TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA

Auto Supremo Nº 261

Sucre, 18 de junio de 2018


Expediente                  : 102/2017

Demandante                   : Jaime Ramírez Rodríguez

Demandado                    : Sociedad de Responsabilidad Limitada “CURZTEL” S.R.L.

Materia                           : Pago de Beneficios Sociales

Distrito                         : Santa Cruz

Magistrado Relator        : Dr. Esteban Miranda Terán


VISTOS: El recurso de casación de fs. 144 A 147 interpuesto por Eduardo Rodas Herrera en representación de la Sociedad de Responsabilidad Limitada “CURZTEL” S.R.L., contra el Auto de Vista Nº 141 de 2 de septiembre de 2016, cursante de fs. 136 a 141, pronunciado por la Sala Social, Contencioso Tributario y Contencioso Administrativa Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, en el proceso sobre pago de beneficios sociales que sigue Jaime Ramírez Rodríguez contra la empresa en cuya representación se recurre; el Auto de 27 de enero de 2017 que concedió el recurso (fs. 155); el Auto de Admisión Nº 102-A de fs. 164, los antecedentes procesales, y;

I.- ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Sentencia.-

Que, tramitado el proceso laboral, la Juez Cuarto de Trabajo y Seguridad Social de la ciudad de Santa Cruz, emitió la Sentencia Nº 28 de 25 de abril de 2016 (fs. 99-102), declarando probada en parte la demanda, condenando al demandado pagar la suma de Bs. 28.710 (Veintiocho mil setecientos diecisiete oo/100 Bolivianos) a favor del demandante, por concepto de desahucio.

Auto de Vista.-

En grado de Apelación, promovido por ambas partes, por Auto de Vista Nº 141 de 2 de septiembre de 2016, cursante de fs. 136 a 141, la Sala Social, Contencioso Tributario y Contencioso Administrativa Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, CONFIRMÓ la Sentencia Nº 28 de 25 de abril de 2016.

II.- FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE CASACIÓN:

Contra el indicado Auto de Vista, Eduardo Rodas Herrera en representación de la Sociedad de Responsabilidad Limitada “CURZTEL” S.R.L., interpone recurso de casación acusando que el Tribunal de Apelación incurrió en errónea apreciación y valoración de las pruebas de descargo, así como una incorrecta aplicación de las normas sustantivas y adjetivas que regulan la materia al condenar el pago del desahucio con base en el art. 12 de la Ley General del Trabajo luego de reconocer que no es posible el pago de beneficios sociales en razón al tiempo de servicios de 1 mes y 28 días, citando como parte de sus fundamentos el AS N° 002/2013 expedido por la Sala Social y Administrativa Liquidadora.

Asimismo, en cuanto a la causal de la desvinculación laboral, acusa de errónea la conclusión del Tribunal de Apelación, toda vez que ésta obedeció a causales atribuibles al trabajador en el marco del inc. e) del art. 16 de la Ley General del Trabajo.

Petitorio:

Concluye el memorial solicitando se CASE parcialmente el Auto de Vista y se declare improbada la demanda.

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO:

1. Con relación al pago del desahucio, se debe precisar previamente que conforme al contrato de fs. 2 a 8 de obrados, la relación laboral fue pacta a conclusión de obra.

La relación laboral sujeta a contrato de trabajo a conclusión de obra, al igual que el trabajo a plazo fijo, por su naturaleza, no se encuentran sometidos a término de prueba.

En el caso de la relación laboral por tiempo indefinido, a diferencia del que se pacta a plazo fijo o conclusión de obra, los primeros tres meses se reputan como término de prueba a efectos de que, por una parte, el empleador evalúe la capacidad, aptitudes e idoneidad del trabajador y, por otra, el trabajador evalúe su conveniencia en el trabajo, lo que no ocurre en los contratos a plazo determinado, por cuanto, en los mismos, al no aplicar para tareas propias y permanentes, sino para tareas específicas y calificadas, se asume que ambas partes evaluaron ab initio la conveniencia del contrato; de ahí que la ley no contempla período de prueba para los contratos a tiempo determinado.

Siguiendo el razonamiento anterior, en los contratos a plazo indefinido, el período de prueba tiene como uno de sus efectos el distracto laboral sin responsabilidad para las partes, lo que supone que ninguna de las partes está en la obligación de entregar el pre aviso para proceder a la desvinculación laboral unilateralmente, mucho menos la indemnización por falta de pre aviso o desahucio.

Mas, cuando se hubo superado el período de prueba, ambas partes se encuentran obligados al pre aviso de Ley antes del distracto unilateral o, en su caso, el pago del desahucio.

La obligación del pre aviso de Ley, una vez que en los contratos a plazo indefinido se hubiese cumplido el término de prueba (3 meses), tiene la finalidad de evitar la intempestividad del distracto, por cuanto informa al trabajador que en fecha cierta, esto es, 3 meses a partir de su notificación con el pre aviso, concluirá la relación laboral, significando tal rmino, un período de tiempo que el legislador consideró prudente, para buscar una nueva colocación laboral y, al empleador, un periodo de tiempo prudente para cubrir la eventual acefalía. En caso contrario, la desvinculación laboral tendrá carácter intempestivo con la consiguiente penalidad del pago de una suma equivalente al período del pre aviso; esto es, tres meses para el empleador y 1 mes para el trabajador, con arreglo art. 12 de la LGT.

En el caso de los contratos con plazo determinado, las partes conocen la fecha del distracto (cumplimiento del plazo del contrato o conclusión de la obra), por lo que, para la desvinculación laboral antes del cumplimiento del plazo pactado o del cumplimiento de la obra, ha menester que las partes cumplan con el pre aviso de ley, obligación que nace a partir del primer día de la relación laboral, por cuanto, como se tiene expuesto supra, en éstos casos no tiene lugar el término de prueba.

Así entonces, ante la eventualidad de que las partes no hayan entregado el pre aviso de ley, se tendrá la desvinculación como intempestiva, con la consiguiente obligación del pago de una suma equivalente al periodo del pre aviso.

Consiguientemente, con base en todo lo expuesto supra, éste Tribunal concluye que, en los casos de retiro intempestivo tratándose de contratos a plazo fijo o a conclusión de obra, corresponde el pago del desahucio independientemente del tiempo de servicios, en razón a que en tales casos, por la naturaleza del contrato, no rige período de prueba de tal modo que se tenga que exigir una antigüedad superior a los tres meses.

Por lo expuesto y teniendo en cuenta que en el presente caso, se tiene establecido que la desvinculación laboral tuvo carácter de intempestivo atribuible a la voluntad del empleador, éste Tribunal concluye que, la decisión del Tribunal de Apelación resulta correcta, por lo que, mal podría atribuírsele infracción legal alguna.

2. En cuanto a las causales de la desvinculación laboral, alega el recurrente que la misma se encuentra justificada con arreglo al inc. e) del art. 16 de la LGT, debido a que por confesión expresa del demandante faltó el respeto a sus superiores señalando no ser su cunumi ni su mozo.

Sobre el particular, éste Tribunal concluye que los de instancia obraron con total sindéresis jurídica al evidenciar que en tal conducta no se advierte inmoralidad alguna que dañe la ética de la institución o de los trabajadores.

En efecto, de la revisión de antecedentes, se advierte que el comentario realizado por el demandante, tuvo la finalidad de preservar el respeto a la dignidad humana, tanto de su persona como de sus compañeros de trabajo, toda vez que la pretensión tanto del Gerente de Obra como del Superintendente de hacerse llevar a la cama su desayuno con los trabajadores constituye una arbitrariedad atentatoria a la dignidad de los mismos.

Con base en lo anterior, éste Tribunal no encuentra evidentes las infracciones que el recurrente atribuye al Tribunal de Apelación, por lo que, corresponde dar aplicación del art. 220.II) del CPC; aplicable en la materia por expresa determinación del art. 252 del CPT.

POR TANTO: La Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución contenida en el numeral 1 del artículo 184 de la CPE y del numeral 1 del parágrafo I del artículo 42 de la LOJ, declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Eduardo Rodas Herrera en representación de la Sociedad de Responsabilidad Limitada “CURZTEL” S.R.L.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.