TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA

Auto Supremo Nº 252

Sucre, 12 de junio de 2018


Expediente                        : 123/2017-S

Demandante                : Mercedes Julia Merlo Villarroel

Demandada        : Hospital San Gabriel

Materia                        : Beneficios Sociales

Distrito                        : La Paz

Magistrado Relator        : Dr. Esteban Miranda Terán.

VISTOS: Los recursos de casación de fs. 136 a 137 y 139 a 142 vta., interpuestos por Lieselotte Barragan Bauer, en representación de la Fundación San Gabriel y por Mercedes Julia Merlo Villarroel; respectivamente, contra el Auto de Vista Nº 193/2016-SSA-I (fs. 133 a 134), pronunciado por la Sala Social y Administrativa Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso social seguido por Mercedes Julia Merlo Villarroel contra el Hospital San Gabriel; las respuestas a los mismos de fs. 144 y vta., y fs. 147 a 148 vta.; el Auto Nº 123-A de 3 de abril de 2017 de fs. 157, por el que se admitió el recurso (fs. 157 y vta.), los antecedentes del proceso y,

CONSIDERANDO I:

I.1. Antecedentes del proceso

I.1.1. Sentencia

Que, tramitado el proceso laboral, la Juez Primero de Trabajo y Seguridad Social de La Paz, emitió la Sentencia Nº 94/2014 de 24 de abril (fs. 71 a 75 vta.), declarando probada en parte la demanda de fs. 5 a 7, subsanada a fs. 10 y vta., ordenando al Hospital San Gabriel a través de su representante legal Lieselotte Barragan Bauer cancele a favor de Mercedes Julia Merlo Villarroel la suma de Bs.98.248,86.- (noventa y ocho mil doscientos cuarenta y ocho 86/100 Bolivianos) por concepto de indemnización, aguinaldo gestión 2013, diferencia de recargo nocturno (febrero de 2009 a abril de 2013), multa del 30% establecida por Decreto Supremo (DS) Nº 28699 y la actualización correspondiente a calcularse en ejecución de fallos de conformidad al citado DS.

Auto de Vista:

En grado de apelación, promovido por la representante legal de la Fundación San Gabriel y por Mercedes Merlo Villarroel (fs. 77 a 79 y fs. 82 y vta., respectivamente), mediante Auto de Vista Nº 193/2016-SSA-I de 25 octubre de fs. 133 a 134, emitido por la Sala Social y Administrativa Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, REVOCÓ EN PARTE la Sentencia Nº 94/2014 de 24 de abril, debiendo considerarse el monto a cancelar en la suma de Bs.72.169,42.- (setenta y dos mil ciento sesenta y nueve 42/100 Bolivianos), monto que será actualizado en ejecución de fallos conforme al DS Nº 28699.

II.- RECURSOS DE CASACIÓN, RESPUESTAS Y ADMISIÓN:

Contra el referido Auto de Vista, Lieselotte Barragan Bauer, en representación legal de Fundación San Gabriel y Mercedes Julia Merlo Villarroel, interpusieron recurso de casación, conforme los fundamentos de los escritos de fs. 136 a 137 y fs. 139 a 142 vta., respectivamente, los cuales ameritaron las respuestas respectivas de fs. 144 y vta., y 147 a 148 vta., por lo que, luego de su remisión ante este Tribunal, mediante Auto Supremo Nº 123-A de 3 de abril de 2017 (fs. 157 y vta.), se declararon admisibles; por consiguiente, dichos recursos se pasan a considerar y resolver:

II.1. Recurso de casación de fs. 136 a 137 interpuesto por Lieselotte Barragan Bauer en representación de Fundación San Gabriel, señala:

La pretensión de los sueldos devengados ha sido debidamente valorada por la Sentencia Nº 94/2014 ya que estableció que la parte actora tuvo los mecanismos legales para formar convicción en el juzgador conforme los arts. 66, 150 y 151 del Código Procesal del Trabajo (CPT) y al no hacerlo, pues solo presentó una preliquidación, papel que no tiene mayor relevancia, no creó convicción en el juzgador y fue debidamente rechazada en la Sentencia; sin embargo, el Auto de Vista recurrido le dio un valor sobredimensionado a este papel, como si se tratase de un documento que hace plena prueba y dispone que se otorgue esta pretensión.

Continúa señalando que, respecto a la falta de descargos sobre la pretensión de sueldos devengados, indica que a efectos de demostrar lo señalado, se difirió a confesión provocada a Mercedes Merlo, a cuya audiencia no compareció, conforme acta de audiencia de confesión provocada de fs. 67, aspecto que no fue considerado por el Auto de Vista recurrido ya que debió dar por averiguados los puntos propuestos en el interrogatorio que cursa en obrados y declarar confesa a Mercedes Merlo, sancionando al demandado por una actitud negligente y maliciosa de parte de la demandante al no presentarse a la audiencia de confesión provocada, como también la inasistencia de los testigos de cargo a la audiencia testifical conforme acta de fs. 66, por lo que, en los momentos procesales oportunos que Mercedes Merlo estaba obligada a presentar pruebas de cargo que puedan formar convicción al juzgador respecto a los sueldos devengados para demostrar y aclarar lo que supuestamente se le debía, no lo hizo.

Finaliza señalando que, el Auto de Vista Nº 193/2016 no hizo una debida apreciación o valoración de las pruebas de descargo y de los argumentos expuestos en el transcurso del proceso por el demandado, incurriendo en error de derecho y error de hecho conforme los documentos de descargo.

II.1.1. Petitorio

Concluyó solicitando que, el Tribunal Supremo de Justicia, case el Auto de Vista Nº 193/2016 de fs. 133 a 134 de obrados, y deliberando en el fondo de la causa declare improbada la demanda, con constas.

II.2. Recurso de casación en el fondo de fs. 139 a 142 vta., interpuesto por Mercedes Julia Merlo Villarroel

Acusa que el Tribunal de Alzada al revocar en parte la Sentencia Nº 94/2014, afectó ilegalmente el pago de los conceptos de indemnización y recargo nocturno, alegando:

En cuanto a la indemnización, dispuso el pago de quinquenios consolidados  invocando lo previsto en los arts. 16.d), e), f) de la Ley General del Trabajo (LGT) y 9 del Decreto Reglamentario de la Ley General del Trabajo (DR-LGT), así como lo dispuesto en el art. 7 del DS Nº 1592, como si la causal de ruptura de la relación laboral fue por mero abandono injustificado de labores, cuando fueron los personeros del Hospital San Gabriel los que ejercieron en su contra un sistemático acoso laboral a través de memorándums, disponiendo su cambio de turno de noche al turno mañana con la manifiesta intención de afectar su salario respecto a los derechos colaterales, por lo que, la ruptura de la relación laboral estuvo precedida de un cambio arbitrario de horario, situación laboral que le obligó alejarse del Hospital San Gabriel.

Asimismo, indica que tal acoso fue denunciado ante el Ministerio de Trabajo conforme consta a fs. 1 de obrados, y ante la negación del cambio de horarios y turnos por la parte empleadora, en audiencia y en presencia del inspector del trabajo, optó por su retiro, señalado en la literal a fs. 52 de obrados, evidenciándose que jamás existió un abandono injustificado de trabajo, como hizo ver el Tribunal de Alzada y consta también el formulario de baja de la CNS a fs. 25, firmada por la propia demandada Lieselotte Barragan, que inequívocamente señala como “motivo de baja” “renuncia”, por lo que dicha decisión fue injusta e ilegal porque debió considerar la Resolución Ministerial Nº 107/10 emitida por el Ministerio de Trabajo como reglamentación al DS Nº 110 de 1 de mayo de 2009, que en el art. 2.III, por lo que, el Tribunal de Alzada no realizó una correcta valoración de antecedentes documentales acumulados en obrados.

Continúa manifestando que, los incisos d) y f) del art. 16 de la LGT han sido derogados, por ende, no podían ser invocados para justificar la modificación de la indemnización dispuesta, siendo ilegal la misma, es más resulta inadmisible que en grado de apelación, se emitan fallos invocando disposiciones legales derogadas; y en cuanto al inciso e), señala que nunca existió incumplimiento alguno de su parte, al contrario, fue víctima de hostigamiento y acoso laboral en la pretérita intención de buscar su alejamiento de su fuente laboral, después de más de 27 años de servicios ininterrumpidos, tiempo que fue reconocido por el propio empleador conforme certificados de trabajo de fs. 56 de obrados, por lo que corresponde el pago de una indemnización por el total de años de servicios, e incluso el pago de desahucio.

Previa transcripción del Auto de Vista respecto al recargo nocturno, señala también que, en su demanda no reclama pago de horas extras, sino demandó el pago correcto de recargo nocturno, toda vez que la parte empleadora, si bien reconoce el pago de este derecho colateral componente de su salario, como se acredita de sus boletas de pago de salario de fs. 2, 3, y 4 de obrados, en las que se advierte que como recargo nocturno se le cancelaba únicamente Bs.68,20.-, en total contraposición a lo previsto a la segunda parte del art. 55 de la LGT, por lo que, el Auto de Vista incurre en omisión inadmisible sobre el elemento fáctico que respalda su pago por recargo nocturno, desconociendo de ese modo el principio de irrenunciabilidad previsto en el art. 4 de la LGT y cita como jurisprudencia el Auto Supremo Nº 240/2014 de 24 de noviembre, que establece el pago nocturno en favor de enfermeras auxiliares y enfermeras profesionales de la CNS y no debe perderse de vista el imperativo constitucional del art. 48.III de la Constitución Política del Estado (CPE).

Afirma que, habiendo justificado un supuesto abandono de trabajo, omitiendo la prueba que establece la existencia de acoso y hostigamiento laboral en base a una incompleta revisión de los documentos probatorios cursantes en obrados, se incurrió en el art. 213.II.3) del Código Procesal Civil (CPC-2013), aplicable al tenor del art. 252 del CPT.

Finaliza expresando que, el Tribunal de Alzada al validar los argumentos de la empleadora, incurrió en total desconocimiento de los principios contenidos en los arts. 3.f) y g) del CPT, 4.) del DS Nº 28699 y la inobservancia de los arts. 4 de la LGT DS Nº 110 de 1 de mayo de 2009, Resolución Ministerial Nº 107/2010 de 23 de febrero de 2010 emitida por el Ministerio de Trabajo al disponer el incorrecto pago de indemnización y el desconocimiento del desahucio; y al disponer el pago mermado de sus derechos laborales, incurrió en desconocimiento del art. 48.I, II y III de la CPE.

II.2.1. Petitorio

Concluye solicitando que, el Tribunal Supremo de Justicia, case el Auto de Vista y deliberando en el fondo, disponga el pago correcto de sus derechos laborales según detalle establecido en su demanda, sea con las formalidades de ley.

II.3. Respuestas a los recursos de casación

Mediante memoriales cursantes de fs. 144 y vta., y de fs. 147 a 148 vta., interpuestos por Mercedes Julia Merlo Villarroel y Lieselotte Barragan Bauer en representación de la Fundación San Gabriel; respectivamente, respondieron a los recursos de casación planteados en su contra, con los argumentos expuestos en los mismos.

II.4. Admisión

Mediante Auto Supremo Nº 123-A de 3 de abril de 2017 de fs. 157 y vta., la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia resolvió admitir los recursos de casación de fs. 136 a 137 y fs. 139 a 142 vta., interpuestos por Lieselotte Barragan Bauer en representación de Fundación San Gabriel y por Mercedes Julia Merlo Villarroel; respectivamente.

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

Que, así expuestos los fundamentos de los recursos de casación de fs. 136 a 137 y 139 a 142 vta., interpuestos por Lieselotte Barragan Bauer, en representación de la Fundación San Gabriel y por Mercedes Julia Merlo Villarroel; respectivamente, para su resolución corresponde realizar las siguientes consideraciones:

Doctrina aplicable al caso:

Dentro del proceso social, se ha instituido como reglas constitucionales los principios de protección de los trabajadores y la inversión de la prueba, que han sido desarrolladas, tanto en los arts. 4º del DS Nº 29699 de 1º de mayo de 2006 y 3.g) y h), 66 y 150 del CPT, estableciéndose por el primero, que el Estado tiene la obligación de proteger al trabajador asalariado, en base a las reglas “in dubio pro operario”; mientras que la segunda establece que en los procesos laborales la carga de la prueba corresponde al empleador, sin perjuicio que este pueda ofrecer las pruebas que estime conveniente, por consiguiente, queda expresamente claro que corresponde al empleador demandado, desvirtuar los fundamentos de la acción.

Por otra parte, se debe puntualizar que la legislación vigente y la jurisprudencia emitida por este Tribunal, han establecido que, en materia de valoración de la prueba, los jueces y tribunales en materia social, no se encuentran sujetos a la tarifa legal de la prueba, sino que, por el contrario, deben formar libremente su convencimiento, inspirándose en los principios científicos que informan la crítica de la prueba y atendiendo las circunstancias más relevantes del proceso, e identificando la conducta procesal observada por las partes, para evitar que éstas se sirvan del proceso para realizar un acto simulado o para perseguir un fin prohibido por la Ley (arts. 60, 3.j), 158 y 200 CPT).

Fundamentos del caso concreto:

III.1. Recurso de casación de fs. 136 a 137 interpuesto por Lieselotte Barragan Bauer en representación de Fundación San Gabriel

Respecto al único y reiterativo reclamo de su recurso interpuesto por la parte demandada referido a los sueldos devengados otorgados en el Auto de Vista recurrido y que no corresponderían porque no dio convicción al juzgador respecto a este punto; cabe señalar que, en materia laboral siendo manifiesta la desigualdad existente entre el trabajador y el empleador a tiempo de tener acceso a la prueba idónea para acreditar o desvirtuar determinados asuntos laborales, el legislador con el ánimo de compensar esta situación, ha previsto que en los procesos laborales la carga de la prueba es obligatoria para la parte patronal y facultativa para el trabajador, conforme disponen los arts. 3. h), 66 y 150 del CPT; es decir, que en materia laboral rige el principio de inversión de la prueba correspondiendo al empleador desvirtuar los hechos afirmados por el trabajador, siendo simplemente una facultad del actor trabajador la de ofrecer prueba, mas no una obligación.

En ese sentido, en el caso de autos, de la revisión de obrados se verifica que la empresa demandada no produjo prueba documental respecto a los sueldos devengados; más aún cuando era un punto de hecho a probar conforme el Auto de relación procesal de fs. 41 de obrados, y si bien no estaba de acuerdo con la preliquidación como ahora lo manifiesta en su recurso, debió observarla oportunamente puesto que no manifestó nada respecto a tal prueba de cargo y menos aún presentó documentación de descargo que desvirtúe tal aspecto, como ser las respectivas papeletas de pago, planillas de haberes o los recibos de pago de sueldos correspondientes a la conciliación de cuentas de fecha 31-11-2011 por la suma de Bs.9.959,50 cursante a fs. 87 de obrados y oportunamente reclamados en la demanda por la trabajadora y de esa manera, demostrar fehacientemente el cumplimiento en el pago respectivo de sueldos devengados que reclama la actora; sin embargo, tal aspecto no aconteció en el presente caso, por lo que, al advertir dicha situación el Tribunal ad quem, enmendó tal aspecto y si bien no se apersonó a la confesión provocada la actora o tampoco se presentaron sus testigos de cargo conforme el acta de audiencia testifical señalada para tal efecto; sin embargo, como ya se explicó, el principio de inversión de la prueba era de incumbencia de la parte empleadora desvirtuar el agravio de sueldos devengados afirmados por la trabajadora, conforme los arts. 3.h), 66 y 150 del CPT, siendo simplemente una facultad de Mercedes Julia Merlo Villarroel ofrecer prueba, más no una obligación como equívocamente pretende interpretar la parte demandada en beneficio suyo, desconociendo por completo el significado y finalidad del principio de inversión de la prueba en procesos sociales.

Por todo lo expuesto, no resulta evidente este reclamo realizado por la parte demandada y más aún, si consideramos que en materia laboral la valoración de la prueba se la realiza en conjunto de todas ellas, de las circunstancias relevantes del litigio y la conducta procesal de las partes, conforme a su sana crítica del Juzgador, por lo que, el Tribunal ad quem formó libremente su convencimiento, inspirándose en la sana crítica de la prueba, en función a las circunstancias que resaltan por su relevancia dentro del proceso, así como la conducta procesal observada por las partes, en estricto cumplimiento a lo establecido en los arts. 3.j), 158 y 200 CPT, no existiendo una errónea valoración de la prueba de descargo, pues como se señaló, la parte demandada no presentó documentación de descargo fehaciente que haya desvirtuado el efectivo cumplimiento de los sueldos devengados, como tampoco existió un error en la valoración de las pruebas, por el que se hubiere cometido error de derecho o de hecho, aclarando que este último debe ser evidenciado por otros documentos o actos auténticos que demostraren la equivocación manifiesta del juzgador, lo cual no cumplió la parte demandada.

Bajo estos parámetros se concluye que al no ser evidentes las infracciones denunciadas en el recurso de casación de fs. 136 a 137, al carecer de sustento legal; ajustándose el Auto de Vista recurrido a las leyes en vigencia, no observándose violación de norma legal alguna, por lo que corresponde resolverlo en el marco de la disposición legal contenida en el art. 220.II del CPC-2013, aplicable por la norma remisiva contenida en el art. 252 del CPT.

III.2. Recurso de casación de fs. 139 a 142 vta., interpuesto por Mercedes Julia Merlo Villarroel

Respecto al pago a la indemnización reclamado por la actora; cabe señalar que, de una lectura de su propio recurso, se advierte que la demandante se contradice en este agravio al señalar que no fue por abandono injustificado de labores la supuesta causal de ruptura de la relación laboral, sino por un sistemático acoso laboral a través de memorándums realizados por el Hospital San Gabriel, y posteriormente en el siguiente párrafo de su recurso (ver fs. 140 de obrados), textualmente expresa: “… y en vista de que mi empleadora se negó a cambiar el memorándum de cambio de horario y turno, en audiencia y en presencia del sr. Inspector del trabajo opte por mi retiro, tal cual se tiene señalado también por la literal que cursa a fs. 52 de obrados” (las negrillas y subrayado son añadidos); por consiguiente, resulta evidente que la parte demandante se desmiente en cuanto a la causal de desvinculación laboral; asimismo, resulta pertinente indicar que, si bien existe un memorándum de cambio de turnos dispuesto para la demandante, de ninguna manera puede considerarse como una afectación a su salario, puesto que este recargo era un aporte sujeto a la condición del tipo de turno que tenía como enfermera y sujeto al rol de turnos del Hospital San Gabriel.

Asimismo, debemos considerar que la propia demandante tenía conocimiento de ese rol de turnos, puesto que de acuerdo a la prueba de fs. 19 de obrados, esta situación de cambio de turnos le fue informada oportunamente a la demandante, específicamente en fecha 04 de mayo de 2012, como también los motivos por los que acontecía tal hecho; es decir, era una orden institucional dirigida en favor del plan de re-estructuración del plantel de enfermería, e incluso se le informó que sería a partir del 07 de mayo del citado año; sin embargo, la actora mediante nota de 10 de mayo de 2012 solicitó postergación de cambio de turno por motivos de salud de su madre, aspecto que ameritó el memorándum de  22 de mayo de 2012 de fs. 21 y la correspondencia interna FSG/DE/002/11 de fs. 22 de obrados, en el que se le concedió tal solicitud, comunicándole que la misma fue aceptada solo hasta el 31 de diciembre de 2012, y a partir del 01/01/2013 se comenzaría con lo ya dispuesto respecto a su cambio de turnos conforme al plan de reestructuración del plantel de enfermería; por consiguiente, resulta totalmente evidente que la parte demandante tenía conocimiento pleno del rol de turnos que realizaba el Hospital San Gabriel en cuanto a las funcionarias en calidad de enfermeras, siendo una actividad interna que se desarrolla en todos los nosocomios; por lo que, no resulta evidente que haya existido un despido indirecto por un acoso laboral en contra de la actora y tampoco la vulneración al art. 213.II.3) del CPC-2013 ya que se demostró la inexistencia de tal acoso laboral, además que de la lectura de la demanda se verifica que la actora reconoció su retiro voluntario del hospital y como ya se describió ut supra, por lo que no existió una incorrecta valoración de antecedentes documentales como alega la parte demandante, resultando correcto el cálculo de indemnización establecido respecto a este punto y como también la improcedencia al pago de desahucio por el reconocimiento expreso de su renuncia de la actora.

En cuanto al pago por recargo nocturno otorgado revocado por el Tribunal ad quem; cabe señalar previamente que, el Decreto Supremo de 30 de agosto de 1927 aplicado por los Jueces de segunda instancia, fue creado con la finalidad de reglamentar la Ley del descaso dominical, promulgada en 23 de noviembre de 1915 en sus 14 artículos, los cuales están netamente destinados al régimen del descanso para los días domingos, y como señala la actora en su recurso, el reclamo demandado y que era como punto de hecho a probar en el Auto de relación laboral es la “diferencia del recargo nocturno” (ver inciso i) de fs. 41 de obrados), y no así horas extras como erradamente se interpretó en el Auto de Vista ahora recurrido.

En ese sentido, y entrando a resolver el punto sobre la diferencia del recargo nocturno; cabe señalar que, se debe tener presente que respecto del trabajo en horario nocturno se advierte que las normas internacionales sancionadas por la Organización Internacional del Trabajo, establecen que el término "noche" se aplica a un período no menor a once horas consecutivas, con horarios de inicio y finalización variable según las leyes de cada país. Este período nocturno establece el lapso mínimo que debe existir entre el fin de una jornada de trabajo y el comienzo de la siguiente. Dentro de la noche, a su vez, las normas internacionales establecen que cada país debe fijar un intervalo no menor a siete horas consecutivas, evidenciándose que en Bolivia la jornada de trabajo nocturno es aquel que se practica entre horas veinte y seis de la mañana, conforme establece el art. 46 de la LGT; bajo ese razonamiento, de acuerdo a las papeletas de pago emitidas por el Hospital San Gabriel correspondiente a los meses de enero a marzo de 2013 (fs. 2 a 4 ), se advierte claramente que la remuneración por los servicios prestados por parte de la actora como auxiliar de enfermería, textualmente indica: “Haberes mes: 1.372,14, turno fijo: 68,20…” (sic); por consiguiente, se evidencia que la parte demandada reconocía tal derecho laboral a favor de la trabajadora conforme a las leyes sociales; sin embargo, con criterios equívocos, el Tribunal ad quem revocó tal derecho consolidado a favor de la actora, por lo que, en la remuneración o haberes pactados se encuentra el recargo de ley por jornada y habiéndose establecido en la relación laboral que, dentro de la remuneración percibida de los Bs.1.372,14.- y adicionalmente se encuentra el recargo nocturno de Bs.68,20.-; es decir, de manera separada y detallada conforme las citadas papeletas de pago cursantes de fs. 2 a 4 de obrados, por lo que se debe enmendar este aspecto en la presente Resolución, más aún porque la parte demandante advertida de ese error, recurrió el error en el cálculo del recargo nocturno, por lo que se pasa a desarrollar la normativa legal aplicable al caso de autos.

El art. 55 de la LGT, establece: “Las horas extraordinarias y los días feriados se pagarán con el 100% de recargo; y el trabajo nocturno realizado en las mismas condiciones que el diurno con el 25 al 50%, según los casos. El trabajo efectuado en domingos se paga triple.”; concordante con el art. 1 del DS N° 90 de 24 de abril de 1944, que señala: “Todo trabajo nocturno que se realice en establecimientos comerciales, oficinas y en general en todas aquellas faenas que por su naturaleza sean discontinuas o no demanden sino la sola presencia del trabajador como las labores de vigilancia, se remunerará con un recargo del 25 por ciento(sic).

En ese sentido, y de acuerdo a la normativa descrita precedentemente, es preciso señalar que, el salario promedio indemnizable conforme las papeletas de pago de enero, febrero y marzo de 2013, es de Bs.2.242,27.-, y de acuerdo a las papeletas de sueldo de fs. 2 a 4 de obrados, el pago por el turno fijo o recargo nocturno, ya cancelado por la parte empleadora era de Bs.68,20; sin embargo, conforme la normativa descrita ut supra y el recalculo realizado, puesto que la actora desempeñaba el trabajo nocturno de horas 20:00 a 8:00 de lunes a domingo internoche de acuerdo a la nota de 06 de marzo de 1999 de fs. 44 de obrados emitida por Lieselotte Barragan, Gerente de Servicios del Hospital San Gabriel y el Jefe de servicio de medicina del citado Hospital, menos el monto que cancelado haciendo un total de Bs.492.20.,-(cuatrocientos noventa y dos 20/100 Bolivianos) y dicho monto le correspondería cobrar mensualmente desde el mes de febrero de 2009 a abril de 2013 (51 meses), cálculo total que se establecerá en la parte resolutiva del presente fallo.

Por último, en cuanto al reclamo de desconocimiento de los principios laborales por parte del Tribunal ad quem, el art. 4 de la LGT y normativa reglamentaria porque dispuso el incorrecto pago de indemnización y el desconocimiento del desahucio; cabe señalar que, debe dejarse establecido que si bien toda la normativa laboral, desde la Constitución Política del Estado y las demás normas laborales, tienden a proteger los derechos laborales y los beneficios sociales de los trabajadores, es importante que a objeto de su reconocimiento en la instancia jurisdiccional, y en la medida en que la parte empleadora como demandada aporte elementos de prueba que busquen desvirtuar los derechos y beneficios alegados, la parte actora refute con respaldo probatorio los elementos aportados por la parte empleadora, bajo el riesgo que en caso de omisión o descuido, se proceda a la denegatoria de los derechos y/o beneficios reclamados, conforme ha ocurrido en el caso de autos, en cuanto a la indemnización y desahucio, puesto que, como ya se explicó en el primer punto de agravio del recurso de la demandante, no acreditó la existencia de un real y efectivo acoso laboral, es más, reconoció voluntaria y expresamente que optó por retirarse de su fuente laboral; es decir, aceptó que renunció a su trabajo, por lo que no resulta evidente la vulneración de la normativa laboral reclamada por la actora en este punto.

Por todo lo analizado en función de las violaciones y acusaciones que contiene el recurso de casación en el fondo, se evidencia que el Tribunal ad quem, en el Auto de Vista impugnado, ha incurrido en la causal de casación prevista en el art. 271.1 del CPC-2013, corresponde resolver en el marco de la disposición legal contenida en el art. 220.IV del CPC-2013, aplicable por la norma remisiva contenida en el art. 252 del CPT.

De lo esgrimido, este Tribunal determina que el cálculo de beneficios que le corresponden a la trabajadora Mercedes Julia Merlo Villarroel es como sigue:

       CONCEPTO

MONTOS A CANCELAR

  • Salario Promedio indemnizable:        


Bs. 2.242,27,00


  • Indemnización (20 años)                




Bs.44.845,40

  • Aguinaldo (gestión 2013)        


Bs.710.04

  • Sueldos devengados

(conforme preliquidación de fs. 57)



Bs.9.959,50

  • Diferencia de recargo nocturno


Bs.25.102,20

Sub Total


Bs. 80.617,14

Multa del 30 % - DS N° 28699


Bs. 24.185.142

Total por reintegrar


Bs. 104.802,30

Son: Ciento cuatro mil ochocientos dos 30/100 Bolivianos, monto que deberá ser actualizado en ejecución de fallos de conformidad al DS Nº 28699 de 1 de mayo de 2006.

POR TANTO: La Sala Contenciosa, Contencioso Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida en los arts. 184.1 de la CPE y 42.I.1 de la LOJ, declara INFUNDADO el recurso de casación de fs. 136 a 137, interpuesto por Lieselotte Barragan Bauer, en representación de Hospital San Gabriel y en cuanto al recurso de casación de fs. 139 a 142 vta., interpuesto por Mercedes Julia Merlo Villarroel, CASA PARCIALMENTE el Auto de Vista N°193/2013-SSA-I de 25 de octubre, debiendo cancelar el Hospital San Gabriel la suma de Bs.104.802,30.- (Ciento cuatro mil ochocientos dos 30/100 Bolivianos) en favor de la demandante

Mercedes Julia Merlo Villarroel, monto que deberá ser actualizado en ejecución de fallos de conformidad al DS Nº 28699 de 1 de mayo de 2006.

Sin costas por el doble recurso.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.