TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA, CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA PRIMERA

Auto Supremo Nº 267

Sucre, 18 de junio de 2018


Expediente                        : 94/2017

Demandante                : Rosa Hoyos

Demandado        : Servicio Departamental de Caminos

Materia        : Beneficios Sociales

Distrito                        : Tarija

Magistrada Relatora        : María Cristina Díaz Sosa


VISTOS: El recurso de casación en la forma y en el fondo interpuesto por el Servicio Departamental de Caminos (SEDECA) representado por Omar Ramón Molina Ávila en su condición de Director Técnico del SEDECA, cursante de fs. 125 a 130 de obrados, contra del Auto de Vista Nº 12/2017 de 25 de enero, de fs. 116 a 120 vta., pronunciado por la Sala Social, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija; el Auto Supremo Nº 94-A de 20 de marzo de 2017 de fs. 145 y vta., que admite el recurso; lo obrado en el proceso; y:

I: ANTECEDENTES PROCESALES.

Sentencia.

Tramitado el proceso laboral seguido por Rosa Hoyos contra el SEDECA, que pretende el pago de Bs.29.358,40.- (veintinueve mil trescientos cincuenta y ocho 40/100 bolivianos) por concepto de desahucio, indemnización, vacación, aguinaldo, antigüedad del 5% y sanción del 30%, el Juez de Partido Primero de Trabajo y Seguridad Social de Tarija, emitió la Sentencia Nº 347/2012 de 24 de septiembre, cursante de fs. 89 a 91, declarando probada en parte la demanda, con costas y determinando el pago total de Bs.12.771.- (doce mil setecientos setenta y un bolivianos), dentro del tercer día de ejecutoriado dicho fallo de fondo, por concepto de indemnización (4 años, 1 mes y 7 días, sueldo Bs.1.441,31), desahucio, aguinaldo y vacación (12 días).

Auto de Vista.

Interpuesto el recurso de apelación cursante de fs. 93 a 96, por el SEDECA representado por Ivone del Rosario Martínez Benitez, la Sala Social, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, pronuncia el Auto de Vista Nº 12/2017 de 25 de enero, de fs. 116 a 120 vta., que confirma parcialmente la Nº 347/2012 de 24 de septiembre, con la única modificación en cuanto al cálculo de lo adeudado por concepto de vacación, sin costas en aplicación del art. 39 de la Ley 1178; ordenando el pago total de Bs.11.902,67.- (once mil novecientos dos 67/100 bolivianos)  por concepto de indemnización (4 años, 1 mes y 7 días, sueldo Bs.1.441,31), desahucio, aguinaldo y vacación (17.5 días).

II. ARGUMENTOS DEL RECURSO DE CASACIÓN Y PETITORIO.

Omar Ramón Molina Ávila, en representación legal del SEDECA interpone recurso de casación en la forma y en el fondo contra el Auto de Vista Nº 12/2017, bajo los siguientes argumentos:

En la forma.- Existe lesión a la garantía constitucional del debido proceso y derecho a la defensa, al amparo del art. 3 inc. j) del Código Procesal del Trabajo (CPT), sobre la libre apreciación de la prueba; por cuanto el Auto de Vista incurre en contradicciones que generan inseguridad jurídica, por cuanto reconoce que la demandante consumió bebidas alcohólicas en el trayecto del Proyecto a la ciudad, mientras era transportada en el bus institucional, sin embargo, dispone el pago de indemnización, desahucio y vacación de manera errónea y contradictoria.

En el fondo.- Tanto el Auto de Vista como la Sentencia incurren en error de hecho en la apreciación de la prueba y vulneran el art. 150 del CPT, con clara parcialización hacia la demandante; conforme consta en obrados (fs. 8 a 12, 40 a 44 y 71 a 75), la causal de despido es por incumplimiento de contrato, en aplicación de los incs. c) y e) de la Cláusula Sexta del Contrato, arts. 16 inc. e) de la Ley General del Trabajo (LGT) y 9 del Decreto Reglamentario de la LGT, con base en el Informe Legal elevado al respecto; pese a existir causales de despido justificado, la Sentencia y el Auto de Vista condenan al pago de indemnización y desahucio. Al respecto es aplicable la jurisprudencia contenida en los Autos Supremos (AS) Nº 212 de 5 de junio de 2000 sobre el art. 150 del CPT, Nº 327 de 26 de septiembre de 2000 y Nº 31 de 20 de octubre de 2004 sobre la apreciación de la prueba; y, Nº 16 de 28 de enero de 2005 sobre despido por consumo de bebidas alcohólicas en el lugar de trabajo.

Petitorio.- La recurrente solicita casar el Auto de Vista impugnado y en su mérito se declare improbada la demanda.

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS Y DOCTRINALES DEL FALLO.

En consideración de los argumentos expuestos por el recurrente, de acuerdo a la problemática planteada, se realiza una interpretación desde y conforme la Constitución Política del Estado, el bloque de constitucionalidad y las normas ordinarias aplicables al caso concreto; en ese marco caben las siguientes consideraciones de orden legal.

Principio de inversión de la prueba en materia laboral.

La Constitución Política del Estado, establece fundamentos laborales y de protección al trabajador; en ese sentido el art. 48.I señala: “Las disposiciones sociales y laborales son de cumplimiento obligatorio”, en su parágrafo II establece “Las normas laborales se interpretarán y aplicarán bajo los principios de protección de las trabajadoras y de los trabajadores como principal fuerza productiva de la sociedad; de primacía de la relación laboral; de continuidad y estabilidad laboral; de no discriminación y de inversión de la prueba a favor de la trabajadora y del trabajador”.

El principio de inversión de la prueba, contenido en la norma constitucional citada, establece que la carga de la prueba le corresponde al empleador. Este principio en materia laboral, es contrario a la regla general de principio de aportación de prueba, que establece “quien afirma un hecho debe probarlo”; en el proceso laboral, se traslada esa responsabilidad al empleador.

Conforme al principio laboral constitucional, el art. 66 del CPT establece, que en todo juicio social, incoado por el trabajador, la carga de la prueba corresponde al empleador, sin perjuicio de que aquel pueda ofrecer las pruebas que estime convenientes. A su vez el Art. 150 de la misma ley procesal laboral, establece que en esta materia corresponde al empleador demandado desvirtuar los fundamentos de la acción, sin perjuicio de que el actor aporte las pruebas que crea conveniente.

Consiguientemente, corresponde al empleador la obligación de proporcionar al proceso los elementos de prueba necesarios a fin de desvirtuar lo señalado por el trabajador, y que además le permita al juez adquirir una convicción positiva o negativa de la pretensión, basada en el principio de verdad material.

La inversión de la prueba en materia laboral goza de una presunción de veracidad respecto a la demanda del trabajador, presunción “juris tantum”, que debe ser destruida por el empleador con las pruebas que éste aportara en su defensa.

Indemnización.

El instituto de la indemnización es un derecho consagrado constitucionalmente en el art. 48. I, II y III; consiste en la compensación al desgaste físico y psíquico que genera la actividad laboral que se paga en el equivalente a un sueldo por cada año de trabajo continuo, o en forma proporcional a los meses trabajados cuando no se ha alcanzado el año. En ese sentido, el art. 13 de la LGT, establece que cuando fuere retirado el empleado u obrero, por causa ajena a su voluntad, el patrono estará obligado a indemnizarle por tiempo de servicios.

Por su parte el art. 1 del DS 110 de 1 de mayo de 2009, prevé que: “El presente Decreto Supremo tiene por objeto garantizar el pago de indemnización por tiempo de servicios de las trabajadoras y trabajadores, luego de haber cumplido más de noventa (90) días de trabajo continuo, producido el retiro intempestivo de que fueran objeto o presentada su renuncia voluntaria, toda vez que el pago de la indemnización por tiempo de servicios constituye un derecho adquirido”.

Adicionalmente a la normativa y fundamentos expuestos precedentemente, cabe aclarar que la interpretación de las normas en materia social debe partir del principio de inversión de la carga de la prueba, previsto en los arts. 3 inc. h), 66 y 150 del CPT y los arts. 48 de la CPE y 4 de la LGT, con la aplicación del principio de protección con sus tres sub reglas: In dubio pro operario, condición más beneficiosa y norma más favorable.

IV. ANALISIS DEL CASO CONCRETO.

En el análisis del caso, corresponde establecer si efectivamente existió una aplicación indebida o errónea de los arts. 150 del CPT, 16 de la LGT y Decreto Reglamentario, además de los institutos de la indemnización, desahucio y vacación, al existir causal de despido justificado; en merito a ello, se tiene lo siguiente:

Con base en el análisis jurídico legal y jurisprudencial precedentes, en el caso de análisis, se tiene que la demandante ingresó a trabajar a la entidad demandada el 6 de febrero de 2007, de Proyecto Puerta al Chaco-Canaletas, hasta el 13 de abril de 2011 (4 años, 1 mes y 7 días), con un salario indemnizable de Bs.1.441,31.- (mil cuatrocientos cuarenta y un 31/100 bolivianos); terminando su relación laboral con base en el Informe Legal Nº 064/11 de 30 de marzo de 2011 cursante de fs. 40 a 44, a través del Memorándum de agradecimiento de servicios Dir. Nº 128/2011 de 6 de abril, de fs. 2 de obrados.

Del análisis de dicho Informe Legal, a efectos de verificar la correcta o incorrecta valoración de la prueba y establecer la existencia de causal de despido que justifique el no pagar beneficios sociales a la demandante, se evidencia la suspensión de actividades laborales desde horas 10:00 del 4 de marzo de 2011 para participar de la challa institucional tradicional, actividad en la que se consumió bebidas alcohólicas y al retornar a la ciudad de Tarija, exactamente al bajar del bus institucional (Av. Circunvalación y Gamoneda), la demandante tuvo un altercado que terminó en agresiones verbales y físicas con otras dos trabajadoras de la institución.

Por su parte, los incs. c) y e) del contrato de trabajo de 19 de enero de 2009, suscrito entre la ahora demandante y el SEDECA, cursante de fs. 33 a 34, prevén como causales de despido justificado el incumplimiento total o parcial del contrato o de los reglamentos internos de la institución y el asistir al trabajo en estado de ebriedad. Además, el art. 16 de la LGT establece como causal de pérdida del desahucio e indemnización, el incumplimiento del contrato, norma concordante con el art. 9 inc. e) del Decreto Reglamentario de la LGT.

Expuestos así los hechos, conforme consta en el Informe Legal de referencia, y con base en la normativa aplicable, consta en obrados la suspensión de actividades por festividad institucional autorizada por sus máximas autoridades a partir de horas 10:00, por lo que las agresiones verbales y físicas suscitadas entre las trabajadoras de la institución se suscitaron fuera del horario habitual de trabajo, en una actividad no inherente al servicio que prestaba la ahora demandante; en consecuencia, resulta incoherente pretender aplicar la sanción de pérdida del derecho a los beneficios sociales aduciendo la existencia de causales para el despido justificado, por lo que al no existir causal de despido que así lo amerite, corresponde el pago de los beneficios que le asisten a la trabajadora por el tiempo de servicios prestados a favor del SEDECA, 4 años, 1 mes y 7 días conforme consta en obrados.

Este razonamiento, fue bien entendido por el por Tribunal de Alzada y bajo estos parámetros se concluye que al no ser evidentes las infracciones denunciadas en el recurso de casación en la forma y en el fondo formulado por la institución demandada, carece de sustento legal; ajustándose el Auto de Vista recurrido a las leyes en vigencia, corresponde resolver en el marco de las disposición legal contenida en el Art. 220.II del Código Procesal Civil (CPC), aplicable por la norma remisiva contenida en el Art. 252 del CPT, en observancia a la Disposición Transitoria Sexta de la Ley 439.

POR TANTO: La Sala Contenciosa, Contencioso Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida en el art. 184.1 de la Constitución Política del Estado y el art. 42.I.1 de la Ley Órgano Judicial, declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo, interpuesto por el Servicio Departamental de Caminos representado por Omar Ramón Molina Ávila en su condición de Director Técnico, cursante de fs. 125 a 130 de obrados, contra del Auto de Vista Nº 12/2017 de 25 de enero, de fs. 116 a 120 vta.,  pronunciado por la Sala Social, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija; manteniendo firme el Auto de Vista impugnado.

Sin costas en aplicación del art. 39 de la Ley 1178 (SAFCO) y art. 52 del DS 23215 de 22 de julio de 1992.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.