siendo así que ella existe y que la equivocación está probada con un documento auténtico", y "El error de derecho recae sobre la existencia o interpretación de una norma jurídica. En el caso que nos interesa cuando el juez o tribunal de fondo, ignorando el valor que atribuye la ley a cierta prueba, le asigna un valor distinto."

Si se acusa error de hecho y de derecho, al no tratarse de un mismo y único concepto, conforme señala la doctrina y la jurisprudencia, estos deben desarrollarse de manera separada, objetiva y concreta, ya que en el primer caso, la especificación debe recaer en los medios de prueba aportados al proceso y a los que el Juzgador de instancia no le atribuyó el valor que la ley le asigna; y en el segundo caso, el error debe quedar objetivamente demostrado y ser manifiesto como dispone la norma, por lo que debe ser contrastado dicho error con un documento auténtico que lo demuestre, a efectos de que de manera excepcional se proceda a una revalorización de esa prueba.

Del principio de Verdad Material.-

El Art. 180.I de la CPE, prevé que la jurisdicción ordinaria se fundamenta, entre otros, en el principio procesal de verdad material, el cual desarrollado por el Art. 30.11 de la Ley 025 establece que el principio de verdad material obliga a las autoridades a fundamentar sus resoluciones con la prueba relativa solo a los hechos y circunstancias, tal como ocurrieron, en estricto  cumplimiento con las garantías procesales. 

En ese contexto la SCP No. 1662/2012 de 1 de octubre, define al principio procesal de verdad material, cuando precisa “…Entre los principios de la jurisdicción ordinaria consagrados en la Constitución Política del Estado, en el art. 180.I, se encuentra el de verdad material, cuyo contenido constitucional implica la superación de la dependencia de la verdad formal o la que emerge de los procedimientos judiciales, por eso es aquella verdad que corresponde a la realidad, superando cualquier limitación formal que restrinja o distorsione la percepción de los hechos a la persona encargada de juzgar a otro ser humano, o de definir sus derecho y obligaciones, dando lugar a una decisión injusta que no responda a los principios, y valores éticos consagrados en la Norma Suprema de nuestro país, a los que todas las autoridades del Órgano Jurisdiccional y de otras instancias, se encuentran impelidos de dar aplicación, entre ellas, al principio de verdad material, por sobre la limitada verdad formal”.

IV: ANALISIS DEL CASO EN CONCRETO.

En el análisis del caso, corresponde esclarecer la verdad material de los hechos ocurridos y la legalidad del proceso, pues basados en ellos podremos determinar si la prueba fue valorada de manera correcta, más allá de la verdad formal que cursa en el expediente y si existe vulneración de normativa vigente; en mérito a ello, se tiene lo siguiente:

1.- En relación a la incorrecta valoración de la prueba, expresada en los numerales 1, 2 y 3 del Considerando II del presente Auto; debemos establecer, que el recurso de casación, conforme se conoce, es asimilado a una demanda nueva de puro derecho; por lo cual tratándose de apreciación y valoración de la prueba, ésta se encuentra inicialmente prohibida en la instancia casacional, al ser atribución privativa de los jueces de instancia, conforme lo orienta el principio de inmediación previsto en el Art. 3 Inc. b) del Código Procesal del Trabajo.

No obstante de ello, como toda regla tiene su excepción, el Art. 271.I de CPC, permite hacer una excepción solo relacionada a la apreciación de la prueba por los tribunales de instancia, cuando se demuestra fehacientemente en casación la existencia de error de hecho o de derecho, siendo imprescindible que dicho error se encuentre evidenciado por documento o acto auténtico, señalando a tal propósito la prueba que demuestra el mismo.

Para nuestro análisis corresponde referirse a toda la prueba cursante en obrados, pues si bien el Tribunal de Alzada no se refiere a la inclusión en el expediente del acta de conciliación ni considera correctamente los agravios sufridos, no deja de ser evidente, que: a) Existe una inspección judicial realizada en la cual el demandante reconoce su firma en un documento, declaración que consta en el acta circunstanciada de fs. 52 a 54 vta.; b) Igualmente las declaraciones testificales de cargo, cursantes a fs. 40 a 45, si bien son coincidentes en varios puntos, difieren en la razón por la cual el ahora demandante deja de trabajar en la mina “La Requerida”, manifestando el testigo Jhonny Gutiérrez Puma que el retiro fue por incumplimiento en el pago de sueldos, mientras que la testigo Geovana Ari Mamani indicó que el retiro se debió a cansancio; c) Debemos considerar el informe cursante a fs. 76, mediante el cual la COMPOTOSI Ltda. certifica que los señores Rubén Delgado Callasuca y Heriberto Condori son socios en la mina “Requerida”; d) Existe igualmente prueba testifical de descargo que debe ser considerada, cursante a fs. 56 a 63 vta., pues los testigos Raúl Ojeda Contreras, Vianey Daniel Flores Chávez y Justiniano Paco Ibarra, manifiestan la metodología de trabajo, en la cual se dividen las ganancias entre los miembros de cada grupo; e) El propio demandante manifiesta en su memorial de demanda, que no trabajaba por un salario fijo, sino más bien se le pagaba por producción 20 bs.- por traslado, “promediando” unos 10 acarreos por día, calculando un salario en base a este supuesto.

Por lo tanto, en base a toda la prueba cursante en obrados, la verdad material de los hechos refleja que tanto demandante como demandado eran socios, por lo que no existía relación laboral de dependencia, prestación de trabajo por cuenta ajena ni remuneración o salario.

2.- Con referencia al numeral 4 del Considerando II, el demandante aduce en su recurso que se vulneró la Ley, de manera concreta nos referiremos a la Ley de Conciliación y Arbitraje, pues en lo que refiere a la Constitución Política del Estado, Ley General del Trabajo, Código Procesal del Trabajo y Ley de Cooperativas no se identifica vulneración alguna.

Cuando un litigante que ha sufrido agravios mediante la sentencia no apela de la misma o al hacerlo contraviniere las exigencias legales de fundamentación de dichos agravios, pierde el derecho a recurrir en casación porque no es aceptable un "per saltum" (pasar por alto), ya que debe agotarse legalmente la segunda instancia para recurrir al medio extraordinario de impugnación que es de puro derecho. Así se infiere de la interpretación del artículo 271.II del Código Procesal Civil con relación al artículo 272.I del mismo cuerpo de normas adjetivas, por cuanto el Tribunal de alzada se ve imposibilitado de resolver las quejas del apelante y verificar si efectivamente son producto de la sentencia de grado anterior, así como el de casación cuando corresponda.

En la especie, el recurrente acusa que el tribunal de apelación no hubiera considerado en su análisis la confidencialidad exigida por la Ley de Conciliación, al haberse valorado y considerado el acta de conciliación como prueba. En ese contexto, debemos precisar que el recurrente no consideró la Ley de Conciliación y Arbitraje como un fundamento para el control de legalidad en apelación, por consiguiente tampoco corresponde a este Tribunal Supremo de Justicia pronunciamiento alguno, sobre tales alegaciones, porque de hacerlo se estaría frente a un "per saltum".

Bajo estos parámetros se concluye que al no ser evidentes los agravios denunciados en el recurso de casación en el fondo y la forma, al carecer de sustento legal; ajustándose el Auto de Vista recurrido a las leyes en vigencia, corresponde resolver en el marco de las disposición legal contenida en el Art. 220.II del CPC, aplicable por la norma remisiva contenida en el Art. 252 del CPT, en observancia a la disposición transitoria sexta de la Ley Nº 439.

POR TANTO: La Sala Contenciosa, Contencioso Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida en el Art. 184.1 de la CPE y el Art. 42.I.1 de la LOJ, declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo y la forma, interpuesto por el demandante Rubén Delgado Callasuca, contra el Auto de Vista Nº 06/2017 de fecha 18 de enero de 2017, pronunciado por la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, manteniendo firme el Auto de Vista impugnado. Sin costas.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.