TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA

Auto Supremo Nº 268

Sucre, 18 de junio de 2018


Expediente                        : 434/2017

Demandante        : José Eduardo Molina Rivera.

Demandado        : Mutual de Servicios al Policía “MUSERPOL”.

Materia        : Social Reclamación del Fondo de Retiro.

Distrito                        : La Paz

Magistrada Relatora        : María Cristina Díaz Sosa


VISTOS: El recurso de casación en el fondo interpuesto por José Eduardo Molina Rivera cursante a fs. 162 a 161 de obrados, en contra del Auto de Vista Nº 85/16-SSA-I de fecha 06 de Junio de 2016, pronunciado por la Sala Social y Administrativa Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; el Auto Nº 434-A de fecha 26 de septiembre de 2016 cursantes a fs. 181 a 181 vta., que admitió el recurso; lo obrado en el proceso, y;

I: ANTECEDENTES PROCESALES.

Resolución de la Comisión de Beneficios Económicos Policiales de la Mutual de Servicios al Policía - MUSERPOL.

Mediante resolución Nº 377/2014 de fecha 18 de Diciembre de 2014 cursante a fs. 128 a 127 de obrados, la Comisión de Beneficios Económicos Policiales de la Mutual de Servicios al Policía, resolvió ratificar la liquidación FRP -0404- A por el periodo de 29 años y 1 mes desde mayo de 1976 hasta octubre de 2009, haciendo un total de Bs. 116.871,67 (CIENTO DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UNO 67/100 BOLIVIANOS), menos el pago anticipado de Bs. 40.000,00 (CUARENTA MIL 00/100 BOLIVIANOS), quedando un saldo pendiente a pagar de Bs. 76.871,67 (SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UNO 67/100 BOLIVIANOS); asimismo resolvió reconocer el periodo adicional de 3 años y 0 meses por el monto Bs. 14.698, 83 (CATORCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO 83/100 BOLVIANOS), de acuerdo a la hoja de liquidación Nº 000595 y liquidación FRP -0404-B de fecha 17 de diciembre de 2014 y por ultimo ordenó descontar la suma de Bs. 28.786,82 (VEINTIOCHO MIL SETENCIENTOS OCHENTA Y SEIS 82/100 BOLIVIANOS), por concepto de deuda de préstamo con garantía de fondo de retiro, tal como consta en la certificación emitida por la unidad de recuperación y cobranza de fecha 18 de diciembre de 2014, haciendo un total a pagarse de Bs. 62.783,68 (SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES 68/100 BOLIVIANOS).-

Resolución del Honorable Directorio de la Mutual de Servicios al Policía - MUSERPOL.

En virtud de ello, el beneficiario interpuso el recurso de reclamación cursante a fs. 159 a 157 de obrados, resuelto por el Honorable Directorio de la Mutual de Servicios al Policía MUSERPOL, mediante Resolución de Directorio Nº 26/15 de fecha 04 de Marzo de 2015 cursante a fs. 175 a 171, confirmando la resolución impugnada, emitida por la Comisión de Beneficios Económicos Policiales de la Mutual de Servicios al Policía - MUSERPOL.

Auto de Vista:

Interpuesto el recurso de apelación cursante a fs. 196 a 194, por José Eduardo Molina Rivera; la Sala Social y Administrativa Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, resuelve el mismo mediante Auto de Vista No 85/2016-SSA-I de fecha 06 de Junio de 2016, cursante a fs. 159 a 159 vta., el cual confirmó la Resolución de Directorio Nº 26/15 de fecha 04 de Marzo de 2015.

Ante la determinación del Auto de Vista, José Eduardo Molina Rivera, interpone recurso de casación, con la contestación de la parte contraria, el Tribunal de Alzada emite Auto Nº 163/17 SSA-I de fecha 30 de Mayo de 2017, concediendo el recurso.

II: ARGUMENTOS DEL RECURSO DE CASACIÓN:

Interpuesto el recurso de casación en el fondo, el recurrente establece que el Auto de Vista impugnado, realizó una errónea interpretación e indebida aplicación del art. 48 de la Constitución Política del Estado y arts. 109, 110, 114, 115 y 120 del Código de Procedimiento Civil (abrogado), bajo los siguientes argumentos:

El recurrente, indica que de la revisión de antecedentes, se desprende que mediante resolución N° 377/2014 de fecha 18 de diciembre de 2014, pronunciada por la Comisión de Beneficios Económicos de la Mutual de Servicios al Policía “MUSERPOL”, resuelve otorgar a favor del recurrente, la liquidación N° 000594, la liquidación FRP -0404-A, la liquidación 000595 y la liquidación FRP -0404-B, haciendo un total de Bs. 131.570, 50; razón por la cual precisa que se infringió el art. 48 de la CPE, en vista que existe una diferencia entre la liquidación de MUSERPOL y la muestra, por cuanto indica que empezó a aportar en mayo de 1976 con fecha de baja en octubre de 2012, con 32 años y 1 mes, con un sueldo promedio indemnizable de Bs. 4.899,61; en merito a ello, la liquidación que le corresponde es de Bs. 157.195,82, sin embargo la liquidación cancelada es por Bs. 131.570,50, existiendo una diferencia de Bs. 25.625,32 a su favor, en ese sentido y en un orden de equidad y justicia considera que debe realizarse una reliquidación de sus derechos legales.

Asimismo indica, que la resolución N° 85/16 en su penúltimo considerado refiere: “de qué manera se hubieran vulnerado tales derechos y garantías en el pronunciamiento”; al respecto indica que se debe tomar en cuenta que nuestro ordenamiento jurídico y en particular el constitucional, precisa la verdad material o penal, en ese comprendido no es admisible que por formalidades se vulneren sus derechos fundamentales y se disminuya su liquidación, lo contrario contraviene lo establecido en los arts. 109, 110, 114, 115 y 120 del Código de Procedimiento Civil (Abrogado).

En conclusión, solicita al Tribunal Supremo de Justicia, que deliberando en el fondo; CASE el auto de vista recurrido.

Contestado el recurso de casación, por el Cnel. DES. Johnny Donato Coronel Ayala en su calidad de Director Ejecutivo de la Mutual de Servicios al Policía MUSERPOL, precisa que el recurso interpuesto no cumple con lo previsto por el art. 271 del Código de Procedimiento Civil, pues el mismo no se funda en la violación o interpretación errónea de la ley, ya sea en la forma o en el fondo; asimismo debe considerarse que el recurso de casación se considera una demanda nueva de puro derecho y en tal sentido, se debió señalar y citar en términos claros, concretos y precisos la ley o leyes violadas o aplicadas falsa o erróneamente y especificar en qué consiste la violación, la falsedad o error; por el contrario de la revisión del recurso de contrario, se puede advertir, que no cumple en absoluto con tales requisitos, por cuanto únicamente señala que el Tribunal Ad Quem, cometió errores, sin especificar en forma alguna en que habrían consistido la violación o la mala aplicación de la ley, solo se limita a señalar una serie de argumentos que carecen de consideración legal.

En conclusión solicita que se declare INFUNDADO el recurso de casación interpuesto y sea con costas.

III: FUNDAMENTOS JURÍDICOS, DOCTRINALES Y JURISPRUDENCIALES DEL FALLO.

En consideración de los argumentos expuestos por el recurrente, de acuerdo a la problemática planteada, se realiza una interpretación desde y conforme la Constitución Política del Estado, el bloque de constitucionalidad y las normas ordinarias aplicables al caso concreto; en ese marco caben las siguientes consideraciones de orden legal:

Importancia el debido proceso con relación al valor supremo justicia: 

La Constitución Política del Estado, en el Art. 115.II, consagra el derecho al debido proceso, cuando señala “El estado garantiza el derecho al debido proceso”.

Así la SC N° 0902/2010-R de 10 de agosto, efectuó el siguiente entendimiento en relación al debido proceso; como “…el derecho de toda persona a un proceso justo y equitativo en el que sus derechos se acomoden a lo establecido por disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se hallen en una situación similar…”.

La importancia del debido proceso está ligada a la búsqueda del orden justo. No es solamente poner en movimiento mecánico las reglas de procedimiento sino buscar un proceso justo, para lo cual hay que respetar los principios procesales de publicidad, inmediatez, libre apreciación de la prueba; los derechos fundamentales como el derecho a la defensa, a la igualdad, etc., derechos que por su carácter fundamental no pueden ser ignorados ni obviados bajo ningún justificativo o excusa por autoridad alguna, pues dichos mandatos constitucionales son la base de las normas adjetivas procesales en nuestro ordenamiento jurídico. SC N° 099/2003-R de 16 de julio.

El principio de inmediación vinculado a la apreciación y valoración de la prueba en el recurso de casación:

Uno de los principios que orienta el desarrollo de todo proceso, es el principio de inmediación, que se encuentra recogido en el Art. 1 Núm. 5) del Código Procesal Civil; por el cual permite a la autoridad jurisdiccional, el contacto personal y directo con las partes en las audiencias, con la prueba y los hechos que se alegan en el proceso.

En segunda instancia, de igual manera, se observa el principio de inmediación en la producción y valoración probatoria cuando el Art.  261.III del Código Procesal Civil,  establece, que cualquiera de las partes podrá solicitar el diligenciamiento de prueba en segunda instancia, tanto en el escrito de interposición del recurso como en el de contestación, y el tribunal superior accederá a la solicitud en los siguientes casos: 1. Cuando las partes lo pidieren de común acuerdo. 2. Cuando, decretadas las pruebas en primera instancia, no hubieren sido diligenciadas por causas no imputables a las partes que las ofrecieron. 3. Cuando versare sobre hechos ocurridos después de la sentencia. 4. Cuando se tratare de desvirtuar documento que no se pudo presentar en primera instancia, por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria. En estos casos, se solicitará el diligenciamiento de la prueba correspondiente, conforme a lo prescrito para presentar prueba con la demanda.

Con base a lo anotado, podemos establecer que la actividad probatoria y su valoración, es una atribución privativa de los jueces de instancia, y aplicable de igual manera en instancias administrativas, al ser un componente del derecho y garantía del debido proceso, por cuanto son ellos, los que de manera directa reciben la prueba, la viven, la aprecian y como consecuencia de ello, es su obligación asignarle un valor probatorio negativo o positivo.

Mientras que en el recurso de casación, no se observa el principio de inmediación en la práctica de la prueba, porque al ser un recurso extraordinario, asimilado a una demanda nueva de puro derecho, tratándose de la valoración y compulsa de la prueba, ésta se encuentra inicialmente vedada, por cuanto no existe producción o diligenciamiento de prueba en esta instancia final, al ser atribución privativa de los jueces de instancia conforme al principio de inmediación y censurable en casación; a menos que se demuestre fehacientemente la existencia de error de hecho o de derecho, siendo imprescindible que dicho error se encuentre evidenciado por documento o acto auténtico, señalando a tal propósito la prueba que demostrare aquel error, conforme lo establece el Art. 271.I del Código Procesal Civil.

IV. ANALISIS AL CASO EN CONCRETO.

En el análisis del caso, corresponde establecer si efectivamente existió una errónea aplicación de art. 48 de la Constitución Política del Estado y arts. 109, 110, 114, 115 y 120 del Código de Procedimiento Civil, en merito a ello, se tiene lo siguiente:

1.- En primer término, debemos establecer, que el recurso de casación, conforme se tiene anotado en los fundamentos jurídicos del fallo, es asimilado a una demanda nueva de puro derecho; por lo cual tratándose de apreciación y valoración de la prueba, ésta se encuentra inicialmente prohibida en la instancia casacional, al ser atribución privativa de los jueces de instancia, conforme lo orienta el principio de inmediación.

No obstante de ello, como toda regla tiene su excepción, el Art. 271.I de CPC, permite hacer una excepción solo relacionada a la apreciación de la prueba por los tribunales de instancia, cuando se demuestra fehacientemente en casación la existencia de error de hecho o de derecho, siendo imprescindible que dicho error se encuentre evidenciado por documento o acto auténtico, señalando a tal propósito la prueba que demuestra el mismo.

En el caso en concreto, el recurrente en el recurso de casación interpuesto, alega que existe un error en la Resolución de la Comisión de Beneficios Económicos Policiales Nº 377/2014 de fecha 18 de diciembre de 2014, que concede el fondo de retiro policial individual jubilación, por cuanto en la liquidación total y cancelada, observa una diferencia de Bs. 25.625,32 a su favor; no obstante de ello, el recurrente no cumple con los requisitos de contenido y no señala cuales serían esas pruebas que demuestren el error en el cálculo de liquidación que se realiza en la Resolución de la Comisión de Beneficios Económicos Policiales Nº 377/2014, o cual es el error de hecho o derecho en la valoración y apreciación de la prueba por la instancia administrativa y el Tribunal de Apelación, por cuanto el recurrente solo se limitó a indicar en el recurso interpuesto, que existe una diferencia en la liquidación practica en el MUSERPOL, sin existir otro argumento técnico jurídico que justifique su reclamo, no resultando suficiente al caso, la enunciación de los art. 48 de la Constitución Política del Estado y arts. 109, 110, 114, 115 y 120 del Código de Procedimiento Civil (abrogado), sin establecer en que consiste la indebida apreciación de la prueba; olvidando que la casación (sea de forma o de fondo), se asemeja a una demanda nueva “de puro derecho”, en la que no solo debe identificarse las normas vulneradas, sino, explicarse en que consiste la infracción, violación, falsedad o error en la interpretación y/o aplicación de las mismas.

2.- Por otra parte, debemos establecer que si bien el recurrente, al momento de interponer su recurso de reclamación cursante a fs. 159 a 157, observó la liquidación realizada por la Resolución Nº 377/2014, por cuanto consideraba arbitrario el descuento de la suma de Bs. 28.786,82 realizada mediante la referida resolución, precisando que dicha suma correspondería a una deuda que tenía el recurrente con la MUSERPOL, la misma ya habría sido cancelada; sin embargo de ello, se evidencia que este argumento no fue observado ni reclamado por el recurrente en el recurso de apelación, motivo por el cual esté Tribunal Supremo de Justicia, con base a la jurisprudencia ya emitida al respecto, no puede pronunciarse al respecto.

Bajo estos parámetros se concluye que al no ser evidentes las infracciones denunciadas en el recurso de casación en el fondo de fs. 162 a 161, al carecer de sustento legal; ajustándose el auto de vista recurrido a las leyes en vigencia, corresponde resolver en el marco de la disposición legal contenida en el Art. 220.II del CPC, en observancia a la disposición transitoria sexta de la Ley Nº 439.

POR TANTO: La Sala Contenciosa, Contencioso Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida en el Art. 184.1 de la CPE y el Art. 42.I.1 de la LOJ, declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo cursante a fs. 162 a 161, interpuesto por José Eduardo Molina Rivera, contra el Auto de Vista N° 85/16 de fecha 06 de Junio de 2016, pronunciado por la Sala Social y Administrativa Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, disponiendo que se mantenga firme y subsistente el Auto de Vista recurrido.

Sin costas en aplicación del art. 39 de la Ley Nº 1178 de 20 de julio de 1990 y art. 52 del DS Nº 23215 de 22 de julio de 1992.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.