TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA        

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA

Auto Supremo Nº 257

Sucre, 18 de junio de 2018


Expediente                : 374/2017

Demandante                : Compañía Minera Ralp S.R.L.

Demandado                        : Ministerio de Minería y Metalurgia

Distrito                        : La Paz

Proceso                        : Contencioso Administrativo

Magistrado Tramitador        : Dr. Esteban Miranda Terán


VISTOS: La demanda contenciosa administrativa de fs. 85 a 112, promovida por Ralp Compañía minera Srl. (Ralp Ltda.), mediante su representante Jaime José Sanabria, impugnando la Resolución de Recurso Jerárquico Nº 182/2017 de 28 de agosto, emitido por el Ministerio de Minería y Metalurgia, los antecedentes del proceso; y;


I.- ANTECEDENTES:

POR Auto Supremo Nº 368 de 27 de noviembre de 2017, de fs. 115 a 116, este Tribunal determino: DECLINAR COMPETENCIA, inhibiéndose del conocimiento del presente proceso, estableciendo la correspondencia de remisión de la causa ante la Sala Especializada del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en atención a lo establecido en la Ley Nº 620 de 29 de diciembre de 2014, y en una interpretación de las previsiones de la Ley de Minería y Metalurgia Nº 535 de 28 de mayo de 2014.

Radicado el proceso en la Sala Social y Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, señalado Tribunal emitió la Resolución N° 22/2018 SSA-1, anulando obrados hasta fs. 121 inclusive, declinando competencia en señalado proceso, disponiendo su remisión a la Sala Especializada del Tribunal Supremo de Justicia.


II.- ANALISIS DEL CASO EN COCNRETO Y FUNDAMENTOS JURÍDICOS:

Es deber de los jueces y tribunales cuidar el oficio, que los procesos sometidos a su competencia se lleven adelante sin vicios que puedan perjudicar el normal desarrollo, art. 2 inc. 1) del Código de Procedimiento Civil (CPC-1975) para cuyo efecto, se cuente con la competencia para reponer obrados del vicio procesal más antiguo, a efecto de su saneamiento procesal, evitando de esta manera se incurran en futuras nulidades y por consiguiente se provoque un perjuicio indebido a las partes, todo en resguardo del debido proceso, que ha sido definido en la SC 1674/2003-R de 24 de noviembre como: “ ...el derecho de toda persona a un proceso justo y equitativo, en el que sus derechos se acomodan a lo establecido por disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se hallen en una situación similar; comprende de la potestad de ser escuchado presentando las pruebas que estime convenientes en su descargo (derecho a la defensa) y la observancia del conjunto de requisitos de cada instancia procesal, a fin de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar a sus derechos. Se entiende que el derecho al debido proceso es de aplicación inmediata, vincula a todas las autoridades judiciales o administrativas y constituye una garantía de legalidad procesal que ha previsto el Constituyente para proteger la libertad, la seguridad jurídica...”.

En esa línea, se colige que los Tribunales Departamentales de Justicia, cuentan con competencia para tramitar y resolver los procesos contenciosos administrativos, emergentes de las Resoluciones Jerárquicas emitidas por la Autoridad General Jurisdiccional Administrativa Minera Nacional (AGJAM), en aplicación de los arts. 49 inc. A) y 59-I, II y III de la Ley de Minerìa y Metalurgia Nº 535 de 28 de mayo de 2017 y art. 2 de la Ley Nº 620, determinándose su competencia en cada departamento, considerando la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera Departamental o Regional (AJAM), que emitió la resolución inicial.

Sin embargo de ello, debe advertirse que en el caso presente, no impugnó una Resolución de Recurso Jerárquico emitido por la dirección Ejecutiva Nacional de la AJAM o AGJAM, en mérito de algún trámite o procedimiento previsto por Ley Nº 535 de 28 de mayo de 2014, evidenciándose que el presente proceso versa sobre un procedimiento previsto en la Ley de Reversión de derechos mineros otorgados mediante Autorizaciones Transitorias Especiales y Contratos Mineros en mérito a un procedimiento específico para identificar la pérdida de los derechos consignados en esos procesos y Contratos Mineros, previa verificación de la actividad minera de cada empresa, concluyendo con una resolución emitida por la AGJAM, impugnable en la vía de recurso de revocatoria, ante la misma autoridad y posteriormente a través de Recurso Jerárquico, ante el Ministerio de Minería y Metalurgia, aplicando el procedimiento establecido por el art. 5, de la aludida Ley Nº 403 que remite a su trámite al Decreto Supremo Nº 27113 de 23 de julio de 2003 (Reglamento a la Ley de Procedimiento Administrativo Nº 2341), por lo que en mérito a esta normativa y las previsiones de la Ley Nº 620, una vez concluida la fase administrativa de estos procesos, se puede impugnar las resoluciones, vía proceso contencioso administrativo, ante este Tribunal Supremo, para efectuar el control de legalidad de una resolución emitida por una autoridad que tiene el ámbito de jurisdicción nacional como es el Ministerio de Minería y Metalurgia.

De los antecedentes remitidos ante este Tribunal, se advierte que la empresa demandante, acreditó haber culminado con el proceso administrativo y por ello, puede activar en contra de la Resolución Jerárquica, el proceso contencioso administrativo, que adquiere las características del juicio ordinario de puro derecho, en el que este Tribunal Supremo analizará la correcta aplicación de la Ley a los hechos expuestos en la demanda, correspondiendo realizar el control judicial de legalidad, sobre los actos ejercidos por la autoridad administrativa a tempo de emitir la Resolución Jerárquica.

En mérito de lo manifestado, se advierte que el Auto Supremo Nº 368 de 27 de noviembre de 2017, incurrió en una omisión al no considerar que el presente caso de análisis es atinente a la revisión de derechos mineros a propiedad y dominio del Estado Plurinacional de Bolivia, previsto por la Ley Nº 403; como asimismo, incurrió en una errónea interpretación de las normas de la Ley Nº 535 de 28 de mayo de 2014 de Minería y Metalurgia, razón por la cual en observancia del art. 122 de la CPE y la disposición adjetiva contenida en la última parte del art. 5 de la Ley Nª 403, se concluye que quien debe tramitar el presente proceso en la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa de turno del Tribunal Supremo de Justicia.

En consecuencia, regularizando procedimiento, corresponde dejar sin efecto de oficio el Auto Supremo Nº 368 de 27 de noviembre de 2017, en aplicación del art. 252 del CPC-1975.

POR TANTO: La Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, sin ingresar en mayores consideraciones de orden legal, de oficio, ANULA OBRADOS hasta Fs. 114 inclusive, quedando sin efecto el Auto Supremo N° 368 de 27 de noviembre de 2017.

Una vez notificadas las partes con la presente determinación se dispone el ingreso del expediente a despacho, de oficio, para providenciar el memorial de demanda de fs. 85 a 112.

Regístrese, notifíquese y cúmplase.