TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA

Auto Supremo Nº 234

Sucre, 4 de junio de 2018


Expediente                        : 129/2017

Demandante                : Fuerza Aérea Boliviana.

Demandado        : Autoridad General de Impugnación Tributaria.

Materia        : Contencioso Administrativo.

Resolución Impugnada: RJ-AGIT-RJ-1539/2016

Magistrado Tramitador: María Cristina Díaz Sosa


VISTOS: La solicitud de nulidad de obrados efectuada por la Daney David Valdivia Coria en representación de la Autoridad General de Impugnación Tributaria (AGIT), cursante a fs. 315-317 vta.; dentro la demanda contenciosa administrativa interpuesta por la Fuerza Aérea Boliviana en contra de la Autoridad General de Impugnación Tributaria (AGIT), impugnando la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1539/2016 de fecha 28 de noviembre; la Sentencia Constitucional Plurinacional Nº 0429/2016-S2 de 05 de mayo; el decreto de fecha 23 de abril de 2018, de traslado de la referida solicitud, los antecedentes procesales y todo lo que en materia fue pertinente analizar, y:

I. ANTECEDENTES DEL PROCESO.

Por el memorial de fs. 67 a 96, la Fuerza Aérea Boliviana representada por el Gral. Div. Aé. Erwin Fanor Bonilla Castellón en su condición de Comandante General de la Fuerza Aérea Boliviana, interpuso demanda contenciosa administrativa en contra la AGIT, impugnando la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1539/2016 de 28 de noviembre; esta última representada por Daney David Valdivia Coria, responde negativamente la demanda en memorial de fs. 103 a 113; con la prosecución de la demanda contenciosa administrativa, mediante decreto de 1º de junio de 2017, se corrió traslado a la entidad demandante para que formule la réplica; empero, la parte demandada en conocimiento de la SCP 0510/2016-S1 de 09 de mayo, solicita la nulidad de obrados a través de memorial de fs. 315 a 317 Vta., mismo que a través del decreto de 23 de abril de 2018, a fs. 318, es corrido en traslado a la entidad demandante, así como al tercer interesado, este último se adhiere a la solicitud de nulidad de obrados conformé al memorial de fs. 321 a 323.

II. FUNDAMENTOS JURÍDICOSY Y JURISPRUDENCIALES DEL FALLO.

Carácter obligatorio y vinculante de las decisiones del Tribunal Constitucional Plurinacional.

En el Auto Supremo Nº 1007/2016 de 24 de agosto, se ha desarrollado el criterio sobre el carácter obligatorio de las decisiones emitidas por el Tribunal constitucional Plurinacional, exponiendo lo siguiente: “Nuestra Constitución Política del Estado, establece la obligatoriedad de las Sentencias Constitucionales, en su Art. 203, señala: “Las decisiones y sentencias del Tribunal Constitucional Plurinacional son de carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio, y contra ellas no cabe recurso ordinario ulterior alguno”.

En esa línea el art. 8 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, estipula: “Las decisiones y sentencias del Tribunal Constitucional Plurinacional son de carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio, y contra ellas no cabe recurso ordinario ulterior alguno”, norma concordante con el art. 15 del Código Procesal Constitucional de 5 de julio de 2012, que señala: “ I. Las sentencias, declaraciones y autos del Tribunal Constitucional Plurinacional son de cumplimiento obligatorio para las partes intervinientes en un proceso constitucional; excepto las dictadas en las acciones de inconstitucionalidad y recurso contra tributos que tienen efecto general. II. Las razones jurídicas de la decisión, en las resoluciones emitidas por el Tribunal Constitucional Plurinacional constituyen jurisprudencia y tienen carácter vinculante para los Órganos del poder público, legisladores, autoridades, tribunales y particulares.

En ese contexto, el art. 44.I de la Ley del Tribunal Constitucional, establece que “los poderes públicos están obligados al cumplimiento de las resoluciones pronunciadas por el Tribunal Constitucional. Las sentencias, declaraciones y autos del Tribunal Constitucional, son obligatorias y vinculantes para los Poderes del Estado, legisladores, autoridades y tribunales.

En consonancia con tales disposiciones legales la línea jurisprudencial del Tribunal Constitucional Plurinacional con relación sobre el efecto vinculante de las sentencias constitucionales, ha razonado en la SCP 0625/2012 de 23 de julio, que: “Las sentencias constitucionales dictadas en correspondencia a los principios de supremacía y fuerza normativa de la Ley Fundamental, se revisten del imperativo de cosa juzgada constitucional; es decir, no admiten más revisión y así adquieren calidad de inmutables e inimpugnables por recurso ulterior, en razón a que es la Constitución la que se sobrepone al orden jurídico general y este Tribunal, se constituye en su supremo intérprete. Precisamente por las características indicadas supra, es que las resoluciones de la jurisdicción constitucional son vinculantes y de obediencia obligatoria por los poderes públicos y por supuesto por las partes, afirmación que se sustenta en el art. 203 de la CPE. Que concuerda con la previsión del art. 129.V de la misma norma constitucional, que indica: 'La decisión final que conceda la acción de amparo constitucional será ejecutada inmediatamente y sin observación (…). La autoridad judicial que no proceda conforme con lo indicado por este artículo, quedará sujeta a las sanciones previstas por la ley'” (SC 1922/2011-R de 28 de noviembre). Por lo expuesto, emitido un fallo en la jurisdicción constitucional, ya sea por los jueces o tribunales de garantías o por este Tribunal, la doctrina legal aplicable desarrollada en él, tiene carácter vinculante con relación a todos, debiendo las autoridades tanto jurisdiccionales como administrativas aplicarla en los casos análogos que sea de su conocimiento; de otro lado, la determinación expresada en la parte dispositiva al estar dirigida exclusivamente a las partes intervinientes en la acción de defensa, tiene efectos inter partes; es decir, surte consecuencias jurídicas con relación al accionante, personas o servidor público demandados y terceros interesados, correspondiendo su ejecución inmediata sin observación alguna, dado que no existe instancia revisora ulterior que pueda modificar sus efectos…” 

Carácter anulatorio en caso de que la revisión de la acción de amparo constitucional revoque la tutela otorgada por el Tribunal en Acción de Defensa.

Sobre la situación jurídica de las acciones de defensa que son acogidas por los tribunales en acciones de defensa, y en grado de revisión son revocadas, el Tribunal Constitucional Plurinacional ha emitido la Sentencia Constitucional Nº 595/2010-R de 12 de julio de 2010, en ella se señaló lo siguiente: “Lo propio sucede con la acción de amparo constitucional, cuando el art. 129.V de la CPE señala que: "La decisión final que conceda la acción de amparo constitucional será ejecutada inmediatamente y sin observación. En caso de resistencia se procederá de acuerdo con lo señalado en la acción de libertad…", en consecuencia, este efecto inmediato de la tutela es aplicable para las demás acciones que en el aspecto procesal aplican lo establecido para la acción de amparo, como ser la acción de protección de privacidad, la acción de cumplimiento y la acción popular, que están contempladas en la Primera Parte, Título IV denominado "Garantías Jurisdiccionales y Acciones de Defensa", Capítulo Segundo de la CPE. En consecuencia, la concesión u otorgación de tutela dada la finalidad protectora de derechos fundamentales, tiene efecto inmediato, independientemente de la revisión de oficio que por mandato constitucional está encomendada al Tribunal Constitucional. Aspecto que en lo pertinente no ha variado de la anterior Constitución. Los jueces o tribunales de garantías constitucionales son los responsables de velar por el cumplimiento de su resolución, teniendo la potestad de remitir antecedentes al Ministerio Público para su juzgamiento penal a quienes se resistan, es decir que quien vulnera derechos fundamentales no sólo está sujeto a responsabilidad civil sino también a responsabilidad penal. Lo propio cuando el Tribunal Constitucional les remite la Sentencia Constitucional, son los Jueces y Tribunales de garantías quienes deben ejecutar el fallo.

En caso de que este Tribunal en grado de revisión de oficio, revoca la concesión u otorgación de tutela dispuesta por el juez o tribunal de garantías, y en consecuencia deniega la tutela, el proceso judicial o administrativo, o actos demandados, vuelven al estado en que se encontraba al momento de la interposición de la acción de defensa, quedando sin efecto lo emergente de la disposición del tribunal de garantías; no obstante, en atención a la facultad previsora el Tribunal Constitucional, puede dimensionar los efectos de la Sentencia Constitucional, y de acuerdo a las circunstancias del caso y de manera excepcional toma determinaciones de tal manera que no se genere inseguridad jurídica”

III. ANALISIS DEL CASO EN CONCRETO.

De la revisión de antecedentes procesales se observa que, en fecha 23 de mayo de 2013, el SIN a través de la Gerencia Distrital de La Paz, notificó a Iván Federico Contreras Joffre, en su calidad de representante legal de la Fuerza Aérea Boliviana, con la Vista de Cargo SIN/GDLPZ/DF/FVE-I/VC/00084/2013 de fecha 19 de abril, como emergencia de ello, y a través de la nota AS.JUR. DGTAM. 212/2013 de 20 de junio de 2013, dirigida a la Gerencia Distrital La Paz del SIN, Iván Federico Contreras Joffre, realizó la devolución de la Vista de Cargo SIN/GDLPZ/DF/FVE-I/VC/00084/2013 de fecha 19 de abril, señalando que la misma fue notificada erróneamente a su persona; puesto que, en dicho documento se señaló como contribuyente a la Fuerza Aérea Boliviana, debiendo en todo caso sanearse el procedimiento y notificar personalmente al Comandante General de la Fuerza Aérea Boliviana, quien es el titular de Número de Identificación Tributaria (NIT) 122905020, conforme dispone el art. 84 del CTB; en repuesta a la nota de referencia, la Gerencia Distrital La Paz del SIN, emitió el proveído SIN/GDLPZ/DJCC/UJT/PROV/033/2013 de 24 de junio, señalando que el firmante de la notificación de la Vista de Cargo de referencia, está registrado en el padrón del contribuyente como representante legal; por lo que, conforme al art. 91 del CTB, Iván Federico Contreras Joffre, se encuentra habilitado como representante legal, razón por la cual, la notificación efectuada fue realizada conforme a norma.

En contra del referido proveído, la Fuerza Aérea Boliviana interpuso una acción de Amparo Constitucional, que fue resuelta por la Sala Civil y Comercial Tercera del R. Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, que en su calidad de Tribunal de Garantías emitió la Resolución de 28 de Enero de 2016, concediendo en parte la tutela solicitada; en cumplimiento de la determinación asumida por el Tribunal de Garantías, se ordenó la nulidad del procedimiento tributario hasta la notificación con la Vista de Cargo Nº 84/2013 de 19 de abril de 2013, disponiendo la notificación al actual Comandante General de la Fuerza Aérea Boliviana; cumplida como fue, se continuo con la tramitación del proceso administrativo, y ante la disconformidad del ahora demandante con la Vista de Cargo, se interpusieron los Recursos de Alzada y Jerárquico, emitiéndose las resoluciones correspondientes, esta última es objeto de la presente demanda contenciosa administrativa.

Ahora, el Tribunal Constitucional Plurinacional en su Sala Especializada Primera en revisión de lo determinado por el Tribunal de Garantías, emitió la SCP 0510/2016-S1 de 09 de mayo de 2016, disponiendo revocar la Resolución 01/2016 de 28 de Enero, pronunciada por la Sala Civil Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, y como consecuencia de ello, denegó la tutela solicitada por la Fuerza Aérea Boliviana; siendo así, se mantiene firme y subsistente la notificación practicada en fecha en fecha 23 de mayo de 2013, a Iván Federico Contreras Joffre, en su calidad de representante legal de la Fuerza Aérea Boliviana, con la vista de cargo SIN/GDLPZ/DF/FVE-I/VC/00084/2013 de fecha 19 de abril; en ese sentido, no nace a la vida la nueva notificación ordenada por el Tribunal de Garantías, que viabilizo la prosecución del proceso tributario y la interposición y resolución de los recursos de Alzada y Jerárquico, esta última resolución objeto de la presente demanda contenciosa administrativa.

Bajo los antecedentes referidos, indudablemente nos encontramos ante el hecho de que ha operado la “sustracción de materia”, constituido por la circunstancia de que la materia justiciable sujeta a decisión deja de ser tal, por razones extrañas a la voluntad de las partes, no pudiendo el tribunal interviniente emitir pronunciamiento de mérito (acogiendo o desestimando) sobre la pretensión deducida, por lo cual resulta perfectamente posible que lo que comienza siendo un “caso justiciable”, no lo sea por motivos extraños al proceso, fundamento que es explicado por la doctrina como la forma extraordinaria de la extinción del proceso o de la pretensión deducida, en casos particulares.

Por lo cual al ser de cumplimiento obligatorio las determinaciones asumidas en las sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional Plurinacional, conforme establece el art. 203 de la Constitución Política del Estado (CPE) en relación al art. 15-I del Código Procesal Constitucional (CPCo), que determina el carácter obligatorio, vinculante que tienen los pronunciamientos de ese Alto Tribunal, no corresponde proseguir con el trámite de la presente demanda contenciosa administrativa, tal como solicita la parte demandada, debiendo procederse al archivo de obrados.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, en el ejercicio de la atribución conferida en el art. 2.1 de la Ley Nº 620 de 29 de diciembre de 2014, impartiendo justicia a nombre de la ley, y en virtud a la jurisdicción que por ella ejerce, dispone la NULIDAD Y EL ARCHIVO DE OBRADOS, de la demanda contenciosa administrativa interpuesta por la Fuerza Aérea Boliviana en contra la AGIT impugnando la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1539/2016 de 28 de noviembre; debiendo a ese efecto notificarse a las partes y al tercero interesado.

Procédase a la devolución de los antecedentes administrativos remitidos a éste Tribunal y sea con nota de atención.

Regístrese, notifíquese y cúmplase.-