TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA, CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA

Auto Supremo Nº 237

Sucre, 6 de junio de 2018


Expediente                        : 088/2018

Demandante                : James Jaime Ávila Antezana

Demandado                : Ministerio de Medio Ambiente y Agua

Materia                        : Contencioso Adminsitrativo

Distrito                          : La Paz

Magistrado Tramitador        : Dr. Esteban Miranda Terán


VISTOS: La demanda Contenciosa administrativa cursante de fs. 99 a 110, aclarada por escrito de fs. 115, interpuesta por James Jaime Ávila Antezana, contra el Ministro de Medio Ambiente y Agua, impugnando la Resolución Ministerial Nº 001 de 02 de enero de 2018; todo lo que ver convino y se tuvo presente, y:

I. ANTECEDENTES PROCESALES:

Independientemente a que se considera que el actor no subsanó la observación realizada mediante Decreto de 04 de abril de 2018, cursante a fs. 113 de obrados, porque, no adjunto una constancia cierta de notificación con la Resolución Ministerial Nº 001 de 02 de enero de 2018, efectuando una minuciosa revisión de la demanda de fs. 99 a 119 de obrados, se advierte que el demandante impugna la indicada Resolución Ministerial Nº 001 de 2 de enero de 2018 emitida por el Ministro de Medio Ambiente y Agua, dentro del Sumario Administrativo instaurado por la Autoridad competente del indicado Ministerio contra el ahora recurrente, que ejercía las funciones de Director General Ejecutiva de la Entidad Ejecutoria de Medio Ambiente y Agua (EMAGUA), por infracción de normas contenidas en las Leyes de Administración Gubernamental, respecto al Sistema de Tesorería y Crédito Público, Ley del Estatuto del Funcionario Público, Ley de Administración Presupuestaria y normas conexas en el que en aplicación de los DS Nos. 23318-A y 26237, se emitió las Resoluciones del Proceso Sumario Administrativo Nº 05/17 de 30 de octubre, en el que ante, la imposibilidad material de ejecutar la sanción como ex servidor público, se determinó la responsabilidad administrativa del ahora demandante.

Estas sanción fue ratificada mediante la Resolución de Recurso de Revocatoria AS/CGGC/Nº 03/2017 de 27 de noviembre por la indicada Autoridad Sumariante Principal del Ministerio de Medio Ambiente y Agua y posteriormente confirmada en Recurso Jerárquico, mediante la Resolución Ministerial Nº 001 de 02 de en enero de 20189, hoy impugnada en este proceso, alegándose ahora que dichas determinaciones vulneran sus derechos al debido proceso, a la defensa y al principio de la seguridad jurídica.

Por decreto de 02 de abril de 2018, este Tribunal observó la demanda, para que se acredite la fecha de notificación con la Resolución Impugnada y se identifique al tercero interesado, para determinar si corresponde o no admitir la demanda.

Esta pretensión fue complementada por el escrito de fs. 115, con el que se hizo notar que la única constancia de esa notificación es la que cursa en la fotocopia de fs. 1.

II. FUNDAMENTOS DEL CASO CONCRETO:

En ese contexto, analizando los fundamentos de la demanda y su aclaración, corresponde puntualizar que el Sistema de Control Gubernamental, previsto por la Ley N° 1178, en el capítulo correspondiente a la Responsabilidad por la Función Pública, instituye que la responsabilidad por la función pública puede ser administrativa, ejecutiva, penal y civil.

El art. 29 de la señalada Ley N° 1178 establece que la responsabilidad administrativa se originará cuando la acción u omisión contravenga el ordenamiento jurídico-administrativo y las normas que regulan la conducta funcionaria del servidor público; que se determinará por proceso interno de cada entidad.

Por otra parte, la Ley de Procedimiento Administrativo (LPA) Nº 2341, en su art. 1, inc. c) (Objeto de la Ley), regular la impugnación de actuaciones administrativas que afecten derechos subjetivos o intereses legítimos de los administrados.

Por su parte el art. 3, parágrafo II, inc. d) de la citada ley, excluye expresamente del ámbito de su aplicación a“… los regímenes agrario, electoral y del sistema de control gubernamental, que se regirán por sus propios procedimientos”, de cuyo entendimiento se advierte que dicha exclusión, está referida al Sistema de Control Gubernamental establecido por la Ley N° 1178 SAFCO y sus subsistemas, que incluye el régimen de responsabilidad por la función pública aprobada por Decreto Supremo Nº 23318-A, que es materia del caso presente.

En el marco del Sistema de Control Gubernamental, mediante Decreto Supremo N° 23318-A de 03 de noviembre de 1992, se aprobó y puso en vigencia el Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública, que consigna las normas específicas que regulan la sustanciación de los procesos administrativos disciplinarios para la determinación de la responsabilidad administrativa o su exclusión, disposición legal que fue modificada por el DS Nº 26237 de 29 de junio de 2001, que establecen las normas y procedimiento que regulan estos procesos administrativos disciplinarios y que en su art. 2º modificatorio de los arts. 28 y 30 del primer DS citado, prevé la forma de conclusión de estos procesos administrativos sancionatorios, siendo por ello inaplicable las previsiones de los arts. 30, 38 y 39 del DS Nº 26319 de 15 de septiembre de 2001 (Procedimiento Administrativo para la sustanciación de los recursos de revocatoria y jerárquico, previstos por la Ley Nº 2027), por determinación expresa del art. 11 de ésta norma, al no ser el actor funcionario de carrera.

Por consiguiente, en aplicación del art. 122 de la Constitución Política del Estado (CPE), se establece que, son nulos los actos de las personas que usurpen funciones que no les competen, así como los actos de las que ejercen jurisdicción o potestad que no emane de la ley.

En el contexto de dicha prohibición, el art. 778 del CPC-1975, determina la procedencia del proceso contencioso administrativo exigiendo la existencia previa de oposición entre el interés público y el privado y cuando la persona que creyere lesionado o perjudicado su derecho privado, hubiere acudido previamente ante el Órgano Ejecutivo reclamando expresamente del acto administrativo y agotando ante ese Poder todos los recursos de revisión, modificación o revocatoria de la resolución que le hubiere afectado.

En un caso análogo, la Sentencia Constitucional 0870/2004-R, de 8 de junio, determinó: “Del análisis de las normas referidas se concluye que, las normas aplicables a los procesos administrativos internos, que tienen por objeto establecer responsabilidad administrativa por la función pública de los servidores públicos son las previstas por el DS 23318-A modificado mediante el DS 26237, y no así las normas supletorias establecidas para el procedimiento sancionador correctivo por la Ley de Procedimiento Administrativo, como equivocadamente pretende la recurrente, ya que las normas de esta última son de aplicación general en la relación de la administración con sus administrados y no con sus servidores públicos; pues se reitera que, por mandato expresa de la norma prevista por el art. 80.II de la LPA, el procedimiento sancionador contenido en dicha Ley, tendrá carácter supletorio, lo que supone que será aplicado sólo ante ausencia de una norma expresa en el Reglamento específico.” (Sic)

De lo referido se evidencia que, la normativa aplicable a los procesos administrativos internos de las entidades del sector público, en el cual se encuentra inmerso el caso de autos, cuyo fin es el determinar la responsabilidad administrativa del servidor público, es aquella prevista por el DS Nº 23318-A y sus modificaciones, derivando como consecuencia que la demanda promovida por el actor es errónea, porque la vía contenciosa administrativa, sólo se aplica a las relaciones de la Administración Pública con sus administrados y no así las relaciones laborales con los servidores públicos, que no son de carrera, competencia que se pretende atribuir a este Tribunal de manera indebida por el actor, pretendiendo atribuir a este Órgano Jurisdiccional, una función apartada por los 778 del CPC-1975 y art. 3, parágrafo II, inc. d) de la LPA, normas que son de orden público y cumplimiento obligatorio y por consiguiente no se encuentran libradas a la voluntad de las partes.

Estos aspectos legales inhiben a este tribunal ingresar a revisar el fondo de la demanda y emitir un fallo, deviniendo en su inadmisibilidad.

POR TANTO: La Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, en cumplimiento del art. 780 del CPC-1975 y con la facultad otorgada por el art. 2-2) de la Ley Nº 620 de 29 de diciembre de 2014, dispone el RECHAZO de la demanda contenciosa administrativa cursante de fs. 5 a 7, aclarada por escrito de fs. 19 a 21, interpuesta por James Jaime Ávila Antezana, por ser inadmisible.

Providenciando el escrito de fs. 115, estese al presente Auto Supremo.

Regístrese, notifíquese y cúmplase.