TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA

Auto Supremo Nº 260

Sucre, 18 de junio de 2018


Expediente                  : 103/2017

Demandante                   : Julieta Patti de Vargas

Demandado                    : María Luisa Navarro de Claure

Materia                           : Beneficios Sociales

Distrito                         : La Paz

Magistrado Relator        : Dr. Esteban Miranda Terán


VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 252 a 256 interpuesto por María Luisa Navarro de Claure, contra el Auto de Vista N° 120/16 de 4 de noviembre, cursante de fs. 249 a 250, pronunciado por la Sala Social y Administrativa Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; dentro del proceso por pago de beneficios sociales seguido por Julieta Patti de Vargas, contra la recurrente; la respuesta de fs. 259 a 263; el Auto de 20 de febrero de 2017 que concedió el recurso (fs. 263 vta.); el Auto de Admisión Nº 103-A de fs. 271, los antecedentes procesales, y;

I.- ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Sentencia.-

Que, tramitado el proceso laboral, la Juez Sexto de Trabajo y Seguridad Social de la ciudad de La Paz, emitió la Sentencia Nº 130/2015 de 28 de julio (fs. 210-221), declarando probada en parte la demanda y ordenando el pago de Bs. 24.019,52 (Veinticuatro mil diecinueve 52/100 Bolivianos) por conceptos de indemnización, desahucio, aguinaldo, vacaciones y sueldos devengados correspondientes a dos periodos laborales.

Auto de Vista.-

En grado de Apelación, promovido por la demandada, la Sala Social y Administrativa Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, expidió el Auto de Vista Nº 120/16 de 4 de noviembre, CONFIRMANDO la Sentencia Nº 130/2015 de 28 de julio.

II.- FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE CASACIÓN:

Por memorial de fs. 252 a 256, María Luisa Navarro de Claure, interpone recurso de casación alegando:

1. Violación y aplicación errónea de los arts. 197, 198, 199 y 202 en sus incisos a) b), arts. 66 y 150 del Código Procesal del Trabajo (CPT), así como del art. 1311 del Código Civil (CC) y el principio de congruencia, por cuanto no consideró que la juez de primera instancia se pronunció de manera errada respecto a los indicios y la falta de prueba ofrecida por la parte demandante, así como no consideró que la parte demandante presentó pruebas en fotocopias simples y que el fallo de la juez de primera instancia se sustentó en esas fotocopias simples.

Agrega que el Tribunal de Apelación no valoró ni mencionó que la Juez de primera instancia omitió el cumplimiento del art. 202 del CPT respecto a la exposición de los fundamentos legales y la inexcusable obligación de determinar la cuantía, omitiendo análisis de los argumentos de la defensa en sentido que la demandante faltó a la verdad respecto al tiempo de servicios luego de haber probado que la misma el año 2004 se retiró voluntariamente, habiéndole cancelado todos sus derechos y que posteriormente volvió a trabajar a partir del mes de septiembre de 2006 hasta el 25 de septiembre de 2012, es decir, después de dos años, propiciando con ello un enriquecimiento ilícito y vulnerando el principio de congruencia.

2. Violación del art. 45 de la Ley General del Trabajo (LGT), por no haber considerado que en Sentencia no se realizó una correcta valoración de los datos de la causa respecto a las vacaciones, toda vez que al gozar de vacaciones anuales ya no requería de los servicios de la demandante, por lo que en el mismo período que ella gozaba de vacaciones también le otorgaba sus vacaciones a la demandante.

3. Violación y aplicación errónea del art. 2 de la LGT, así como del art. 1 del DS N° 23570 de 26 de julio de 1993, por no haber considerado que en el segundo período de servicios, la demandante trabajaba sólo 4 horas al día de lunes a viernes, por lo que no existió relación laboral conforme al art. 4.b) del Decreto Reglamentario de la Ley General del Trabajo (DR-LGT).

4. Violación del art. 120 de la LGT, al reconocer derechos de la demandante sobre el periodo comprendido entre el 1 de diciembre de 1980 al 31 de diciembre de 2004, luego de haber admitido que la imprescriptibilidad de los beneficios sociales corren a partir de 2009.

Petitorio:

Concluye el memorial solicitando se case el Auto de Vista y se declare improbada la demanda.

III.- FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO:

1. Sobre la prueba de cargo.-

La recurrente alega que el Tribunal de apelación no consideró el hecho que la Juez de primera instancia incurrió en error en la consideración de los indicios y sobre el hecho que la parte demandante no aportó probanza.

Sobre éste particular, se debe considerar que conforme a los arts. 66 y 150 del CPT, la carga de la prueba corresponde al empleador y, si bien es cierto que, conforme a dicha norma, el trabajador no se encuentra relevado de tal actividad, no es menos evidente que la misma resulta potestativa respecto a las que estime convenientes.

La previsión legal citada encuentra fundamento en el hecho que es el empleador quien se constituye en el depositario natural de la documentación relativa a la relación laboral, sobre los que el trabajador no tiene acceso y, si lo tiene, siempre será limitado. En ese marco, la probanza atribuida al trabajador, tendrá relación con toda aquella documentación que cursare en su poder y considere útil para formar convicción en el juez.

En definitiva, a diferencia del proceso civil, en materia laboral, la actividad probatoria del trabajador demandante, no tiene el mismo carácter obligatorio que la ley le atribuye al empleador quien tendrá la carga procesal de desvirtuar las pretensiones de aquel, ergo, mal podría censurarse la decisión del Juez a título de que el trabajador no hubiese adjuntado pruebas o que las adjuntadas se encuentren en fotocopias simples.

En cuanto al alegado pago del primer período laboral, de la revisión de antecedentes, se advierte en primer término que, no es evidente que los de instancia no hayan considerado lo alegado y probado por la demandada, más al contrario, del análisis de los mismos, se concluyó que las pruebas (fs.173 a 175) no tienen el suficiente valor fundante para acreditar el pago documentado alegado, en razón que la mayoría de ellas no identifica a la persona que suscribe.

2. Sobre la violación del art. 45 de la LGT que la recurrente le atribuye al Tribunal de Apelación con relación al pago de vacaciones, el acusado artículo, señala: “Los trabajadores de empresas que, por su naturaleza suspendan el trabajo en ciertas épocas del año, no gozarán de vacaciones, siempre que la interrupción no sea menor de 15 días y que durante ella perciban normalmente sus salarios”.

Del contenido del citado dispositivo legal se tiene que el mismo se encuentra orientado a regular el derecho a la vacación de los trabajadores de empresas que por su naturaleza suspendan el trabajo en ciertas épocas del año, tal el caso del trabajo por temporada, en el que la naturaleza de la actividad principal obliga una actividad laboral en ciertas épocas del año, encontrándose obligado a suspender actividades en determinados periodos.

Asimismo, conforme al citado dispositivo legal, para la procedencia de la excepción la interrupción no debe ser menor a 15 días y que durante tal interrupción los trabajadores perciban normalmente sus salarios; aspectos que no concurren en el caso de autos, toda vez que se trata de un trabajo doméstico, cuya actividad laboral tiene vocación de continuidad.

Por otro lado, conforme bien advirtió el Tribunal de Apelación, lo aseverado por la demandada en sentido que concedía a la demandante su derecho a la vacación en el mismo período que a ella se le otorgaba en su fuente laboral, no fue probado en el proceso, por lo que mal podría censurarse la decisión del Tribunal de Alzada sobre la materia.

3. En cuanto a la violación y aplicación errónea del art. 2 de la LGT, art. 1 del DS N° 23570 de 26 de julio de 1993 y art. 120 de la LGT, acusados en los puntos 3 y 4 del escrito recursivo, se establece que independientemente a la existencia o no de la relación laboral alegada por la recurrente, los derechos laborales correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de diciembre de 1980 al 31 de diciembre de 2004, se encuentran prescritos, por cuanto aquella relación laboral concluyó cinco años antes de la vigencia de la nueva Constitución Política del Estado que consagra la imprescriptibilidad de tales derechos.

Conviene aclarar en el presente caso que en la sentencia de primera instancia, la señora Juez, se pronunció únicamente sobre la prescripción de los sueldos devengados en términos de nivelación salarial, por los periodos 2006 al 2008, para concluir condenando el pago de los derechos laborales reclamados por los períodos de 1980 a 2004; aspecto que ciertamente correspondía ser enmendado por el Tribunal de Apelación, más aún si tal aspecto fue invocado expresamente en apelación.

Con base en lo anterior, éste Tribunal concluye que el Tribunal de Apelación incurrió en infracción legal del art. 120 de la LGT, por lo que, corresponde dar aplicación del art. 220.IV) del CPC; aplicable en la materia por expresa determinación del art. 252 del CPT.

POR TANTO: La Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución contenida en el numeral 1 del artículo 184 de la CPE y del numeral 1 del parágrafo I del artículo 42 de la LOJ, CASA parcialmente el Auto de Vista 120/16 de 4 de noviembre, cursante de fs. 249 a 250, pronunciado por la Sala Social y Administrativa Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz y, deliberando en el fondo, excluye de la liquidación los derechos correspondientes al primer período comprendido entre el 1 de diciembre de 1980 al 31 de diciembre de 2004, condenados en la sentencia de primera instancia, manteniendo firme y subsistente todo lo demás.

Sin responsabilidad por ser excusable.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.