TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA, CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA PRIMERA

Auto Supremo Nº 214

Sucre, 7  de mayo de 2018


Expediente                        : 560/2017

Demandante                : Servicio Nacional del Sistema de Reparto

Demandado        : Ana María Rojas Salguero, Teofilo Hinojosa Quispe (+)

Materia        : Social (Suspensión Definitiva de Renta de Viudedad)

Distrito                        : Santa Cruz

Magistrado Relator        : María Cristina Díaz Sosa


VISTOS: El Recurso de casación de fs. 234 vta. a 238 del expediente, interpuesto por Olga Durán Uribe y Marcelo Alejandro Pattzi Pino en representación legal de Juan Edwin Mercado Claros, Director General Ejecutivo del Servicio Nacional del Sistema de Reparto (SENASIR), contra el Auto de Vista Nº 89 de 3 de agosto de 2017, cursante de fs. 230 a 231, pronunciado por la Sala Social y Administrativa Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro el proceso Social sobre Suspensión Definitiva de Renta de Viudedad, seguido por la institución recurrente contra Ana María Rojas Salguero (Teofilo Hinojosa Quispe +), el memorial de fs. 245 que contesta el recurso de casación, el Auto que concede el recurso de fs. 248, el Auto Supremo de admisión Nº 560-A de 27 de noviembre de 2017 de fs. 258 y vta., antecedentes del proceso; y,

I. ANTECEDENTES PROCESALES.

Resolución de la Comisión de Nacional de Prestaciones del SENASIR.

Iniciado el trámite de Renta de Vejez por Teofilo Hinojosa Quispe (+), la Comisión de Calificación de Rentas del SENASIR, mediante Resolución Nº 006858 de 6 de abril de 2005, otorga dicha renta con reducción edad, equivalente al 70% de su promedio salarial, correspondiendo a la Renta Básica el 30% y a la Renta Complementaria el 40%, acreditando 180 cotizaciones para ambos Regímenes, a partir de junio de 2004.

Presentado el Certificado de Defunción de Teofilo Hinojosa Quispe de 8 de mayo de 2010, la Comisión de Calificación de Rentas del SENASIR, mediante Resolución Nº 004935 de 7 de julio de 2010, resuelve otorgar a favor de Ana María Rojas Salguero, la renta única de viudedad equivalente al 80% de la renta que le correspondía a su causante, a partir del mes de mayo de 2010.

Posteriormente, la Comisión Nacional de Prestaciones del Sistema de Reparto del SENASIR con base en los Reportes obtenidos del Servicio de Registro Cívico (SERECI), emite la Resolución Nº 0000351 de 1 de febrero de 2017, cursante de fs. 125 a 127, que resuelve: PRIMERO, la suspensión definitiva de la Renta Única de Viudedad otorgada a Ana María Rojas Salguero, por haber contraído nuevas nupcias con Severino Nuñez Porcel el 18 de octubre de 2014; y, SEGUNDO, ordena que por la Unidad Jurídica, se proceda a la recuperación de lo indebidamente cobrado, que según Informe SENASIR U.N.O./A.D.R./J.C.V.T. Nº 0049/2017 de 16 de enero, cursante de fs. 123 a 124, asciende a Bs.68.457,49.- (sesenta y ocho mil cuatrocientos cincuenta y siete 49/100 bolivianos).

Resolución de la Comisión de Reclamación del SENASIR.-

Ana María Rojas Salguero formula el recurso de reclamación cursante de fs. 182 a 183 y la Comisión de Reclamación del SENASIR, pronuncia la Resolución 155/17 de 27 de marzo de 2017, cursante de fs. 193 a 198, que confirma la Resolución Nº 0000351 de 1 de febrero de 2017.

Auto de Vista.-

Presentado el recurso de apelación de fs. 218 a 219, la Sala Social y Administrativa Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, por Auto de Vista Nº 89 de 3 de agosto de 2017, cursante de fs. 230 a 231, revoca parcialmente la Resolución 155/17, en cuanto a la orden de recuperación de las mensualidades pagadas, dejando sin efecto el punto segundo de la Resolución Nº 0000351.

II. ARGUMENTOS DEL RECURSO DE CASACIÓN.

Olga Durán Uribe y Marcelo Alejandro Pattzi Pino en representación legal de Juan Edwin Mercado Claros, Director General Ejecutivo del SENASIR, formula el recurso de casación en el fondo, cursante de fs. 234 vta. a 238, con los siguientes argumentos:

El Auto de Vista contiene violación y errónea interpretación de los arts. 8, 9, 45 y 108 de la Constitución Política del Estrado (CPE), art. 14 del Decreto Supremo (DS) 27543 de 31 de mayo de 2004, art. 5 inc. d) del DS 27066 de 6 de junio de 2003, art. 1 de la Resolución Ministerial (RM) 1361 de 4 de diciembre de 1997, art. 477 del Reglamento del Código de Seguridad Social, art. 48 del Reglamento de Desarrollo Parcial a la Ley 065 (DS 0822) y el Manual de Prestaciones de Renta en Curso de Pago y Adquisición; además corresponde la aplicación del principio de verdad material, el debido proceso y la seguridad jurídica para la recuperación del dinero indebidamente cobrado.

En el presente caso, corresponde que la beneficiaria de la renta de vejez como derechohabiente, devuelva el monto de dinero percibido e indebidamente cobrado, después de haber contraído nuevas nupcias desde el 18 de octubre de 2014.

Petitorio.- Solicita que el Tribunal Supremo de Justicia, previa deliberación en el fondo, case el Auto de Vista 89 de 3 de agosto de 2017, y en resguardo de los intereses económicos del Estado, confirme en su totalidad la Resolución de la Comisión de Reclamación Nº 155/17 de 27 de marzo de 2017.

III. ANÁLISIS JURÍDICO LEGAL Y JURISPRUDENCIAL PERTINENTE.

En consideración de los argumentos expuestos por el recurrente, de acuerdo a la problemática planteada, se realiza una interpretación desde y conforme la Constitución Política del Estado, el bloque de constitucionalidad y las normas ordinarias aplicables al caso concreto; en ese marco caben las siguientes consideraciones de orden legal:

El principio de verdad material previsto en el art. 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE), desarrollado por el Tribunal Constitucional Plurinacional, en la SCP 1662/2012 de 1 de octubre, entre otras, como: “…aquella verdad que corresponde a la realidad, superando cualquier limitación formal que restrinja o distorsione la percepción de los hechos a la persona encargada de juzgar a otro ser humano, o de definir sus derechos y obligaciones, dando lugar a una decisión injusta que no responda a los principios, valores y valores éticos consagrados en la Norma Suprema de nuestro país, a los que, todas las autoridades del Órgano Judicial y de otras instancias, se encuentran impelidos a dar aplicación, entre ellas, al principio de verdad material, por sobre la limitada verdad formal”; éste principio forma parte del bloque de constitucionalidad imperante y debe estar implícito en todos los ámbitos de la vida jurídica.

Además, el entendimiento jurisprudencial desarrollado por Sala Plena de éste Tribunal en la Sentencia 238/2013 de 5 de julio, respecto al principio de verdad material, establece que: “...el principio de verdad material, que rige en los procedimientos administrativos y las resoluciones que de ellas emanen, en la acción contencioso administrativa está regida también por el principio dispositivo, sin que ello signifique que las formas rituales no deban impedir aflorar la verdad, dado que ésta debe ser la columna vertebral de la decisión judicial. Esta verdad a momento de impartir justicia debe llegar mediante la decisión libre del accionante a través de una exposición clara de su demanda y pretensión; si llega mediante la utilización de un mecanismo autoritario-judicial, tanto la verdad como la igualdad resultan dañadas, y este daño sellaría la suerte de la justicia del caso, no siendo coherente y justo resolver así (…) dejaría al proceso judicial sin la ecuanimidad de uno de sus sujetos procesales imprescindibles, cual es el Juez como tercero o como árbitro mediador de una contienda”.

En ese sentido, el principio de verdad material reconocido en el art. 180 de la CPE y desarrollado por la jurisprudencia constitucional y ordinaria, constituye en la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, una verdad que corresponde a la realidad, superando cualquier limitación formal que restrinja o distorsione la percepción de los hechos a la persona encargada de juzgar a otro ser humano, o de definir sus derechos y obligaciones, a efectos de establecer su situación jurídica en determinado asunto, generando de esa forma una decisión justa que responda a los principios, valores y valores éticos consagrados en la Norma Suprema de nuestro país, a los que, todas las autoridades del Órgano Judicial y de otras instancias.

En ese orden, es preciso señalar que según el art. 22 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el derecho a la seguridad social está reconocido a toda persona, derecho que por su naturaleza y finalidad forma parte de la dignidad del ser humano y es parte del desarrollo de su personalidad, sustentándose en el principio de universalidad.

Por su parte, el art. 45.I, II, III y IV, en concordancia con el art. 48.III y IV de la CPE, el derecho a la seguridad social se sustenta en los principios de  universalidad, interculturalidad, integralidad, equidad, solidaridad, unidad de gestión, economía, oportunidad, que refiere al  reconocimiento y otorgamiento de prestaciones y beneficios de la Seguridad Social de Largo Plazo en el momento que en derecho correspondan, y los principios de eficacia e igualdad de género.

La prestación solidaria de vejez obtenida por el asegurado comprende el pago de pensión solidaria de vejez vitalicia a favor del asegurado y pensiones por muerte a derechohabientes, vitalicias y temporales según correspondan, al fallecimiento del asegurado con dicha pensión.

Con base en la normativa y jurisprudencia precedentemente desarrollada, el principio de prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, se desprende del valor supremo de justicia, que es uno de los pilares fundamentales de todo Estado democrático de derecho, que se encuentra consagrado por el art. 8.II de la CPE, en mérito a éste los ciudadanos tienen derecho a la justicia material y social; además, el art. 9.4) de la CPE, establece como fines y funciones del Estado, “Garantizar el cumplimiento de los principios, valores, derechos y deberes reconocidos y consagrados en esta Constitución”; por su parte el art. 13.I constitucional, prevé que el Estado tiene el deber de promover, proteger y respetar los derechos.

En ese contexto, el art. 52 del Código de Seguridad Social, establece que la renta de viudedad se pagará a la esposa o a falta de ésta a la conviviente, con el objeto de dar continuidad de medios de subsistencia a la esposa o conviviente; por su parte, el art. 32 del Manual de Prestaciones en Curso de Pago y Adquisición, señala que la renta de viudedad corresponde: “a la esposa sobreviviente o a falta de ésta a la conviviente que hubiera estado inscrita como tal en los registros de la Caja de Salud a la que pertenecía el asegurado, por lo menos un año antes de la fecha del fallecimiento del causante” y el art. 34 del mismo texto señala que: “no tendrá derecho a la renta de viudedad, la divorciada por sentencia ejecutoriada antes de la fecha de fallecimiento del causante, la esposa que hubiera estado separada en forma libremente consentida y continuada por más de dos años”.

Por su parte, el art. 477 del Reglamento del Código de Seguridad Social, establece: “Las prestaciones en dinero concedidas podrán ser objeto de revisión, de oficio, o por denuncia a causa de errores de cálculo o de falsedad en los datos que hubieran servido de base para su otorgamiento. La revisión que revocare la prestación concedida o redujere su monto, no surtirá efecto retroactivo respecto a las mensualidades pagadas, excepto cuando se comprobare que la concesión obedeció a documentos, datos o declaraciones fraudulentas. En este último caso la Caja exigirá la devolución total de las cantidades indebidamente entregadas”; en ese sentido, se ha generado el entendimiento de éste Tribunal Supremo de Justicia, en sentido que la norma citada, es clara al determinar que la única razón para que se proceda a la devolución de cantidades entregadas al beneficiario, es cuando se hubiese comprobado que su otorgación fue en base a documentos falsos, siendo ésta la única razón para que opere la recuperación de dineros.

IV. ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO.

Conforme al contenido del análisis jurídico legal y jurisprudencial pertinente,  el Tribunal Ad quem, al revocar parcialmente la Resolución del SENASIR y dejar sin efecto la orden de recuperación de lo cobrado por concepto de renta de viudedad a partir de la nueva nupcia contraída por la beneficiaria, valoró correctamente la documentación y los hechos cursantes en obrados, actuando conforme a derecho y precautelando el derecho a una renta de viudedad ya consolidada y pagada con anterioridad por el SENASIR; además, no consta en antecedentes que la demandante hubiese incurrido en presentación de documentos declarados falsos que ameriten la devolución de dineros al Estado.

Actuar en contrario, implica desconocer la realidad de los hechos, además de inobservar los principios que regulan el derecho a la seguridad social de la solicitante, principalmente al principio del verdad material y tutela judicial efectiva, que compele a los administradores de justicia, según la nueva visión de justicia, que debe darse prevalencia a la verdad de los hechos antes que a los aspectos formales, y considerar que el SENASIR reconoció y pagó la renta a la beneficiaria y posteriormente ejerció su facultad de revisión para concluir en la suspensión definitiva de  la Renta Única de Viudedad, sin que la misma pueda operar retroactivamente y pretender la devolución o recuperación de lo ya cobrado por Ana María Rojas Salguero.

En consecuencia, lo resuelto Por el Tribunal de alzada en el Auto de Vista recurrido, no viola norma legal alguna o específicamente las alegadas por el recurrente, en sentido de que al revocar en parte la Resolución de la Comisión de Reclamación, ha obrado precisamente en el alcance y determinación de la normativa aplicable al caso y las violaciones acusadas en el recurso planteado, no son evidentes.

Por lo expuesto, éste Tribunal aplica la disposición comprendida en el art. 220.II del Código Procesal Civil (CPC), por mandato de la norma remisiva contenida en los arts. 630 y 633 del Reglamento de Código de Seguridad Social.

POR TANTO: La Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa y Social Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida por los arts. 184.1 de la CPE y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial, declara INFUNDADO el recurso de casación de fs. 234 vta. a 238, interpuesto por el Servicio Nacional del Sistema de Reparto “SENASIR”.

Sin costas en aplicación de los arts. 39 de la Ley 1178 de 20 de julio de 1990 (SAFCO) y 52 del DS 23215 de 22 de julio de 1992.

Regístrese, notifíquese y devuélvase