TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA

Auto Supremo Nº 249

Sucre, 12 de junio de 2018


Expediente                          : 133/2017

Demandante                  : Norma Soto Jaldin 

Demandado          : Caja Petrolera de Salud

Materia          : Beneficios Sociales

Distrito                          : Santa Cruz

Magistrada Relatora      : María Cristina Díaz Sosa


VISTOS: El recurso de casación de fs. 181 a 183 vta., interpuesto por José Fernando Antelo Hurtado, Administrador Departamental de la Caja Petrolera de Salud, contra del Auto de Vista Nº 192 de 29 de noviembre de 2016, pronunciado por la Sala Social Contencioso Tributario y Contencioso Administrativo Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso laboral seguido por Norma Soto Jaldin contra la institución recurrente, el Auto Nº 58/17 de 22 de marzo de fs. 191, que concedió el recurso, el Auto Supremo Nº 133/2017-S de 14 de abril de fs. 197, por el que se admite el recurso, los antecedentes del proceso y;

I. ANTECEDENTES PROCESALES.

Sentencia.-

Que tramitado el proceso laboral por reincorporación y pago de sueldos devengados, el Juez 2º de Partido del Trabajo y Seguridad Social de la ciudad de Santa Cruz, emitió la Sentencia Nº 22 de 24 de agosto de 2016 cursante  de fs. 102 a 108, declarando:

Probada sin costas la demanda de reincorporación, más el pago de sus salarios devengados y demás derechos como incrementos salariales, aguinaldos, bonos reconocidos en la Caja Petrolera de Salud, con los descuentos respectivos al Sistema Integral de Pensiones y RC IVA si correspondiese, desde el despido de 07 de febrero de 2004, hasta fecha de reincorporación, con la salvedad que no tiene derecho a cobrar salarios en el tiempo que ha ejercido actividades laborales debidamente retribuidas con salarios demostrados documentalmente y bajo juramento de no haber percibido salarios.

Auto de Vista.-

Interpuesto el recurso de apelación cursante de fs. 116 a 117 vta., la Sala Social Contencioso Tributario y Contencioso Administrativo Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante Auto de Vista Nº 192 de 29 de noviembre de 2016, confirmó la referida sentencia.

II. ARGUMENTOS DEL RECURSO DE CASACIÓN.

Contra el auto de vista, José Fernando Antelo Hurtado en su condición de Administrador Departamental de la Caja Petrolera de Salud, formuló recurso de casación en el fondo, señalando:

1.- Si bien es cierto, el juez debe interpretar y aplicar la norma más favorable a los trabajadores eso no impide que los jueces no apliquen los principios que rigen su accionar y la interpretación en función al principio estipulado en la Ley 025 en su art. 3, sobre la otorgación de la Seguridad Jurídica, art. 30 num.8 sobre la eficacia, art. 11 sobre la verdad material y 12 debido proceso. A su vez conforme al art. 13 de la CPE los derechos reconocidos por la Constitución son inviolables.

2.- Se refiere a la Seguridad Jurídica, como la aplicación objetiva de la ley, de modo tal que las personas conozcan sus derechos, garantías, obligaciones y tengan certidumbre y previsibilidad de todos los actos de la administración de justicia. En materia justiciable la CPE, se aplicará con preferencia a cualquier otra disposición legal o reglamentaria, La Ley especial será aplicada con preferencia a la ley general, principios que los jueces al interpretar la norma no han tomado en cuenta.

3.- Existiría una actitud sesgada, libertina, memoriona al aplicar la ley y parcialización por parte de la Juez y Vocales, al  no haber considerado en absoluto el contrato eventual a plazo determinado, situación que ha sido demostrado plenamente en el documento (memorándum), con fecha de inicio y conclusión, al señalar que trabajará hasta el retorno del titular del Item, como se evidencia entonces es una comisión de forma temporal.

4.- La juez habría señalado, que no se presentó el contrato formal, sin darse cuenta el contenido del memorándum, que es contrato temporal, que específica claramente la transitoriedad, temporalidad, y sobre todo el reconocimiento tácito de parte de la ahora demandante, quien de mala fe engaña al pretender apoderarse de un Ítem que no le corresponde. El ítem que gozo temporalmente corresponde a otra persona, por ende mal puede entregarse éste a quién hizo la comisión, para dejar en la calle a su titular.

5.- Refiere que la Caja Petrolera de Salud, es una entidad de servicio público, encargada de garantizar la seguridad social a corto plazo y cumplir las normas jurídicas laborales y de seguridad social, así como las normas internas de Administración Pública, goza de un carácter y ley especial, regida por la ley laboral y por la Ley 1178, en cumplimiento de un Plan Operativo y Presupuestario, sobre la base legal de la Constitución Política del Estado, Ley 856 de 28 de noviembre de 2016, Ley de Presupuesto General Estado- gestión 2017 y otras instancias de la Contraloría General de la República.

6.- Que, la autoridad jurisdiccional, en función al Principio de Eficacia y Verdad Material tendría que ordenar no sólo la reincorporación, sino de forma equitativa y objetiva señalar el Ítem que se le debería otorgar, haciendo mención a la asignación presupuestaria y su asignación en la planilla referencial. La Caja Petrolera de Salud, no es una empresa privada.

7.- Manifiesta que, la autoridad debe conocer que la asignación presupuestaria a un pago que no corresponde constituye delito y mal la autoridad puede obligar a que la Caja realice u acto reñido por ley. El ítem no está libre, tiene un titular y no existe en la planilla referencial otro que se le pueda asignar.

8.- Por último, existiría falsedad en la demanda al manifestar que fue despedida intempestivamente y de forma injustificada, cuando existe una tácita aceptación del contrato, realizando la comisión. 

Finalmente pide que este alto Tribunal en uso de sus atribuciones case o anule el Auto de Vista recurrido al haberse omitido la apreciación de las pruebas presentadas y sustentadas por la Caja Petrolera de Salud.

III. FUNDAMENTO JURÍDICO LEGAL Y SU APLICACIÓN EN EL CASO CONCRETO.

En consideración de los argumentos expuestos por el recurrente, se realiza una interpretación desde y conforme la Constitución Política del Estado, el bloque de constitucionalidad y las normas ordinarias aplicables al caso concreto; en ese marco caben las siguientes consideraciones de orden legal:

Con relación a los argumentos del recurrente, se infiere que el mismo centralmente acusa que los tribunales de instancia reconocieron la existencia de relación laboral, emergente de una contratación eventual a plazo determinado, constituyéndose en los hechos una comisión de forma temporal, que no generó ningún tipo de derecho, por cuanto el ítem que gozó temporalmente corresponde a otra persona y no se pude disponer de ese Ítem, además que las autoridades que dispusieron la reincorporación debieron hacer mención del Ítem que se le debía otorgar, con la asignación presupuestaría y asignación en la planilla referencial, por lo que no se puede obligar a que la Caja Petrolera de Salud realice un acto reñido por ley.

El art. 48 en su parág. VI, relacionado a la protección que tiene toda persona que desempeña una actividad laboral, señala que, las mujeres no podrán ser discriminadas o despedidas por su estado civil, situación de embarazo, edad, rasgos físicos o número de hijas o hijos, se garantiza la inamovilidad laboral de las mujeres en estado de embarazo y de los progenitores, hasta que la hija o el hijo cumpla un año de edad.

El DS 23570 de 26 de julio de 1993, referido a las características laborales señala, a) La relación de dependencia y subordinación del trabajador respecto del empleador; b) Prestación del trabajo por cuenta ajena; y c) Percepción de remuneración o salario en cualquiera de sus formas de manifestación; que en el caso de autos, la demandante trabajo desde el 7 de abril de 2013 hasta 7 de febrero de 2014, primero reemplazando al Sr. Edgar Roy Reyes Angulo, quien se encontraba declarado en comisión al ser dirigente sindical y luego con vacaciones desde el 7 de abril al 1º de septiembre de 2013; a partir del 2 de septiembre de 2013 por el Memorando que sale a fs. 18, continúa en funciones con un Ítem en Comisión debido a que el funcionario Luis Valdez Carrion, se encontraba cumpliendo otras funciones; posteriormente continúa trabajando en atención a la Nota Interna de fs. 17 de 11 de diciembre de 2013, por la que pasa de Almacén a la Unidad de Adquisiciones; prosigue en funciones en base a la solicitud de la Encargada de Adquisiciones de fecha 30 de diciembre de 2013 cursante a fs. 16, hasta el Memorando de fs. 60 de finalización de Ítem en Comisión que sale a fs. 60.

De esta relación de trabajos prestados dentro de la Institución recurrente, se denota que si bien inició su relación como reemplazo de un funcionario de almacenes (Edgar Roy Reyes Angulo), posteriormente reemplazó a otro funcionario (Luis Valdez Carrión) también de Almacenes, pero después fue cambiada a la Unidad de Adquisiciones donde se necesitaba personal, prestando sus servicios en dicha unidad a partir del 11 de diciembre de 2013, continuando en la misma a requerimiento de la Encargada de esta Unidad, quien el 30 de diciembre mediante nota de fs. 16 pide la continuidad de los servicios de la demandante. Consecuentemente esta continuidad de funciones prestadas en diferentes reparticiones de la Caja Petrolera de Salud, tornaron su relación a tiempo indefinido. La causal esgrimida por el recurrente contenido en el Memorando de fs. 60 de finalización de Ítem en Comisión, resulta ilegal, puesto que se constituyó en un despido injustificado que violentó el derecho a la estabilidad laboral obtenida por la continuidad de servicios, lo cual acarreó discriminación contra la misma, debido a que la institución recurrente necesitaba de personal en el área de adquisiciones, siendo la actora por la continuidad de los servicios prestados idónea para continuar con ello.

La norma constitucional en su art. 46  establece que toda persona tiene derecho al trabajo digno, con seguridad industrial, higiene y salud ocupacional, sin discriminación, y con remuneración o salario justo, equitativo y satisfactorio que le asegure para sí y su familia una existencia digna; asimismo reconoce el derecho de toda persona a tener una fuente laboral estable, en condiciones equitativas. En coherencia con este postulado el repetido art. 48.I y II de la C.P.E., mandan que las disposiciones sociales y laborales son de cumplimiento obligatorio y que las normas laborales se interpretarán y aplicarán bajo los principios de protección de las trabajadoras y los trabajadores como principal fuerza productiva de la sociedad; de primacía de la realidad; de continuidad y estabilidad laboral; de no discriminación y de inversión de la prueba a favor de los trabajadores. Derivados de este reconocimiento constitucional existen los mecanismos de protección del trabajador, de modo que el contenido de dichas disposiciones constitucionales no quede en mero postulado, sino que se encuentran orientadas a lograr su realización práctica; es decir, que la interpretación de las referidas normas constitucionales, deben ser interpretadas en sentido material, adecuando en la interpretación el ordenamiento infra constitucional a ella y no pretender un contenido meramente programático.

En ese sentido, este Tribunal ha señalado que toda contratación que responda a labores permanentes y propias de la empresa presentando las características de relación de dependencia, subordinación y prestación de trabajo por cuenta ajena, así como la percepción de un sueldo o salario, conforme lo establecen los arts. 1 y 2 del DS Nº 23570 de 26 de julio de 1993, en concordancia con el art. 2 del DS Nº 28699, deben sujetarse a lo dispuesto por la Ley General del Trabajo. Añadiendo además que al efecto rige el principio de la primacía de la realidad en cuya virtud, la interpretación de las relaciones entre empleadores y trabajadores debe tomar en cuenta, lo que verdaderamente sucede en la realidad y no solamente lo que las partes han contratado formalmente o de manera aparente. En este contexto es importante la demostración de la realidad que impera sobre la relación laboral, de tal forma, si bien el empleador y trabajador pueden acordar determinada acción, y sin embargo en la realidad se configura otra distinta, es esta última la que tiene efectos jurídicos, es decir, que son los hechos los que determinan la naturaleza de la relación y no así su denominación

En concordancia con lo anterior, el  DS Nº 28699 de 1 de mayo de 2006, dispone que los derechos de los trabajadores son irrenunciables y será nula cualquier convención en contrario o que tienda a burlar sus efectos; en este sentido, la referida norma en su art. 4 ratifica la plena vigencia de los principios del derecho laboral y particularmente en lo que hace al presente caso, el principio protector, el principio intervencionista y el principio de primacía de la realidad. Asimismo, el art. 4 de la norma citada, en relación con su art. 5, advierten respecto de formas que tiendan a encubrir la relación laboral, debiendo prevalecer la interpretación de la realidad sobre la apariencia.

En cuanto a la aplicación de la norma más favorable, ésta debe ser aplicada objetivamente, en relación con los bienes jurídicamente protegidos y tutelados y que en la especie, benefician al trabajador.

Además de lo dicho, no debe perderse de vista la aplicación del principio intervencionista, en virtud del cual, por el carácter tutelar y de protección del trabajador y del trabajo en todas sus perspectivas y modalidades, ese amparo a favor del trabajador deber ser preservado aun de oficio por la autoridad jurisdiccional, pues de otro modo, las previsiones constitucionales y legales al respecto dejarían de tener razón, desvirtuándose su contenido. Es por ello que en materia laboral la autonomía de la voluntad se halla restringida, no correspondiendo tampoco hacer referencia al principio de igualdad en las mismas condiciones que en materia civil.

Por lo referido, se evidencia que el Auto de Vista se ajusta a derecho, no siendo evidente lo alegado en el recurso de casación planteado.

POR TANTO: La Sala Contenciosa, Contencioso Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida en los arts. 184.1 de la Constitución Política del Estado y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial, declara INFUNDADO el recurso de casación de fs. 181 a 183 vta., interpuesto por José Fernando Antelo Hurtado, Administrador Departamental de la Caja Petrolera de Salud, en consecuencia mantiene firme y subsistente el Auto de Vista Nº 192 de 29 de noviembre de 2016, pronunciado por la Sala Social Contencioso Tributario y Contencioso Administrativo Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, cursante de fs. 127 a 128 vta. Sin costas, por disposición de los artículos 39 de la Ley 1178 de 20 de Julio de 1990.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.