TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA

AUTO SUPREMO Nº 256 /2018

Sucre, 18 de junio de 2018


Expediente:                109/2017

Materia:                        Social

Demandante:                Jhonny Chacomani Cruz.

Demandado:                Empresa de Transporte Don Leo

Distrito:                        Cochabamba

Magistrado Relator:        Dr. Esteban Miranda Terán.


VISTOS: El recurso de casación de fs. 124 a 125 de obrados, interpuesto por Marcelo Zurita Ledezma como propietario de la empresa de Transporte Don Leo (empresa “Tras Don Leo”), contra el Auto de Vista Nº 212/2016 de 31 de agosto, cursante de fs. 116 a 118 vta., emitido por la Sala Primera Social y Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, dentro del proceso social por pago de beneficios sociales, sueldos devengados y otros, seguido a demanda de Jhonny Chacomani Cruz, contra la mencionada empresa, el Auto Supremo Nº 109-A de 24 de marzo de 2017, por el que se admitió el recurso (fs. 136 y vta.), los antecedentes del proceso y,

I.- ANTECEDENTES DEL PROCESO

Sentencia:

Que, tramitado el proceso laboral, el Juez de Trabajo y Seguridad Social de la ciudad de Cochabamba, emitió la Sentencia de 21 de enero de 2013 (fs. 93 a 96), declarando probada en parte la demanda de fs. 4 a 5, subsanada a fs. 8, sin costas, ordenando a Álvaro Marcelo Zurita Ledezma, en su calidad de propietario de la empresa “Trans Don Leo”, que cancele a favor del demandante Jhonny Chacomani Cruz, la suma de Bs.23.919,36.- (Veintitrés mil novecientos diecinueve 36/100 Bolivianos), por concepto de desahucio, aguinaldo gestión 2012 por 191 días, sueldos devengados por 1 mes y 4 días, vacación, conforme la liquidación que inserta en su texto.

Auto de Vista:

En grado de Apelación, promovido por el propietario de la empresa demandada (fs. 102 a 103 vta.), mediante Auto de Vista Nº 212/2016 de 31 de agosto de fs. 116 a 118 vta., emitido por la Sala Primera Social y Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, CONFIRMÓ la Sentencia apelada, con costas en ambas instancias.

II.- RECURSO DE CASACIÓN, RESPUESTA Y ADMISIÓN:

Contra el referido Auto de Vista, Marcelo Zurita Ledezma, en calidad de propietario de la empresa “Trans Don Leo”, interpuso recurso de casación, conforme los fundamentos del escrito de fs. 124 a 125, recurso que fue respondido por el demandante mediante memorial cursante a fs. 128 y vta., con los argumentos expuestos en el mismo, por lo que, luego de su remisión ante este Tribunal, mediante Auto Supremo Nº 109-A de 24 de marzo de 2017 (fs. 136 y vta.), se declaró admisible; por consiguiente, dicho recurso se pasa a considerar y resolver:

Argumentos del recurso de casación:

1) Denunció la violación de los arts. 16.a) y e) de la Ley General del Trabajo (LGT) y 9.a), e) y g) del Decreto Reglamentario de la Ley General del Trabajo (DR-LGT) porque el demandante causó un hecho de tránsito (choque a vehículo estacionado), donde se evidenció en el informe técnico de tránsito signado como el caso No. 004402/12 de acuerdo a lo previsto por los arts. 36, 96, 115 y 140.13) del Código Nacional de Tránsito y de su Reglamento, fue catalogado como accidente de tránsito atribuible en su contra, por lo que, con ese hecho ingresó a las causales imputables en su contra establecidos en los arts. 16.a) y e) de la LGT y 9.a), e) y g) del DR-LGT, consiguientemente no le corresponde el pago por concepto de beneficios sociales y otros conceptos reclamados, no habiendo tomado en cuenta para nada estos aspectos, más aún porque él demostró contundentemente estos hechos imputables en su contra, acompañando prueba en mérito a lo señalado por los arts. 150 y 160 del Código Procesal del Trabajo (CPT).

2) Afirma que se han violado los arts. 150, 160 y 166 del CPT porque cuando se convocó a confesión provocada al actor respecto a los hechos de tránsito y éste no compareció al emplazamiento de la confesión provocada, por lo cual, en su rebeldía se averiguó los puntos propuestos en el interrogatorio conforme el art. 166 2da parte del CPT, los cuales no fueron tomados en cuenta por los jueces de instancia, desvirtuando los fundamentos de la demanda de acuerdo a los arts. 150, 160 y 166 del CPT, por lo que no le correspondía pago alguno al actor, sin embargo, los vocales no hicieron referencia a ésta situación jurídica de la incomparecencia del demandante.

3) Finaliza señalando que, también se vulneró el art. 150 2da parte del CPT porque no demostró ni sustentó los conceptos demandados conforme a dicha disposición legal el actor, por lo que, no le corresponde pago alguno al demandante por concepto de derechos y beneficios sociales.

Petitorio:

Concluyó indicando que interpone recurso de casación de fondo contra el Auto de Vista 212/2016 de 31 de agosto, pidiendo que se le conceda el mismo y remitiendo el expediente ante este Tribunal Supremo de Justicia, para que emita Auto Supremo, casando el Auto de Vista aludido.

Contestación al recurso:

La representante legal del demandante presentó memorial de respuesta al recurso de casación interpuesto (fs. 128 y vta.), conforme los argumentos en el insertos.

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

Que, así expuestos los fundamentos del recurso de casación en el fondo de fs. 124 a 125, para su resolución corresponde realizar las siguientes consideraciones:

Doctrina aplicable al caso:

Dentro del proceso social, se ha instituido como reglas constitucionales los principios de protección de los trabajadores y la inversión de la prueba, que han sido desarrolladas, tanto en los arts. 4º del DS Nº 28699 de 1º de mayo de 2006 y 3.g) y h), 66 y 150 del CPT, estableciéndose por el primero, que el Estado tiene la obligación de proteger al trabajador asalariado, en base a las reglas “in dubio pro operario”; mientras que la segunda establece que en los procesos laborales la carga de la prueba corresponde al empleador, sin perjuicio que este pueda ofrecer las pruebas que estime conveniente, por consiguiente, queda expresamente claro que corresponde al empleador demandado, desvirtuar los fundamentos de la acción.

Por otra parte, se debe puntualizar que la legislación vigente y la jurisprudencia emitida por este Tribunal, han establecido que, en materia de valoración de la prueba, los jueces y tribunales en materia social, no se encuentran sujetos a la tarifa legal de la prueba, sino que, por el contrario, deben formar libremente su convencimiento, inspirándose en los principios científicos que informan la crítica de la prueba y atendiendo las circunstancias más relevantes del proceso, e identificando la conducta procesal observada por las partes, para evitar que éstas se sirvan del proceso para realizar un acto simulado o para perseguir un fin prohibido por la Ley (arts. 60, 158 y 200 CPT).

Fundamentos del caso concreto:

1) Previamente cabe indicar que la estructura y diseño normativo dispuesto por la Constitución Política del Estado (CPE), brinda especial y trascendental protección a las y los trabajadores, considerados como principal fuerza productiva de la sociedad; tal es así que, principios procesales inherentes al Derecho Laboral han sido elevados a rango constitucional, así el art. 48.II de la CPE, señala que: “Las normas laborales se interpretarán y aplicarán bajo los principios de protección de las trabajadoras y de los trabajadores como principal fuerza productiva de la sociedad; de primacía de la relación laboral; de continuidad y estabilidad laboral; de no discriminación y de inversión de la prueba a favor de la trabajadora y del trabajador (sic).

Uno de los pilares que componen el núcleo del Derecho Laboral sustantivo recae en el principio protector, cuyo carácter general es la aplicación de la norma y/o situación más beneficiosa al trabajador. Bajo esa premisa, la conclusión lógica señala que el principio protector inherente al Derecho sustantivo laboral, comprende de modo cierto e inevitable al Derecho adjetivo laboral; no pudiendo entenderse una práctica procesal laboral, sino, desde una perspectiva tuitiva, pues un sentido contrario diluiría no sólo los principios generales de la materia, sino, conformaría cauces contrarios a los fines que la propia Constitución señala y persigue.

La anterior aseveración se encuentra apoyada en la desigualdad originaria entre las y los trabajadores para con el empleador, basada no simplemente en una distinta condición económica o distinta condición de recursos existente entre ambos, sino en la posición y rol que los primeros ocupan dentro del trato jurídico que los enlaza, a saber, la relación de subordinación y dependencia. “La indicada desigualdad del trabajador” se corrige, por tanto, también mediante normas procesales, cuyo contenido expresa diferencias jurídicas que impiden o reducen la desigualdad material y que no pueden recibir una valoración negativa, en la medida en que la desigualdad procesal establecida aparezca razonablemente ligada a tal finalidad y sea proporcionada a la desigualdad material existente.

En tal dirección, por el principio de protección enunciado, que condensa uno de los principales postulados mismos del Derecho del Trabajo y conforme la valoración de la prueba en el caso de autos; es preciso indicar que, de acuerdo a los medios de pruebas producidas en el curso del proceso, se puede establecer que conforme señaló la Juez a quo y fue confirmado por el Tribunal de Alzada, que el actor trabajó desde el 07 de febrero de 2010 como chofer de la empresa “Trans don Leo” hasta el momento de su despido en fecha 11 de julio de 2012, sin que exista ningún elemento de prueba que demuestre que el demandante fue quien abandono su trabajo y menos aún, la existencia de algún proceso interno para establecer alguna de las causales que justifiquen su despido y si bien existió dicho accidente de tránsito cuando conducía el actor, ahora demandante en el presente proceso social; sin embargo, como bien lo determinaron los jueces de instancia, no existió un proceso ante autoridad judicial competente que determine la responsabilidad del demandante sobre el hecho de tránsito, que cuente con sentencia ejecutoriada y en los datos del proceso se evidencia que no existe tal sentencia firme que condene al actor sobre el accidente de tránsito; por consiguiente, no existe ningún elemento de prueba que demuestre que el demandante fue quien abandono su trabajo y menos aún la existencia de algún proceso interno, en el que haya podido defenderse sobre las acusaciones del accidente de tránsito, para establecer posteriormente alguna de las causales legales que hayan justificado su despido.

En ese sentido, cabe indicar que tal apreciación resulta correcta, porque en el caso, se visualiza, como ya se explicó, que la parte recurrente no ha acreditado con prueba fehaciente que el actor hubiera incurrido en alguna de las causales del art. 16 de la LGT y art. 9 del DR-LGT, sin percibir que la obligación de desvirtuar los términos de la demanda eran de su incumbencia, debiendo haber adjuntando mayores elementos de prueba que sustente su pretensión, como acertadamente determinaron los de instancia, respaldando dicho despido mediante algún memorándum expreso o Resolución fundada que devenga de un proceso administrativo interno que establezcan de manera precisa el motivo de la decisión. Elementos éstos que en el caso de examen, fueron adecuadamente valorados por los de instancia, conforme a la fundamentación contenida en sus Resoluciones cursantes en el cuaderno procesal, evidenciándose en contrario, la efectiva aplicación por los jueces de instancia, del principio de la inversión de la prueba en favor del trabajador contenidos en los arts. 3.h), 66 y 150, del adjetivo laboral, valorando los jueces de instancia adecuadamente la prueba conforme a la fundamentación señalada por el Tribunal ad quem.

Observándose en consecuencia que el recurrente no acreditó con prueba de descargo suficiente que el motivo de la desvinculación laboral se haya producido por haber incurrido en causal alguna de despido justificado, por lo que al haberse establecido la existencia de un despido intempestivo en contra del trabajador, los jueces de instancia obraron conforme a las normas que rigen la materia, en mérito a ello y ante la falta de prueba fehaciente, se evidencia que los de instancia aplicaron adecuadamente la presunción establecida en el art. 182.c) y d) del CPT que señala: “La relación de trabajo termina por despido, salvo prueba en contrario y “El despido se entiende sin causa justificada, salvo prueba en contrario, pues la presunción es un juicio lógico del juez, en virtud del cual se considera como cierto o probable un hecho, con fundamento en las máximas generales de la experiencia, que le indican cuál es el modo normal como suceden las cosas y los hechos, permitiendo una correcta valoración de las pruebas, por lo que se concluye que la empresa demandada no ha probado que el trabajador se retiró voluntariamente o que haya incurrido en una de las causales de justo despido o desvinculación laboral establecidas en los arts. 16.a) de la LGT y 9.a), e) y g) del DR-LGT, como acertadamente determinaron los jueces en primera y segunda instancia.

2) En cuanto a la violación de los arts. 150, 160 y 166 del CPT porque no valoraron la incomparecencia del actor a la confesión provocada conforme el art. 166 2da parte del Adjetivo Laboral y que no fue motivo de referencia tal situación jurídica por los Vocales; cabe señalar que, de una revisión del segundo considerando del Auto de Vista recurrido, expresamente señala que: “… 2. En cuanto a la confesión provocada del demandante si bien es cierto que por disposición del art. 167 del CPT “La confesión en materia laboral es expresa y divisible y el hecho admitido en ella no requiere de más prueba”, en cuanto a la norma citada la misma refiere al hecho de que el emplazado a confesión judicial provocada asiste en forma personal y de manera expresa admite el hecho atribuido en su contra, es decir, que necesariamente se requiere la presencia física del emplazado y que el mismo admita de manera expresa y sin lugar a dudas admita lo atribuido en su contra como responsable, inaplicable en el presente caso en el cual el trabajador ahora demandante, no se presentó a la audiencia de confesión, sin embargo dicha apreciación tiene que valorarse de acuerdo a una valoración conjunta de cada uno de los medios probatorios producidos durante el proceso por ambas partes….”, por lo que, claramente se advierte que el Tribunal ad quem otorgó una respuesta clara y oportuna al reclamo respecto a la incomparecencia del actor a la confesión provocada; por consiguiente no resulta evidente el reclamo de la empresa demandada en cuanto este agravio, y más aún, si consideramos que en materia laboral la valoración de la prueba se la realiza en conjunto de todas ellas, de las circunstancias relevantes del litigio y la conducta procesal de las partes, conforme a su sana crítica del Juzgador, por lo que, el Juez de primera instancia formó libremente su convencimiento, inspirándose en la sana crítica de la prueba, en función a las circunstancias que resaltan por su relevancia dentro del proceso, así como la conducta procesal observada por las partes, esto conforme el art. 158 del CPT, en relación con el art. 3.j del mismo cuerpo legal, como aconteció en el presente caso.

Ante ello, y revisados los antecedentes procesales, es palpable que tanto la demanda, la contestación y las pruebas ofrecidas por las partes, estructuraron una suficiente solidez indiciaria, en relación a lo dispuesto por los arts. 197 y 200 del CPT, para generar convicción en el Juez de grado y el Tribunal de Alzada para decidir en sentido de la existencia de un despido y que éste fue injustificado; además que la parte demandada no demostró -como le es impuesto por ley- una situación contraria; es decir, no aportó elemento probatorio idóneo que haga soporte a la afirmación que fue el demandante quien incurrió en causal justificada establecida por ley y atribuible a su persona para que corresponda un despido legal.

3) Respecto a la vulneración del art. 150 2da parte del CPT; cabe señalar que, este hecho fue acertadamente confirmado por el Tribunal de Alzada, al considerar que el juez de grado actuó conforme a derecho y con una correcta valoración de las pruebas, por lo que resulta errado lo afirmado por la parte hoy recurrente en cuanto a la supuesta vulneración del art. 150 2da parte del CPT, puesto que, como ya se explicó líneas arriba, en materia laboral siendo manifiesta la desigualdad existente entre el trabajador y el empleador a tiempo de tener acceso a la prueba idónea para acreditar o desvirtuar determinados asuntos laborales, el legislador con el ánimo de compensar esta situación, ha previsto que en los procesos laborales la carga de la prueba es obligatoria para la parte patronal y facultativa para el trabajador, conforme disponen los arts. 3. h), 66 y 150 del CPT; es decir, que en materia laboral rige el principio de inversión de la prueba correspondiendo al empleador desvirtuar los hechos afirmados por el trabajador, siendo simplemente una facultad del actor trabajador la de ofrecer prueba, mas no una obligación; por lo que, en el caso de Autos, de la revisión de obrados se verifica que la empresa demandada no produjo prueba documental y testifical suficiente para desvirtuar los extremos de la demanda, empero interpretando erróneamente el principio de inversión de la prueba, pretende atribuirle la carga de la prueba al trabajador, en claro desconocimiento que el referido principio es en favor del trabajador; por consiguiente, no resulta evidente este reclamo realizado por la empresa demandada.

En el marco legal descrito, se establece que el Tribunal de alzada no incurrió en las infracciones alegadas en el recurso de casación en el fondo objeto de análisis, correspondiendo en consecuencia, aplicar el art. 220-II del Código Procesal Civil, con la facultad remisiva del art. 252 del CPT.

POR TANTO: La Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución contenida en los arts. 184.1 de la CPE y 42.I.1 de la LOJ, declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo de fs. 124 a 125 de obrados, interpuesto por Marcelo Zurita Ledezma como propietario de la empresa “Tras Don Leo”, contra el Auto de Vista Nº 212/2016 de 31 de agosto de fs. 116 a 118 vta., emitido por la Sala Primera Social y Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba. Con costas.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.