TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA, CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA

Auto Supremo Nº 258

Sucre, 18 de junio de 2018

Expediente                  : 118/2017

Demandante                   : Erik Silver Cuellar Gilmet 

Demandado                    : Universidad Autónoma del Beni “José Ballivián”

Proceso                           : Reincorporación 

Distrito                         : Beni

Magistrado Relator        : Dr. Esteban Miranda Terán

VISTOS: El recurso de casación en el fondo, de fs. 339 a 342, interpuesto por Erik Silver Cuellar Gilmet contra el Auto de Vista N° 06/2017 de 17 de enero, de fs. 334 a 336, pronunciado por la Sala en materia del Trabajo y Seguridad Social, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Beni; dentro del proceso de reincorporación interpuesto por el recurrente contra la Universidad Autónoma del Beni (UAB)José Ballivián”; el memorial de respuesta al recurso, de fs. 347 a 350; el Auto 036/2017 de 13 de febrero (fs. 352), que concedió el recurso; el Auto Supremo Nº 118-A de 29 de marzo de 2017 (fs. 360), por el cual se declara admisible el recurso de casación interpuesto; los antecedentes procesales; y:

I. ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Sentencia.

Planteada la demanda de reincorporación por Erik Silver Cuellar Gilmet, y tramitado el proceso, la Juez del Trabajo y Seguridad, de la Niñez y Adolescencia Primera de Beni, pronunció la Sentencia Nº 49/2016 de 19 de mayo, de fs. 314 a 318, donde declara improbada la demanda en todas sus partes, y probada la excepción perentoria de cosa juzgada interpuesta.

Auto de Vista.

En conocimiento de la Sentencia, Erik Silver Cuellar Gilmet interpuso recurso de apelación, de fs. 320 a 321; que  fue resuelto por el Auto de Vista N° 06/2017 de 17 de enero, de fs. 334 a 336, pronunciado por la Sala en materia del Trabajo y Seguridad Social, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, confirmando  la Sentencia de primera instancia.

II. ARGUMENTOS DEL RECURSOS DE CASACIÓN:

En conocimiento del señalado Auto de Vista, el demandante formuló recurso de casación, señalando lo siguiente:

El Tribunal de alzada, confirma la determinación asumida por el Juez de instancia, al considerar que la problemática se hubiese resuelto anteriormente, en la vía de la acción de amparo constitucional, declarando probada la excepción de cosa juzgada interpuesta por la parte demandada, sin que exista cosa juzgada sobre la causa; en razón a que, la SCP 209/2015-S2 de 25 de febrero, señalo que el Tribunal constitucional Plurinacional, no está facultado para emitir resoluciones tendiente a cumplir o dejar sin efecto las conminatorias de reincorporación efectuadas en sede administrativa, tan solo verifica si se cumplieron los requisitos para su emisión, sin que se hayan vulnerado derechos; no establece si hubo o no despido injustificado, que amerite una reincorporación, aspecto que debe dilucidarse en la vía ordinaria laboral, pudiendo las partes acudir a esta vía, en caso de incumplimiento de una resolución administrativa de reincorporación, emitida en el marco del D.S. 28699 de 1 de mayo de 2006, aspecto tergiversado en la Sentencia y el Auto de Vista impugnado, que toma como ratio decidendi la parte resolutiva del fallo, incurriendo en un error de aplicación de la ley, al no existir cosa juzgada.

La cosa juzgada, debe ser evaluada en su triple dimensión para que proceda como excepción, debiendo tenerse en cuenta la identidad de las partes en el litigio, el objeto y la causa; en el presente caso, los sujetos procesales son los mismos, el objeto es la reincorporación a su fuente laboral, pero no existe una identidad de causa, el proceso actual es un laboral de reincorporación y el otro es una acción constitucional por vulneración de derechos, específicamente el del trabajo, que al no cumplirse la determinación por autoridad administrativa, este cumplimiento de la conminatoria fue la causa de la acción tutelar, siendo precisamente la impugnación sobre el cumplimiento o incumplimiento de esta determinación administrativa, sobre lo que versa la SCP 209/2015-S2, la cual en ningún momento resuelve el fondo de su pretendida reincorporación, situación que le causa agravios y no le permite el acceso a la justicia.

Acusa una errónea e indebida aplicación de la ley, al no observar la ratio decidendi de la SCP 209/2015-S2, no se tomó en cuenta que los antecedentes facticos entre la acción tutelar y el presente proceso no son iguales, sin fundamentar, ni realizar una abstracción de lo que es la cosa juzgada, ni la obligatoriedad y vinculatoriedad de una sentencia constitucional plurinacional, ni la diferenciación entre la parte resolutiva, el obiter dicta y la ratio decidendi.

Petitorio.

Interpuesto el recurso de casación en el fondo, solicita se emita un Auto Supremo casando el Auto de Vista recurrido, y  en consecuencia se declare probada la demanda.

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO:

Expuestos así los argumentos del recurso de casación, es necesario realizar las siguientes consideraciones:

Considera el recurrente que, la excepción de cosa juzgada planteada por la Universidad demandada, fue declarada probada, sin que se considere en forma adecuada la SCP 209/2015-S2 de 25 de febrero, al no existir identidad de causa entre el presente proceso de reincorporación y la acción tutelar que interpuso, razón por la cual, afirma que no existe cosa juzgada sobre su pretensión, vulnerándose su derecho de acceso a la justicia y tergiversando por parte del Tribunal de alzada y la Juez de instancia, el entendimiento del fallo constitucional referido, que se abocaría a resolver el cumplimiento de la conminatoria emitida en el marco del D.S. 28699 de 1 de mayo de 2006, aspecto que deviene en una errónea e indebida aplicación de la Ley.

Ahora, el art. 10 del D.S. 28699 de 1 de mayo de 2006, que fue modificado por el artículo único del D.S. 495 de 1 de mayo de 2010, establece: “I. Cuando el trabajador sea despedido por causas no contempladas en el artículo 16 de la Ley General del Trabajo, podrá optar por el pago de los beneficios o por su reincorporación.

II. Cuando el trabajador opte por los beneficios sociales, el empleador está obligado a cancelar los mismos, además de los beneficios y otros derechos que le correspondan, en el tiempo y condiciones señaladas en el artículo noveno del presente Decreto Supremo.

III. En caso de que el trabajador opte por su reincorporación podrá recurrir a este efecto ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, donde una vez constatado el despido injustificado, se conminará al empleador a la reincorporación inmediata al mismo puesto que ocupaba la trabajadora o trabajador al momento del despido, más el pago de los salarios devengados y demás derechos sociales que correspondan a la fecha de la reincorporación, a través de las Jefaturas Departamentales y Regionales de Trabajo.

IV. La conminatoria es obligatoria en su cumplimiento a partir de su notificación y únicamente podrá ser impugnada en la vía judicial, cuya interposición no implica la suspensión de su ejecución.

V. Sin perjuicio de lo dispuesto en el Parágrafo IV del presente Artículo, la trabajadora o trabajador podrá interponer las acciones constitucionales que correspondan, tomándose en cuenta la inmediatez de la protección del derecho constitucional de estabilidad laboral, y, conforme a esta normativa el recurrente, opto por acudir a la vía administrativa, al considerar que fue desvinculado de su fuente laboral, en forma ilegal o arbitraria; producto de ello se emitió una resolución administrativa de conminatoria, y como establece esta normativa, esta conminatoria, es obligatoria a partir de su notificación y únicamente puede ser impugnada en la vía judicial, es decir otorga al empleador ante la disconformidad de la determinación administrativa asumida, de acudir a la vía ordinaria laboral para que se dilucide si la determinación de reincorporación fue correcta. Así también está establecido en el art. 2 parágrafo IX de la Resolución Ministerial (RM) 868/2010 de 26 octubre 2010, que regula el procedimiento de la reincorporación laboral.

Asimismo, la RM 868/2010 en su art. 3, determina: “Ante el incumplimiento de la reincorporación instruida, la trabajadora o trabajador podrá interponer las acciones constitucionales que correspondan, tomándose en cuenta la inmediatez de la protección del derecho constitucional de estabilidad laboral, otorgando la posibilidad al trabajador de plantear una acción tutelar, cuando el empleador no cumpla con la conminatoria de reincorporación, establecida en sede administrativa, por la Jefatura Departamental del Trabajo que corresponda.

El recurrente, en uso de esta potestad interpuso acción de amparo constitucional contra la UAB “José Ballivián” el 27 de junio de 2014, (conforme los antecedentes de la SCP 209/2015-S2 de 25 de febrero), como resultado de esta acción, la Sala Civil Mixta de Familia, Niñez y Adolescencia y Violencia Intrafamiliar o Domestica del Tribunal Departamental de Justicia del Beni, constituida en Tribunal de Garantías mediante la Resolución 017/2014 de 2 de julio, concedió la tutela solicitada, determinación que en grado de revisión por parte del Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 209/2015-S2 de 25 de febrero, resuelve revocar en todo la Resolución 017/2014, y denegar la tutela solicitada.

En razón a este fallo constitucional, los de instancia declararon probada la excepción de cosa juzgada, que a consideración del recurrente, no resuelve el fondo de la pretensión, y no existe identidad de causa entre la acción tutelar y el presente proceso laboral.

Se debe tener presente que la vía administrativa y la vía ordinaria laboral, son dos vías distintas, y la normativa señalada precedentemente, permite al trabajador que considera fue despedido ilegalmente y pretende su reincorporación, optar por una de los dos vías, pudiendo incluso recurrir en forma directa a la acción tutelar correspondiente, al existir en materia laboral una excepción al principio de subsidiaridad que rige la acción de amparo constitución.

Cuando opta por la vía administrativa, y se emite una conminatoria de reincorporación, conforme prevé la normativa añadida al exordio, esta es de cumplimiento obligatorio, que puede ser objetada en la vía judicial, como también puede exigirse su cumplimiento por la misma vía; pero, el trabajador tiene la opción de acudir a la jurisdicción constitucional, sin agotar antes la ordinaria laboral, al respecto la SCP 0138/2012 de 4 de mayo, señaló: “De lo expuesto, se puede establecer que con la resolución de reincorporación por parte del Ministerio de trabajo se acaba con la vía administrativa, pudiendo acudir el trabajador ante la justicia ordinaria, siendo dicha opción optativa del trabajador antes de acudir a la vía constitucional, toda vez que, conforme la jurisprudencia constitucional, una vez agotada la vía administrativa, no se necesita agotar también la vía ordinaria, para acudir a la jurisdicción constitucional ya que la vía administrativa y la ordinaria son dos vías diferentes.

Ahora bien, si en materia laboral, es permitido a la trabajadora o al trabajador  solicitar su reincorporación por la vía administrativa ante el Ministerio del ramo, y existiendo una resolución que ordena la reincorporación a la fuente laboral, debe estimarse la misma como el fin de la vía administrativa, y ante una negativa por parte del empleador, se abre la posibilidad de que el trabajador acuda a la vía ordinaria, o conforme jurisprudencia, acuda en acción de amparo constitucional para que se le restituyan sus derechos, sin tener que agotar la vía judicial con carácter previo, más aún cuando existen normas que así le faculta al trabajador, en este caso, los DDSS 28699 y 0495 (SCP utilizada en el fallo constitucional, por el cual se considera cosa juzgada, la pretensión del recurrente), determinándose claramente, que cuando exista una conminatoria de reincorporación emitida por el Ministerio del Trabajo o sus jefaturas departamentales, ante la negativa del empleador de asumirla, el trabajador puede optar por acudir a la jurisdicción ordinaria laboral, o acudir en la jurisprudencia constitucional vía acción de amparo sin agotar la vía judicial, dando la posibilidad de saltar la vía ordinaria para acudir a la constitucional, no así, a ambas jurisdicciones.

Ahora, se tiene que el recurrente, en su calidad de accionante en la interposición de su acción de amparo constitucional, conforme a los antecedentes de la SCP 209/2015-S2, en su petitorio solicita, “se deje sin efecto el ilegal despido, y se ordene a la autoridad demandada proceda a su inmediata reincorporación, cancelándose sus haberes devengados y otros derechos”, notándose claramente que el recurrente en su calidad de accionante, no sólo busco el cumplimiento de la resolución administrativa de reincorporación, sino que se tutele su derecho a la estabilidad laboral, al haber alegado como vulnerado este derecho.

Se debe tener presente, que en los Fundamentos Jurídicos III.2 de la SCP 209/2015-S2, titulada, “La reincorporación laboral en la vía administrativa debe respetar los elemento mínimos del debido proceso, jurisprudencia reiterada”, se añade jurisprudencia respecto al procedimiento que debe seguirse por parte de las Jefaturas Departamentales del Trabajo, para tramitar una solicitud de reincorporación, y cuales los parámetros que deben cumplirse; asimismo, esta jurisprudencia refiere, que el Tribunal Constitucional no se constituye en una otra instancia administrativa, y no por el hecho de existir una conminatoria de reincorporación del trabajador a su fuente laboral por parte de las Jefaturas Departamentales de Trabajo, debe conceder la tutela y ordenar su cumplimiento, ya que debe hacerse una valoración completa e integral de los hechos y datos del proceso, de las circunstancias y de los supuestos derechos vulnerados, no pudiendo pretenderse que se ordenen una ejecutoria de conminatoria que se aparte de la razonabilidad de un debido proceso.

También refiere la jurisprudencia que se añade a este fallo constitucional, que a la instancia constitucional, no le compete entrar al fondo de las problemáticas laborales, que no sustituye la jurisdicción laboral, ni tiene la amplitud probatoria conducente para arribar una verdad material; pero debe comprenderse que se refiere a la tutela a ciegas que se pretende, ante la simple existencia de una conminatoria, no pudiendo mecánicamente concederse una tutela para un cumplimiento efectivo de la conminatoria, sin que se acrediten los aspectos necesarios que demuestren la verdad de los hechos; en ese sentido, en el análisis del caso concreto la SCP 209/2015-S”, establece: “conforme se estableció en la jurisprudencia desarrollada en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, que señala que si bien la jurisdicción constitucional no cuenta con todos los elementos para determinar si la destitución fue legal o ilegal, asimismo, no puede simplemente convertirse en una instancia cumplidora de conminatorias, por lo que, es preciso que para que la justicia constitucional pueda disponer el cumplimiento de las conminatorias en resguardo del derecho al trabajo, debe necesariamente verificarse si en esa instancia administrativa y en la labor de emitir la conminatoria, no se hayan producido violaciones al derecho al debido proceso o que esa disposición se haya emitido al margen de la razonabilidad, por lo que, en aplicación de la jurisprudencia referida se establece que en el presente caso no se vulneró los derechos invocados por el accionante, donde se hace notar que si bien el TCP, no cuenta con elementos para determinar si la destitución fue legal o ilegal, al no ser una instancia cumplidora de conminatorias debe verificarse si en instancia administrativa, se han producido violaciones o si este acto administrativo fue emitido fuera de lo razonable, y al efectuar ese análisis el TCP efectúa una verificación de los hechos considerando no solo que no hubo un despido ilegal que amerite una reincorporación, sino que el accionante -ahora recurrente- no tenía ningún vínculo laboral con la UAB “José Ballivián”, al tener la calidad de docente invitado con periodos fijos de conclusión de actividades, por lo cual no existe un memorándum de despido o documento similar, y el hecho de no haber calificado por no cumplir requisitos mínimos para asignaturas a las que postulo no constituye una vulneración al derecho de estabilidad laboral.

Así lo determina la SCP 209/2015-S2 de 25 de febrero,  al realizar el análisis del caso concreto, estableciendo antecedentes de los hechos y determinando de manera clara que no correspondía la conminatoria emitida por parte dela Jefatura del Trabajo del Beni, al no existir un despido ilegal: “En aplicación de la jurisprudencia constitucional plurinacional desarrollada en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo, y del análisis de la Resolución de conminatoria 06/2014 de 16 de junio, emitida por la Jefatura Departamental del Trabajo de Beni, se evidencia que la misma se aparta de los criterios de razonabilidad, toda vez que, de la relación de los hechos y las pruebas aportadas en el expediente, se advierte que el accionante ingresó a dictar docencia en la UAB “José Ballivian”, en calidad de invitado, situación que se reiteró en varias oportunidades por periodos semestrales con fechas fijas de conclusión de actividades, no teniendo éstas la figura de contrato de trabajo; asimismo, se evidencia que la universidad lanzó una convocatoria a concurso de méritos para optar el cargo de docentes extraordinarios interinos en diferentes asignaturas y carreras de la Facultad de Ingeniería y Tecnología, a la que el accionante se postuló en las asignaturas de Dirección de Obras y Valuaciones, Edificaciones Civiles y Estructuras de Madera, en la que fue descalificado por la Comisión de Evaluación y Calificación de Expedientes, por no cumplir con los requisitos mínimos exigidos en la convocatoria, decisión contra la que no planteó ningún recurso de impugnación.

Por otro lado, se advierte que el accionante al haber ingresado a la universidad a dictar docencia en varias asignaturas en calidad de invitado, con periodos fijos de conclusión de actividades y al no haber sido seleccionando para dictar las materias a las que se postuló porque fue inhabilitado, no tenía ningún vínculo laboral con la Universidad Autónoma del Beni, al momento de plantear su queja ante la Jefatura Departamental del Trabajo, por lo que, ésta instancia no debió emitir la conminatoria de reincorporación, toda vez que, el accionante cesó en sus funciones como docente en las asignaturas para las que fue invitado y no calificó para ser designado como docente extraordinario, razón por el que no existe un memorando de despido, situación que hace que la decisión asumida por la Jefatura Departamental del Trabajo de Beni, de emitir la Resolución de Conminatoria de Reincorporación, se aparta de los marcos legales de razonabilidad(el subrayado y las negrillas son añadidas), evidenciándose claramente que el TCP, ha asumido su determinación de no conceder la tutela, al considerar que no debió emitirse una conminatoria, porque no se evidencia una desvinculación laboral, y al no existir un despido ilegal, no puede otorgarse una reincorporación.

Este aspecto demuestra que la pretensión del actor, la casusa de su demanda laboral fue dilucidada, determinándose que no le corresponde la reincorporación conforme a los hechos establecidos en la SCP 209/2015-S2, y como bien se determinó por los de instancia, la pretensión del actor fue esclarecida, correspondiendo claramente dar curso a la excepción opuesta de cosa juzgada, más aun, con una determinación constitucional que tiene un carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio, así lo determinan los arts. 203 de la Constitución Política del Estado (CPE): “Las decisiones y sentencias del Tribunal Constitucional Plurinacional son de carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio, y contra ellas no cabe recurso ordinario ulterior alguno; 8 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional (LTCP): “Las decisiones y sentencias del Tribunal Constitucional Plurinacional son de carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio, y contra ellas no cabe recurso ordinario ulterior alguno; y, 15 del Código Procesal Constitucional (CPCo): “I. Las sentencias, declaraciones y autos del Tribunal Constitucional Plurinacional son de cumplimiento obligatorio para las partes intervinientes en un proceso constitucional; excepto las dictadas en las acciones de inconstitucionalidad y recurso contra tributos que tienen efecto general. II. Las razones jurídicas de la decisión, en las resoluciones emitidas por el Tribunal Constitucional Plurinacional constituyen jurisprudencia y tienen carácter vinculante para los Órganos del poder público, legisladores, autoridades, tribunales y particulares. Al respecto la SCP 1239/2014 de 16 de junio, señalada por la Juez de instancia, estableció: “Este Tribunal ha señalado que las normas del art. 203 de la CPE, determinan que las sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional Plurinacional son de carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio, contra ellas no cabe recurso ordinario ulterior alguno; mandato del cual se extrae que, de la función de control de constitucionalidad que cumple la instancia concentrada creada por el constituyente, emerge la cosa juzgada constitucional, que a su vez significa la irrevisabilidad de las sentencias constitucionales -plurinacionales-, su inmodificabilidad así como su vinculación obligatoria a todas las personas y autoridades del Estado Plurinacional de Bolivia; una segunda consecuencia, es la improcedencia de nuevas demandas cuando ya se ha emitido una resolución constitucional respecto de un tema concreto.

Además, debe hacerse notar que la demanda laboral de reincorporación del caso presente, fue interpuesta por el actor el 20 de agosto de 2015, como consta en la caratula electrónica de recepción de causas nuevas, de fs. 119; y la fecha que consigna en el memorial de demanda, es de 13 de agosto de 2015, posterior a la determinación asumida por el TCP, que emitió la SCP 209/2015-S2 el 25 de febrero de 2015; es decir, el actor no considero necesario acudir a la vía ordinaria, porque estaba determinada su pretensión y la causa de su acción, en la jurisdicción constitucional, con el resultado del Tribunal de garantías, que le fue favorable; por lo que, mal puede alegar que la causa de la acción tutelar que interpuso, es distinta a la presente demanda laboral, de ser así, hubiese sido interpuesta con anterioridad.

En mérito a lo expuesto y no encontrándose fundados los motivos traídos en casación por la entidad demandada, corresponde dar aplicación al art. 220-II del CPC-2013, aplicable en la materia por expresa determinación del art. 252 del CPT.

POR TANTO: La Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución contenida en los arts. 184-1 de la Constitución Política del Estado y 42-I-1 de la Ley del Órgano Judicial, declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo de fs. 339 a 342, interpuesto por Erik Silver Cuellar Gilmet. Sin costas.

Sin costas en aplicación del art. 39 de la Ley Nº 1178 de 20 de julio de 1990, y del el art. 52 del DS Nº 23215 de 22 de julio de 1992.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.-