TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA, CONTENCIOSA ADM., Y SOCIAL ADM. PRIMERA

Auto Supremo Nº 217

Sucre, 7 de mayo de 2018


Expediente                        : 588/2017

Demandante        : Ana María Virreira Puente.

Demandado        : Servicio Nacional del Sistema de Reparto.

Materia        : Social - Compensación de Cotizaciones.

Distrito                        : La Paz

Magistrado Relator        : María Cristina Díaz Sosa


VISTOS: El recurso de casación en el fondo interpuesto por el Servicio Nacional del Sistema de Reparto representado por Juan Edwin Mercado Claros cursante a fs. 64 a 67 vta. de obrados, en contra del Auto de Vista Nº 200/2017 de fecha 21 de Agosto de 2017, pronunciado por la Sala Social, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; el Auto de fecha 16 de febrero de 2018 cursantes a fs. 83 a 83 vta., que admitió el recurso; lo obrado en el proceso, y;

I: ANTECEDENTES PROCESALES.

Resolución de la Comisión Nacional de Prestaciones del SENASIR.

Mediante resolución Nº 8285 de fecha 20 de Noviembre de 2015 cursante a fs. 16 de obrados, la Comisión Nacional de Prestaciones del SENASIR, resolvió otorgar en favor de Ana María Patricia Virreira Puente, el formulario de cálculo de compensación de cotizaciones número 55,815, en el cual se considera un monto de compensación de cotizaciones de Bs. 286.09.-

Resolución de la Comisión de Reclamación del SENASIR.

En virtud de ello, la beneficiaria interpuso el recurso de reclamación cursante a fs. 22 de obrados, resuelto por la Comisión de Reclamación del SENASIR mediante resolución Nº 872/15 de fecha 24 de Diciembre de 2015 cursante de fs. 30 a 27, confirmando la resolución impugnada, emitida por la Comisión Nacional de Prestaciones del Sistema de Reparto.

Auto de Vista.

Interpuesto el recurso de apelación cursante a fs. 51 a 49 vta., por Ana María Patricia Virreira Puente; la Sala Social, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, resuelve el mismo mediante Auto de Vista No 200/2017 de fecha 21 de Agosto de 2017, cursante a fs. 60 a 59 vta., el cual revocó la resolución Nº 872/15 de 24 de Diciembre, y deliberando en el fondo deja sin efecto la resolución N° 8285 de fecha 20 de noviembre de 2015 cursante a fs. 16 de obrados y dispone que la comisión respectiva proceda a emitir una nueva resolución de cálculo de compensación de cotizaciones a favor de la interesada.

Ante la determinación del Auto de Vista, el Servicio Nacional del Sistema de Reparto representado por Juan Edwin Mercado Claros, interpone recurso de casación, con la contestación de la parte contraria, el Tribunal de Alzada emite Auto Nº 320/2017 SSA-III de fecha 20 de noviembre de 2017, concediendo el recurso.

II: ARGUMENTOS DEL RECURSO DE CASACIÓN:

Interpuesto el recurso de casación en el fondo, el recurrente establece que el Auto de Vista impugnado, realizó una errónea interpretación e indebida aplicación del art. 35 y siguientes y art. 45 de la Constitución Política del Estado, art. 24-I de la Ley N° 065, art. 1 del Reglamento Parcial a la Ley N° 065, Resolución Ministerial N° 498 de 07 de septiembre de 2005, art. 1 de la Resolución Administrativa N° 0774 de 20 de octubre de 1999 y Resolución Administrativa N° 299.13 de fecha 31/07/2013 que aprobó el Manual de Certificación para Compensación de Cotizaciones en su capítulo I, numeral 2.8, inciso a), c) y e), bajo los siguientes argumentos:

El SENASIR sostiene, que el tribunal de alzada no consideró que de la revisión de la documentación presentada por la interesada al inicio del trámite, como hasta la emisión de la resolución de reclamación, la misma no realizó la aclaración de su apellido de casada, por lo cual a fs. 1 a 6, la interesada en ningún momento indica que habría cambiado su apellido de soltera, por su apellido de casada, figurando en su certificado de nacimiento y en su cedula de identidad como Ana María Patricia Virreira Puente; de igual manera en el recurso de reclamación no se aclara nada en relación a su apellido de casada, en tal situación la no consideración del apellido de casada, desde un inicio fue una omisión de la impetrante de la compensación, ya que en toda la documentación presentada figura como Ana María Patricia Virreira Puente y nunca aclaro que en algunos periodos figuraba como casada, sin adjuntar prueba conforme se lo exige el art. 54-I inc. b) del D.S. N° 0822.

En tal sentido el SENASIR considera que opero la preclusión, por cuanto la actora debió a tiempo de interponer su recurso de reclamación, adjuntar la documentación que acredite su nombre de casada y respalde su pretensión, no pudiendo presentar prueba ante el Tribunal de Alzada, por cuanto la producción probatoria, se realiza en la comisión de reclamación.

Agrega, que el SENASIR aplicó de manera correcta la normativa que rige la materia, por cuanto la interesada no figura en los estudios matemáticos actuariales, en los periodos reclamados, siendo este documento el único que avala la certificación de aportes en el sector de la Banca Privada.

En conclusión, solicita al Tribunal Supremo de Justicia, que deliberando en el fondo; CASE el auto de vista recurrido y confirme en su totalidad la resolución de la Comisión de Reclamación Nº 872/15 de fecha 24 de Diciembre de 2015, emitida por el SENASIR.

Contestado el recurso de casación por la Sra. Ana María Patricia Virreira Puente; precisa que el auto de vista impugnado no le causó agravio al SENASIR, por cuanto el mismo solo manda a que la institución emita nueva resolución de cálculo de compensaciones de cotizaciones, enmendado el error cometido, al no consignarse los aportes realizados por su persona con el nombre de casada, pero con la misma cedula de identidad; por lo cual considera que el SENASIR no tiene legitimidad para interponer el recurso de casación, porque el mismo no es parte del proceso ni defensor del Estado.

Agrega que el recurso no cumple con la exigencia del art. 274 Núm. 3) del Código Procesal Civil, por cuanto el mismo no especifica en que consiste la errónea e indebida aplicación de la ley que hubiera efectuado el Auto de Vista recurrido.

Por último, indica que no existe un daño causado al Estado, por cuanto su persona si figura en el Estudio Matemático Actuarial, como Ana María Patricia Virreira Puente y en otros aportes figura como De Silvestro Virreira Patricia, siendo la misma persona, lo que demuestra que su persona si realizo los aportes correspondientes de ley.

En conclusión solicita que se declara IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por el SENASIR.

III: FUNDAMENTOS JURÍDICOS, DOCTRINALES Y JURISPRUDENCIALES DEL FALLO.

En consideración de los argumentos expuestos por el recurrente, de acuerdo a la problemática planteada, se realiza una interpretación desde y conforme la Constitución Política del Estado, el bloque de constitucionalidad y las normas ordinarias aplicables al caso concreto; en ese marco caben las siguientes consideraciones de orden legal:

De la progresividad del derecho a la Seguridad Social.-

El art. 13.I de la CPE, establece que los derechos reconocidos por la Constitución son inviolables, universales, interdependientes indivisibles y progresivos. El Estado tiene el deber de promoverlos, protegerlos y respetarlos; normativa en concordancia con lo establecido en el art. 109.I de la suprema norma citada que refiere: “Todos los derechos reconocidos en la Constitución son directamente aplicables y gozan de iguales garantías para su protección".

En ese contexto, el art. 45 de la Constitución Política del Estado establece I. Todas las bolivianas y los bolivianos tienen derecho a acceder a la seguridad social. II. La seguridad social se presta bajo los principios de universalidad, integralidad, equidad, solidaridad, unidad de gestión, economía, oportunidad, interculturalidad y eficacia. Su dirección y administración corresponde al Estado, con control y participación social. III. El régimen de seguridad social cubre atención por enfermedad, epidemias y enfermedades catastróficas; maternidad y paternidad; riesgos profesionales, laborales y riesgos por labores de campo; discapacidad y necesidades especiales; desempleo y pérdida de empleo; orfandad, invalidez, viudez, vejez y muerte; vivienda, asignaciones familiares y otras previsiones sociales. IV. El Estado garantiza el derecho a la jubilación, con carácter universal, solidario y equitativo...”.

Del contexto descrito es factible extraer que los derechos a la seguridad social constituyen un conjunto normativo especializado, entre los cuales destacan los de jubilación, viudez y vejez, y tanto el cumuló de potestades, como cada uno de esos derechos, gozan de proclamación y regulación constitucional propia, encontrando cada uno de ellos su contenido intrínseco, de tal forma que la renta de jubilación protege al ser humano de las contingencias propias de la vejez -como hecho natural- por su deterioro físico y psicológico, convirtiéndose en la base para el goce y disfrute de otros derechos fundamentales.

Del principio de verdad material.

El Art. 180.I de la CPE, prevé que la jurisdicción ordinaria se fundamenta, entre otros, en el principio procesal de verdad material, el cual desarrollado por el Art. 30.11 de la Ley 025 establece que el principio de verdad material obliga a las autoridades a fundamentar sus resoluciones con la prueba relativa solo a los hechos y circunstancias, tal como ocurrieron, en estricto  cumplimiento con las garantías procesales. 

La SCP No. 1662/2012 de 1 de octubre, define al principio procesal de verdad material, cuando precisa “…Entre los principios de la jurisdicción ordinaria consagrados en la Constitución Política del Estado, en el art. 180.I, se encuentra el de verdad material, cuyo contenido constitucional implica la superación de la dependencia de la verdad formal o la que emerge de los procedimientos judiciales, por eso es aquella verdad que corresponde a la realidad, superando cualquier limitación formal que restrinja o distorsione la percepción de los hechos a la persona encargada de juzgar a otro ser humano, o de definir sus derecho y obligaciones, dando lugar a una decisión injusta que no responda a los principios, y valores éticos consagrados en la Norma Suprema de nuestro país, a los que todas las autoridades del Órgano Jurisdiccional y de otras instancias, se encuentran impelidos de dar aplicación, entre ellas, al principio de verdad material, por sobre la limitada verdad formal.”

Aplicabilidad del art. 14 del D.S. Nº 27543 de fecha 31 de Mayo de 2004, su entendimiento jurisprudencial.

El art. 14 (UTILIZACIÓN DE DOCUMENTOS QUE CURSAN EN EL EXPEDIENTE) del D.S. Nº 27543 de fecha 31 de mayo de 2004, establece que: En caso de inexistencia de planillas y comprobantes de pago en los archivos del SENASIR, del periodo comprendido entre enero de 1957 y abril de 1997, el SENASIR certificará los aportes con la documentación que cursa en el expediente del asegurado, a la fecha de publicación del presente Decreto Supremo, bajo presunción juris tantum. Los documentos elegibles para este propósito serán uno o más de los siguientes: a) Finiquitos, b) Certificados de trabajo, c) Boletas de pago o planillas de haberes. d) Partes de afiliación y baja de las Cajas de Salud respectivas, e) Record de servicios o Calificación de años de Servicio. f) Contratos de trabajo, memorando de designación y despido, y g) Liquidación de internación de minerales, para el caso de cooperativistas mineros u otros documentos equivalentes para estos cooperativistas.

En esa línea el A.S. Nº 473 de fecha 05 de diciembre de 2016 pronunciado por esta misma sala, establece lo siguiente: “Partiendo de la interpretación del art. 14 del DS N° 27543 de 31 de mayo de 2004, se concluye por esta Sala en su aplicabilidad a todos los trámites de compensación de cotizaciones, en el comprendido que la norma citada no tiene limitaciones, es más, fue complementado y ampliado en sus alcances por la RM 559 de 3 de octubre de 2005, beneficiando  a los asegurados al sistema de reparto que no se encuentran en planillas del SENASIR, pero que cuentan con documentación que acredita que prestaron servicios en empresas e instituciones sujetas a la seguridad social de largo plazo; a dicha conclusión se arriba de la prevalencia del derecho a la seguridad social consagrada por la Constitución Política del Estado, la que debe prestarse bajo los principios de universalidad, integralidad, equidad, solidaridad, unidad de gestión, economía, oportunidad, interculturalidad y eficacia”.

Más adelante el Auto Supremo señala: “Por lo expuesto, y sobre la base del art. 45, relacionados con los arts. 13.I y 109.I, todos de la CPE, que establecen el Derecho a la Seguridad Social, que comprende entre otros, al derecho a una renta de vejez digna, cuya prestación debe ser otorgada por el Estado, bajo los principios de universalidad, integralidad, equidad, solidaridad, unidad de gestión, economía, oportunidad, interculturalidad y eficacia, no resulta coherente sostener que, la certificación de aportes al sector de la Banca Privada sólo debe ser a través de los Estudios Matemático Actuariales y sus complementos, cuando, conforme quedó señalado, dicha interpretación resulta limitativa al derecho fundamental del trabajador, sin considerar así los documentos que acompañan los interesados para acreditar su derecho”.

IV: ANALISIS DEL CASO EN CONCRETO:

Del análisis del recurso de casación en el fondo, se tiene que, la problemática se circunscribe, en establecer si el SENASIR al no otorgar el cálculo de compensación de cotizaciones a favor de la impetrante Ana María Patricia Virreira Puente, por el periodo comprendido entre septiembre de 1981 a agosto de 1983, obró de manera correcta.

En ese sentido, de la revisión de actuados en sede administrativa, se observa con claridad, que la entidad recurrente, al momento de emitir la resolución Nº 8285 de fecha 20 de noviembre de 2015, por la cual resuelve otorgar a favor de Ana María Patricia Virreira Puente el formulario de cálculo de compensación de cotizaciones número 55,815, en el cual se considera un monto de compensación de cotizaciones de Bs. 286.09; se limitó sólo a valorar la certificación extendida por el archivo del Área de certificación de la misma entidad cursante a fs. 14 de obrados, la cual tiene como base el Estudio Matemático Actuarial Complementario de ex trabajadores del Banco Nacional de Bolivia S.A. de fs. 13 a 12 de obrados, documentos que señalan que, en el periodo comprendido de 01/07/75 a 31/08/81, la asegurada figura en listados de detalle de ex trabajadores por servicios prestados al Banco Nacional de Bolivia S.A.; no obstante de ello; la entidad recurrente no valoró el certificado GDOP/0070/2015 emitido por el Banco Nacional de Bolivia S.A. cursante a fs. 2 a 1, que establece que la asegurada trabajó en dicha institución y realizo aportes al Fondo de Empleados hasta agosto de 1983; esta omisión valorativa, está fundada bajo el argumento expuesto en el recurso de casación interpuesto, que sólo el Estudio Matemático Actuarial es el único medio idóneo que reconocería el derecho a considerar los aportes, sin considerar los fundamentos arriba expuestos, por lo que la decisión del Tribunal de Alzada se encuentra correcta, al disponer la nulidad de la resolución apelada para que emita una nueva resolución considerando la prueba anotada y ratificada a través de una aclaración de certificado de fecha 12 de Enero de 2016, emitida por el Banco Nacional de Bolivia S.A., en donde es la institución la que reconoce que la asegurada prestó funciones y que de acuerdo a los Estudios Matemáticos Actuariales se evidencia que la asegurada se encuentra registrada en los periodos 01/07/75 al 31/08/81 como Ana María Patricia Virreira Puente y en el periodo comprendido del 01/08/81 al 31/08/83 como De Silvestro Virreira Patricia.

Es así que esta prueba a la que se hace referencia, conforme a los fundamentos jurídicos del presente fallo, debió ser valorado conforme lo permite el art. 14 del D.S. Nº 27543 de fecha 31 de mayo de 2004, al no hacerlo se vulneró el principio de verdad material, ya que dicha prueba demuestra inequívocamente que la asegurada trabajó y aportó en esos periodos,  no considerados por el SENASIR.  

Por lo señalado, ésta Sala no encuentra evidente la infracción normativa denunciada, al evidenciarse en contrario el apego de la resolución impugnada a la norma positiva vigente, correspondiendo por ello fallar conforme dispone el art. 220.II) del Código Procesal Civil, aplicable por mandato de la norma remisiva contenida en los arts. 633 del Reglamento al Código de Seguridad Social.

POR TANTO: La Sala Contenciosa, Contencioso Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida en el Art. 184.1 de la CPE y el Art. 42.I.1 de la LOJ, declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo, interpuesto por el Servicio Nacional del Sistema de Reparto representado por Juan Edwin Mercado Claros, contra el Auto de Vista Nº 200/2017 de fecha 21 de agosto, pronunciado por la Sala Social, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, disponiendo que se mantenga firme y subsistente el Auto de Vista recurrido.

Sin costas en aplicación del art. 39 de la Ley Nº 1178 de 20 de julio de 1990 y art. 52 del DS Nº 23215 de 22 de julio de 1992.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.