TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA, CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA

Auto Supremo Nº 228

Sucre, 29 de mayo de 2018


Expediente                        :86/2018

Demandante        :Edgar Miguel Ruescas Inda

Demandado                :Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de

                                       Salud

Distrito                           : La Paz

Proceso                        :Contencioso Administrativo

Magistrado Tramitador: Dr. Esteban Miranda Terán


VISTOS: La demanda Contenciosa administrativa cursante de fs. 5 a 7, aclarada por escrito de fs. 19 a 21, interpuesta por Edgar Miguel Ruescas Inda, por sí y en representación de Fernando Víctor Salazar Patzi, Pedro Enrique Rubín de Celis, Marcelo Villazón Gómez, Marcelino Honorato Claros Ortiz y Rubén Bernardo Tola Tola, en mérito al Poder especial y bastante Nº 40/2018 de 27 de marzo, franqueado ante la Notaría Nº 47 de la ciudad de La Paz, a cargo de la Abogada Mónica Ordoñez Morales, y que cursa de fs. 2 a 4 de obrados, contra la Ministra de Salud, impugnando la Resolución de Recurso jerárquico Nº 11/2017 de 28 de diciembre de 2017; los antecedentes del proceso, y:

CONSIDERANDO: Independientemente a que se considera que los actores no subsanaron las observaciones realizadas mediante Decreto de 02 de abril de 2018, cursante a fs. 10 de obrados, el memorial de aclaración solo contiene algunos datos adicionales al primer escrito constituyendo prácticamente una copia del memorial de demanda observado, realizando una minuciosa revisión de la demanda de fs. 5 a 7 de obrados y su aclaración de fs. 19 a 21, se advierte que los demandantes impugnan la Resolución Jerárquica Nº 11/17 de 28 de diciembre de 2017 emitida por la Ministra de Salud, dentro del Sumario Administrativo instaurado por la autoridad competente del indicado Ministerio contra los ahora recurrentes, por infracción de normas contenidas en el Decreto Supremo (DS) Nº 0181, en el que en aplicación de los DS Nos. 23318-A y 26237, se emitió las Resoluciones del Proceso Sumario Administrativo Nº 04/17 en el que se determinó la responsabilidad administrativa de suspensión de 30 días, con excepción del demandante Fernando Salazar que fue sancionado con el 20 % de remuneración mensual.

Estas sanciones fueron ratificadas mediante la Resolución de Recurso de Revocatoria Nº 05/2017 y la Resolución de Recurso Jerárquico Nº 11/17 hoy impugnada en este proceso, alegándose ahora que dichas determinaciones vulneran sus derechos al debido proceso y a la defensa.

Por Decreto de 02 de abril de 2018, este Tribunal dispuso que se acredite la notificación con la Resolución Impugnada y se cumpla las previsiones de los incisos 4), 5), 6), 7) y 9) del art. 327 del Código de Procedimiento Civil (CPC-1975), aplicable al caso presente; además de identificarse al tercero interesado, para determinar si corresponde o no admitir la demanda.

Esta pretensión fue complementada por el escrito de fs. 19-21, con el que se aparejó la constancia de notificación con la resolución impugnada.

En ese contexto, analizando los fundamentos de la demanda y su aclaración, corresponde puntualizar que el Sistema de Control Gubernamental, previsto por la Ley N° 1178, en el capítulo correspondiente a la Responsabilidad por la Función Pública, instituye que la responsabilidad por la función pública puede ser administrativa, ejecutiva, penal y civil.

El art. 29 de la señalada Ley N° 1178 establece que la responsabilidad administrativa se originará cuando la acción u omisión contravenga el ordenamiento jurídico-administrativo y las normas que regulan la conducta funcionaria del servidor público; que se determinará por proceso interno de cada entidad.

Por otra parte, la Ley de Procedimiento Administrativo (LPA) Nº 2341, en su art. 1, inc. c) (Objeto de la Ley), regular la impugnación de actuaciones administrativas que afecten derechos subjetivos o intereses legítimos de los administrados.

Por su parte el art. 3, parágrafo II, inc. d) de la citada ley, excluye expresamente del ámbito de su aplicación a“… los regímenes agrario, electoral y del sistema de control gubernamental, que se regirán por sus propios procedimientos”, de cuyo entendimiento se advierte que dicha exclusión, está referida al Sistema de Control Gubernamental establecido por la Ley N° 1178 SAFCO y sus subsistemas, que incluye el régimen de responsabilidad por la función pública aprobada por Decreto Supremo Nº 23318-A, que es materia del caso presente.

En el marco del Sistema de Control Gubernamental, mediante Decreto Supremo N° 23318-A, se aprobó y puso en vigencia el Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública, la que consigna las normas específicas que regulan la sustanciación de los procesos administrativos disciplinarios para la determinación de la responsabilidad administrativa o su exclusión.

Por ello es que en el marco del Sistema de Control Gubernamental, mediante DS N° 23318-A de 03 de noviembre de 1992, se aprobó y puso en vigencia el Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública, que consigna las normas específicas que regulan la sustanciación de los procesos administrativos disciplinarios para la determinación de la responsabilidad administrativa o su exclusión, disposición legal que fue modificada por el DS Nº 26237 de 29 de junio de 2001, que establecen las normas y procedimiento que regulan estos procesos administrativos disciplinarios y que en su art. 2º modificatorio de los arts. 28 y 30 del primer DS citado, prevé la forma de conclusión de estos procesos administrativos sancionatorios.

El art. 122 de la Constitución Política del Estado (CPE), establece que, son nulos los actos de las personas que usurpen funciones que no les competen, así como los actos de las que ejercen jurisdicción o potestad que no emane de la ley.

En el contexto de dicha prohibición, el art. 778 del CPC-1975, determina la procedencia del proceso contencioso administrativo exigiendo la existencia previa de oposición entre el interés público y el privado y cuando la persona que creyere lesionado o perjudicado su derecho privado, hubiere acudido previamente ante el Órgano Ejecutivo reclamando expresamente del acto administrativo y agotando ante ese Poder todos los recursos de revisión, modificación o revocatoria de la resolución que le hubiere afectado.

En un caso análogo, la Sentencia Constitucional 0870/2004-R, de 8 de junio, determinó: “Del análisis de las normas referidas se concluye que, las normas aplicables a los procesos administrativos internos, que tienen por objeto establecer responsabilidad administrativa por la función pública de los servidores públicos son las previstas por el DS 23318-A modificado mediante el DS 26237, y no así las normas supletorias establecidas para el procedimiento sancionador correctivo por la Ley de Procedimiento Administrativo, como equivocadamente pretende la recurrente, ya que las normas de esta última son de aplicación general en la relación de la administración con sus administrados y no con sus servidores públicos; pues se reitera que, por mandato expresa de la norma prevista por el art. 80.II de la LPA, el procedimiento sancionador contenido en dicha Ley, tendrá carácter supletorio, lo que supone que será aplicado sólo ante ausencia de una norma expresa en el Reglamento específico.” (Sic)

De lo referido se evidencia que, la normativa aplicable a los procesos administrativos internos de las entidades del sector público, en el cual se encuentra inmerso el caso de autos, cuyo fin es el determinar la responsabilidad administrativa del servidor público, es aquella prevista por el DS Nº 23318-A y sus modificaciones, derivando como consecuencia que la demanda promovida por los actores es errónea, porque la vía contenciosa administrativa, sólo se aplica a las relaciones de la Administración Pública con sus administrados y no así las relaciones laborales con sus servidores públicos, competencia que se pretende atribuir a este Tribunal de manera indebida por los actores, pretendiendo atribuir al órgano Jurisdiccional una función apartada por los 778 del CPC-1975 y art. 3, parágrafo II, inc. d) de la LPA, normas que son de orden público y cumplimiento obligatorio, por consiguiente no se encuentran no libradas a la voluntad de las partes.

Estos aspectos legales inhiben a este tribunal ingresar a revisar el fondo de la demanda y emitir un fallo, deviniendo en su inadmisible.

POR TANTO: La Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, en cumplimiento del art. 780 del CPC-1975 y con la facultad otorgada por el art. 2-2) de la Ley Nº 620 de 29 de diciembre de 2014, dispone el RECHAZO de la demanda contenciosa administrativa cursante de fs. 5 a 7, aclarada por escrito de fs. 19 a 21, interpuesta por Edgar Miguel Ruescas Inda, por sí y en representación de Fernando Víctor Salazar Patzi, Pedro Enrique Rubín de Celis, Marcelo Villazón Gómez, Marcelino Honorato Claros Ortiz y Rubén Bernardo Tola Tola, por inadmisible.

Providenciando el escrito de fs. 15, estese al presente Auto Supremo.

Regístrese, notifíquese y cúmplase.