TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA, CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA PRIMERA

Auto Supremo Nº 264

Sucre, 18 de junio de 2018


Expediente                        : 131/2017

Demandante                : Katerine Suarez Meza

Demandado        : Gobierno Autónomo Departamental de Pando

Materia        : Beneficios Sociales

Distrito                        : Pando

Magistrada Relatora        : María Cristina Díaz Sosa


VISTOS: El recurso de casación en el fondo interpuesto por el Gobierno Autónomo Departamental de Pando representado por Edwin Ivanoff Herrera Arteaga, cursante de fs. 96 a 99 de obrados, contra del Auto de Vista Nº 56/2017 de 15 de febrero, de fs. 91 a 93, pronunciado por la Sala Civil, Familiar, Social, Niña, Niño y Adolescencia y Contenciosa Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Pando; el Auto Supremo No 131-A de 11 de abril de 2017 a fs. 109 y vta., que admitió el recurso; lo obrado en el proceso; y:

I. ANTECEDENTES PROCESALES.

Sentencia.

Tramitado el proceso laboral seguido por Katerine Suarez Meza contra el Gobierno Autónomo Departamental de Pando, que pretende el pago de Bs.37.238.- (treinta y siete mil doscientos treinta y ocho bolivianos) por concepto de subsidio de frontera, el Juez de Partido del Trabajo y Seguridad Social de Cobija del departamento de Pando, emitió la Sentencia Nº 345 016 de 21 de noviembre de 2016 cursante de fs. 75 a 76 vta., declarando probada la demanda, sin costas y determinando el pago total de Bs.38.018.- (treinta y ocho mil dieciocho bolivianos), dentro del tercer día de ejecutoriado dicho fallo de fondo.

Auto de Vista.

Interpuesto el recurso de apelación cursante de fs. 78 a 82, por el Gobierno Autónomo Departamental de Pando representado por Miguel Ángel Vaca Vasquez, la Sala Civil, Familiar, Social, Niña, Niño y Adolescencia y Contenciosa Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, pronuncia el Auto de Vista No 356/2017 de 15 de febrero, cursante de fs. 91 a 93, que confirma la Sentencia Nº 345 016 de 21 de noviembre de 2016.

II. ARGUMENTOS DEL RECURSO DE CASACIÓN Y PETITORIO

Edwin Ivanoff Herrera Arteaga, en representación legal del Gobierno Autónomo Departamental de Cobija, interpone recurso de casación en el fondo contra el Vista No 356/2017, con los siguientes argumentos:

1.- El Auto de Vista impugnado contiene errónea, apartada e incorrecta interpretación de las leyes, por cuanto no corresponde el pago de subsidio de frontera a favor de la demandante, porque fue contratada mediante un contrato administrativo conforme al art. 6 de la Ley 2027, Estatuto del Funcionario Público (EFP), que prevé que las personas que con carácter eventual o para la prestación de servicios específicos o especializados, vinculadas con una entidad pública contractualmente, se rigen por el contrato, ordenamiento aplicable y la Ley 1178, Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios (NBABS), normativa concordante con el art. 60 del Decreto Supremo (DS) 26115 de 16 de marzo de 2001, Normas Básicas del Sistema de Administración de Personal y art. 519 del Código Civil (CC).

Además, el art. 5.II del DS 27375 de 17 de febrero de 2004, determina que la Partida 12100 denominada “personal eventual”, no deberá generar pago de aguinaldo ni otra clase de beneficio adicional, motivo por el cual no corresponde el pago de subsidio de frontera, al vincularse a una institución descentralizada por un contrato administrativo de prestación de servicios personales y al ser la fuente de financiamiento de sus salarios, el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH); ello en el entendido de que el art. 1 del Estatuto Autonómico de Pando, prevé el principio de autodeterminación y en aplicación del mismo, procede a la contratación de personal eventual necesario para el cumplimiento de sus actividades, por lo que no se ha cumplido la condición básica prevista en el art. 12 del DS 21137 para el pago de dicho subsidio, razonamiento expresado en el Auto Supremo Nº 373 de 8 de octubre de 2014.

2.- Violación del art. 197 del Código de Procedimiento Civil (CPC-1975) y el debido proceso; no se remitió el expediente en grado de consulta pese a que se emitió una Sentencia contraria a la institución pública departamental.

3.- El Auto de Vista carece de motivación y fundamentación, en consecuencia, vulnera el derecho al debido proceso previsto en los arts. 115 y 117 de la Constitución Política del Estado (CPE) y normas internacionales.

Petitorio.- El recurrente solicita a éste Tribunal, casar el Auto de Vista No 356/2017 de 15 de febrero, cursante de fs. 91 a 93, con costas.

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS Y DOCTRINALES DEL FALLO.

En consideración de los argumentos expuestos por el recurrente, de acuerdo a la problemática planteada, se realiza una interpretación desde y conforme la Constitución Política del Estado, el bloque de constitucionalidad y las normas ordinarias aplicables al caso concreto; en ese marco caben las siguientes consideraciones de orden legal.

Sobre el principio de verdad material.

El principio de verdad material previsto en el art. 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE), desarrollado por el Tribunal Constitucional Plurinacional, en la SCP 1662/2012 de 1 de octubre, entre otras, es concebido como: “…aquella verdad que corresponde a la realidad, superando cualquier limitación formal que restrinja o distorsione la percepción de los hechos a la persona encargada de juzgar a otro ser humano, o de definir sus derechos y obligaciones, dando lugar a una decisión injusta que no responda a los principios, valores y valores éticos consagrados en la Norma Suprema de nuestro país, a los que, todas las autoridades del Órgano Judicial y de otras instancias, se encuentran impelidos a dar aplicación, entre ellas, al principio de verdad material, por sobre la limitada verdad formal”; éste principio forma parte del bloque de constitucionalidad imperante y debe estar implícito en todos los ámbitos de la vida jurídica.

Además, el entendimiento jurisprudencial desarrollado por Sala Plena de éste Tribunal en la Sentencia 238/2013 de 5 de julio, respecto al principio de verdad material, establece que: “...el principio de verdad material, que rige en los procedimientos administrativos y las resoluciones que de ellas emanen, en la acción contencioso administrativa está regida también por el principio dispositivo, sin que ello signifique que las formas rituales no deban impedir aflorar la verdad, dado que ésta debe ser la columna vertebral de la decisión judicial. Esta verdad a momento de impartir justicia debe llegar mediante la decisión libre del accionante a través de una exposición clara de su demanda y pretensión; si llega mediante la utilización de un mecanismo autoritario-judicial, tanto la verdad como la igualdad resultan dañadas, y este daño sellaría la suerte de la justicia del caso, no siendo coherente y justo resolver así (…) dejaría al proceso judicial sin la ecuanimidad de uno de sus sujetos procesales imprescindibles, cual es el Juez como tercero o como árbitro mediador de una contienda”.

Sobre el principio de inversión de la prueba en materia laboral

La Constitución Política del Estado, establece fundamentos laborales y de protección al trabajador; en ese sentido el Art. 48 de la ley fundamental en  su parágrafo I señala “Las disposiciones sociales y laborales son de cumplimiento obligatorio”, en su parágrafo II establece: “Las normas laborales se interpretarán y aplicarán bajo los principios de protección de las trabajadoras y de los trabajadores como principal fuerza productiva de la sociedad; de primacía de la relación laboral; de continuidad y estabilidad laboral; de no discriminación y de inversión de la prueba a favor de la trabajadora y del trabajador”.

El principio de inversión de la prueba, contenido en la norma constitucional citada, establece que la carga de la prueba le corresponde al empleador. Este principio en materia laboral, es contrario a la regla general de principio de aportación de prueba, que establece “quien afirma un hecho debe probarlo”; en el proceso laboral se traslada esa responsabilidad al empleador.

Conforme al principio laboral constitucional, el art. 66 del Código Procesal del Trabajo (CPT) prevé que en todo proceso social, incoado por el trabajador, la carga de la prueba corresponde al empleador, sin perjuicio de que aquel pueda ofrecer las pruebas que estime convenientes; por su parte, el art. 150 del citado Código, determina que en ésta materia, corresponde al empleador demandado desvirtuar los fundamentos de la acción, sin perjuicio de que el demandante aporte las pruebas que crea conveniente.

Consiguientemente, le corresponde al empleador la obligación de proporcionar al proceso los elementos de prueba necesarios a fin de desvirtuar lo señalado por el trabajador, y que además le permita al juez adquirir una convicción positiva o negativa de la pretensión, basada además en el principio de verdad material.

La inversión de la prueba en materia laboral goza -por así decirlo- de una presunción de veracidad respecto a la pretensión contenida en el escrito de demanda del trabajador, presunción “juris tantum”, que debe ser destruida por el empleador con las pruebas que éste aportara en su defensa.

Sobre el subsidio frontera.

El art. 12 del DS 21137, señala: “Se sustituye los bonos de frontera, zona o región con un subsidio de frontera, cuyo monto será el veinte por ciento (20%) del salario mensual. Se beneficiarán con este subsidio, solamente los funcionarios y trabajadores del Sector Público cuyo lugar de trabajo se encuentra dentro de los cincuenta kilómetros lineales de las fronteras internacionales. Esta disposición regirá también para las empresas privadas”.

Dicha norma transcrita, no hace diferencia entre servidores públicos eventuales o permanentes, incluye a todos los funcionarios y trabajadores el sector público cuyo lugar de trabajo esté dentro de los 50km lineales de las fronteras internacionales; para ello, las instituciones deben consignar en las papeletas, boletas, o comprobantes de pago de sueldos, el monto cancelado por concepto de dicho subsidio, correspondiente al 20% del salario mensual percibido por el trabajador.

Al respecto, a efectos de dar cumplimiento a lo previsto por el art. 5.II del DS 27375 de 17 de febrero de 2004, que determina que la Partida 12100 denominada “personal eventual”, no deberá generar pago de aguinaldo ni otra clase de beneficio adicional, implica que el empleador prevea de forma adecuada el monto de salario mensual, detallando expresamente el cálculo del 20% que le corresponde al trabajador como derecho adquirido por imperio de la ley, sin que ninguna situación administrativa o contable pueda evitar o perjudique su pago conforme a ley; en consecuencia, dicho pago únicamente es demostrable a través del documento que así lo establezca.

IV. ANALISIS DEL CASO EN CONCRETO.

En el análisis del caso, corresponde establecer si efectivamente existió una aplicación errónea de la ley, en merito a ello, se tiene lo siguiente:

Con carácter previo, corresponde dejar claramente establecido que analizado el contenido del Auto de Vista impugnado con relación a la pretensión, la Sentencia y la expresión de agravios expuesta en el recurso de apelación, el fallo de segunda instancia contiene la motivación y fundamentación necesarias para su validez; además, en cuanto a la omisión de aplicar el art. 197 del CPC-1975, que prevé la consulta de oficio de aquellas sentencias dictadas contra el Estado o entidades públicas, resulta necesario determinar que la misma no está prevista en materia procesal laboral, es decir, no es aplicable en los juicios laborales que tienen sus propias normas procedimentales; en consecuencia, no existe una sanción de nulidad en el Código Adjetivo Laboral, ante la inobservancia de lo prescrito en el citado art. 197 del Código Procesal Civil abrogado y no corresponde determinar la misma.

Ahora bien, ya sobre el fondo del recurso de casación intentado por la institución demandada, con base en el análisis jurídico legal y jurisprudencial precedente, el pago del subsidio de frontera ordenado en Sentencia y confirmado por el Auto de Vista impugnado, está reconocido como derecho adquirido por el funcionario o servidor público que desempeña sus funciones dentro de los 50km lineales de las fronteras internacionales, ello de conformidad con el art. 12 del DS 21137, correspondiente al 20% del salario mensual.

En merito a ello, se puede evidenciar que éste precepto establece que el trabajador o trabajadora, independientemente del sector en el que desempeña su labor o la modalidad de su contratación, para beneficiarse de este subsidio, basta que desarrolle sus funciones dentro de un área comprendida en los 50km linéales con las fronteras internacionales, sin hacer mención o distinción sobre la naturaleza de los trabajos a realizarse o los tipos de contratos suscritos para la prestación de sus servicios, realizando una interpretación progresiva de la norma; en consecuencia, no existe posibilidad de incurrir en diferencias entre servidores públicos eventuales o permanentes a momento de contratar o designar personal para el desarrollo de las actividades de la institución pública, en este caso del Gobierno Autónomo Departamental de Pando y establecer los montos de los sueldos de personal contratado o designado con el pago del subsidio de frontera respectivo.

En el caso de autos, se observa que la entidad demanda desconoce éste derecho adquirido de la demandante, al no consignar de manera desglosada el pago por dicho subsidio en la papeleta o boleta de pago respectiva; es importante considerar que conforme se puede establecer de los antecedentes del proceso, la entidad estatal demandada al momento de contestar la demanda no ofreció prueba alguna que demuestre que el pago incluía el monto del subsidio, tampoco lo hizo dentro el término probatorio aperturado por el Juez a quo, cuando conforme al principio de inversión de la prueba, le correspondía demostrar que en el salario que percibía la demandante se encontraba el subsidio de frontera al cual tenía derecho, y con ello proporcionar al proceso los elementos de prueba necesarios a fin de desvirtuar lo señalado por la trabajadora, y que además le permita al juez adquirir una convicción positiva o negativa de la pretensión, basada en el principio de verdad material.

Bajo estos parámetros se concluye que al no ser evidentes las infracciones denunciadas en el recurso de casación en el fondo, al carecer de sustento legal; ajustándose el Auto de Vista recurrido a las leyes en vigencia, corresponde resolver en el marco de las disposición legal contenida en el Art. 220.II del Código Procesal Civil (CPC), aplicable por la norma remisiva contenida en el Art. 252 del CPT, en observancia a la Disposición Transitoria Sexta de la Ley 439.

POR TANTO: La Sala Contenciosa, Contencioso Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida en el Art. 184.1 de la Constitución Política del Estado y el Art. 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial, declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo, interpuesto por el Gobierno Autónomo Departamental de Cobija representado por Edwin Ivanoff Herrera Arteaga, contra el Auto de Vista Nº 56/2017 de 15 de febrero, de fs. 91 a 93, pronunciado por la Sala Civil, Familiar, Social, Niña, Niño y Adolescencia y Contenciosa Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Pando;  manteniendo firme el Auto de Vista impugnado.

Sin costas, por disposición de los artículos 39 de la Ley 1178 de 20 de Julio de 1990 y 52 del Decreto Supremo 23215 de 22 de Julio de 1992.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.